IMPRONTA
Pobreza y bienestar
Carlos Miguel Acosta Bravo
Los Programas para el Bienestar del Gobierno de
México que en 2026 benefician a cerca de 42.8 millones de derechohabientes con
una inversión de alrededor de 1 billón de pesos, han contribuido de manera
significativa a reducir la pobreza por ingresos, especialmente entre adultos
mayores y hogares de bajos recursos, aunque persisten debates sobre si las
transferencias monetarias sustituyen o complementan la inversión estructural en
servicios públicos como educación y salud.
Su influencia en el combate
a la pobreza ,cobertura y monto. Al cierre de 2026 se estima que 42 millones
860 mil 296 personas reciben apoyos directos pensiones, becas, apoyos a
personas con discapacidad, programas al campo, etc., con un presupuesto cercano
a 1 billón de pesos.
El propio gobierno atribuye a estas políticas una
reducción importante de la pobreza por ingresos; fuentes citan que entre 2019 y
2024 alrededor de 13.4 millones de personas superaron la condición de pobreza,
y estimaciones del Banco Mundial elevan esa cifra a 16 millones hasta 2025.
Las transferencias directas aumentan el ingreso
disponible de los hogares más vulnerables como el caso de la pensión universal
para adultos mayores de 6,400 pesos bimestrales, lo que reduce inmediatamente
la pobreza monetaria y la vulnerabilidad ante shocks económicos.
Por su parte, diputados y analistas advierten que,
aunque las transferencias ayudan a reducir indicadores de pobreza por ingreso,
no sustituyen la inversión en empleo formal, salud y educación de calidad; es
decir, pueden aliviar síntomas sin resolver causas estructurales de la pobreza.
El gobierno ha enfatizado que los recursos se
entregan de manera directa a las personas, lo que -en teoría- reduce
intermediación y espacios de corrupción. Sin embargo, la rendición de cuentas
depende de varios mecanismos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y
las auditorías estatales (como la ASE en
Guerrero) realizan fiscalización del gasto federalizado, incluyendo programas
sociales, y han firmado convenios para fortalecer la revisión del uso de
recursos en municipios.
La publicación de padrones de beneficiarios y las
reglas de operación de cada programa son instrumentos clave para verificar
quiénes reciben los apoyos y bajo qué criterios. Esto es una práctica estándar
exigida por la Ley Federal de Transparencia, aunque los detalles específicos de
cada programa varían.
La expansión rápida del padrón de 32 millones en
2025 a 42.8 millones en 2026, un aumento de 31% ha generado cuestionamientos
políticos sobre posible uso electoral de los programas, lo que aumenta la
presión para que existan auditorías independientes y datos abiertos
verificables.
En la práctica, la transparencia efectiva requiere
no solo la existencia de auditorías, sino también la publicación oportuna de
resultados, la sanción de irregularidades y el acceso ciudadano a información, por
ejemplo, desglose por municipio, criterios de inclusión/exclusión y mecanismos
de apelación.
La polémica sobre las becas
y el gasto en educación, uno de los puntos más críticos que se mencionan es que
el gasto en becas se registra como gasto educativo, pero no se traduce en
mejoras visibles de infraestructura escolar.
La Beca Universal Rita Cetina, que en 2026 alcanza
a 15 millones de estudiantes de educación básica) se contabilizan dentro del
gasto público en educación porque son transferencias destinadas a apoyar la
permanencia escolar.
Analistas y opositores argumentan que, aunque las
becas ayudan a las familias, ese gasto no necesariamente se refleja en
inversión de capital en escuelas,
laboratorios, mantenimiento, conectividad, lo que limita el impacto en la
calidad educativa a largo plazo.
Si una parte creciente del presupuesto educativo se
destina a transferencias corrientes (becas), puede quedar menos margen para
inversión fija en infraestructura y bienes de capital, salvo que el presupuesto
total de educación aumente de manera proporcional. Esto no implica que las
becas sean innecesarias, pero sí que su clasificación como “gasto educativo”
puede inflar indicadores de inversión en el sector sin mejorar necesariamente
las condiciones materiales de las escuelas.
Los programas sociales han tenido un efecto medible
en la reducción de la pobreza por ingresos, sobre todo mediante pensiones y
transferencias directas. La transparencia depende de auditorías (ASF/ASE),
publicación de padrones y escrutinio público; la expansión acelerada del padrón
aumenta la necesidad de controles robustos para evitar usos clientelares.
El financiamiento de los Programas para el
Bienestar con deuda externa y pública plantea riesgos de sostenibilidad fiscal
si el crecimiento económico no acompaña el ritmo del gasto, porque eleva el
costo financiero, reduce el espacio para inversión productiva y puede presionar
la calificación crediticia del país. Al primer semestre de 2026, la deuda
pública de México alcanzó alrededor de 19 billones de pesos, equivalente a
51.4% del PIB, y las proyecciones la ubican cerca de 20.4 billones al cierre de
2026 y 21.8 billones en 2027 si se mantiene la trayectoria.
La deuda externa del gobierno llegó a un récord de
20,531 millones de dólares en los primeros seis meses de 2026 (aumento de
89.62% anual), aunque la participación de la deuda externa neta dentro del
total bajó de 23.3% en 2018 a 15.4% en junio de 2026, según Hacienda.
El costo financiero de la deuda se estimó en 1.536
billones de pesos para 2026, superando lo destinado a educación 1.239 billones
y siendo claramente superior a salud e inversión física; por cada peso en
infraestructura, el Estado destina cerca de 1.7 pesos al pago de intereses.
Los problemas financieros
que pueden derivarse la presión sobre el presupuesto y gasto rígido. Las
pensiones, becas, costo de la deuda y apoyos a Pemex representan una carga de
más de 2 billones de pesos al primer semestre de 2026, limitando el margen de
Hacienda para el Paquete Económico 2027.
El aumento del costo financiero compite con rubros
prioritarios como educación, salud e infraestructura; analistas señalan que
esto puede debilitar el crecimiento de largo plazo al reducir la inversión
pública en actividades productivas.
Por su parte el Centro de Estudios Económicos del
Sector Privado (CEESP) alerta sobre “riesgo de insostenibilidad” si no se
contiene el déficit y se modera el crecimiento de la deuda, dado que los
programas prioritarios absorben cerca de 42% de los ingresos totales del
Gobierno Federal. Por su parte Moody’s ha advertido que el gasto rígido, el
déficit y el aumento de la deuda complican la consolidación fiscal de México en
2026; un deterioro en la calificación soberana elevaría las tasas de interés y
el costo de refinanciamiento.
El IMEF proyecta que la deuda pública podría llegar
a 60% del PIB al cierre de 2026, por encima de la meta gubernamental de 50%, en
un escenario de débil expansión económica e ingresos públicos estancados. Un
mayor peso de deuda en moneda extranjera expone al país a riesgos cambiarios;
aunque la participación de deuda externa ha bajado, un choque en el tipo de
peso o en las tasas globales podría encarecer el servicio de la deuda.
Los programas de protección social representan
cerca de una cuarta parte de los recursos presupuestarios, y su expansión
continua sin un aumento proporcional de ingresos tributarios o crecimiento del
PIB reduce el espacio fiscal para otras prioridades.
Diversos analistas sugieren que el umbral de 60%
del PIB podría ser el límite de endeudamiento y ser una zona de alerta; más allá de ese nivel, el
costo de financiamiento tiende a aumentar y el margen de maniobra fiscal se
estrecha considerablemente.
Si el gobierno logra contener el crecimiento del
gasto corriente, aumentar la eficiencia tributaria y mantener un crecimiento
del PIB superior al costo de la deuda, los programas podrían sostenerse sin
disparar la deuda.
Si el gasto rígido (pensiones, becas, deuda) sigue
creciendo más rápido que los ingresos y el PIB, el costo financiero podría
desplazar aún más la inversión productiva, generando un círculo vicioso de
menor crecimiento y mayor endeudamiento.
El uso de deuda externa y pública para financiar
programas sociales no es inviable por si mismo, pero su sostenibilidad depende
de el crecimiento económico supere el costo de la deuda, de que exista una
estrategia clara de consolidación fiscal que no dependa exclusivamente de más
endeudamiento, y se preserve un espacio suficiente para inversión productiva
que genere los ingresos futuros necesarios para pagar esa deuda.
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cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en Comunicación por la Universidad
Iberoamericana. Formó parte del cuerpo
académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la
Universidad Anáhuac, campús norte.
