Cuando todos los veracruzanos
esperábamos que este lunes, al cumplirse un mes del asesinato de la periodista
Regina Martínez, el gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa saliera a
informar que finalmente “se había llegado a fondo” y que como lo prometió “se
detendría a los culpables”, esto no sucedió, pero en cambio convocó a todos los
miembros de su gabinete a palacio de gobierno y algunos medios de comunicación,
pero para anunciar que por decreto –en uso de sus plenas facultades- todos los
funcionarios públicos deberán practicarse exámenes antidrogas dos veces al
año.
A un
mes de distancia del crimen de la reportera de la revista Proceso en el estado
de Veracruz, Regina Martínez la respuesta oficial es el
silencio.
Aunque
se diga “que ya tenemos una línea de investigación y vamos muy avanzados” eso y
nada, es lo mismo.
Ni el
Procurador de Justicia Amadeo Flores Espinoza o la Coordinadora de Comunicación
Social, Georgina Domínguez Colío pronunciaron este lunes una palabra al
respecto.
Pero
en cambio, el gobernador del estado –próspero- ahora empezamos a entender en qué
consiste esa prosperidad, -en el aumento de las drogas, económicas y
alucinógenas- anunció en forma espectacular, que por decreto todos los
funcionarios, en todos los niveles de su administración, deberán aplicarse dos
exámenes toxicológicos al año, para demostrar que no consumen drogas u otro tipo
de sustancias no permitidas por la ley.
Dicen
en mi pueblo: “piensa mal y acertarás”, porque al conocer esa noticia surgen una
serie de cuestionamientos inevitablemente.
La
primera duda es ¿cuál es el motivo real para que el gobernador del estado de
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa haya decidido ordenar por decreto oficial, que
todos los funcionarios de su administración se apliquen esos dos exámenes
anuales?.
Quién
le pidió o recomendó establecer esa medida, que más que otra cosa parecería una
auténtica “marihuanada”.
Porque
si efectivamente se tiene al menos la sospecha que existen funcionarios públicos
que consumen drogas u otro tipo de sustancias tóxicas, pues simplemente habría
que practicarles, a esos sí, el examen de detención de consumo y lógicamente
separarlos de cargo.
Pero
resulta altamente sospechoso, que en un estado no próspero, que enfrenta la peor
crisis económica en su historia, con una deuda que ya nadie sabe, ni nadie sabrá
a cuánto asciende, que se han aplicado recortes a todas las dependencias que
mantienen prácticamente inactiva la actividad gubernamental, ahora de buenas a
primeras, el ejecutivo estatal se le ocurra publicar un decreto para obligar a
funcionarios públicos –no se sabe aún si ellos tendrán que pagarlos- dos
exámenes antidrogas al año.
Lo que
sí se sabe, es que será a través de la Secretaría de Salud, la que habrá de
hacer la convocatoria, para que las empresas interesadas en el “negocito” puedan
presentar sus propuestas.
Porque
sería muy lamentable, que pasado un tiempo, vengamos a enterarnos, que la
empresa o laboratorio que será beneficiado con esa chambita, resulta tener
alguna relación de tipo familiar, con quien propuso la
medida.
Hasta
ahora, la orden de aplicar dos exámenes al año a funcionarios públicos,
nadie, que sepamos nosotros, se la había pedido al gobernador de
Veracruz.
No
vaya a resultar como la propuesta del Partido Verde Ecologista, esa de que “si
el gobierno no te surte las medicinas, que te las pague” con un vale, que
casualmente será surtido en las farmacias del doctor que tiene los apellidos
Similares al del fundador del partido supuestamente
ecologista.
Por lo
pronto, los presidentes municipales, que seguramente tampoco tienen nada mejor
en que gastar el presupuesto, ya han empezado a respaldar el decreto de los
exámenes antidrogas de funcionarios estatales, que también tendrán seguramente
un mercado con el mismo laboratorio que designe la Secretaría de Salud
Estatal.
Pero
finalmente no hay de qué preocuparse, porque si alguno de los funcionarios
públicos sale positivo en el examen antidrogas, solo será separado temporalmente
del cargo, pero no de la nómina, para que pueda ser internado en alguna clínica
de rehabilitación y pueda reincorporarse nuevamente al
puesto.
A ver
cuántos son los que salen “positivos” luego de que les apliquen el primer examen
y entonces veremos si el decreto realmente era necesario o nada más se trata de
un velo para encubrir un negocio, muy bueno, por
cierto.
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