viernes, 20 de febrero de 2015

ARTICULISTA INVITADO:RODOLFO HERRERA




Vivir en el Golfo

YA NO CONVIENE LA TRANSPARENCIA.
     
En medio del hartazgo social que viven los mexicanos, en el senado de la república ya se discute el tema de cambiar algunos aspectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información propuesta por el IFAI, con el argumento de salvaguardar datos personales, derechos humanos y garantías individuales, en pocas palabras, para la clase política esa ley es incómoda.
     Mire usted, gracias a esa ley publicada en el Diario Oficial de la federación el 11 de Junio de 2002, los mexicanos por diversos métodos y con variados fines tuvimos la posibilidad de consultar datos oficiales tanto de las dependencias como de los funcionarios públicos.
     Para ser más claros, por ese acceso a la información pública gubernamental se pudo conocer el tema del "conflicto de Intereses" que dio origen a la discusión de la compra de la casa de Las Lomas propiedad de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto y que provocó un escándalo en todo el país.
     De igual manera sirvió para que nos enteráramos de las propiedades que el gobernador con licencia de Guerrero Ángel Aguirre Gutiérrez posee en Estados Unidos y de los vínculos con empresas de la familia Huges en Acapulco y de lo cual ya hay detenidos y toda una investigación.
     Lo malo es que la investigación sobre enriquecimientos insólitos y vínculos con empresas proveedoras de los gobiernos, no se conoce porque la autoridades hayan hecho una investigación al respecto, ni porque los partidos políticos como el PRI, PAN y PRD hayan denunciado estos hechos de corrupción desde sus trincheras.
     Por supuesto que no mis inteligentes lectores, todos estos escándalos empiezan con investigaciones periodísticas, cuando los reporteros y todo el personal de prensa se dedica a escarbar a fondo a funcionarios, empresas y empresarios, esos vínculos del poder que dejan enormes ganancias mientras el pueblo se sumerge en la miseria.
     Si bien es cierto que un tema importante es saber a quién se le facilita esa información, debido a que a muchos funcionarios eso los pone en riesgo, también es cierto que los políticos ya ni siquiera se preocupan por ocultar su enriquecimiento de la noche a la mañana, coches de lujo, caserones y excesos, sabiendo que es de todos conocido que poco tiempo atrás llegaron con una mano atrás y otra delante, casi con taparrabo.
     Con ese pretexto de la seguridad, las garantías individuales, los derechos humanos de los funcionarios por supuesto, es que toda la clase política se siente incómoda con esa ley que ya se está discutiendo en el senado, por los legisladores de todos los partidos que se empeñan en hacernos creer que están preocupados en la lucha contra la corrupción, para "atenuarla", "suavizarla", que es lo mismo que restringir el acceso a la información pública.
     Mire usted, eso mismo sucedió después de las elecciones fraudulentas de 1987, cuando el Secretario de Gobernación y hoy Senador de izquierda Manuel Bartlett Diaz, fungió al mismo tiempo como Presidente del Consejo Electoral, cuando el gobierno por la presión social se vio obligado a ciudadanizar el IFE, que presidió en un inicio el académico José Woldenberg.
     ¿Pero sabe qué pasó después? el Instituto Federal Electoral organizado por los ciudadanos mantenía a raya las presiones de los partidos políticos, los sancionaba económicamente por los topes de campaña, les vigilaba el ingreso y no los dejaba actuar.
     La consecuencia fue el surgimiento de "La Partidocracia", ya que los partidos políticos unidos y propietarios de su cámara de diputados y su senado de la república,  fueron desplazando a los ciudadanos hasta que ellos, los partidos, se quedaron con el manejo único de las elecciones.
     Hoy la Ley de Transparencia es incómoda, molesta, estorba a la clase política que lejos de preocuparse por la difícil situación económica de los mexicanos, ya está tomando cartas en el asunto para ponerle un freno a la transparencia.
     ¿No le parece demasiada incongruencia? Por un lado PAN, PRI y PRD intentan convencernos que van con todo en su lucha contra la corrupción y por otro lado tratan de acotar una ley que evidencia a los corruptos.
YA NO QUIEREN AL PIOJO
     Cuando parecía que la plaga de piojos muy común en los años 70s y 80s estaba erradicada del diccionario, las escuelas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río vuelven a ser presa de esta epidemia que parece no tener solución, ni por parte de la Secretaría de Educación ni por la Jurisdicción Sanitaria número 8 que debería poner especial atención en este tema.
     A diferencia de aquellos años en que se pensaba que el piojo era consecuencia de falta de higiene personal y familiar, vemos que los colegios particulares de renombre no se salvan de esta plaga que ataca a la niñez.
     Ya vimos que revisarlos e impedirles la entrada no es la solución, algo más deben hacer al respecto las autoridades contra este insecto que no conoce credos, colores ni estratos sociales.


    

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