lunes, 28 de septiembre de 2015

ARTICULISTA INVITADO:RODOLFO HERRERA


Odebrecht, la empresa brasileña que llegó a esta ciudad a encargarse del cobro del servicio de agua a los veracruzanos y cuyo propietario está en la cárcel por fraude, pretende pasar por encima de los derechos de los trabajadores, seguramente después llegará el abuso contra los veracruzanos.
     Bien me dijo la filósofa de la montaña, “mijo, cuando algo empieza mal, nada bueno puedes esperar, porque mal va a acabar”.
     Y los signos que Odebrecht ha dado en el estado de Veracruz no han sido buenos, desde que a principios de 2014 trabajadores de esa empresa llegaron a los márgenes del “Río Pescados” en el municipio de Jalcomulco y comenzaron a hacer trabajos para la construcción de una presa.
     En aquella ocasión, los pobladores que viven del turismo en la zona se levantaron contra la empresa y bloquearon el ingreso de más maquinaria, hasta que finalmente Odebrecht anunció su retiro del lugar por intervención y orden de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, aunque desde luego todo se debió a la intervención valiente del pueblo unido.
     En todo momento, Odebrecht ha contado con el apoyo y defensa de los diputados de la legislatura del estado de Veracruz, que nunca han dejado de argumentar todo en favor de los brasileños.
     Estos diputados ya ni parecen veracruzanos, actúan como si fueran paisanos de Pelé y no escuchan un solo argumento contra la empresa.
     El siguiente paso de la poderosa brasileña, fue participar en la licitación para quedarse a operar el Sistema de Agua y saneamiento de Veracruz, el SAS, solo que para ello tuvo que presentar una sociedad con la empresa Aguas de Barcelona y formaron el Grupo MAS, que se encargara del servicio de distribución de agua y su cobro, por supuesto.
     Cuando el cabildo de Veracruz estaba en plena discusión de la permanencia de la brasileña en la ciudad, se dio a conocer que Marcelo Odebrecht, propietario de esa empresa, había sido detenido en Brasil por un señalamiento de fraude a la paraestatal Petrobras.
     Hasta el momento el empresario sigue en prisión, pero eso pareció no importarle al cabildo de Veracruz que aún con esos antecedentes y con demasiadas voces discordantes que advirtieron que Odebrech traería problemas, levantaron su costosa mano para autorizar que los brasileños se hicieran cargo del SAS.
     Hoy, a un mes de que la empresa tome el control definitivo del SAS, sus ejecutivos colocaron sendos oficios en las paredes de la empresa, notificando a los trabajadores que no podrían checar tarjeta de ingreso y esperaran a ser llamados para recibir su liquidación.
     Los brasileños pretenden pasar por encima de las leyes mexicanas y liquidar a los trabajadores al margen de la ley, lo que da claras muestras de que no tienen el mínimo respeto por este país.
     Y ante esto surgen preguntas: ¿Si no respetan a los trabajadores, querrán respetar a los ciudadanos de Veracruz? ¿Si inician actividades agrediendo las leyes mexicanas usted cree que vienen a dar un buen servicio? ¿Incrementarán el costo del agua?
     Están iniciando con el despido de los trabajadores sin importar quienes se encarguen de la operación y distribución del agua en Veracruz.
     El SAS nunca fue bueno ni con la Yolis, por supuesto que ni con Pepín Ruiz y mucho menos con la segunda versión del Aniceto Tello Allende que permanece ahí como simple figura decorativa.
     Pero con el Grupo MAS, todo indica que a los veracruzanos no les espera nada bueno y eso se lo vamos a deber a los representantes sociales, a los diputados y al cabildo de Veracruz donde se rasgan las vestiduras por defender a esa empresa.
EL QUE NADA DEBE… NADA TEME.
     Tras la denuncia que los diputados del PRI hicieron en contra el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, por el probable delito de “enriquecimiento ilícito”, el edil boqueño salió a dar conferencia de prensa en un acto inusual y esta vez sin carga de arrogancia dijo: "Lo que han iniciado en mi contra, no es un procedimiento jurídico, es una persecución política, no quieren hacer justicia, quieren eliminar a un adversario".
    Y reiteró que "El delito según Duarte, es que yo tengo una casa y que la misma vale más de lo que he ganado en toda mi vida", en efecto, solo que esta vez se les vio a los diputados del PRI dispuestos a llegar hasta sus últimas consecuencias y se notó un alcalde serio, preocupado, en una respuesta también, más política y mediática que jurídica.
      Se le señala de haber ganado unos 4 millones de pesos como salario total en la función pública, y con eso comprar una residencia con valor de 38 millones de pesos.
     El asunto es muy sencillo y no tendría de qué preocuparse, solo tiene que demostrar de dónde salieron los otros 34 millones de pesos que según los diputados del PRI no cuadran y listo.
     Y tiene razón, la acusación no es por malversación de fondos, ni por robo ni nada por el estilo, simplemente a los diputados no les cuadran los números y es cuestión de demostrar de dónde llegó ese dinero y punto… Asunto concluido.
Comentarios a: vivirenelgolfo@gmail.com

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