El titular de la Fiscalía General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, instruyó a los mandos regionales de la dependencia la implementación de un oficio dirigido a propietarios de depósitos de vehículo siniestrados (corralones), a fin de que medien la voluntad del usuario en el arrastre y encierro de unidades siniestradas, antes de establecer y exigir un pago para su entrega.
En el marco de la firma de un convenio de colaboración entre la FGE y la Asociación de Transportistas del Estado de Veracruz, advirtió que de no cumplirse y darse la resistencia de particulares se deberá iniciar una Investigación Ministerial o Carpeta de Investigación contra quien contravenga esta disposición que afecta la economía de los trabajadores del volante y de ese sector empresarial.
Sobre el acuerdo, dijo que alianza y las acciones concretas que derivan representan un avance sustancial en el entrelazamiento de voluntades con rubros productivos y estratégicos que desarrollan sus actividades en tierras veracruzanas.
“Con la suma de esfuerzos entre instancias públicas dedicadas a la seguridad y procuración de justicia y el sector empresarial, se logran beneficios inmediatos entre instituciones y la Iniciativa Privada (IP), y la garantía de aplicación de objetividad, legalidad, eficiencia y respeto a los derechos humanos”.
Las garantías que brinda la dependencia a los transportistas, se traducen en un trato diligente por parte de las fiscalías regionales y distritales, toda vez que a partir de esta fecha se establece el pago nulo de garantía a los propietarios de autotransportes robados, involucrados en accidentes de tránsito, una vez cumplidos los trámites periciales correspondientes.
Señaló que otro beneficio directo es el establecimiento de un término máximo de siete días hábiles en los cuales el Ministerio Público debe realizar las diligencias necesarias para la entrega de unidades automotoras, cuando no hayan sido objeto de un hecho delictivo.
La Fiscalía entregará las mismas en calidad de depósito ministerial cuando se encuentren vinculados a la comisión de lesiones y daños con motivo de tránsito vehicular, una vez acreditada la legítima propiedad y que se garantice la reparación del daño.
Bravo Contreras explicó que con la implementación de protocolos de actuación, intercambio de información y el análisis de las rutas críticas, se combatirá a la delincuencia de forma organizada y con dinamismo en el accionar de los cuerpos policiacos, periciales y de investigación.
“En suma, estas prácticas darán la diligencia que requiere este importante sector productivo, y sentará las bases para realizar una procuración de justicia ágil y práctica que acortará sustancialmente el tiempo de recuperación de los vehículos que son la herramienta de trabajo de cientos de familias veracruzanas”.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Transportistas del Estado de Veracruz, Mario Olvera de Gasperín, expresó: “sentimos orgullo en el gremio, por participar y poder servir a nuestros compañeros, y con esta alianza se refuerza el sentir de que el Gobierno del Estado es amigo de los transportistas”, al tiempo que exhortó a sus representados a cooperar para corresponder y eficientar sus servicios.
En el evento efectuado en un hotel de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río estuvieron presentes, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien firmó como testigo de honor; el director general de Transporte del Estado, Roberto López Santoyo, y los vicepresidentes de la Asociación, Alfonso Enríquez Bouzar, y del Consejo Empresarial local, Benito Requejo Gutiérrez.
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