El Almirante en retiro Romel Eduardo Ledezma Abaroa, designado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para administrar el puerto de Veracruz, enfrenta una serie de denuncias por presuntas irregularidades que podrían resultar en su separación del cargo. Según fuentes cercanas, Ledezma Abaroa podría enfrentar hasta 171 años de inhabilitación.
Las autoridades de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informaron que actualmente se mantienen tres denuncias relacionadas con el estado y la actuación del Almirante Ledezma Abaroa. Según se ha denunciado, el responsable del puerto ha amenazado al personal luego de que salieran a la luz irregularidades, relaciones corruptas y abuso de poder en la administración portuaria.
Las investigaciones pertinentes se iniciaron hace tres meses, y el personal de la Secretaría de la Función Pública Federal tiene previsto presentarse en las instalaciones para realizar recomendaciones y, eventualmente, cesar al funcionario. Además de la SFP, otros organismos federales, como la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también han tomado conocimiento de denuncias presentadas en los primeros días de septiembre y octubre, debido a las múltiples irregularidades y acusaciones.
Ángel Contreras Vázquez, representante de la cooperativa, denunció que el actual titular de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (ASIPONA) está actuando en interés personal, dejando de lado a los trabajadores del mar a quienes no se les ha otorgado ningún contrato. Además, se ha denunciado que han sido objeto de amenazas y acosos por parte de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR). A pesar de solicitar la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, sus peticiones nunca fueron escuchadas, argumentando que se trata de un asunto federal.
Los trabajadores también han denunciado abusos y prácticas irregulares por parte del Almirante Romel Eduardo Ledezma Abaroa, director del Sistema Portuario Nacional de Veracruz, y de miembros de su equipo. Según la denuncia presentada ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), Ledezma Abaroa y su equipo han beneficiado a familiares y ahijados con contratos públicos, además de maltratar y despedir injustificadamente a más de 100 trabajadores, sustituyéndolos por personas cercanas a él o a su equipo.
Los denunciantes, que ya habían realizado una protesta en San Juan de Ulúa para poner en evidencia las irregularidades, decidieron formalizar su reclamo ante la SFP y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debido a la falta de atención recibida. En su escrito, reportaron desvío irregular de recursos destinados al Hospital Naval y a la Región Naval, utilizando un "maquillaje administrativo" para evitar sanciones de la SFP y la Auditor
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