IMPRONTA
ASF frente a su prueba de
credibilidad
Carlos Miguel Acosta
Bravo
Los hallazgos presentados por la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) son relevantes porque ya no describen irregularidades
aisladas, revelan un patrón que conecta contrataciones públicas, empresas
vinculadas, triangulación de recursos y posibles beneficiarios familiares de
servidores públicos. Pero su verdadera relevancia no estará en la cifra -8 mil
870.3 millones de pesos-, sino en la capacidad de la ASF para convertir esos
hallazgos en responsabilidades exigibles, sanciones efectivas y recuperación
del dinero.
La ASF identificó que dos grupos empresariales,
identificados como GC y GHC, acumularon operaciones por 8 mil 870.3 millones de
pesos entre 2014 y 2026 con diversas entidades públicas, principalmente
electorales. De ese total, 3 mil 790.3 millones corresponden a OPLE estatales y
430 millones a contratos directos del INE.
El patrón detectado incluye presuntas empresas
fantasma o con plantillas mínimas, factureras con certificaciones revocadas,
subcontrataciones entre compañías del mismo grupo y simulación de competencia
en licitaciones. En la práctica, esto sugiere que empresas de un mismo
consorcio podían participar como competidoras y, una vez adjudicado el
contrato, subcontratarse entre sí.
Los
principales hallazgos son por 8 mil 870.3 mdp en operaciones de dos grupos
empresariales,
mismos que
en el período 2014–2026, registraron estas operaciones y se encuentran vinculados
al
empresario José Alfredo Hernández Casillas. Su relevancia tiene una escala
suficiente para
configurar
un problema estructural, no un caso fortuito ni individual.
El monto de 3 mil 790.3 mdp
en 17 OPLES y 430 mdp en el INE, afectan directamente
la confianza en los
procedimientos para la adquisición se insumos y servicios electorales.
La otra
gran debilidad, consisten en la contratación de empresas con pocos o ningún
trabajador
que
pertenecen al mismo grupo y que facturaron cientos de millones de pesos. Lo
cual constituye
El indicio
de posibles sociedades de papel (fantasma) utilizadas para facturar, pero sin
capacidad
operativa
real.
La
subcontratación entre empresas del mismo grupo, revelan también una posible
simulación de
competencia
y acaparamiento de contratos, pues todas estaban vinculadas al mismo grupo
empresarial.
Por último
el caso de la triangulación de recursos en el gobierno de Nuevo León con Samuel
García,
y de
Sinaloa con Ruben Rocha hacia cuentas con vinculos familiares de servidores
públicos, es la señal
de posible
desvío encubierto mediante proveedores y operaciones simuladas.
El aseguramiento precautorio de los servidores y
repositorios de la empresaTerritorium Life, es especialmente significativo
porque preserva evidencia digital en una investigación sobre la contratación y
administración de la plataforma del examen de admisión a la UNAM.
El proceso de ingreso a licenciatura 2026 se
realizó por primera vez de forma totalmente virtual, pero debió anularse tras
fallas masivas, trampas sistemáticas y presunta suplantación de identidad
asistida por inteligencia artificial. La ASF investiga tanto a la empresa como
a posibles responsabilidades de autoridades universitarias y particulares.
Aquí la relevancia es doble. Primero, porque
involucra a 158 mil 712 aspirantes afectados y un derecho fundamental, el
acceso equitativo a la educación superior. Segundo, porque demuestra que la
fiscalización moderna no puede limitarse a revisar facturas, deben auditarse
plataformas digitales, contratos tecnológicos, resguardos de datos y mecanismos
de supervisión.
Los esquemas detectados en Nuevo León y Sinaloa son
políticamente los más sensibles, porque la ASF reportó triangulación,
simulación de operaciones y transferencias de recursos públicos mediante
proveedores cuyo destino final estaría relacionado con cuentas de personas
físicas o morales con vínculos familiares con servidores públicos.
En el caso de Nuevo León, la mención de cuentas
vinculadas al entorno familiar del gobernador Samuel García convierte el
hallazgo en un asunto de alta relevancia pública. Pero debe decirse con
precisión, la ASF ha identificado indicios y patrones; la determinación de
responsabilidades individuales requiere que la investigación acredite
participación, beneficio, conocimiento o omisión culpable de cada persona
señalada.
Justamente por eso, el caso será una prueba de
imparcialidad. Si la ASF actúa con el mismo rigor frente a gobernadores,
funcionarios federales, empresarios y familiares de servidores públicos de
cualquier partido, fortalecerá su credibilidad. Si los hallazgos se diluyen en
expedientes, promesas o señalamientos genéricos, reforzará la idea de que la
fiscalización sirve para el escándalo, pero no para la justicia.
El reto de la ASF no es descubrir más
irregularidades. México tiene una larga historia de auditorías que encuentran
observaciones, presuntos daños y responsabilidades. El reto es cerrar el
círculo de la rendición de cuentas, pues la recuperación de recursos o sanción
a responsables no son del dominio público.
Para que sus actividades sean creíbles, la ASF debe
demostrar al menos cinco cosas: en primero especificidad: identificar personas,
empresas, contratos, montos, fechas y conductas concretas, no solo montos
globales o grupos identificados con siglas.
En segundo independencia, aplicar el mismo estándar
a Morena, oposición, gobiernos estatales, universidades públicas y proveedores
privados; en tercero oportunidad, turnar con rapidez las responsabilidades al
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Fiscalía General de la República y
otras autoridades competentes.
En cuarto recuperación del daño, perseguir el pago,
aseguramiento o reparación de los recursos públicos presuntamente desviados; y
por último transparencia: publicar avances, resoluciones y sanciones, evitando
que la investigación se convierta en una caja negra, en la cual, solo ante
escándalos como el “maremoto Taddei” la sociedad conoce de su actuación.
La credibilidad de la ASF se medirá por su
capacidad de transformar indicios en procedimientos. En el caso Territorium
Life, ya anunció que canalizará posibles responsabilidades administrativas de
servidores de la UNAM al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ese es el
tipo de acción que la sociedad necesita ver también en los contratos del INE,
los OPLE y los esquemas de Nuevo León y Sinaloa.
Una auditoría creíble no es la que produce el
titular más impactante. Es la que logra que un servidor público enfrente una
sanción real, que una empresa responsable pierda contratos o enfrente
consecuencias legales, y que el erario recupere lo que se le sustrajo.
Los 8 mil 870 millones de pesos son una cifra que
indigna, pero por sí sola no restaura la confianza. Lo que puede hacerlo es una
fiscalización que siga el dinero hasta su destino final, identifique a los
responsables y evite que los expedientes mueran en la impunidad.
La ASF tiene ante sí una oportunidad histórica,
demostrar que la corrupción no es un costo invisible del gasto público, sino
una conducta perseguible, sancionable y recuperable. Si lo logra, sus hallazgos
dejarán de ser solo cifras y se convertirán en un mensaje institucional. Nadie
está por encima de la auditoría. Si no lo logra, el “maremoto” seguirá siendo
ruido, mientras los recursos públicos y la confianza ciudadana se pierden en el
mismo expediente.
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