Articulista invitado Carlos Miguel Acosta Bravo

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Veracruz, crisis de salud pública

Carlos Miguel Acosta Bravo

La crisis de medicamentos e insumos en el IMSS-Bienestar de Veracruz ha dejado de ser un problema administrativo para convertirse en una crisis política y social. Las protestas de médicos, enfermeras y trabajadores del sector no sólo exigen un incremento salarial; denuncian que hospitales operan sin los recursos mínimos para atender con seguridad a los pacientes.

En ese contexto, la posición del delegado o coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Roberto Ramos Alor, se ha vuelto insostenible. Sus respuestas han sido percibidas como negación de la realidad, presión sobre el personal médico y una forma de censura frente a quienes denuncian las carencias.

Los trabajadores del IMSS han realizado movilizaciones en Veracruz y en al menos 18 entidades del país. Sus demandas incluyen un incremento salarial de 10%, contratación de personal, mejores condiciones laborales, abasto de medicamentos e insumos, respeto a sus derechos sindicales.

El conflicto salarial es importante. La dirigencia del SNTSS aprobó un incremento de 2.9% al salario tabular, mientras los inconformes exigen 10% directo. La dirigencia sostiene que el aumento ponderado alcanza 8.55%, pero la base trabajadora considera que esa cifra no refleja el deterioro de su poder adquisitivo ni la sobrecarga de trabajo.

Sin embargo, reducir la protesta a dinero sería un error. El reclamo central es que el personal no puede atender adecuadamente a los pacientes cuando faltan gasas, guantes, cubrebocas, suturas, medicamentos, camas, equipo y personal suficiente.

Una enfermera no puede cuidar con dignidad si no tiene insumos. Un cirujano no puede operar sin material quirúrgico. Un médico no puede tratar a un paciente si el medicamento necesario no está disponible.

En Veracruz, las protestas comenzaron antes de las movilizaciones nacionales. El 14 de septiembre, médicos, enfermeras, residentes y personal administrativo marcharon en Xalapa para denunciar la falta de medicamentos, material quirúrgico e insumos en hospitales de la entidad.

El reclamo se intensificó cuando familiares de pacientes con cáncer anunciaron colectas para reunir guantes, suturas, alcohol, gasas, batas desechables, gorros de quirófano, gel antibacterial y otros materiales básicos. Esa situación convirtió el desabasto en un problema visible ante la opinión pública.

Cuando las familias deben recolectar insumos para un hospital público, la discusión deja de ser técnica. Se convierte en una evidencia social de que el sistema no está cumpliendo su función.

Las autoridades han respondido que los hospitales operan con normalidad y que se han entregado más de 10.5 millones de piezas de medicamentos e insumos en Veracruz. También han informado de porcentajes de abasto superiores a 70% en farmacia general, más de 80% en material de curación y 95% en medicamentos oncológicos.

Esos datos pueden ser ciertos, pero no responden por sí solos al reclamo. Un abasto promedio de 70% puede significar que 30% de las necesidades no está cubierto. Y para un paciente que necesita un medicamento específico, no existe consuelo en un porcentaje global. La crisis se agravó por la forma en que la coordinación estatal del IMSS-Bienestar respondió a las denuncias. También a la expresión de que todo era un “show mediático”.

Roberto Ramos Alor enfrentó a personal médico y residentes que protestaban por la falta de recursos. Según reportes periodísticos, les dijo que, si no querían operar, no operaran. La frase se volvió simbólica porque pareció convertir una denuncia legítima sobre la falta de insumos en una amenaza o un ultimátum. Esa respuesta fue políticamente costosa por tres razones. Ante estas expresiones las marchas no han parado, la más reciente de ayer.

La autoridad sanitaria no puede gobernar con negaciones. Debe gobernar con diagnóstico, solución y rendición de cuentas. El conflicto también revela una inconformidad interna dentro del SNTSS. Varios trabajadores denuncian que existen mecanismos o prácticas que limitan su derecho a expresar públicamente las carencias de las unidades médicas.

Lo llaman “ley mordaza” porque sienten que no pueden denunciar abiertamente la falta de medicamentos, insumos o personal sin temor a represalias laborales, sindicales o administrativas. Esa percepción es grave. Un sistema de salud no puede mejorar si sus trabajadores tienen miedo de decir la verdad.

El personal médico y de enfermería es la primera línea de información sobre el funcionamiento real de los hospitales. Cuando un enfermero advierte que faltan insumos, no está haciendo política. Está informando sobre un riesgo para el paciente.

Silenciar esas denuncias no protege al IMSS-Bienestar. Lo debilita. Convierte cada problema evitable en una crisis pública y erosiona la confianza de pacientes, familias y trabajadores. La dirigencia del SNTSS ha asegurado que no habrá represalias contra quienes se manifiesten pacíficamente. Esa garantía debe comprobarse con hechos, no sólo con comunicados. Hasta el momento han privado las represalias.

Un trabajador mal pagado, con plazas vacantes y sin insumos, enfrenta una doble carga: trabaja más, gana menos y asume responsabilidades que deberían cubrir instituciones y proveedores. Esa situación produce fatiga, desmotivación, renuncias y menor calidad en la atención.

Al mismo tiempo, el desabasto obliga a médicos y enfermeras a explicar a las familias por qué no hay un medicamento o por qué se suspende una cirugía. El personal termina cargando con el desgaste político de una falla que no originó. Por eso, la protesta del SNTSS debe leerse como una defensa tanto de los derechos laborales como del derecho de los pacientes a recibir atención.

El gobierno federal y el estatal deben abandonar la lógica de negar el problema y adoptar una respuesta verificable. No es posible tapar el sol con un dedo es necesario publicar un diagnóstico real del desabasto. Debe incluir medicamentos faltantes, hospitales afectados, cantidades requeridas, fechas de entrega y responsables.

Se debe pagar a los proveedores. El adeudo con la industria farmacéutica afecta la capacidad de las empresas para mantener inventarios y cumplir contratos. Sin pagos oportunos, el abasto seguirá siendo frágil.

Se debe garantizar libertad sindical. Ningún trabajador debe ser sancionado, hostigado o amenazado por denunciar carencias. Por último se debe revisar la conducción estatal del IMSS-Bienestar. Si la autoridad responde a las denuncias con presión o descalificación, pierde legitimidad para dirigir una institución que debe basarse en confianza, diálogo y servicio público.

La crisis en Veracruz es una prueba para el gobierno federal, el estatal y la dirigencia sindical. No basta con decir que los hospitales operan. Hay que demostrarlo con medicamentos disponibles, cirugías realizadas, personal suficiente y trabajadores que puedan hablar sin miedo.

La protesta del SNTSS no debe interpretarse como un ataque al sistema público. Debe entenderse como una advertencia: sin insumos, sin personal y sin libertad para denunciar, la promesa de salud universal se vuelve una promesa vacía.

Las diversas manifestaciones de trabajadores del sector salud en Veracruz reflejan se necesita una respuesta seria, transparente y humana. Porque detrás de cada medicamento faltante hay un paciente esperando, una familia preocupada y un trabajador de la salud que ya no puede callar.