UN AMPARO JUSTICIERO.
Quedan 431 días, al efímero gobierno del PAN-PRD y, entre otros aspectos, se comprueban agravamiento en inseguridad, debilitamiento institucional, y retroceso en desarrollo y bienestar social; pero sobre todo, más crisis de las finanzas públicas y de la economía estatal. Veracruz, al contrario de lo prometido, sigue sin ser recuperado.
Al desastre heredado y todavía no precisado, ni cuantificado, se suma lo acumulado por los actuales presuntos responsables en el gobierno del estado.
GASTAR MÁS ENDEUDAR MÁS.
La emergencia financiera, anunciada a primeros días del presente gobierno estatal, ha sido mal atendida, siguen sin resolverse, y es cada vez más compleja y creciente.
Sin duda, es ya uno de los puntos centrales que caracterizan al llamado gobierno de la alternancia en Veracruz. Repleta de puntos por aclarar e informar, es parte obligada de las también pendientes rendición de cuentas, fiscalización y evaluación social.
Hasta hoy, esta cuestión determinante de política gubernamental, está caracterizada por opacidad, mínimo e incompleto acceso a su información; falta de diagnóstico actualizado y confiable; carente de estrategia pertinente; y se nota que básicamente es atendida, de dos formas más conocidas.
Una, el añorado y otrora acostumbrado rescate, auxilio o apoyo extraordinario del gobierno federal; apuntalado en incompleta y manipulada integración y ejercicio del presupuesto oficial; por cierto, todavía pendiente de autorización y se teme, con fundada razón, que ya es origen de innumerables irresponsabilidades y conductas delictivas.
Y otra, impulsados por la conocida y padecida política financiera de “patear el bote hacia adelante”, de “que paguen los que vienen”, se continua con el redituable negocio de los bancos, de incrementar el endeudamiento público con el supuesto apoyo, incluso en contra de la ley, de los dóciles, abyectos e irresponsables cómplices en el Congreso estatal (desde luego, excepciones aparte). Así, como es lo único que saben y les conviene más, se recurre a más de lo mismo y peor: obtener nuevos créditos, cada vez más caros; propiciar, renegociar, reestructurar o re endeudar costosas y supuestas nuevas facilidades, que empiezan por beneficiar a gestores, consultores y expertos financieros con ventajosos e innecesarios contratos; y, en no pocos casos, por favorecer, encubrir y fortalecer a colaboradores que se prestan al juego, convirtiéndolos en intocables y reciclables en un descarado sistema de continuidad de la impunidad. Lamentable situación en la que Veracruz destaca.
EL DESASTRE DEL PRESUPUESTO ESTATAL.
A la creciente opacidad, que impide conocer y atender con eficiencia la apremiante realidad, hay que agregar la notoria lentitud e incapacidad, la improvisación y superficialidad oficiales que sobresalen frente, a crecientes inconformidades, mayores protestas sociales, y el poco tiempo del que dispone el gobierno actual.
Abunda, la falta de transparencia y se conforman, crecientes responsabilidades y hasta culpabilidades oficiales, por omisión o comisión, por complicidad o negligencia.
Se sigue sin saber: ¿de qué tamaño es el daño recibido y cuál es ya, el acumulado? ¿A cuánto asciende el total-total de deuda pública estatal y municipal? ¿Dónde están los miles de millones de pesos presupuestados y desaparecidos? ¿Los resultados de la entrega recepción? ¿Cuántos despedidos y cuántos nuevos contratados van? ¿Incrementos en ingresos?
Prevalecen opacidad y desinformación. Incluso, los contados esfuerzos, restauraciones y logros no son valorados, porque no son debidamente transparentados e informados.
¿Por qué se ignora y excluye al Poder Legislativo estatal, en un asunto que es de su atribución constitucional? ¿Cuál diálogo con la oposición y construcción de consensos? ¿Dónde está el impulso y fortalecimiento a la participación y evaluación social?
En este contexto, no es posible ni recomendable seguir pensando que, como en el pasado, llegará el añorado rescate.
Más aún, el cuestionado proyecto de presupuesto federal 2018, determinante y de muchas formas calificado como recesivo o de estancamiento tiene que replantearse.
Para empezar, los desastres naturales y la inocultable inconformidad social, obligan a cambiar y ajustar. Urgente incluir recursos a damnificados y zonas de desastre.
Imposible ignorar o minimizar, sus repercusiones inmediatas, en las quebrantadas y saqueadas finanzas estatales y municipales.
Inútil esperar rescate o incremento presupuestal. Sobre todo, ante una realidad compleja y adversa, acentuada por presiones inflacionarias y administraciones gubernamentales, caracterizadas por ineficiencia y corrupción, delincuencia e impunidad.
Hasta hoy, el presupuesto federal asciende a 5 billones 236 mil millones de pesos, lo que significa un crecimiento de 113 mil 400 millones, respecto a 2017. Un 91 % con ingresos estimados en 4 billones 735 mil millones y el resto déficit, o sea deuda pública.
Su reducido margen de maniobra, hasta el momento, contempla una alta concentración en cuatro rubros obligatorios: transferencias a estados y municipios, (35%); salarios y prestaciones a servidores públicos, (18%); pensiones y jubilaciones, (18%); servicio de deuda y adeudos fiscales anteriores, (16%).
En cuanto a incrementos, la situación es más preocupante: solo 0.3% en salarios y prestaciones; un 2%, en transferencias a gobiernos locales; 5% a pensiones y jubilaciones; y casi 12%, a servicio de deuda.
El proyecto entregado, preveía caídas en rubros como: apoyo a población indígena, indemnización por resolución judicial, gasto corriente mínimo, obligaciones contractuales, proyectos de inversión y, lo que tendrá ahora que modificarse, provisiones para fondos de desastres naturales.
En Veracruz, se prepara el último presupuesto de la actual administración, siempre obligada a rendir cuentas.
EL NEGOCIO DE LA DEUDA PÚBLICA.
Por lo pronto, ya es un hecho histórico, la presentación ampliamente fundamentada del amparo, promovido por MORENA, contra el re endeudamiento público estatal, de la existente deuda bancaria y de valores.
Supuesta reestructuración en proceso y de resultados previsibles, generada y gestionada por el gobierno del estado del frente PAN-PRD; pero a costa de presentes y futuras generaciones.
Alentador, que diputados asuman su responsabilidad y recurran a conductos institucionales, para elaborar y presentar un recurso legal, al que sin duda se tiene derecho, contra la reiterada persistencia, de la costosa y deplorable forma de gobernar, de gastar más y endeudar más.
Hay que informarse y conocer el tema del amparo. Obligados a su análisis y discusión pública. Participar, dialogar y debatir. Continuaremos.
*AcademicoIIESESUV @RafaelAriasH. Facebook:VeracruzHoydeRafaelAriasH
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