Bajo lupa la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano en Sonora
Sonora, México - La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora se encuentra bajo investigación tras la denuncia de una presunta red de corrupción que opera bajo la dirección del Secretario de Hacienda Estatal Omar Francisco Del Valle Colosio. Según las acusaciones, esta red estaría involucrada en la ejecución de proyectos de gran envergadura, como la modernización total del puerto de Guaymas (ASIPONA de Guaymas), la carretera Guaymas-Chihuahua y la modernización de las aduanas, entre otros, con la aprobación del padre de Rafael Antonio Ojeda Laguna, el actual Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.
Se ha señalado que Ojeda Laguna, quien mantiene una estrecha amistad con Alfonso Durazo Chávez, hijo del Gobernador del Estado de Sonora, Alfonso Durazo, estaría utilizando su influencia para desviar los recursos asignados a estas obras mediante asignaciones directas de contratos, beneficiando así a un grupo selecto de empresarios conocidos como los "Juniors del bienestar". Estos empresarios carecerían de la trayectoria, experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo proyectos de esta magnitud.
Además, se ha mencionado que el Director General de ASIPONA Guaymas, el Contralmirante Rogelio Bello Aguilar, estaría favoreciendo los intereses de los "juniors" del Bienestar debido a las presiones ejercidas por el hijo del Secretario de Marina.
Ante estas acusaciones, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Sonora ha anunciado que colaborará plenamente con las autoridades competentes en la investigación de estos hechos. Asimismo, se ha enfatizado la importancia de garantizar la transparencia, el uso adecuado de los recursos públicos y la legalidad en todos los proyectos de infraestructura del estado.
Las denuncias de corrupción en el ámbito gubernamental son un tema de gran relevancia y deben ser investigadas de manera exhaustiva para salvaguardar los intereses de la sociedad y promover la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos. Las autoridades competentes deberán llevar a cabo una investigación imparcial y transparente que permita esclarecer los hechos y tomar las medidas necesarias en caso de comprobarse la existencia de actos ilícitos.
La sociedad sonorense espera que se llegue al fondo de este caso y que se tomen las medidas necesarias para prevenir y combatir la corrupción en el sector público, garantizando así un manejo responsable de los recursos destinados al desarrollo y bienestar del estado
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