IMPRONTA
PEMEX, la hipoteca de México
Carlos Miguel Acosta Bravo
Más de 130 mil millones de dólares inyectados por
el gobierno federal para mantener a flote a Petróleos Mexicanos (PEMEX) no han
salvado a la petrolera, pero sí han arrastrado a México al borde del grado
especulativo. Los mercados ya tratan a la deuda soberana mexicana como si fuera
“basura”, aun cuando las calificadoras mantienen formalmente al país en el
último escalón del grado de inversión. El costo de ese rescate lo pagamos hoy
todos los mexicanos, a través de tasas de interés más altas, menor margen para
invertir en prioridades nacionales y una creciente desconfianza de los
inversionistas.
El contagio financiero,
cuando PEMEX resta un peldaño a México. Las agencias calificadoras lo han dicho
con claridad, la deuda de PEMEX le resta un “notch” entero a la calificación de
México. Moody’s bajó al país a Baa3 en mayo de 2026, el último nivel antes de
caer en especulativo, citando el debilitamiento fiscal y el costo de sostener a
la petrolera. Fitch, por su parte, mantiene a México en BBB‑, pero advierte que
la carga de PEMEX le cuesta un peldaño completo al soberano.
El resultado es paradójico y preocupante, aunque
México sigue técnicamente en grado de inversión, sus bonos se cotizan en los
mercados con spreads y primas de riesgo propias de países especulativos. En
otras palabras, el mercado ya está cobrando a México como si estuviera en
“basura”, lo que encarece el financiamiento del gobierno y, por extensión, de
empresas y estados.
Un pozo sin fondo, el costo
fiscal de salvar a una empresa en crisis. Las cifras son elocuentes. En 2025,
el gobierno destinó alrededor de 35 mil millones de dólares a PEMEX, casi 1.9%
del PIB. Para 2026 presupuestó otros 14 mil millones, sin contar las
inyecciones previas que, acumuladas, superan los 130 mil millones de dólares
reportados por Bloomberg.
Este esfuerzo fiscal no es inocuo. Compite
directamente con otras prioridades infraestructura no petrolera, seguridad,
programas sociales y la indispensable transición energética. Más grave aún, se
envía la señal de que las finanzas públicas dependen de mantener a flote una
empresa con problemas estructurales profundos, en lugar de usar esos recursos
para construir un futuro económico más diversificado y resiliente.
Mientras el gobierno inyecta capital, la realidad
operativa de PEMEX cuenta otra historia. La petrolera produce aproximadamente
la mitad del petróleo que extraía hace dos décadas. Los yacimientos maduros se
agotan, y cada nuevo barril requiere perforar más profundo o en aguas más
complejas, lo que eleva los costos operativos de manera sostenida.
El negocio de refinación, lejos de ser una fuente
de ingresos, genera pérdidas estimadas en al menos 10 mil millones de dólares
al año, según el IMEF. Esas pérdidas erosionan cualquier beneficio que pudiera
derivarse de precios altos del crudo. Aunque la empresa ha reducido su deuda en
términos absolutos (reportes recientes la ubican entre 77 y 84 mil millones de
dólares), su perfil crediticio propio sigue siendo especulativo, S&P le
asigna un perfil CCC+ sin apoyo gubernamental.
Qué debe hacer México?, frente
a este escenario, no basta con más inyecciones de capital. México necesita un
paquete coherente de medidas que separe el destino financiero del país del de
la petrolera y ataque los problemas de fondo.
El gobierno debe limitar las garantías explícitas
del Tesoro a nueva deuda de PEMEX y evitar que las obligaciones de la petrolera
se reflejen automáticamente como riesgo soberano. Además, conviene establecer
un techo claro y decreciente de apoyo fiscal anual a PEMEX, con reglas de
transparencia y rendición de cuentas, para que los mercados vean un camino de
salida y no un pozo sin fondo.
México debe diseñar una reestructuración de pasivos
que alargue plazos, reduzca tasas donde sea posible y priorice la deuda en
dólares de alto costo con vencimientos concentrados. El objetivo es evitar
defaults desordenados que disparen el riesgo país. Esta reestructuración debe
acompañarse de un plan de desinversión y venta de activos no estratégicos
—participaciones menores, infraestructura no crítica, proyectos maduros— para
generar flujo y reducir deuda sin comprometer la seguridad energética.
Es indispensable profesionalizar la gestión de
PEMEX, blindando las decisiones técnicas —inversión, exploración, refinación—
de los ciclos políticos y estableciendo metas claras de retorno sobre capital.
El modelo de refinación debe revisarse a fondo, incluso evaluar el cierre,
modernización o asociación estratégica en refinerías con pérdidas crónicas, y
considerar joint ventures con operadores internacionales en refinación y
logística para compartir riesgo y tecnología. La producción debe enfocarse en
yacimientos con mejor margen y menor costo marginal, incluso si eso implica
producir menos volumen pero más rentable.
El petróleo no puede seguir siendo el “banco de
rescate” fiscal. México debe ampliar su base tributaria no petrolera
—combustibles, servicios, economía digital— para reducir la dependencia de
PEMEX y del crudo en el presupuesto. Parte de los ingresos petroleros restantes
deberían destinarse a fondos de estabilización, no a cubrir déficits
corrientes. Además, el país debe avanzar en una estrategia energética mixta
—gas, renovables, eficiencia— que reduzca la presión sobre PEMEX como único
pilar energético y fiscal.
El gobierno debe publicar un plan financiero de
mediano plazo para PEMEX que incluya metas de deuda/EBITDA, proyecciones de
producción y costos unitarios, y escenarios de apoyo fiscal con condiciones
claras para su reducción. Mantener un diálogo constante con agencias
calificadoras e inversionistas es esencial para evitar sorpresas y mostrar
consistencia entre discurso y ejecución.
El problema de fondo no es solo que PEMEX tenga
mucha deuda o produzca menos. Es que el mercado percibe que el Estado mexicano
está dispuesto a gastar recursos ilimitados para evitar su colapso, aun cuando
la empresa pierde dinero en refinación y tiene costos crecientes. Esa
percepción ha hecho que los bonos de México se coticen “como basura” y que el
país pague tasas más altas que vecinos con menor calificación formal.
Financieramente, lo más sensato para México es romper
el riesgo soberano del riesgo de PEMEX mediante límites claros de apoyo y menos
garantías; reestructurar y reducir la deuda de la petrolera de forma ordenada;
reformar su operación y gobierno corporativo para que deje de ser un lastre
fiscal; y diversificar las fuentes de ingreso público para no depender de
rescatar una empresa ineficiente.
Sin ese conjunto de medidas, cualquier nueva
inyección de capital seguirá “comprando tiempo” a cambio de más deterioro en la
percepción de riesgo de México. Y el tiempo, en los mercados, siempre tiene un
precio.
cacostabravo@yahoo.com.mx
