15 de julio de 2026

Boletín Informativo

*Saneamiento bursátil abre una etapa de mayor responsabilidad presupuestal: Rosa María*

***La alcaldesa de Veracruz agradeció a la gobernadora Rocío Nahle García la decisión de poner fin a una carga financiera que durante 18 años limitó los recursos de los municipios.

La alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, reconoció la decisión de la gobernadora Rocío Nahle García de poner fin a una carga financiera que durante 18 años afectó a 199 municipios, medida que permitirá liberar recursos y fortalecer obras, servicios e infraestructura en beneficio de la población.

La presidenta municipal destacó que la solución fue posible mediante una estrategia coordinada por el Gobierno del Estado, que recuperó recursos retenidos en el fideicomiso y aportó el monto necesario para cubrir el saldo pendiente, evitando que los ayuntamientos continuaran realizando pagos durante los próximos años.

Recordó que Veracruz fue el primer municipio en respaldar formalmente este mecanismo y autorizar los procedimientos requeridos para avanzar en la liquidación anticipada, convencido de que mantener ese esquema significaba seguir destinando participaciones a intereses, actualizaciones y retenciones que reducían la capacidad financiera del gobierno municipal.

Señaló que este saneamiento abre una etapa de mayor responsabilidad presupuestal, en la que el Ayuntamiento de Veracruz deberá aprovechar los recursos liberados para atender necesidades prioritarias, mejorar la infraestructura urbana y fortalecer los servicios públicos en colonias y localidades de todo el municipio.

Articulista invitado Miguel Valera Hernandez

      CONTRASEÑAS

+ Reducción histórica: homicidios dolosos disminuyeron 48% en el país.

+ “Es una estrategia que está dando resultados”, dice la presidenta Sheinbaum.

+ Omar García Harfuch agradece la estrecha colaboración del gobierno de Veracruz, “especialmente con la gobernadora Rocío Nahle”, indica.

Escribe Miguel Valera

De buenas, muy de buenas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó este martes en su conferencia matutina que, a un año y nueve meses del inicio de su gobierno, los homicidios dolosos disminuyeron 48 por ciento, al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 45.4 en junio de 2026.

Esto representa 41 casos menos diariamente gracias a la implementación de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: Atención a las causas, Consolidación de la Guardia Nacional, Fortalecimiento de la Inteligencia e Investigación y Coordinación, indicó.

Esto significa también, menos familias afectadas, menos dolor en los hogares mexicanos, menos pérdidas, menos tragedia y llanto. La inseguridad ha sido un flagelo de nuestro país en los últimos años y qué bueno que los índices estén a la baja. Falta mucho por hacer, sin duda, pero algo es algo. 

En la conferencia matutina el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch se refirió a diversos operativos coordinados en la entidad veracruzana en donde “fueron detenidos integrantes de una organización vinculada con homicidios, secuestros y venta de droga”.

“En Tamiahua, autoridades estatales y personal de la SEMAR detuvieron a José Manuel N y a Edwin Osvaldo N, considerados objetivos prioritarios y de la célula delictiva Sombra”, añadió.

También se refirió al seguimiento que se le ha dado al homicidio de la periodista Roxana Guzmán. “La instrucción de la presidenta es esclarecer plenamente los hechos y alcanzar la justicia”, dijo. 

En la conferencia matutina, Omar García Harfuch agradeció “la estrecha colaboración del gobierno de Veracruz, especialmente con la gobernadora Rocío Nahle”, asentó.

A su vez, la jefa de las instituciones del país enfatizó que “entre septiembre de 2024 y junio de 2026 la reducción en homicidio doloso es de 48 por ciento, eso significa que cada día del mes de junio hubo 41 homicidios menos que en septiembre de 2024, prácticamente la mitad. Es decir, junio de 2026 tuvo prácticamente la mitad o casi la mitad de los homicidios que septiembre de 2024. Esa es la cifra que queremos compartir el día de hoy que más allá del número, representa vidas salvadas, representa vidas que no se perdieron, 41 vidas salvadas o que no fallecieron en junio de 2026, frente a septiembre de 2024 y los delitos de alto impacto también muestran una reducción muy significativa”.

Resaltó que del periodo de Vicente Fox a Felipe Calderón los homicidios aumentaron de 28 a 70 casos diarios; de Calderón a Enrique Peña Nieto de 70 a 100, mientras que con la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador hubo una reducción de 100 a 91.7 y en lo que va de su gobierno este delito ha disminuido su promedio diario a 49.7; por ello, puntualizó que el objetivo es continuar con acciones desde el Gabinete de Seguridad para la construcción de la paz y la seguridad a partir de la justicia. 

“Es una estrategia que está dando resultados, y el objetivo es seguir disminuyendo homicidios, seguir disminuyendo robos, seguir disminuyendo extorsión y para eso se trabaja todos los días, ese es el mensaje a las y los mexicanos. Hay cero impunidad y trabajamos todos los días por el bien del pueblo de México”, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum. 

SIN COLORES PARTIDISTAS

La mandataria nacional aprovechó la bocanada de aire fresco de los datos duros para apuntar que “en el Gobierno de México no se protege a nadie, por ello, se actúa donde hay pruebas de que comete un delito, como ejemplo de esto, destacó que en lo que va de su administración se han detenido a 15 funcionarios provenientes de todos los partidos políticos”.

Qué bueno que México y Veracruz avancen en esta materia. No hay duda de que falta mucho por hacer. La tarea es ingente. Contener al monstruo de mil cabezas es una tarea titánica en donde tendremos que involucrarnos todos, gobiernos y ciudadanos, desde todos los niveles y estratos, para vivir en un país con más paz y tranquilidad.  

@MValeraH

Articulista invitado Carlos Miguel Acosta Bravo

    IMPRONTA

Mayor presión política en la relación México–Estados Unidos 

Escribe Carlos Miguel Acosta Bravo

Las declaraciones del administrador de la DEA, Terrance Cole, representan mucho más que una postura personal. Reflejan la visión que una parte importante de las agencias de seguridad estadounidenses mantiene sobre México y anticipan un endurecimiento en la agenda bilateral en materia de combate al crimen organizado.

Afirmar que existe una "conexión mortal" entre los cárteles y el gobierno mexicano es una acusación de enorme alcance político y diplomático. No se trata únicamente de señalar la presencia del narcotráfico, sino de sugerir que las organizaciones criminales han logrado infiltrarse o influir en estructuras gubernamentales. Una declaración de ese nivel inevitablemente genera tensión entre ambos países.

El primer efecto será una mayor presión sobre el gobierno mexicano para demostrar resultados concretos. Estados Unidos probablemente incrementará las exigencias en materia de detenciones de líderes criminales, decomisos de drogas sintéticas, combate al lavado de dinero y desmantelamiento de redes de corrupción. Ya no bastarán los discursos de cooperación; Washington buscará indicadores medibles.

También es probable que aumente el intercambio de inteligencia entre ambos países, aunque bajo condiciones más estrictas. La DEA y otras agencias estadounidenses podrían insistir en tener mayor participación operativa, algo que históricamente ha generado diferencias por el tema de la soberanía nacional.

En el ámbito político, este tipo de declaraciones fortalece a los sectores estadounidenses que consideran insuficiente la estrategia mexicana de seguridad. Legisladores estadounidenses  y funcionarios podrían impulsar nuevas sanciones financieras, restricciones comerciales relacionadas con el combate al crimen organizado o mayores investigaciones contra funcionarios públicos en México que sean considerados sospechosos de colaborar con organizaciones criminales.

Para México el reto será doble. Por un lado deberá mantener la cooperación con Estados Unidos, indispensable para enfrentar el tráfico de drogas, armas y dinero ilícito. Pero al mismo tiempo tendrá que defender su posición diplomática y evitar que las acusaciones generalizadas dañen la imagen de las instituciones mexicanas sin que existan procesos judiciales concluidos.

Otro aspecto relevante es el económico. La relación bilateral no depende únicamente de la seguridad. Ambos países mantienen una de las cadenas comerciales más importantes del mundo gracias al T-MEC. Sin embargo, cuando la agenda de seguridad domina la conversación política, también puede afectar la confianza de inversionistas y complicar futuras negociaciones comerciales.

En los próximos meses es previsible que aumenten los operativos conjuntos, las investigaciones financieras y las solicitudes de extradición, en columnas políticas se habla de ampliar la relación de gobernadores mexicanos que formarían parte de solicitudes de extradición. También podrían presentarse nuevas acusaciones contra integrantes de grupos criminales e incluso contra servidores públicos si las autoridades estadounidenses consideran contar con elementos suficientes.

La relación entre México y Estados Unidos difícilmente se romperá, porque la interdependencia económica, migratoria y comercial es demasiado grande. Sin embargo, actualmente  parece entrar en una etapa de mayor desconfianza y exigencia. La cooperación continuará, pero será más incómoda, más vigilada y con un mayor componente político.

En este escenario, el mayor desafío para ambos gobiernos será evitar que las diferencias diplomáticas debiliten la coordinación contra un problema que afecta a los dos países. Mientras Estados Unidos exige resultados inmediatos, México enfrenta el reto de demostrar que el combate al crimen organizado puede realizarse con eficacia, respetando su soberanía y fortaleciendo sus instituciones de justicia.

Comente u opine a:

cacostabravo@yahoo.com.mx

Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte  del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.

Articulista invitada Fanny Yepez

    La Columna

Por Fanny Yépez15 de julio de 2026

 

Veracruz acapara la atención en Seguridad, en la “Mañanera del Pueblo”

 

No habrá impunidad para quienes atenten contra la vida de periodistas: Harfuch

Policías Estatal y Municipal, señaladas por su colusión con grupos delictivos

 

Este martes. el estado de Veracruz acaparó un gran espacio de “La mañanera del pueblo”, ahí en su Informe, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que, en esta esta entidad mediante distintas operaciones coordinadas, fueron detenidos integrantes de una organización delictiva vinculada con homicidios, secuestros y venta de droga.

Veracruz, de acuerdo con el informe semestral del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se colocó en el octavo lugar nacional en incidencia de homicidios dolosos. La entidad acumuló 447 víctimas durante el primer semestre, lo que representa aproximadamente el 5% del total de casos a nivel nacional. Por ello, los diversos sectores productivos, sociales y empresariales, demandan que se intensifique el combate a la inseguridad.    

 Más del 70% de la población veracruzana percibe la inseguridad como uno de los principales problemas, en consonancia con la media de las zonas urbanas del país.

 La presunción de vínculos entre policías y bandas delictivas en Veracruz no es solo un mito, sino una realidad documentada repetidamente por autoridades federales y organizaciones de derechos humanos.

 La infiltración del crimen organizado en las corporaciones de seguridad se manifiesta de diversas formas graves en el estado, casos recientes de complicidad, han sido documentadas.

 Autoridades federales y estatales han desarticulado células criminales donde elementos de seguridad en activo proporcionaban apoyo logístico, recursos o protección.

 Históricamente, corporaciones como la Policía Estatal y Municipal han sido señaladas por su colusión directa con grupos delictivos, en casos de secuestro y desaparición forzada. Por todo ello, es urgente que se lleve a cabo una depuración institucional.

 La infiltración ha llevado a los gobiernos locales y federales, a intervenir decenas de policías municipales y procesar a docenas de oficiales.

 El titular de la Secretaria de Seguridad y protección Ciudadana preciso que, en el municipio de Tamiahua, autoridades estatales y personal de la Secretaría de Marina detuvieron a José Manuel “N” y a Edwin Oswaldo “N”, considerados objetivos prioritarios para la entidad, así como a otras dos personas, de la célula delictiva conocida como “Grupo Sombra”.

 Y luego abordó el tema sobre el atroz asesinato de la periodista Roxana Guzmán. En este sentido asevero que, “en Veracruz, las instituciones del Gabinete de Seguridad, la Fiscalía General del Estado y el Gobierno del estado, trabajan en coordinación para dar seguimiento a la investigación por la desaparición y homicidio de la periodista, Roxana Guzmán”.

 Mediante trabajos de inteligencia, desarrollados principalmente por la Unidad de Inteligencia Naval, investigación y operaciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, fue posible identificar a los responsables y ejecutar diversas órdenes de aprehensión.

 Como resultado de estas acciones fueron detenidos José del Carmen “N”, Karen Monserrat “N”, además de cuatro elementos de la Policía Municipal, involucrados en la privación de la libertad de la periodista.

 Posteriormente fueron capturados Luis Arturo “N”, alias “Delta 11”, identificado como responsable de este lamentable y cobarde homicidio, y Javier Iván “N”, alias “Delta 1”, quien también habría participado en estos hechos. Con estas detenciones suman ocho personas detenidas por este caso.

 Insistió que la investigación continúa hasta agotar todas las líneas de investigación y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

 Fue enfático al señalar que, en el Gobierno de México no habrá impunidad para quienes atenten contra la vida de periodistas, ni para quienes pretendan vulnerar el derecho a la libertad de expresión, mediante el abuso de un cargo público o integrantes de una organización criminal.

 Insistió que la instrucción de la Presidenta es esclarecer plenamente los hechos, garantizar justicia para Roxana Guzmán y su familia, y detener a todas las personas responsables de este crimen.

 Otro componente fundamental de la Estrategia es impedir que las organizaciones criminales utilicen las rutas marítimas, los puertos y las costas de nuestro país para trasladar droga.

 Muchos periodistas celebramos las declaraciones de García Harfuch, porque antes de esa opinión parecía que otros funcionarios se hacían de lado, minimizaban esos hechos e incluso, si alguien era víctima lo llegaron a incriminar con grupos delincuenciales o no aceleraban las investigaciones acerca de los agresores, como sucedió con los periodistas de Coatepec y otros más que han sido víctimas de robos y asaltos.

 

Articulista invitada Fanny Yepez

  La Columna

Por Fanny Yépez

14 de julio de 2026

 

Playas contaminadas en Boca del Río, ahuyentan a los vacacionistas

 

Urgen plantas de tratamiento de aguas residuales en la zona conurbada

Son dos playas las afectadas: Martí y Tumbao, de acuerdo a Cofepris 

 

En plena temporada vacacional de verano, la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios (Cofepris), declaró no aptas para uso recreativo las Playas Martí y Tumbao II (Boca del Río).

 Resulta que ambas superaron el límite de 200 enterococos por cada 100 mililitros establecido por la Organización Mundial de la Salud, por lo que se recomienda evitar el nado y el contacto directo con el agua.

 Esto cayó como un balde de agua fría para los prestadores de servicios turísticos de la zona conurbada Veracruz/Boca del Rio porque puede inhibir el arribo de vacacionistas a esta parte de la entidad.

 La declaratoria de la COFEPRIS que señala a las playas José Martí y Tumbao II como no aptas para uso recreativo, afecta negativamente a los prestadores de servicios turísticos. Provoca cancelaciones, caída en el consumo local y daños a la imagen de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

 Este tipo de alertas emitidas previo a temporadas clave, como las vacaciones de verano, genera un impacto económico directo en distintos sectores locales, restauranteros y palaperos registran una disminución drástica en el número de bañistas, que acuden a consumir a sus establecimientos cercanos a las zonas afectadas.

 Al prohibirse el nado y actividades recreativas en esas áreas, los negocios de renta de lanchas, bananas y equipo de esnórquel pierden ingresos de forma inmediata.

 Se reportan cancelaciones de reservaciones debido al temor de los turistas a contraer enfermedades en la piel, los ojos o el estómago por el alto nivel de enterococos, lo que afecta también las ventas de artesanías, ropa de playa y recorridos guiados

 Esto revela que es necesario que los restauranteros y hoteleros de la región construyan Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Que les permita tratar sus aguas negras y grises, eliminar contaminantes y cumplir con las regulaciones ambientales evitando multas, además de poder reutilizar el agua para riego o limpieza.

 Detalles del Reporte de Cofepris

 De acuerdo con el monitoreo prevacacional de verano, realizado entre el 15 de junio y el 1 de julio de 2026, la dependencia sanitaria evaluó la calidad microbiológica del agua marina y detectó lo siguiente: Ambas playas registraron concentraciones elevadas de la bacteria enterococos fecales, un indicador utilizado internacionalmente para medir la contaminación por aguas residuales.

 El límite máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua. Playa Martí reportó una alarmante cifra de 978 NMP/100 mL, mientras que Playa Tumbao registró 202 NMP/100 mL.

 Recomendación oficial. -  se exhorta firmemente a locales y turistas a abstenerse de nadar o realizar actividades recreativas de contacto directo con el agua, en estos dos puntos específicos para evitar riesgos de infecciones gastrointestinales, dermatológicas o respiratorias.

 Las autoridades municipales de Boca del Rio, se mostraron en desacuerdo y cuestionaron el método. 

 Las autoridades municipales han catalogado el muestreo de la dependencia federal como impreciso, argumentando que las condiciones del agua varían drásticamente por factores ambientales y que se debe revisar la metodología utilizada.

 El Comité de Playas Limpias y los ayuntamientos acordaron implementar acciones de saneamiento y colocar señalización preventiva para alertar a los bañistas en las zonas específicas.

 Las autoridades han enfatizado que el resto de las playas en Boca del Río (como Santa Ana, Mocambo, Gaviota y Pelícano) y en la zona conurbada se encuentran dentro de los parámetros permitidos y son completamente seguras para los turistas en estas vacaciones de verano.

 En tanto, las autoridades sanitarias estatales de Veracruz han declarado que ya ejecutan planes de contingencia en coordinación con las administraciones locales. El objetivo prioritario es corregir las anomalías detectadas, revertir los niveles de contaminación bacteriológica y lograr que los litorales afectados recuperen su condición de "aptos" a la brevedad. 

 Acciones específicas del Gobierno Estatal y Local, brigadas de saneamiento se trabaja activamente junto con los Comités de Playas Limpias en la identificación y mitigación de las descargas o fuentes de contaminación microbiológica en las dos zonas señaladas.

 Colocación de señalética, las autoridades procedieron a la instalación de letreros y avisos preventivos en los accesos de Playa Martí y Playa Tumbao para advertir a los bañistas locales y turistas sobre los riesgos de contacto directo con el agua.

 Promoción del resto de litorales aptos. tanto las dependencias de salud como el sector turístico estatal enfatizan que el 98.3% de las playas del país y la gran mayoría de las de Veracruz (como Mocambo, Villa del Mar, Antón Lizardo, Regatas y las playas del norte del estado) se encuentran completamente limpias, seguras y aptas para recibir visitante.

Articulista invitado Felipe Mendiola Parra

    Más claro…

Por Felipe Mendiola Parra

 

LOS MORENOS NO SE AGUANTAN NI ENTRE ELLOS MISMOS

 

Algo pasa ahí adentro que no es difícil adivinar, pero seguramente no es nada bueno, con una tendencia a ponerse peor, por la lectura elemental que se da a esos mensajes de discordia, entre los propios morenos que no se aguantan ni entre ellos mismos.

Como hemos leído en otras ocasiones, se armaron los nados sincronizados, pero ahora en contra de Manuel Huerta Ladrón de Guevara y de Delia González Cobos, a unos meses de las elecciones intermedias, lo que provoca muchas especulaciones con diversos matices, pero lo único que demuestran es que a ambos personajes les tienen mucho miedo y a como dé lugar los quieren detener en sus aspiraciones.

A Delia González le faltan dos meses efectivos al frente del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), es decir, concluirá su encargo el 26 de septiembre y antes de que se desatara ese ataque en su contra, se comenzó a manejar su nombre como posible candidata de algún partido para una diputación federal.

En un principio ella no dijo nada, pero conforme se hicieron insistentes esos comentarios salió a decir que, primero tendría que cumplir con ese compromiso en el Orfis, y después, en caso de ser requerida, tendría que pensarlo.

Esas expresiones se han escuchado mucho en muchos políticos que no dicen sí, pero tampoco dicen que no, que se van a esperar. Y Delia no fue la excepción.

Hasta ahí todo bien, pero algo sucedió, algo no le gusto a alguien del palacio de mármol y comenzó un golpeteo innecesario, que solo afecta a los mismos funcionarios del partido en el poder. Ellos solos se desgastan ante la mirada del respetable público, que muchas veces no acaba de entender que es lo que está pasando ahí.

A los señalamientos que aparecieron en su contra en muchas de esas “columnas”, no les cambiaron ni puntos ni comas y por supuesto menos las palabras.

Antes, ver esos juegos políticos causaban diversión, pero ahora ya lo hacen tan obvio que aburren, gastan el tiempo de los lectores y el desprestigio de Morena sigue creciendo.

De Manuelito Huerta como le dijo el subsecretario de gobierno, tal vez no haya mucho que decir, es un tozudo firme, presume ser de izquierda, pero su formación la obtuvo junto de los políticos-políticos, esos que se dan un baño de aceite y todo se les resbala; difícilmente lo sacan de sus casillas, gusta reunirse en restaurantes modestos; su ropa muy sencilla, aunque ahora ya usa camisas, pero hasta hace un año las playeras eran sus favoritas, por cierto, bastante apretadas.

Su capital político no está en duda y eso lo saben sus opositores, tal vez por eso es la persecución.

Sus declaraciones no las ha corregido, es decir, se sostiene siempre en lo que dice alto y fuerte.

La entonación de sus palabras son con un estilo cantadito, con voz que no trata de imponer, pero es contundente.

La virtud de la paciencia lo acompaña, no se desespera y mucho lo aprendió de Andrés Manuel López Obrador.

Recorre el estado de manera austera y se pueden ver unas leyendas en los municipios lejanos que dicen “Ánimo” y que, evidentemente, son las que hace la gente de su equipo.

Es muy posible que, al ver esas que son algunas de sus características reales y no poses, no encuentren todavía un gallo con suficientes espolones para enfrentarlo y les invade la preocupación a sus opositores auténticos y disfrazados.

Esos funcionarios que hablan de deslealtades, debieran primero hacer una evaluación de desleales y después ponerlos a concursar.

Más claro ni el agua.

 

Investigan Corrupción en Proyecto del Club Piratas FC.

*Entre la opacidad y la duda pretende arranque en la Liga Mx en Agosto próximo.

En medio de la opacidad y fuertes dudas sobre el origen del capital utilizado en el proyecto, el equipo de futbol Piratas FC, pretende iniciar operaciones el 1º de agosto en la Liga MX, con anuencia y la ayuda por demás “generosa” de directivos de la FMF.

El arranque podría darse en un escenario de escándalo público y de acciones judiciales que pondrían en entre dicho el origen de la inversión que dio lugar al proyecto, además de una alerta por probable lavado de dinero.

El anuncio de esta nueva empresa en el fútbol veracruzano vino a despertar la esperanza de los aficionados por un equipo profesional que devolviera ese espacio de entretenimiento y pasión que generó el club Tiburones Rojos del Veracruz. 

Sin embargo, esa algarabía de antaño parece que no volverá, y es que Piratas FC nace como un Frankenstein hecho de retazos, con una sociedad amorfa entre dos empresas diferentes, derechos deportivos separados, con un estadio propiedad del gobierno de Veracruz, entregado en comodato en un escenario de colusión, influyentismo y preferencias a la familia Vives Gómez, cabeza visible de Piratas FC.

Por si fuera poco, surge con una afiliación federativa que no aparece en el mismo lugar de la operación local, y un pleito judicial mercantil que reclama un monto de más de 120 millones y que ya provocó el embargo de un terreno extensión del WTC, en Boca del Río, y que amenaza, también, el embargo de cuentas bancarias propiedad del gobierno de Veracruz.

Ese pleito mercantil tiene su origen en el incumplimiento de pago del laudo dictado a favor de Gustavo Ariel Parente Sánchez, ex directivo de Tiburones Rojos de Veracruz.

Ese juicio mantiene la prohibición para que partidos de la Primera División o de la Liga de Expansión MX se puedan celebrar en el estadio Luis “Pirata” de la Fuente debido al impedimento legal e internacional insalvable: Expediente resolutivo TAS 2020/A/6748 dictado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana, Suiza, y el oficio FMF-CD-0241/2021 de la Federación Mexicana de Fútbol, emitido bajo mandato directo de la FIFA.

La demanda y/o juicio mercantil involucra a CF Veracruzano, S.A. de C.V. y a José Carlos Vives Gómez, René Roberto Vives Vives, y Rene Roberto Vives Gómez, de acuerdo con información vinculada al proceso.

El regreso del futbol profesional a Veracruz ha sido recibido con entusiasmo por una afición que durante años esperó la recuperación de un equipo representativo y la reapertura del Estadio Luis “Pirata” Fuente. 

Sin embargo, el arranque de Piratas FC Veracruz también está acompañado por un debate sobre la estructura corporativa que sostiene al proyecto en la cual participan en sociedad Desarrolladora de Fútbol México ALC, S.A. de C.V. que conservaría la afiliación deportiva reconocida por Femexfut, y la empresa CF Veracruzano, S.A. de C.V. de los Vives Gómez, mantendrían el control operativo vinculado a la actividad del club en Veracruz.

Este esquema de sociedad empresarial ha generado sospechas y dudas sobre el origen del capital que se invierte toda vez que no se le dio parte al Sistema de Administración Tributaria /SAT) de Secretaría de Hacienda, pero del cual está plenamente enterada la Federación Mexicana de Futbol por parte de Iñigo Riestra.

Sin duda, en medio de este escenario será complicado e imposible que Piratas FC inicie operaciones en agosto del 2026, como se anunció, porque tampoco tienen registrado su logo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

 

El Otro Café Politico...

 El Otro Café Politico 

Por Jesús Vásquez Pino 

Nuevos partidos políticos en Veracruz; a vivir del presupuesto!!! 

El OPLE en Veracruz empezó a distribuir y entregar el recurso en dinero a los nuevos partidos políticos Estatal y nacional. 

El Partido Cardenista de Antonio Luna siempre pierde el registro oficial y vuelve a salir frente al electorado, prometiendo lo de siempre: terrenos y acarreados para eventos políticos. 

Ancestralmente, éste organismo Cardenista ha conformado colonias, ha invadido tierras porqué Antonio Luna es experto en éstas maniobras, además de aliarse con el partido oficial en turno prometiendo votos a cambio. 

En el caso de Héctor Yunes con su nuevo partido de Alianza, se espera que invite actores políticos de la sociedad y aquellos rechazados en los otros partidos  para que participen en el 2027. 

Porqué está comprobado que no tiene afiliados que garanticen la Victoria, no hay personajes al interior de éste nuevo partido estatal que además salgan a participar, los rostros son pocos. 

En pocas palabras: Yunes Landa quiere que le hagan el favor para conservar el registro en el 2027. 

En el caso del partido Nacional PAZ de Gonzalo Guízar  en Veracruz, también se alista para el 2027 y en el sur de Veracruz la estrategia política para el territorio veracruzano, tiene sus aliados que con el otro partido PES que obtuvo pendaños y espacios políticos. 

Su líder nacional Hugo Erick sabe que Veracruz representa importantes votos para éste nuevo partido PAZ con registro Nacional, Pero obviamente esperan el recurso vocal y que además el INE también ya lo distribuye. 

Resalta el pleito y división al interior de Somos México Veracruz, porqué no a todos Rogelio Franco les dió  espacio y desplazó a muchos como lo fueron Raúl Arias lovillo y Carlos Luna Escudero. 

Por afuera, Franco Castán sera ' la mano negra que mueva la cuna'  de éste Partido Nacional que Acosta Naranjo dió visto bueno, que así se maneje en Veracruz aunque a muchos perredistas que habían realizado asambleas tampoco les tocó nada.  

Sea entonces, un dinero bien administrado por los partidos políticos que habrán de trabajar hacia el 2027 con miras hacia el 2030. Es cuanto.  

Información del Portal Voz Plural/Jesús Vásquez Pino. 

Articulista invitado Miguel Valera Hernandez

      CONTRASEÑAS

+ La corrupción campea en nuestro país a pesar de que se anunció su destierro. 

+ Es un freno para la inversión y la competitividad en México, dice Coparmex.

+ “Combatir la corrupción debe ser una prioridad nacional”, añade el organismo patronal. 

Escribe Miguel Valera

Si sus padres gastan, invierten en ustedes para que estudien y ustedes se dedican a la “fiaca”, —nos decía un viejo maestro de preparatoria, usando ese término de origen italiano que se hizo popular en algunos países sudamericanos para referirse a la pereza—, lo que están haciendo es robarle a sus propios padres. Esa es una práctica de corrupción, asentaba el profesor.

Desde mi época estudiantil aprendí que la corrupción tiene muchas formas. Es un monstruo de mil cabezas, solía decir el Contador Alberto Pérez Kuri, en un aula de la Escuela “Adolfo López Mateos” que dirigía su hermano Pablo, de feliz memoria. Se manifiesta no sólo en el tendero que eleva los precios ad libitum, también en el repartidor de leche que le pone agua a su producto o vende litros que no son de a litro.

En el ámbito de la función pública tiene otras formas como el nepotismo o el amiguismo; el soborno para obtener un beneficio personal; el tráfico de influencias; el clientelismo, entre los grupos políticos o gobiernos y en la malversación de fondos. La política ha sido uno de los espacios en donde con mayor facilidad se pueden obtener riquezas y beneficios. Por eso el interés de llegar a puestos gubernamentales.

Mi comentario viene a colación luego de leer un posicionamiento de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) que a nivel nacional dirige el veracruzano Juan José Sierra Álvarez. 

Dice el organismo patronal que la corrupción continúa generando un elevado costo económico y social para México. En 2025, el costo promedio por ciudadano alcanzó 3 mil 865 pesos, el nivel más alto registrado en la última década. En total, 9.42 millones de personas fueron víctimas de al menos un acto de corrupción en 2025 al realizar trámites o interactuar con autoridades, lo que representó pérdidas cercanas a 17 mil millones de pesos, conforme la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del INEGI”.

“La corrupción incrementa los costos de hacer negocios, desalienta la inversión, genera incertidumbre jurídica y limita la creación de empleos formales. Un país que aspira a consolidarse como destino confiable para invertir necesita instituciones sólidas, reglas claras y un Estado de Derecho que garantice condiciones de legalidad para todos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024 del INEGI, el 98.9% de los actos de corrupción que enfrentan las unidades económicas permanecen impunes al no denunciarse ni investigarse”.

“Reconocemos los esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno para combatir este problema; sin embargo, las cifras muestran que aún son insuficientes. Desde COPARMEX sostenemos que combatir la corrupción debe ser una prioridad nacional, fortaleciendo la transparencia, la certeza jurídica y la integridad pública para impulsar el crecimiento económico y la confianza en las instituciones”.

Añade el organismo empresarial que “la corrupción debilita el desarrollo económico”. Tiene razón. Si el dinero que se tiene que invertir en desarrollo se desvía, se utiliza para fines personales, claro que la afectación es global.

“La corrupción sigue presente en la operación de las instituciones públicas. En 2025, de acuerdo con la ENCIG, el 16% de las personas que realizaron un trámite, pago o solicitaron un servicio público fue víctima de algún acto de corrupción, mientras que la tasa de prevalencia alcanzó 15 mil 642 actos por cada 100 mil habitantes, un 24% más que en 2015”.

“Prácticas como sobornos, discrecionalidad, retrasos injustificados y abusos en los trámites generan incertidumbre, elevan los costos de operación y limitan la capacidad del país para atraer inversión y crecer. Dicho deterioro también se refleja en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, donde México obtuvo 27 de 100 puntos y ocupó el lugar 141 de 182”.

“La corrupción también afecta a las empresas. Los resultados de #DataCoparmex 2025, mediante el indicador #MxSinCorrupción, muestran que 40.2% de las empresas socias de COPARMEX enfrentó al menos un acto de corrupción durante el último año. Aunque el indicador mejoró 6.6 puntos porcentuales respecto de la medición anterior, cuatro de cada diez empresas siguen enfrentando prácticas irregulares en su relación con las autoridades”.

“La mayor incidencia se registra en el ámbito municipal (62.2%), seguido del estatal (57.8%) y el federal (42.8%). Además, casi una quinta parte de las empresas reportó corrupción en los tres órdenes de gobierno, lo que confirma su carácter estructural. A ello se suma la extorsión: entre las víctimas de algún delito, 17.3% sufrió extorsión o cobro de piso y, en 37% de los casos, el cobro fue realizado por autoridades o por personas que se hicieron pasar por ellas”.

“La corrupción afecta especialmente a las MiPyMEs que cuentan con menos recursos para absorber pagos indebidos, retrasos y costos administrativos, poniendo en riesgo su operación. Ello reduce su productividad, limita su capacidad para crecer y desincentiva la formalidad. Esto resulta especialmente grave porque concentran el 70.7% del personal ocupado del país y las propias  empresas identifican la corrupción como uno de los principales obstáculos para su actividad, sólo por debajo de la inseguridad y los problemas de infraestructura y servicios”.

“El exceso regulatorio agrava este problema. Según #DataCoparmex 2025, el 48.9% de las empresas enfrentó obstáculos al realizar trámites gubernamentales y destina en promedio 82 horas mensuales al cumplimiento regulatorio. Cada trámite innecesario incrementa la discrecionalidad, eleva los costos de cumplimiento y abre espacios para la corrupción. Simplificar y digitalizar los procesos administrativos también constituye una política efectiva de prevención”.

La COPARMEX concluye en su análisis que el combate a la corrupción debe ser una prioridad nacional. “Es indispensable fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, mejorar la coordinación entre las instituciones responsables y garantizar mecanismos eficaces de prevención, investigación, sanción y rendición de cuentas”. 

Por ello exige fortalecer los mecanismos de control, auditoría y supervisión en los tres órdenes de gobierno. Aplicar sanciones efectivas y oportunas contra quienes incurran en actos de corrupción, especialmente servidores públicos, y publicar indicadores verificables de sus resultados. Simplificar, homologar y digitalizar los trámites para reducir la discrecionalidad y facilitar la actividad empresarial. Implementar canales de denuncia seguros y confidenciales para ciudadanos y empresas. Impulsar una política permanente de integridad pública que fortalezca el Estado de Derechos, la transparencia y la certeza jurídica. Combatir frontalmente la extorsión, especialmente cuando involucre a autoridades o a quienes actúen bajo esa apariencia. Garantizar la participación del sector empresarial y la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de las políticas anticorrupción, fortaleciendo la vigilancia, la colaboración y la corresponsabilidad.

“En COPARMEX reiteramos nuestra disposición para colaborar con los tres órdenes de gobierno en el diseño e implementación de políticas públicas, reformas regulatorias y mecanismos de integridad que reduzcan la corrupción de manera sostenida. Sólo mediante instituciones sólidas, reglas claras y un Estado de Derecho efectivo será posible fortalecer la confianza, atraer inversión y construir un México más competitivo”, concluye.

La tarea no es fácil. Desde cualquier sector, del público o el privado, se buscará siempre tener mayor ganancia con menor inversión. Unos, vendiendo productos de baja calidad con altos costos y otros succionando el presupuesto público para enriquecerse. No hay que ser Sherlock Holmes —el famoso detective creado por el escritor británico Arthur Conan Doyle— para saber a quienes nos referimos. 

@MValeraH

Articulista invitado Jorge Ramón Rizzo

 Focus Group 

¿Pato Merlín o Rico McPato?

Por Jorge Ramón Rizzo*

El gobierno de Claudia Sheinbaum, en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México, facilitó el acceso a un programa habitacional del INVI a la familia del “Pato Merlín”, la mascota viral no oficial del Mundial. Un departamento como el asignado bajo el programa "Vivienda del Bienestar", tiene un costo de producción gubernamental que oscila entre los $800,000 y los $846,000 pesos.

Debo precisar, que hasta el momento todo apunta a que solamente le otorgaron el crédito y no fue un regalo o dádiva. Lo ciertemente evidenciado es que mientras la gestión resolvió una necesidad urgente, el caso reavivó el debate sobre el uso del aparato estatal para capitalizar fenómenos mediáticos frente a una crisis social generalizada.

La narrativa oficial, difundida ampliamente durante la "mañanera" del viernes, enmarcó el apoyo como un acto de profundo humanismo. Para la familia de Karla Gómez, vendedora ambulante que habitaba en condiciones vulnerables dentro de un pequeño local comercial, la intervención presidencial significó el paso hacia un hogar seguro. 

Es innegable el impacto positivo que tiene el acceso a una vivienda digna para una familia trabajadora mexicana. Sin embargo, el fondo crítico de esta acción radica en el uso político de la vulnerabilidad y la rapidez con la que el Estado resolvió el caso particular de la familia mundialista contrasta drásticamente con la burocracia y las deficiencias que enfrentan cientos de miles de ciudadanos anónimos. 

Mientras el carisma de un ave cautivaba a las redes sociales y a la audiencia del Mundial, amplios sectores de la población continúan marginados de los programas sociales sin la posibilidad de acceder a la misma atención directa de la persona titular del Ejecutivo Federal.

En la esfera pública, el hecho fue calificado por diversos analistas y usuarios como un ejemplo de "pan y circo" gubernamental. Al convertir a una mascota viral en protagonista de la agenda presidencial, la administración de Sheinbaum logró dominar la conversación digital y proyectar una imagen de cercanía con el pueblo. 

Esto evidencia una estrategia de comunicación gubernamental altamente dependiente del golpe de efecto y la espectacularidad, la cual prioriza casos aislados con alto valor de simpatía por encima de soluciones estructurales integrales.

Por otro lado, cabe subrayar que, a pesar de las críticas que tildaron el hecho como un "regalo", el gobierno federal y la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, aclararon que la entrega del departamento en la Ciudad de México se realizó bajo el esquema de un programa de vivienda social, por lo cual la familia pagará su crédito. Esto separa el acto de un asistencialismo puro, orientándolo hacia un esquema de adquisición que dignifica el trabajo de la familia de comerciantes.

Mientras tanto, la Lotería Nacional emitió un billete con la imagen del Pato Merlín y si bien no es pública la información de ¿Cuánto les pagaron? Especialistas en marketing y utilización de marcas registradas consultados por Focus Group nos revelaron que éstas cifras oscilan entre 100 y 300 mil pesos por evento. Lo que se confirma, una vez que el influencer y empresario Poncho de Nigris reveló este fin de semana que pagó 200 mil pesos mexicanos en efectivo a la dueña del ave, Karla Ivette Gómez, a cambio de que "Merlín" fuera la imagen promocional y asistiera a un evento masivo en su cadena de pastelerías, Postrería 77.

Patos famosos existen gracias a caricaturas y series animadas infantiles del siglo pasado: "Pato Donald", "Pato Lucas" y "Howard el Pato"... Pero con el "Pato Merlín", estamos frente a la representación viva de "Rico McPato", porque sin duda ha facturado buenas sumas al momento y podría seguir haciéndolo este año e incluso puede ser una empresa que con la edición del mundial en turno cada 4 años, encuentre oportunidades de ingresos.

Al final, el caso del Pato Merlín deja una dualidad evidente en la administración de Sheinbaum: Por un lado, demuestra la capacidad del Estado para intervenir en la transformación de la calidad de vida de un núcleo familiar específico y por otro, expone la discrecionalidad del poder, donde la suerte de los ciudadanos de a pie parece depender de la viralidad de sus mascotas, más que de su derecho universal a la protección social.

Surgieron muchos comentarios por parte de miles de familias sin mascota viral, porque este caso demuestra que para conseguir vivienda en México, a veces no importa cuántos años tengas en la lista de espera, sino que la suerte te acompañe. Ahora serán muchos funcionarios de vivienda los que estarán "pagando el pato" ante la populista intervención presidencial.

*Periodista/Tlaxcala

Articulista invitado Carlos Miguel Acosta Bravo

     IMPRONTA

El silencio del INE y la precampaña adelantada de 2027

Escribe Carlos Miguel Acosta Bravo

Aunque las elecciones de 2027 todavía parecen lejanas, los principales partidos políticos ya comenzaron a mover sus estructuras, promover aspirantes y organizar procesos internos para definir candidaturas. Todo esto ocurre nueve meses antes del inicio formal de las precampañas y de las campañas electorales.

Los partidos tienen derecho a organizarse, realizar reuniones y preparar sus estrategias. Sin embargo, una cosa es la vida interna y otra muy distinta utilizar ese argumento para iniciar campañas disfrazadas, posicionar nombres y obtener ventajas antes de que comiencen los tiempos legales.

Frente a este escenario, el silencio del Instituto Nacional Electoral resulta preocupante. Aunque la falta de un pronunciamiento no significa una autorización jurídica, en los hechos puede ser interpretada por los partidos como una especie de permiso para avanzar sin límites claros.

El primer riesgo es que las candidaturas se definan antes de las precampañas. Quienes ocupan cargos públicos, controlan estructuras partidistas o cuentan con mayores recursos pueden realizar giras, organizar reuniones, aparecer constantemente en medios y promover su imagen en redes sociales. Cuando llegue el periodo oficial, algunos aspirantes llevarán meses de ventaja.

Así, las precampañas podrían convertirse únicamente en un trámite para confirmar decisiones tomadas con anticipación. La competencia interna dejaría de ser equitativa y favorecería a quienes tienen más dinero, poder político o cercanía con las dirigencias.

Otro problema es la falta de transparencia en los gastos. Antes de las etapas formales resulta más difícil conocer quién paga los recorridos, los espectaculares, la publicidad digital, las encuestas o los eventos. También existe el riesgo de que funcionarios utilicen personal, vehículos, programas sociales o recursos públicos para construir candidaturas.

Esta situación podría colocar en desventaja a los dos nuevos partidos políticos, que apenas comenzaron a organizarse. Mientras las fuerzas tradicionales ya tienen estructuras, gobiernos y aspirantes conocidos, las nuevas organizaciones deberán construir presencia territorial y buscar candidatos cuando sus adversarios llevan meses posicionándose.

Pero el mayor riesgo es la pérdida de autoridad del propio INE. Cuando una autoridad permite durante meses una conducta y después intenta detenerla, sus decisiones pueden parecer tardías, selectivas o políticamente motivadas.

Los partidos podrían preguntarse por qué se les sanciona después de haber actuado durante tanto tiempo sin advertencias claras. Incluso podrían ignorar los llamados, impugnar cada medida y acusar al Instituto de actuar con parcialidad.

Esto podría provocar una elección altamente judicializada, con denuncias por cada gira, reunión, entrevista o anuncio. En lugar de discutir propuestas y soluciones, los partidos podrían concentrarse en presentar quejas ante el INE y recursos ante el Tribunal Electoral.

El Instituto no necesita prohibir toda actividad política ni intervenir excesivamente en la vida interna de los partidos. Lo que debe hacer es establecer límites claros y aplicarlos por igual.

Debe precisar cuándo una reunión partidista se convierte en un acto anticipado, cómo se fiscalizarán los gastos previos y qué consecuencias tendrá el uso de recursos públicos para promover aspiraciones personales.

El respeto a la autonomía de los partidos no debe confundirse con pasividad. La libertad de organización termina cuando se afecta la equidad de la competencia.

Si el INE continúa guardando silencio, las elecciones de 2027 podrían comenzar con candidaturas prácticamente decididas, gastos difíciles de comprobar y aspirantes con ventajas indebidas. Una autoridad que llega tarde puede conservar sus facultades legales, pero perder la fuerza política y moral necesaria para hacerlas respetar.

Comente u opine a:

cacostabravo@yahoo.com.mx

Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte  del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.

Articulista invitada Fanny Yepez

    La Columna

Por Fanny Yépez

13 de julio de 2026

 

Con descaro e impunidad, aspirantes realizan actos anticipados de campaña   

 

El INE y el OPLE no ven ni escuchan nada o desconocen los procedimientos  

El escenario se enrarece al vulnerarse la democracia

 

El Instituto Federal Electoral (INE) y el Organismo Público Local Electoral (OPLE), al parecer padecen de una grave ceguera no ven las campañas adelantadas que están realizando los aspirantes, candidatos local y federal en el estado de Veracruz, donde las y los suspirantes con absoluto descaro y a la luz de todos realizan campañas adelantadas, sin que ambas instituciones apliquen los correctivos que detenga los actos de proselitismo, esta actitud coloca en evidencia a los árbitros de la contienda, porque es evidente que favorecen a determinados partidos políticos y esto por supuesto que  vulnera la democracia y enrarece el proceso electoral.

 ¿Qué dice la ley electoral?

 De acuerdo con el artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), se consideran actos anticipados las expresiones realizadas bajo cualquier modalidad, que contengan llamados expresos al voto (a favor o en contra) o solicitudes de apoyo para contender en un proceso, antes de que este inicie formalmente.

 El debate sobre la simulación

 En años recientes, estas prácticas han generado controversias tras los procesos internos de partidos políticos (como Morena y la oposición), que nombran "coordinadores" o realizan recorridos nacionales para posicionar figuras políticas previo a las fechas establecidas por el Instituto Nacional Electoral (INE). Críticos y expertos señalan que esta estrategia a menudo opera con "lagunas legales" y simula procesos internos para eludir las restricciones de fiscalización y los tiempos de campaña.         

 Algunos medios de comunicación han cuestionado sobre si esta “'ciego” y “sordo” ante las campañas adelantadas, que a todas luces y con gran cinismo se observa que realizan varios suspirantes de diversos partidos, principalmente de Morena, PVEM y del Partido del Trabajo.   

 El Instituto Nacional Electoral (INE) carece actualmente de reglas claras para fiscalizar las campañas políticas adelantadas rumbo a las elecciones de 2027.

 Especialistas, exconsejeros y miembros del propio organismo advierten que esta falta de regulación genera un vacío legal que permite la promoción anticipada sin consecuencias económicas ni jurídicas.

El vacío legal en el INE sin fiscalización se da porque no existen lineamientos específicos para vigilar el origen y destino del dinero utilizado en actos anticipados

 Árbitro de la contienda está absolutamente ausente, no ve, ni escucha. El consejero electoral Arturo Castillo, alertó que el INE actúa como un "árbitro que no está arbitrando un partido que empezó hace ya mucho".

 Lagunas legales, los aspirantes aprovechan precisamente estos huecos normativos para posicionar su imagen pública antes de los tiempos legales. Los aspirantes en activo

 Movilización masiva, se reportan más de 300 militantes de Morena realizando recorridos en sus respectivos estados, incluyendo al estado de Veracruz.  Estrategia territorial: Los políticos organizan actos públicos, reparten propaganda y movilizan simpatizantes.

El el activismo anticipado se enfoca en posicionar perfiles para competir por las 17 gubernaturas que se renovarán en los comicios de 2027.

 

Consecuencias y sanciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de su Sala Especializada, es el encargado de resolver si existieron infracciones y sancionarlas. Las consecuencias por cometer actos anticipados de manera grave y dolosa incluyen multas, la cancelación del registro de la candidatura o incluso la anulación de una elección, pero tal parece que los suspirantes están blindados o protegidos y se conducen con toda impunidad, realizando proselitismo anticipado, pareciera que las autoridades electorales los protegen.   

 Este domingo precisamente, el periódico la Jornada nacional, público una nota al respecto donde señala que los partidos políticos (salvo los dos nuevos, con registro desde el mes pasado) comenzaron procesos internos formales e informales rumbo a la selección de sus candidatos para 2027. Este banderazo se dio al menos medio año antes del inicio oficial de las precampañas y nueve meses previos al arranque de la etapa proselitista.

 El fenómeno, ahora conocido en la jerga partidista como “pre-pre-precampaña”, no está regulado en la Constitución o en la ley. Se realiza con base en una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), emitida en 2023, precisamente frente a las estrategias de los políticos para despuntar desde ahora hacia las candidaturas.

 En julio de aquel año, la sala superior del TEPJF concluyó que los “procesos políticos partidistas inéditos”, en ese momento de Morena y del frente opositor, no eran ilegítimos y, por tanto, podían continuar, siempre que se ajustaran a los límites constitucionales.

 El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón aseveró entonces que, “es legítimo que los partidos puedan tener filtros y llevar a cabo una serie de acciones para valorar las características de sus liderazgos”.

 El TEPJF ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE), generar lineamientos generales para regular y fiscalizar estos procesos.

 El consejero Arturo Castillo Loza, quien desde marzo pasado ha insistido varias veces y por diferentes vías en la necesidad de aprobar un marco normativo más robusto, con consecuencias en el proceso electoral 2026-2027, que comienza la primera semana de septiembre próximo, señaló que el objetivo es fiscalizar desde ahora los gastos, pero sobre todo que el INE sea árbitro en un juego que ya arrancó.

 “Y en caso de que se llegaran a acreditar actos anticipados de precampaña o campaña, los gastos involucrados en esos actos podrían ser sumados a los topes de gastos de campaña correspondientes; esto tendría un efecto sobre la regulación y la protección de la equidad en la contienda”, comentó.

 De todo esto, de comprobarse la violación, a  los titulares del INE y el OPLE, Sergio Vera Olvera y Marisol Alicia Delgadillo Morales, se les podría fincar responsabilidad penal, por omisión.