IMPRONTA
Universidades públicas y
gratuidad
Carlos Miguel Acosta
Bravo
Las universidades públicas enfrentan una presión
cada vez mayor, deben recibir a más estudiantes con menos recursos, mientras
una parte creciente de su presupuesto se destina a salarios, pensiones y
jubilaciones. La ANUIES advierte que el déficit acumulado entre 2019 y 2026
llegó a 55 mil 400 millones de pesos y solicita para 2027 una ampliación de 36
mil 800 millones. De ellos 9 mil 500 millones deben ser aplicación inmediata y 27 mil 300 millones de
asignación gradual.
El problema no es sólo contable. Detrás de esas
cifras están las condiciones en que estudian miles de jóvenes, el trabajo de
docentes e investigadores y la capacidad de las universidades para contribuir
al desarrollo de México.
La matrícula de las universidades públicas aumentó
18% entre 2018 y 2026, pero el financiamiento no creció al mismo ritmo. La
ANUIES sostiene que los recursos asignados han quedado por debajo de la
inflación y del crecimiento de la economía, lo que ha reducido la capacidad
real de las instituciones.
En 2026, el aumento presupuestal para las
universidades públicas estatales fue de aproximadamente 1.79%, menor que la
inflación estimada. Esto significa que, aunque nominalmente recibieron más
dinero, en términos reales perdieron capacidad de compra desde el inicio del
ejercicio.
La situación puede resumirse así, más alumnos, más
obligaciones y menos margen para sostener la operación cotidiana. Uno de los
mayores desafíos es el gasto en pensiones y jubilaciones. De acuerdo con la
ANUIES, en algunas universidades este concepto representa entre 40% y 50% de la
nómina.
Las pensiones son derechos adquiridos y no deben
presentarse como un obstáculo causado por los trabajadores jubilados. El
problema está en que muchos sistemas pensionarios no fueron diseñados para el
envejecimiento de las plantillas ni cuentan con reservas suficientes o
aportaciones públicas adecuadas.
Cada peso destinado a cubrir un déficit pensionario
es un peso que deja de utilizarse, si no existe financiamiento adicional, para
contratar profesores, abrir plazas, mantener laboratorios, reparar edificios,
renovar equipos, ampliar becas o fortalecer la investigación.
No atender este problema sólo lo encarece. Si no
hay una reforma financiera responsable, cada año crecerá la parte del
presupuesto comprometida antes de que comiencen las actividades académicas.
La eliminación o reducción de las cuotas de
inscripción busca hacer efectivo el derecho a la educación superior gratuita.
El objetivo es correcto, pero puede fracasar si el gobierno elimina ingresos
propios sin sustituirlos con recursos permanentes.
Una universidad debe recibir a más estudiantes,
cobrar menos y, al mismo tiempo, pagar salarios, pensiones, servicios,
mantenimiento, conectividad y materiales. Si no existe un fondo federal que
compense la disminución de cuotas, la gratuidad puede terminar financiándose
con menos profesores, aulas saturadas, laboratorios deteriorados y servicios
estudiantiles reducidos.
La gratuidad no puede limitarse a prohibir el
cobro. Debe garantizar que las instituciones tengan recursos suficientes para
ofrecer una educación de calidad. De lo contrario, el derecho existe en la ley,
pero se debilita en la práctica.
La consecuencia más preocupante recaerá en los
estudiantes. La ANUIES estima que 211 mil alumnos abandonan cada año sus
estudios en instituciones públicas y que 76% lo hace por razones económicas.
La falta de recursos puede aumentar el abandono de
estudiantes mediante la reducción de becas y apoyos de transporte o
alimentación; menos cursos y horarios disponibles; suspensión de servicios
estudiantiles; retrasos en trámites, titulaciones y certificaciones; deterioro
de instalaciones; grupos más numerosos; menor contratación de profesores y
asesores; menor atención a estudiantes con discapacidad o en situación
vulnerable.
Un estudiante que debe trabajar, pagar transporte y
materiales, enfrentar horarios limitados y estudiar en instalaciones
deficientes tiene más probabilidades de abandonar. Por eso, la deserción no
depende sólo de decisiones individuales, también refleja la capacidad de la
institución para acompañar a sus alumnos.
La crisis financiera también afecta la
investigación, la innovación y la vinculación con la sociedad. La ANUIES señala
que las universidades públicas realizan alrededor de 90% de la investigación
del país.
Cuando faltan recursos se reducen los proyectos
científicos, las becas de posgrado, la compra de equipo y la participación en
redes académicas. El deterioro es acumulativo: un laboratorio sin mantenimiento
pierde capacidad; un investigador sin apoyo deja de dirigir proyectos; una
universidad que no renueva su infraestructura pierde competitividad.
La austeridad sin prioridades puede convertirse en ahorros
ficticios. Se ahorra en el corto plazo, pero se pierde productividad,
innovación y capital humano en el futuro.
En entidades como Veracruz, las universidades
públicas cumplen una función que va mucho más allá de impartir clases. Son
centros de investigación, espacios culturales, empleadores, prestadores de
servicios y motores de movilidad social.
Cuando las Universidades operan con déficits, se
retrasan obras y trabajos de mantenimiento; se disminuye la contratación de
proveedores locales; se reducen proyectos de investigación aplicada; se limita
la formación de profesionistas; se debilita la atención a comunidades; aumentan
las desigualdades entre estudiantes urbanos y rurales. Por eso, el
financiamiento universitario debe entenderse como una inversión en desarrollo
regional, empleo calificado, innovación y cohesión social.
La crisis no puede atribuirse exclusivamente al
gobierno federal. Las universidades también deben transparentar sus finanzas,
revisar contratos colectivos, actualizar sus sistemas pensionarios, contener
gastos administrativos y demostrar que utilizan con eficacia los recursos
públicos.
Pero la responsabilidad institucional no justifica
un presupuesto insuficiente. El Estado no puede exigir más matrícula, eliminar
cuotas y mantener las mismas obligaciones laborales sin crear mecanismos
permanentes de compensación.
Se necesita un acuerdo financiero de largo plazo
que incluya, presupuestos que no pierdan frente a la inflación; un fondo
especial para pensiones y jubilaciones; recursos compensatorios por la
gratuidad; reglas claras para salarios y plazas; saneamiento de pasivos con
metas verificables; transparencia y rendición de cuentas; protección de becas y
apoyos estudiantiles; inversión sostenida en infraestructura, conectividad e
investigación.
Los 9 mil 500 millones solicitados para atender
necesidades inmediatas no deben convertirse en un rescate sin condiciones.
Deben formar parte de una política nacional que evite repetir cada año la misma
emergencia. Los 27 mil 300 millones de asignación gradual también requieren
reglas claras, criterios de distribución, evaluación y seguimiento,
fiscalización y rendición de cuentas claras.
Si sólo se entregan recursos extraordinarios para
cubrir nóminas atrasadas, el problema reaparecerá. Si se niegan los apoyos, el
costo recaerá en estudiantes, docentes, trabajadores y regiones enteras.
México debe decidir si está dispuesto a financiar
realmente la educación superior pública o si aceptará que la falta de recursos
produzca menos cobertura, más deserción y menor calidad. La universidad pública
no puede ser gratuita únicamente en el discurso, necesita un presupuesto
suficiente, estable y transparente.
El déficit universitario no es sólo una cifra
contable. Es la expresión de una brecha entre lo que el país exige a sus
instituciones y los recursos que está dispuesto a proporcionar. Si esa brecha
continúa creciendo, la primera factura la pagarán los estudiantes que hoy
luchan por permanecer en las aulas.
