Américo Zúñiga inicia proyecto político con Javier Herrera Borunda

 POR Jesús Vásquez,Pino 

Américo Zúñiga emprende su camino sólo y le desea suerte a Pepe Yunes porqué ahora tiene un nuevo proyecto político con Javier Herrera Borunda!!! 

A tan solo dos días de haber recibido nombramiento nacional en el Partido Verde el ex Alcalde de Xalapa y ex Presidente del PRI en Veracruz Américo Zúñiga dice que toma una decisión distinta, pero que su relación seguirá muy cercana con Pepe Yunes porqué ahora hay un trabajo por seguir al lado de su amigo de la juventud Javier Herrera Borunda. 

No niega su pasado dónde obtuvo cargos de elección popular, pero que la confusión terminó,  el rumbo y camino a seguir era en el Verde porqué hay trabajo frente a los electores. 

Se disculpa por las ofensas que en el pasado emitió contra la gobernadora de Veracruz Rocío Nhale y de la presidenta Claudia Sheinbaun, dijo que será respetuoso de emitir malos comentarios y estará alineado a lo que haga tanto el Verde como el partido Morena. 

Frente a periodistas de ACOVER, cuyo presidente es Luis Bustos García, dijo que llega al Verde con intención de trabajar y demostrar su experiencia política en el tema de elecciones y que su aspiración personal como dicen de una diputación plurinominal tiene que esperar el tiempo y las formas. 

Se le preguntó sobre su relación con Tacto Teto Vega de quién se expresó que es un amigo de la juventud y del barrio dónde él vivió y que  el partido Morena tendrá que decidir y todo su apoyo en el trabajo político electoral para lo que venga. 

Y además si el MC puede ser el competidor Román Moreno tampoco negó su amistad y que lo invitó a la actividad política en el PRI a quién le deseo suerte  y a los dos personajes que tanto se menciona que aspiran a ser diputados por Xalapa. 

Es necesario decir que la directiva del Partido Verde que encabeza Erick Herrera y el Diputado local Marcelo Ruiz irrumpieron la conferencia de prensa a las 9:51 minutos llegaron tarde al evento lo que causó molestia de varios comunicadores por ser impuntuales. 

Se les preguntó de todo y Américo tampoco negó su aspiración a ser diputado plurinominal sabe que se enfrenta al interior de mucha grilla y que en todo el país hay trabajo por resolver para los perfiles que aspiran a las elecciones del 2027. 

Reconoció que su familia sigue en el PRI como lo fue don Guillermo Zúñiga su padre y que sí ha tenido observaciones de muchos que no están de acuerdo porque esté en el verde quien está en Alianza con morena y el PT. 

Información del Portal Voz Plural/Jesús Vásquez Pino

 21 de octubre de 2026

Boletín Informativo

*Interviene nuevamente Ayuntamiento de Veracruz para apoyar a mujer en condiciones vulnerables*

***Por instrucciones de la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo, el DIF Municipal, IMMUVER y Protección Civil apoyaron en su localización y traslado al Hospital de Tarimoya para recibir valoración médica

Bajo la visión de atención a personas en situación de vulnerabilidad impulsada por la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo, el DIF Municipal de Veracruz, presidido por Daniela Lily Hernández, coordinó una nueva intervención interinstitucional para asistir a una mujer de 27 años en condiciones vulnerables y gestionar su atención médica.

El pasado 8 de octubre, a partir de un reporte ciudadano, el organismo coordinó con el Instituto Municipal de las Mujeres de Veracruz (IMMUVER) y Protección Civil municipal su ingreso al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, donde fue atendida por complicaciones relacionadas con una cirugía previa y posteriormente dada de alta.

Este martes, tras un nuevo reporte ciudadano sobre su presencia en el fraccionamiento Hacienda Sotavento, personal municipal de las mismas áreas acudió nuevamente para auxiliarla y trasladarla al Hospital de Tarimoya, donde permanece bajo atención médica, en espera de su posible alta durante el transcurso de este miércoles.

Asimismo, el área de Trabajo Social del IMMUVER logró establecer contacto con la madre de la joven, quien ya acudió al nosocomio, donde se realizan las gestiones para su posible reintegración familiar y se le brinda orientación sobre las responsabilidades de cuidado y acompañamiento que requiere su hija.

El Ayuntamiento de Veracruz, a través de las áreas involucradas y en el ámbito de sus respectivas competencias, mantendrá el seguimiento al caso y las gestiones de acompañamiento familiar, en coordinación con las instituciones correspondientes, para contribuir al bienestar de la joven y procurar el respeto a sus derechos.

Articulista invitado Miguel Valera Hernandez

   CONTRASEÑAS

 

+ Tribunal Electoral ordena investigar al senador Manuel Huerta.

+ Se le acusa de presuntos actos de proselitismo a favor de una candidata del PT en elecciones municipales de 2025.

+ Piden cancelar su registro en padrón de militantes y que sea inhabilitado para ocupar cargos partidistas o ser postulado a candidaturas.

 

Miguel Valera

 

Desesperado como anda en los últimos años, desesperado por las mieles del poder y en campaña adelantada abierta, porque ya se ve como candidato a la gubernatura de Veracruz en 2030, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara está cometiendo errores que le pueden costar la expulsión de las filas del Movimiento de Regeneración Nacional y la inhabilitación para ser postulado.

 

Este martes 20 de octubre de 2026, el Tribunal Electoral de Veracruz —en el expediente TEV-JDC-436/2026— de un Juicio para la protección de los derechos político-electorales, que puede leerse íntegro en la liga https://portal.teever.gob.mx/sentencias/2026/oct/20/TEV-JDC-436-2026%20SENTENCIA.pdf ordenó a la Comisión Nacional de Honor y Justicia revisar a fondo las acusaciones de presunta traición partidista y proselitismo a favor de otras fuerzas políticas del morenista que hoy ostenta un escaño en el Senado de la República.

 

En otras palabras, la instancia jurisdiccional confirma la manera de actuar de este legislador morenista, quien ya es llamado “traidor” por sus propios correligionarios. Estas acciones son parte de su desesperación, de su protagonismo y de la campaña abierta en la que anda, tratando de convencer que él será el hombre fuerte para la aún lejana elección de 2030.

 

Su estrategia ha incluido denostar al gobierno de Rocío Nahle García, cuestionar sus acciones y restarle mérito al trabajo que realiza, porque piensa, en su corta visión, que es poseedor de la simpatía de los morenistas de viejo cuño en la entidad. Su desesperación de protagonismo le ha llevado también a coquetear con Movimiento Ciudadano, una fuerza política que ha venido tomando distancia del partido que le permitió consolidarse.

 

La sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz “ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que, en ejercicio de sus atribuciones, reponga el procedimiento y conforme a su facultad de investigación, determine de manera fundada y motivada las diligencias que considere pertinentes a efecto de sustanciar y resolver lo que en derecho proceda, en el expediente CNHJ-VER-387/2025”.

 

Además, “se APERCIBE a los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que, de no cumplir con lo ordenado en la presente sentencia, se les impondrá, en lo individual, alguna de las medidas de apremio previstas por el artículo 374 del Código Electoral de Veracruz”.

 

Este juicio del expediente TEV-JDC-436/2026 fue promovido por Linnet Antonia Alba Hernández, quien el 23 de octubre de 2025 interpuso ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, recurso de queja en contra del Senador Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, por la posible vulneración a los principios, documentos básicos y normativa interna de dicho Partido.

 

Ahí expuso que el 25 de mayo de 2025 en la comunidad Mesa de la Hierba, municipio de Acajete, Manuel Huerta habría realizado actos de proselitismo en favor de María Guadalupe Saldaña Córdoba, a la sazón candidata del PT a la presidencia municipal.

 

En sus alegatos expuso que estos hechos van en contra de las reglas internas de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional y pidió una sanción ejemplar para el senador, como la cancelación de su registro en el padrón de militantes y la inhabilitación para ocupar cargos partidistas o ser postulado a candidaturas.

 

Presentó pruebas documentales, videos, etcétera. En un primer momento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia declaró infundada la queja, pero después de varias instancias electorales, este 20 de octubre se determinó que se tiene que investigar a fondo esta denuncia contra Manuel Huerta Ladrón de Guevara y aplicar la ley de manera pareja, sin privilegios.

 

Ya veremos qué sucede, si de verdad se actúa y se aplica la ley, en un país, en donde la percepción sobre la aplicación de la ley es predominantemente negativa, marcada por un alto nivel de desconfianza hacia las instituciones de justicia y una cifra negra de impunidad que supera el 93 por ciento. No lo digo yo. Lo ha señalado la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI. Tan tan.

 

@MValeraH

Articulista invitado Jorge Ramón Rizzo

    Focus Group 

El Caso Lydia Cacho explicado a los jóvenes

Por Jorge Ramón Rizzo*

Han pasado más de dos décadas de impunidad y simulación institucional desde el secuestro y tortura de la periodista Lydia Cacho en 2005. Por lo tanto, la juventud no tiene la menor idea de qué trató ese caso. En este mes de octubre, nuevamente ha sido noticia el caso, por los recientes retrasos judiciales y liberaciones de implicados que lo único que evidencian, es que el sistema de justicia en México dilata los procesos en lugar de desmantelar las redes de macrocriminalidad existentes.

Para los jóvenes que no lo saben: Lydia Cacho Ribeiro es un símbolo del periodismo de alto riesgo en América Latina cuyo trabajo en investigaciones sobre redes de pederastia, trata de personas y corrupción política transformó la justicia civil en México. 

Su emblemático libro de 2005, 'Los Demonios del Edén', expuso redes de pornografía infantil y desencadenó una persecución estatal en su contra que derivó en su detención ilegal y posterior exilio en España. Ella evidenció por primera vez en México una red de protección a pederastas desde las altas esferas de los gobiernos panistas y priístas, que en esos años gobernaban el país y diversos estados del país.

Lydia Cacho, a pesar de haber enfrentado hostigamiento, tortura y exilio debido a sus denuncias, ha sido lo suficientemente valiente para continuar activa en la documentación y producción audiovisual, consolidando una carrera periodística enfocada en dignificar a las víctimas.

Cuando en 2005 Cacho Ribeiro publica su libro de investigación 'Los Demonios del Edén', revela la existencia de una red de explotación sexual comercial infantil que operaba en Cancún con la complicidad de políticos y empresarios, entre ellos el textilero Kamel Nacif Borge y el hotelero Jean Succar Kuri. Por haber publicado dicho libro, tras una denuncia por supuesta "difamación" interpuesta por Kamel Nacif, policías judiciales de Puebla viajan a Cancún para detener a la periodista de forma arbitraria. Durante un traslado terrestre de más de 20 horas y 1,500 kilómetros hacia Puebla, Cacho es víctima de tortura física y psicológica, amedrentamientos y violencia de género.

Unas semanas después se difunden grabaciones telefónicas entre Kamel Nacif y el entonces gobernador de Puebla Mario Marín, en las que celebran el "escarmiento" contra la periodista; y Nacif se refiere a Marín con el alias que lo marcaría permanentemente: "Góber Precioso". Los audios evidencian el uso de las fuerzas públicas del Estado para favores personales y presionar a periodistas críticos e independientes como Lydia Cacho. A pesar de la indignación nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye por mayoría de votos que no se acreditaron violaciones graves a las garantías individuales de la periodista, permitiendo que Marín concluyera su mandato en el estado de Puebla.

Varios años después, en 2018 y tras años de lucha internacional apoyada por organizaciones como 'Artículo 19', el Comité de Derechos Humanos de la ONU emite una resolución histórica declarando al Estado mexicano responsable de violar los derechos humanos de Lydia Cacho, exigiendo la reparación integral y el procesamiento de los culpables. Para abril de 2019 un tribunal federal de Quintana Roo emite órdenes de aprehensión por el delito de tortura contra Mario Marín, Kamel Nacif, y mandos policíacos de Puebla. Y es entonces cuando Cacho Ribeiro debe salir exiliada del país debido a las amenazas en su contra.

Por fin, en el 2021 el lento pero largo brazo de la Fiscalía General de la República detiene al exgobernador poblano Mario Marín en Acapulco, Guerrero. Es en febrero de ese año cuando Marín es ingresado a prisión preventiva y posteriormente trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano.

En agosto de 2024, una jueza le concede a Mario Marín el cambio de medida cautelar debido a condiciones de edad y salud, permitiéndole continuar su proceso en prisión domiciliaria bajo fianza y el uso de un brazalete electrónico, desatando fuertes protestas de Lydia Cacho y sus abogados. Lo que también detonó reacciones de organismos internacionales y quizá por esa presión, regresó a reclusión federal tiempo después.

En este mes de octubre se programa la audiencia clave para dictar la sentencia definitiva contra el exgobernador. Sin embargo, la sesión es aplazada de última hora debido a fallas de conexión en la plataforma digital oficial Webex, prolongando el proceso legal que ya suma más de 20 años de espera para la periodista.

Si el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, es declarado culpable de ser el autor intelectual del delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho, enfrentará severas consecuencias legales, políticas y económicas. Empezando porque se ha solicitado formalmente la pena máxima de 12 años de prisión, así como una compensación económica directa a la víctima por los daños morales, físicos y psicológicos derivados del arresto ilegal y la tortura, además de la inhabilitación a Mario Marín para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por 24 años.

Las nuevas generaciones que hoy me hacen favor de leer esta entrega de la columna 'Focus Group', les debe quedar claro que Lydia Cacho Ribeiro es un indiscutible referente de valor y rigor en el periodismo de investigación latinoamericano, marcado por su incansable defensa de los derechos humanos frente a la corrupción y la trata de personas, por lo que urge que le doten de medidas de protección efectivas que posibiliten el fin del exilio de la periodista y su retorno seguro a México. ¡Anhelo ver un acto de justicia en este caso!

*Periodista/Tlaxcala

Articulista invitado Agustín Contreras Stein

 

Línea Política 21 de octubre del 2026… Agustín Contreras Stein.

                        SIN ACUERDOS PARA LA COALICIÓN

LOS PARTIDOS políticos de oposición tendrán hasta el trece de diciembre próximo para presentar los acuerdos políticos de coalición. Hasta el momento no hay acercamientos, al parecer, para concretar esta posibilidad que les daría la oportunidad de presentarse en las próximas elecciones con mayor fuerza político electoral frente al partido político en el poder, el cual, por cierto, también buscará aliarse con alguno de los partidos políticos que siempre han sido sus satélites. Cuando menos en Veracruz, no se tiene noticias de que las organizaciones políticas se hayan puesto de acuerdo para ir en coalición en los próximos comicios. Faltan por transcurrir cincuenta y tres días, los cuales serán suficientes para que la oposición tenga oportunidad de concretar. La posible unidad política podría estarse gestando entre el PRI y el PAN, porque Movimiento Ciudadano, desde hace tiempo pintó su raya y aseguró que buscará competir de manera solitaria, creyendo que su capital político en el estado podría serle suficiente para ganar algunas posiciones. Sin embargo, habría que esperar si en verdad cuenta con la estructura necesaria para sus propios proyectos políticos. Mientras tanto, el PRI, estaría en espera de que la respuesta de coalición llegue lo más pronto posible, pues tienen que ponerse a trabajar en serio para tratar de lograr buenos resultados políticos electorales… HACE POCO, UN ESCAPE DE GAS EN LA CIUDAD CAPITAL, movilizó a los cuerpos de emergencia, montando un impresionante operativo que tuvo como finalidad, proteger la integridad de la población civil, logrando resolver el problema de manera inmediata. Apenas este lunes, otro reporte a Protección Civil Municipal, alertó a las corporaciones para acudir en auxilio de una pipa de gas que reparte este combustible en los hogares, donde también se buscó, antes que otra cosa, proteger a la ciudadanía. Afortunadamente, no hubo mayores consecuencias, pero queda la reflexión sobre las necesidades de la prevención que, indudablemente, deben seguirse promoviendo para alcanzar una mejor cultura de la protección civil en esta capital veracruzana… HOY MIÉRCOLES, LA ACOVER, TENDRÁ UN encuentro con Américo Zúñiga Martínez, político xalapeño que renunciara hace poco tiempo a su militancia en el Partido Revolucionario Institucional. Américo, ahora ya se encuentra integrado al partido verde, tal vez, como simpatizante, pues no se conoce, por ahora, que ya se haya afiliado a esta organización de tendencia morenista. La vez pasada le hicieron chanchullo al exalcalde xalapeño y no logró que le dieran la diputación federal muy a pesar de haberla ganado ampliamente. Pero como una posición política no se gana solamente en las urnas, sino también en los escritorios del instituto que organiza y regula las elecciones, pues tuvo que ceder y aguantar la disposición. Hoy, se suma al Partido Verde, conde si gana, es posible que ya no se la puedan regatear, ¿O tal vez sí? … HACE UN POQUITO MÁS DE DOS AÑOS, PEPE YUNES, tuvo que pasar por la misma experiencia que Américo. Ahora, se prepara nuevamente para participar en la contienda del dos mil treinta, porque una o dos derrotas no es nada, simplemente le dan la oportunidad de volver al escenario político de la entidad, donde tiene muchos amigos y seguidores, tal y como se muestra en los recientes encuentros que ha tenido con la ciudadanía de muchas poblaciones, donde siempre lo reciben con los brazos abiertos. Es un político que tiene todavía mucho trecho por recorrer y es posible que en las próximas elecciones tenga la oportunidad de salir avante… SI ALGUIEN SABE COMO SE ENCUENTRA LA SITUACIÓN política en la entidad veracruzana, es precisamente Adolfo Ramírez Arana, dirigente del Partido Revolucionario Institucional, que constantemente se reúne con la militancia tricolor, además de trabajar intensamente para alcanzar una mejor posición política entre el electorado veracruzano. Esa, quizá, sea la razón más poderosa para seguir insistiendo en que su partido tiene que buscar alianza con otros partidos políticos a fin de establecer un verdadero bloque opositor. Se sabe que ya ha buscado esta posibilidad con los demás dirigentes partidistas, esperando que haya respuesta positiva, porque los tiempos se recortan y los compromisos son muy fuertes como para desperdiciar estas oportunidades de lograr algunos triunfos electorales… POR CIERTO QUE, HABLANDO DE PARTIDOS POLÍTICOS, a Gonzalo Guizar Valladares, le hace falta acercarse más con el electorado veracruzano, a través de su partido político PAZ. En realidad, a esta nueva organización política no la conocen y menos a quien la dirige en el Estado. Son tiempos, pues, de votos y aliados para el próximo suceso político electoral del mes de junio del próximo año… TIEMPOS AQUELLOS, ANTES DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN, en que cualquier derechohabiente del Seguro social, acudía a las clínicas establecidas en esta capital, con cita o sin ella y era atendido inmediatamente por los médicos, quienes recetaban los medicamentos que se encontraban en el cuadro básico, sin ningún problema para surtirlos y cuando algún medicamento faltaba, se canalizaba al paciente a las farmacias de la ciudad, para que, sin ningún costo adicional, pudiera obtenerlo. Hoy, las citas son para tres meses, si bien le va al enfermo, además de que tampoco hay medicinas para someterlo a tratamiento. Cruda realidad del sistema de salud en México.

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Y MAÑANA, aquí nos encontraremos, si otra cosa no sucede. 

Articulista invitado Carlos Miguel Acosta Bravo

 

IMPRONTA

Traición a la patria

Carlos Miguel Acosta Bravo

La detención de César Jáuregui es jurídicamente plausible en su inicio, pero todavía débil para sostener una condena por traición a la patria. La imputación tiene un anclaje formal en el artículo 123 del Código Penal Federal, pero exige acreditar una conducta concreta, dolosa y con efectos lesivos para la soberanía; no basta demostrar una omisión administrativa o una coordinación deficiente con agentes extranjeros.

La FGR sostiene que Jáuregui habría sido el responsable principal de permitir el ingreso y la intervención de agentes de la CIA en el operativo contra un narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, en abril de 2026, sin autorización federal.

Paralelamente, la Fiscalía de Chihuahua lo acusa por delitos del fuero estatal -ejercicio ilegal del servicio público y coalición, además de la presunta sustracción o destrucción de información bajo su custodia- derivados del mismo operativo.

El artículo 123 castiga al mexicano que, entre otras hipótesis, realice actos contra la independencia, soberanía o integridad nacional con el propósito de someter al país a un poder extranjero, o coopere con un Estado extranjero de manera que pueda perjudicar a México. La pena prevista va de cinco a 40 años de prisión.

La fortaleza del caso dependerá de que la FGR pruebe al menos cuatro elementos:Que Jáuregui tuvo conocimiento efectivo de la participación de agentes de la CIA; Qué autorizó, ordenó, facilitó o toleró esa intervención; Qué actuó con dolo, es decir, con conciencia y voluntad de permitir una injerencia extranjera ilegítima?; Que la conducta produjo o pudo producir un perjuicio real para la seguridad o soberanía nacionales.

Ese último eslabón es el más difícil. Juristas consultados por medios nacionales coinciden en que una omisión, falla de coordinación o incumplimiento institucional no equivale automáticamente a traición; la autoridad debe acreditar responsabilidad individual con evidencia específica.

La defensa alega que no hay prueba de que Jáuregui conociera o autorizara la presencia de agentes estadounidenses, y sostiene que la Sedena participó en la coordinación del operativo. Si se demuestra que hubo autorización, conocimiento o participación de autoridades federales, la tesis de que el exfiscal actuó unilateralmente contra la soberanía se debilita considerablemente.

“Traición a la patria” es una figura históricamente asociada a invasiones, guerra, espionaje grave o intentos de sometimiento del país. Su aplicación a un exfiscal estatal por un operativo antidrogas es inusual y, por ello, será objeto de intenso escrutinio judicial.

Hay una distinción central, permitir la presencia no autorizada de agentes extranjeros puede constituir un ilícito administrativo, un abuso de funciones o incluso un delito contra la seguridad nacional; pero transformarlo en traición exige demostrar intención y efecto lesivo contra México. La FGR parece estar construyendo el caso sobre la hipótesis de que Jáuregui organizó el operativo, omitió informar a la federación y mantuvo comunicación con autoridades estadounidenses.

En términos procesales, la detención no implica culpabilidad. La orden de aprehensión indica que un juez consideró que existen datos que hacen probable la responsabilidad, pero la formulación de la imputación, la vinculación a proceso y eventualmente la prueba en juicio determinarán si la acusación sobrevive.

Es prematuro afirmar que existe un pacto formal entre Morena y el PAN. Lo verificable es que la detención generó una convergencia política incómoda para ambos. Morena la presenta como defensa de la soberanía frente a injerencia extranjera, mientras que la gobernadora Maru Campos decidió no defender a su exfiscal y sostuvo que “nadie está por encima de la ley”.

Esa convergencia puede obedecer a tres lecturas no excluyentes, la lectura institucional, la FGR considera que hubo una violación grave a los protocolos de seguridad nacional y actúa con independencia aparente del alineamiento partidista del acusado.

El caso permite a Morena desplazar el debate hacia la soberanía y la presencia de la CIA, un terreno donde el gobierno federal tiene mayor capacidad de movilización simbólica.

La lectura de contención del daño, para el PAN y para la gobernadora Maru Campos, distanciarse de Jáuregui puede ser una estrategia para evitar que el caso se convierta en un escándalo de complicidad estatal con una operación extranjera.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la conducta atribuida a Jáuregui como “muy irresponsable” y defendió la investigación federal; eso refuerza la lectura de que el Gobierno federal busca instalar el caso como un asunto de soberanía, no solo como una presunta irregularidad local.

El efecto inmediato sobre Maru Campos es políticamente negativo, aunque jurídicamente no en automático, pues ella no está imputada; sin embargo, Jáuregui fue su fiscal general hasta abril de 2026 y el operativo ocurrió bajo su administración.

Su principal riesgo no es una eventual responsabilidad penal, sino tres desgastes acumulativos: el primero es la pérdida de control de la narrativa, al avalar la detención, Campos cedió parcialmente el marco interpretativo a la FGR y a Morena, que ya la acusan de “cómplice” o encubridora del exfiscal, cuando originalmente ella pregonó el combate con valentía al crimen organizado y al desmantelamiento de un narcolaboratorio.

Se revela también una fractura interna en el PAN, los  sectores del partido pueden percibir que abandonó a un colaborador cercano; la prensa ha reportado críticas internas y acusaciones de que “traicionó” a su exfiscal César Jáuregui, quien podría enfrentar un proceso grave por traición a la patria, con una posible prisión preventiva larga y ser acreedor a una condena de hasta 40 años si hay sentencia condenatoria, lo cual que podría incluso trasladarse a la gobernadora Maru Campos.

En cambio si se prueba que hubo una coordinación federal en la que se pudiera comprobar la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, luego entonces la acusación de traición a la patria podría debilitarse, pues los delitos podrían ser menores y determinarse solo responsabilidades administrativas, este escenario podría beneficiar a la gobernadora Maru Campos, pues podría recuperar margen para afirmar que hubo una operación institucional compartida y podría borra la configuración de una traición estatal.

Por último si la Fiscalía General de la República, no logra acreditar dolo ni nexo directo entre el Fiscal César Jauregui, lo que podría contribuir a un probable sobreseimiento con la absolución o reclasificación hacia ilícito menos graves. El caso seguiría siendo un desgaste político, pero sin la carga simbólica de traición.                                           

En síntesis, la detención es fuertemente política por su formulación y su calendario, pero no puede descartarse jurídicamente de entrada. Su viabilidad dependerá de documentos, comunicaciones, órdenes operativas y testimonios que demuestren que el exfiscal César Jáuregui no solo omitió informar, sino que deliberadamente facilitó una intervención extranjera en perjuicio de la soberanía mexicana.

 

Articulista invitada Fanny

   La Columna

Por Fanny Yépez

21 de octubre de 2026

 

Rechazo a la modificación de los estatutos del sindicato del IMSS 

 

“Ley mordaza” a los trabajadores del Seguro

Persiste el riesgo de huelga en el IMSS 

 

La gran mayoría de los más de 500 mil trabajadores del IMSS a nivel nacional (según datos institucionales recientes de 2026), están enardecidos con su dirigente nacional, Rafael Olivos Hernández, por haber aceptado que fuera modificado el artículo 136 Bis de los estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), porque limita la libertad de expresión a los empleados y permite que se les apliquen sanciones.   

La clase trabajadora del Seguro Social ha lanzado acusaciones de corrupción y venta de plazas en el sindicato, los inconformes acusan a la dirigencia liderada por Rafael Olivos Hernández de actuar de espaldas a la base, llamándolos "vendidos" ante el gobierno y la dirección del IMSS.

Principales aspectos y polémica

La modificación al artículo 136 faculta y permite aplicar sanciones como la suspensión de derechos sindicales e incluso la expulsión a aquellos trabajadores o miembros que critiquen públicamente a la dirigencia o denuncien carencias en las instalaciones médicas.

El personal médico y administrativo lo ha calificado de esta manera porque consideran que limita su libertad de expresión, por lo tanto, representa una “ley mordaza” y esto genera temor a represalias porque busca silenciar las quejas sobre la falta de insumos o las condiciones laborales.

La llamada «ley mordaza» en el IMSS, es un término con el que los trabajadores y disidentes sindicales bautizaron a la cláusula 136 Bis (o artículo 136), de los estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

¿Qué implica esta cláusula?

• Prohibición de expresión: Impide a los trabajadores compartir, publicar, comentar o denunciar públicamente, situaciones internas del sindicato o condiciones críticas del instituto que se consideren "subversivas".

• Sanciones severas: Su incumplimiento puede derivar en amonestaciones, castigos internos e incluso la expulsión del sindicato.

• Control de información: Los inconformes denuncian que se utiliza para ocultar la falta de insumos, el desabasto de medicamentos y las malas condiciones operativas en los hospitales.

La exigencia de la plantilla laboral es la derogación, la eliminación del artículo 136 Bis (junto con el artículo 136), es uno de los puntos principales en el pliego petitorio de las protestas y marchas nacionales, organizadas por trabajadores inconformes, quienes también exigen un aumento salarial del 10% (rechazando la oferta de 2.9%), la destitución de la actual dirigencia mediante un Congreso Nacional Extraordinario y el cese de presiones contra trabajadores eventuales (categoría 08).

En tanto, los trabajadores del IMSS alistan nuevas protestas y una megamarcha nacional, tras rechazar mayoritariamente la propuesta inicial de incremento salarial y exigir mejores condiciones laborales.

El núcleo del conflicto

La inconformidad explotó tras una consulta realizada a las bases de trabajadores. En dicha votación, la mayoría rechazó el acuerdo salarial gestionado entre las autoridades del IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

• La propuesta rechazada: Contemplaba un incremento global del 6.8%. El desacuerdo principal radica en que solo el 2.9% iba directo al sueldo tabular, mientras que el 3.9% restante correspondía a prestaciones (específicamente ayuda para renta).

• La exigencia laboral: Los manifestantes demandan un aumento directo del 10% al salario, la regularización de plazas y el abasto inmediato de medicamentos e insumos médicos, esenciales en los hospitales.

• Conflicto interno sindical: Los colectivos en protesta desconocieron a su líder sindical, Rafael Olivos Hernández, exigiendo su renuncia inmediata por considerar que no representa los intereses reales de la base trabajadora.

¿Hay riesgo de huelga?

Ante el rechazo masivo de la propuesta económica, el SNTSS solicitó formalmente al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, una prórroga de negociaciones hasta el 15 de noviembre. Esta medida busca ampliar el margen de diálogo con las autoridades del instituto y armar un esquema financiero alternativo para evitar el estallamiento de una huelga general en el sector salud.

Por su parte, el director del IMSS, Zoé Robledo, evalúa un plan integral de austeridad interna, en áreas operativas no médicas con el fin de re direccionar fondos hacia una mejor oferta salarial para las bases.

Los del SNTE secc.32

Sigue cosechando importantes logros la sección 32 del SNTE Veracruz que encabeza Daniel Covarrubias y el líder político Juan Nicolás Callejas Roldán 
 

El Otro Café Politico

    El otro café político 

Por Jesús Vásquez Pino 

Amarres políticos al 2027!!!

Con el destape de Américo Zúñiga a las filas del Partido Verde queda claro que irá por una Diputación Plurinominal 2027. 

También, queda claro que en MC participa nuevamente Román Moreno, porqué en el Partido Naranja,  ha trabajado por Xalapa en colonias y con otros aliados con ayuda de operadores políticos inclusive que vienen del PRI.

Pero, lo más grave es que el Fofo Ramírez Arana en el PRI, está buscando quién participa en Xalapa, obviamente su mano derecha electoral sigue siendo Silvio Lagos. 

Y por supuesto, Acción Nacional abrió la puerta de la calle Zamora para quien se quiera anotar, cualquier ciudadano, empresario, del  sector social que tenga el interés de  ser diputado por el  color azul. 

En Morena, ya es obvio frente a todos que Tato Teto Vega buscará la diputación, aunque otros dicen que la gobernadora pudiera mandarlo a lo federal. 

No importa quien sea el próximo diputado por Xalapa, lo importante es que respondan a las peticiones del electorado, la gente que habla de la inseguridad,  la falta de oportunidades. 

Además, la falta de servicios de salud en calidad con los medicamentos tan necesarios que no llegan, son problemas que los legisladores tienen frente a todos a  resolver, con nuevas leyes, pero sobre todo ser vigilantes de que el gobierno en turno cumpla. 

A muchos, nos da lo mismo quién sea el próximo Diputado, porqué no confiamos, no cumplen, no tienen palabra, no son transparentes, simplemente son serviciales. 

El órgano electoral OPLE  tiene que cuidar quiénes serán registrados por los partidos políticos, porqué al final algunos son financiados por el crimen organizado y otros más hacen trampa simulando en gastos. 

Los electores cada día cuidan su voto, observan quién toca su puerta y ya no es fácil convencer con el regalo de una gorra, una bolsa para el mandado, inclusive hasta un paraguas para las tremendas aguas, nada de  eso los convence. 

Quienes aspiran a ser diputados tendrán que caminar entre lodo, por las colonias que están en lomas en lo más apartado de Xalapa y que esperan lo necesario que llegue: el agua, la luz, y dar solución a la seguridad y mejores oportunidades. 

Sea entonces, un llamado a la buena fé de quiénes serán diputados y habrán de participar en la elección 2027, que cumplan y tengan palabra, honestidad y transparencia frente a los electores. Es cuanto.

importante información que ofrece el abogado Gerardo veneroso

 

Importantes comentarios y oportunos que nos presenta el destacado abogado Gerardo Veneroso. 

Apoyan la decisión de quitar la concesión a grupo MAS que no ha cumplido debe de responder y que proceda los asuntos legales. 

Es por ello que la presidenta Claudia Sheinbaum se le ha pedido acciones legales en favor de los habitantes del Puerto de Veracruz así como el caso de las amapolas que aún está pendiente por resolverse. 

Articulista invitado Carlos Miguel Acosta Bravo

    IMPRONTA

Mejora a los veracruzanos?

Carlos Miguel Acosta Bravo

 

Qué evaluación se puede hacer a ocho años  de gobiernos de Morena en Veracruz? La evidencia disponible sugiere una mejora parcial y desigual, Veracruz ha tenido avances importantes en combate a la pobreza y ciertos indicadores de corrupción, pero continúa con rezagos serios en seguridad pública, acceso a salud, rezago educativo y confianza institucional. No es posible afirmar que la calidad de vida haya mejorado de manera generalizada en todas las áreas mencionadas.

 

En materia de combate a la pobreza y bienestar, el avance más claro es la reducción de la pobreza. Según INEGI, en 2024 vivían en pobreza multidimensional 3.6 millones de veracruzanos, 640 mil menos que en 2022 y 1.2 millones menos que en 2018; la pobreza extrema también disminuyó en alrededor de 560 mil personas frente a 2018.

 

Sin embargo, Veracruz sigue siendo una de las entidades con mayor pobreza del país en 2024, 44.5% de su población estaba en pobreza multidimensional, sólo por debajo de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.  Es decir, hubo mejora, pero desde una base muy desfavorable y con una magnitud de pobreza todavía alta.

 

En estos rubros la mejoría es mucho menos evidente. En 2024, 40.7% de la población veracruzana tenía carencia por acceso a servicios de salud, 6.5 puntos porcentuales por encima del promedio nacional; además, 26.3% presentaba rezago educativo, 7.7 puntos por encima del promedio nacional, y es el tercero en deserción a nivel nacional.

 

Esto indica que, pese a los avances contra la pobreza, los servicios sociales no han cerrado suficientemente las brechas estructurales del estado. La educación y la salud siguen siendo áreas donde la calidad de vida de muchos veracruzanos permanece limitada.

 

La seguridad muestra señales mixtas. El gobierno estatal reportó que, al cierre de 2025, el promedio diario de homicidios dolosos bajó 28% respecto a septiembre de 2024, pasando de 3.13 a 2.48 homicidios diarios.  Reportes posteriores del SESNSP citados en prensa estatal indican una caída adicional de 19.5% en el promedio diario de homicidios entre enero-septiembre de 2026 y el mismo periodo de 2025.

 

Pero la percepción ciudadana no acompaña ese avance, en la ENCIG 2025, 72.5% de los veracruzanos identificó la inseguridad y delincuencia como el principal problema del estado, y sólo 32.3% consideró que la policía contribuye a generar sensación de seguridad, por debajo del promedio nacional de 35.3%.  Por tanto, aunque los homicidios parecen reducirse, la sensación de seguridad sigue siendo baja.

 

Aquí hay indicios de avance relativo. La tasa de personas que tuvieron contacto con servidores públicos y experimentaron al menos un acto de corrupción pasó de 13,705 por cada 100 mil habitantes en 2023 a 11,648 en 2025; la tasa de incidencia bajó de 26,199 a 18,165 actos por cada 100 mil habitantes.

 

No obstante, la percepción de corrupción sigue muy alta, 84.3% de los veracruzanos consideró que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes, y 56.1% la señaló entre los principales problemas del estado.  La reducción en la experiencia de corrupción es un avance, pero no equivale a una restauración sólida de la confianza ni de la transparencia percibida.

 

La confianza en el gobierno estatal fue de 34.8% en la ENCIG 2025, por debajo del promedio nacional de 40.4%. La satisfacción con trámites y servicios públicos fue de 81.1%, apenas inferior al promedio nacional de 82.3%.

 

En cuanto a la aprobación de la gobernadora Rocío Nahle, las mediciones privadas difieren notablemente, Demoscopia Digital reportó 63.8% de aprobación en junio de 2026, mientras que otra encuesta publicada ese mismo mes la ubicó en 42% de aprobación y 57.1% de desaprobación.  Esta discrepancia impide establecer un veredicto único sobre la satisfacción ciudadana.

 

En un balance por áreas se puede decir lo siguiene, en pobreza de forma significativa  se registran menos personas en pobreza y pobreza extrema desde 2018, aunque Veracruz sigue  aún entre las entidades con más pobres en el país.

 

El avance en materia de salud es  insuficiente, 40.7% sin acceso efectivo a servicios de salud en 2024, con escasez de insumos y medicamentos por encima de la media nacional; en  Educación, también es insuficiente  pues el índice de 26.3% con rezago educativo es alto, también por encima de la media nacional; En seguridad,hay una  mejora parcial con  menos homicidios reportados, pero la inseguridad sigue siendo percibida como el principal problema. 

 

En materia de corrupción, hay una mejora relativa, menor experiencia de corrupción, aunque la percepción de corrupción frecuente sigue siendo muy alta. 

Se cuenta con una confianza institucional débil, La confianza en el gobierno estatal se ubicó por debajo del promedio nacional.  Satisfacción con servicios  estable, no destacable  ligeramente por debajo del promedio nacional en trámites y servicios. 

 

En síntesis, los veracruzanos han mejorado más en ingresos y pobreza que en la calidad efectiva y percibida de los servicios públicos. Los mayores retos pendientes son salud, con graves problemas de abasto de medicamentos. En educación,continúan presentándose reclamos por falta de maestros y equipamiento en escuelas. La  percepción de seguridad y corrupción continúa alta; por ello, la afirmación de que la calidad de vida haya mejorado sustancialmente en los ocho años de gobiernos de izquierda sólo es sostenible para algunos indicadores, no para el conjunto.

Articulista invitada Fanny Yepez

   La Columna

Por Fanny Yépez

20 de octubre de 2026

 

Por fraude, el Ayuntamiento de Veracruz denuncia al grupo Mas ante la FGE  

 

Envuelve al grupo Mas una estela de irregularidades e incumplimientos

Nunca realizaron las inversiones en infraestructura que establece el contrato

   

 La concesión a Grupo MAS (Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, S.A.P.I. de C.V.) para el servicio de agua potable y saneamiento en Veracruz y Medellín de Bravo, fue aprobada por el Congreso del Estado de Veracruz el 20 de agosto de 2015, y el título de concesión formal fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 26 de diciembre de 2016.

 El título de concesión en el puerto de Veracruz fue otorgado por el entonces presidente municipal de Veracruz, Ramón Poo Gil, en conjunto con el alcalde de Medellín de Bravo de ese momento, Luis Gerardo Pérez Pérez y el 26 de diciembre de 2016, se concesiono por un plazo de 30 años.

 El "lado oscuro" de la concesión otorgada al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) en Veracruz, —consorcio privado controlado por la multinacional española Acciona—, abarca un largo historial de escándalos, deficiencias operativas y, de manera muy reciente, serias acusaciones penales.

 Los puntos críticos y controversias que definen la crisis de esta polémica concesión hídrica incluyen:

 Denuncia Penal por Fraude (octubre 2026)

 El Ayuntamiento de Veracruz interpuso una denuncia penal formal, ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de Grupo MAS, por los delitos de administración fraudulenta y fraude en grado de tentativa.

 La auditoría arrojó dos anomalías principales:

 Triangulación de recursos: Se detectaron flujos financieros y operaciones millonarias sospechosas (pagos por 176.7 millones de pesos) a empresas vinculadas directamente con la matriz española Acciona.

 Sueldos excesivos, directivos de la empresa percibían sueldos desproporcionados no autorizados, de hasta 5.8 millones de pesos anuales, superando las percepciones de los gobernantes del país.

 Cobros Inflados y Presión a Usuarios

 La concesionaria intentó transferir y cobrar una cartera vencida de más de 2,660 millones de pesos, afectando a unas 82 mil familias veracruzanas. El Instituto Metropolitano del Agua (IMA) rechazó este cobro al detectar graves inconsistencias, tales como cobros por "consumos no facturados", recargos abusivos y adeudos antiguos que, legalmente ya habían prescrito. El ayuntamiento se negó rotundamente a actuar como "cobrador" de la empresa.

 El Escándalo del "Huachicol" de Agua (Conexión Ilegal)

 A principios de 2026, una inspección técnica del IMA descubrió una conexión presuntamente ilegal operada por Grupo MAS. La empresa desviaba en secreto aproximadamente 4 millones de litros diarios de agua desde la planta potabilizadora de Veracruz hacia los fraccionamientos de Boca del Río (conectando con la red operada por su empresa hermana, CAP). Este desvío dejó sin el suministro y la presión adecuada a decenas de colonias del municipio de Veracruz, sin que existiera autorización legal alguna.

 Incumplimiento de Inversiones e Infraestructura

 Tanto el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), como dependencias municipales han documentado que Grupo MAS incumplió las condiciones del título de concesión original. No realizaron las inversiones millonarias prometidas en infraestructura para mejorar las plantas potabilizadoras, ni el alcantarillado. Además, se han reportado pérdidas millonarias en recursos federales (como fondos de Conagua), debido a que la concesionaria se negó a aportar su contraparte económica para obras hidráulicas esenciales.

 Agua Sucia y Riesgo Sanitario

 A lo largo de los años, se han acumulado más de 6,500 quejas documentadas por desabasto crónico y pésima calidad del agua, la cual suele salir turbia o sucia de las llaves. Jueces federales han ordenado inspecciones y emplazado a la empresa a presentar certificados sanitarios vigentes, que demuestren que el agua entregada realmente es apta para el consumo humano, bajo la amenaza de severas multas.

 El Origen Político: La Herencia de Odebrecht

 En el fondo del descontento social también pesa el origen de la concesión, aprobada originalmente en 2015 por 30 años con la participación de la polémica empresa brasileña Odebrecht, (unida en su momento a Aguas de Barcelona), antes de ser transferida a Acciona. Desde su nacimiento, la privatización fue severamente señalada por ser un esquema que anteponía el negocio particular por encima del derecho humano al agua.

 Por todas estas razones y más irregularidades, la alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández presentó una denuncia en contra del Grupo Mas ante la Fiscalía General del estado.      

 La Presidenta Municipal de Veracruz detalló que la denuncia es por dos hechos:

 Uno, por operaciones relacionadas entre las partes de Acciona, es decir, se prestan entre CAB y Grupo MAS, tienen operaciones financieras entre ellas, siendo que, nosotros no tenemos nada que ver con otras empresas ni grupos, sino solamente con Grupo Metropolitano del Agua, Grupo MAS.

 La otra es por fraude en grado de tentativa porque están queriendo hacernos cobros que no están fundamentados. Más de 2,660 millones de pesos que pretenden que nosotros cobremos a usuarios sin estar bien fundamentados.

 Y porque los funcionarios que administran Grupo MAS pues se están auto pagando sueldos que están muy por encima de lo que marca la Constitución y la ley, por ejemplo, ganan más que la Presidenta de la República, la Gobernadora del Estado y la Alcaldesa juntas, y ese no es dinero suyo, es dinero de la empresa, porque somos una empresa mixta, sus socios somos Veracruz y Medellín y no se les han autorizado esos sueldos.

 Derivado de lo anterior, estamos solicitando a la Fiscalía General del Estado que requiera también al Servicio de Administración Tributaria, al SAT, para que analice este posible esquema de defraudación fiscal. Que quede claro, no vamos a dejar pasar posibles afectaciones al patrimonio municipal ni abusos contra los usuarios del servicio de agua.

 Ahora le corresponde a la Fiscalía General del Estado integrar la carpeta de investigación, para que se acredite la comisión de delitos y se ejerza acción penal contra quienes resulten responsables, sostuvo la alcaldesa.