IMPRONTA
Los excesos
Carlos Miguel Acosta Bravo
Los excesos o errores de Morena -desde el decomiso
fallido de 59 millones de litros de “huachicol” que resultó ser combustible de
una empresa legal, hasta la protección política y de seguridad al exgobernador
de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la aparente impunidad de altos funcionarios como
el exsecretario de la Marina que no acude a citatorios de la FGR- erosionan la
credibilidad, confianza e imagen del partido ante la sociedad mexicana al
enviar un mensaje de discrecionalidad, opacidad y doble rasero en el combate a
la corrupción y en el Estado de derecho.
El caso de los 59 millones de litros de
combustibles asegurados en San José Iturbide, Guanajuato, inició como un “golpe
histórico” contra el huachicol, pero terminó en rectificación: la FGR admitió
que las empresas involucradas no habían acreditado completamente la
trazabilidad, pero también reconoció que se trataba de una terminal formal de
las empresas SIMSA y Gas Natural del Noroeste y que el combustible pertenecía a
clientes, no a la terminal. Lo anterior terminó con la salida de Juan Francisco
Vera Ayala como delegado de la FGR en ese estado lo que es la mejor señal del
fracaso. Periodistas y analistas lo calificaron como un “montaje del régimen”
que obligó al gobierno a recular por falta de pruebas, lo que debilita la
narrativa de combate frontal a la ilegalidad y genera desconfianza sobre los
criterios de actuación de la Fiscalía.
El caso de Rubén Rocha Moya es más grave en
términos de percepción de impunidad. Acusado por Estados Unidos de presuntos
nexos con Los Chapitos para facilitar actividades criminales a cambio de apoyo
electoral, el exgobernador de Sinaloa ha recibido protección física y política
del gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que cuenta con
resguardo de la Guardia Nacional, y funcionarios como Omar García Harfuch han
oscilado entre negar y la existencia de escoltas, mientras se afirma que el
exmandatario permanece en su domicilio en Culiacán sin ser detenido.
Analistas advierten que esta “protección blindada”
abre una puerta peligrosa para Morena y el movimiento obradorista, porque el
partido en el poder podría ser percibido como cómplice de funcionarios acusados
de vínculos con el narcotráfico, lo que contradice el discurso de “abrazos, no
balazos” y de combate a la corrupción.
Aunque la información específica sobre el
exsecretario de la Marina Ojeda no fue localizada en los resultados de
búsqueda, -altos funcionarios que no acuden a citatorios de la FGR y son vistos
en actividades recreativas en lugares exclusivos -refuerza la percepción de que
hay dos varas de medir. Una para los aliados del régimen y otra para los
opositores o ciudadanos comunes, esta percepción de impunidad selectiva es uno
de los factores que más daña la confianza en las instituciones y en el partido
en el poder.
Cada rectificación tardía, como
en el caso del “huachicol” de Guanajuato, debilita la capacidad del gobierno
para sostener narrativas creíbles sobre su lucha contra la ilegalidad. La
protección a funcionarios acusados de vínculos con el crimen organizado como se
ha observado al exgobernador Rubén Rocha Moya y la aparente impunidad de altos
mandos como la exhibida hasta el momento al exsecretario de la Marina envían un
mensaje de que el Estado de derecho es discrecional, lo que reduce la confianza
en la imparcialidad de la justicia.
Morena, que se construyó sobre la promesa de
combatir la corrupción y priorizar a los pobres, corre el riesgo de ser
percibida como un partido que protege a sus propios, lo que puede permitir a ciudadanos
independientes y a sectores que hasta
ahora le habían dado su apoyo cambiar su opinión o intención de voto.
Las consecuencias políticas
y electorales, la erosión de credibilidad y confianza no es solo un problema de
imagen, tiene consecuencias electorales. En un contexto de alta polarización,
los casos de impunidad selectiva pueden por un lado reducir la aprobación
presidencial y la intención de voto por Morena en sectores urbanos y de clase
media. Por ello se debe fortalecer la narrativa opositora de que el régimen es
corrupto y proteccionista, también podría generar abstención o voto de castigo en
elecciones intermedias y locales del 2027.
Qué se necesita para
recuperar confianza para frenar el daño, Morena y el gobierno federal
necesitarían mejorar la transparencia y rendición de cuentas que cada vez es
más opaca y hacer lo posible por publicar
criterios claros de actuación de la FGR y la Guardia Nacional, y explicar por
qué algunos funcionarios reciben protección y otros no.
Necesitan también implementar acciones concretas
contra la impunidad, con la finalidad de detener y procesar a funcionarios acusados de
vínculos con el crimen organizado, no solo a perfiles de baja importancia, sin
importar su afiliación política. Es primordial fortalecer la autonomía y blindaje
institucional para que la autonomía de
la FGR sea reañ y no solo de narrativa y evitar que casos sensibles se manejen
como “asuntos de Estado” que priorizan la protección política a personajes
relevantes por encima de la justicia.
En síntesis, los excesos y errores de Morena -desde
el decomiso fallido de combustibles hasta la protección a funcionarios acusados
de vínculos con el narcotráfico- erosionan la credibilidad, confianza e imagen
del partido en el poder, al enviar un mensaje de discrecionalidad y doble
rasero en el Estado de derecho. Si no hay acciones concretas para frenar la
impunidad selectiva, el costo político podría ser alto, aumentar la pérdida de
apoyo en sectores clave, podría darme derivar en el fortalecimiento de la
narrativa opositora y, en última instancia en el riesgo de derrota electoral en el 2027 o el el
2030.
