IMPRONTA
Morena, reconstruir la confianza
Carlos Miguel Acosta
Bravo
Para competir en las elecciones de 2027 y proyectar
una alternativa viable hacia 2030, Morena no necesita sólo ganar elecciones.
Necesita demostrar que puede gobernar sin depender de la cercanía con el poder,
sin proteger a sus propios grupos internos y sin permitir que casos de
corrupción, contratos cuestionables o vínculos con el crimen organizado definan
su imagen.
El mayor riesgo del partido no es únicamente la
oposición. Es que la ciudadanía deje de distinguir entre el proyecto de
transformación y las prácticas que Morena critica en sus adversarios.
Las acusaciones de “narcopartido” no surgen de una
sola noticia. Se fortalecen cuando se acumulan señales, contratos públicos
concentrados en personas cercanas al poder, investigaciones periodísticas sobre
enriquecimiento acelerado, presuntas redes de influencia, vínculos con el
crimen organizado, retiros de visa por parte de Estados Unidos y una percepción
de que las instituciones no actúan con la misma firmeza contra todos.
En el caso de Jorge Amílcar Olán, la controversia
no se limita a su trayectoria personal. El problema político es que un
empresario que pasó de ser un pequeño comerciante a un proveedor relevante en
contratos públicos —incluidos suministros de medicamentos y balasto para
proyectos como el Tren Maya— haya mantenido vínculos cercanos con figuras del
entorno de López Obrador. Diversas investigaciones periodísticas han
documentado contratos y utilidades asociadas a esos suministros, aunque el caso
sigue en etapa de escrutinio y no equivale a una condena judicial.
Para Morena, el daño no depende exclusivamente de
que las acusaciones sean probadas. Si la sociedad percibe que un pequeño grupo
tiene acceso privilegiado a contratos, licitaciones o decisiones públicas, el
partido pierde su principal capital: la idea de que representa a los de abajo y
no a las élites.
El caso Olán muestra por qué esta separación es
indispensable. La presunta relación entre empresarios, familiares de
funcionarios y contratos de salud o infraestructura no puede resolverse con
desmentidos. Requiere auditorías, revisión de expedientes, publicación de
contratos y, cuando existan indicios, investigación penal.
Ese criterio es correcto. Pero la investigación
debe ser visible, independiente y con resultados verificables. Si no hay
sanciones cuando existen pruebas, el mensaje será de impunidad. Si hay
persecución sin evidencia, el mensaje será de abuso político.
La reconstrucción de Morena comienza por la
selección de sus candidatos. Un candidato cuestionado no sólo puede perder una
elección; puede contaminar a todo el partido.
Las encuestas pueden ser una herramienta
democrática o un mecanismo para legitimar decisiones ya tomadas. Todo depende
de cómo se realicen.
Para que generen confianza, Morena debería publicar,
El nombre de la empresa encuestadora; El tamaño y la representatividad de la
muestra; Las fechas de levantamiento; El cuestionario completo; Los criterios
de ponderación; Los resultados por región, sexo, edad y nivel socioeconómico; Los
nombres de los aspirantes incluidos; El margen de error; El procedimiento para
impugnar resultados.
Además, la coalición debería evitar que las
encuestas se conviertan en un filtro para eliminar a candidatos incómodos. La
medición debe complementarse con trabajo territorial, evaluación de
trayectoria, integridad y capacidad de gobernar.
Una candidatura no debería ganar sólo porque tiene
mayor reconocimiento o más recursos para posicionarse. Debe ganar porque
combina aceptación ciudadana, trabajo comprobable, honestidad y capacidad
institucional.
La continuidad de la alianza con el Partido del
Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México es estratégica para Morena. Los
tres partidos han acordado competir juntos en varias gubernaturas y han
establecido una mesa permanente para definir distritos y reglas de selección de
candidaturas.
Pero la alianza tiene tensiones. Morena ha adoptado
una regla de no postular familiares de gobernantes en turno, mientras que el PT
y el PVEM tienen normas distintas. Eso ha generado fricciones sobre quién puede
participar y bajo qué condiciones.
Para evitar rupturas, Morena debería proponer
reglas comunes mínimas, aplicables a los tres partidos, Prohibición de
nepotismo directo; Publicación de intereses y vínculos con contratistas
públicos; Revisión de antecedentes penales y financieros; Encuestas con
metodología pública; Cuotas de participación para cada aliado; Mecanismos
claros de resolución de conflictos; Compromiso de respetar el resultado sin
campañas internas destructivas.
En el caso del huachicol fiscal exige una respuesta
institucional, no una respuesta de partido. Morena debería separar tres cosas: La
investigación penal, debe corresponder a la Fiscalía, con pruebas, debido
proceso y independencia; La responsabilidad política. El partido puede
decidir no postular, suspender o expulsar a militantes cuya conducta dañe la
credibilidad del movimiento, aun cuando no exista condena; La comunicación
pública. El partido debe explicar con claridad qué sabe, qué investiga y
qué medidas toma.
El retiro de visas por parte de Estados Unidos a
algunos integrantes o personas cercanas al entorno del partido es un asunto
delicado. Un retiro de visa no es una condena penal ni prueba, por sí solo, un
delito. Pero sí puede tener consecuencias reputacionales y políticas,
especialmente si se relaciona con investigaciones por corrupción, lavado de
dinero o vínculos con redes criminales.
Para el caso del Tren Maya, el Tren Interoceánico,
Pemex, la refinería de Dos Bocas y los contratos de medicamentos deben
someterse a auditorías técnicas, financieras y de desempeño.
No se trata de destruir proyectos estratégicos. Se
trata de demostrar que las obras públicas pueden ser grandes sin ser opacas. Una
auditoría seria debería revisar: Precios de compra y comparaciones de mercado. Procesos
de licitación y adjudicación; Empresas beneficiadas y sus vínculos con
funcionarios; Calidad de materiales y obras; Sobreprecios, pagos indebidos o
irregularidades administrativas; Responsabilidades de servidores públicos; Recuperación
de recursos en caso de daño al erario.
Las investigaciones periodísticas han señalado que
empresas vinculadas con Olán obtuvieron contratos de balasto para el Tren Maya
y el Tren Interoceánico, y que habrían existido presuntos sobreprecios. Estas
afirmaciones requieren verificación técnica y judicial, pero el volumen de los
cuestionamientos obliga a una revisión institucional.
Si Morena audita sus propios proyectos, puede
recuperar credibilidad. Si se limita a defenderlos, convertirá cada hallazgo
periodístico en una crisis política.
Para 2030, Morena necesita una nueva generación de
dirigentes con legitimidad propia. No basta con heredar el apellido, el cargo o
la cercanía con López Obrador. El partido debe formar cuadros capaces de
gobernar municipios, estados y dependencias federales con resultados
verificables.
Esa renovación debería privilegiar a personas
con:Trayectoria social comprobable; Experiencia administrativa; Compromiso con
la transparencia; Capacidad para dialogar con distintos sectores; Independencia
de redes clientelares. Resultados en salud, educación, seguridad, agua,
vivienda o desarrollo económico.
La renovación no significa abandonar el
obradorismo. Significa convertirlo en una base de valores y no en una
estructura de dependencia personal. Morena debe conservar los programas
sociales, pero también debe blindarlos contra la corrupción y el clientelismo.
Un programa social pierde legitimidad cuando se
percibe como una recompensa política. Para protegerlo, el partido debería
apoyar: Padrones públicos y auditables; Reglas claras de elegibilidad; Sistemas
digitales de trazabilidad; Auditorías independientes; Mecanismos de queja y
reparación; Evaluaciones de impacto; Prohibición estricta de condicionar apoyos
al voto.
Los programas sociales son la fortaleza electoral
de Morena. Pero si se perciben como instrumentos de control político, pueden
convertirse en una debilidad moral y en un argumento para la oposición.
La comunicación eficaz debe reconocer los riesgos,
explicar las medidas y mostrar resultados. Si hay una investigación, debe
decirse quién la lleva, qué se revisa y qué plazos existen. Si hay una
irregularidad comprobada, debe haber sanción. Si una acusación es falsa, debe
demostrarse con documentos, no con descalificaciones. La ciudadanía no exige
perfección. Exige coherencia.
Para 2030, Morena debe responder una pregunta
esencial: ¿es un partido de transformación social o una maquinaria electoral
que administra el poder? Si no lo hace, la oposición no necesitará construir
una propuesta sólida. Le bastará con convertir cada caso de corrupción, cada
contrato cuestionable y cada retiro de visa en una acusación general contra el
partido.
La reconstrucción de Morena no consiste en negar
los escándalos. Consiste en demostrar que puede investigarlos, sancionarlos y
evitar que se repitan.
Esa es la única forma de que el partido pueda
decir, con credibilidad, que sigue representando una transformación y no
solamente la continuidad del poder.
