Articulista invitado Miguel Valera Hernandez

 

CONTRASEÑAS

 

+ Alcalde de Ciudad Mendoza atenta contra autonomía de la UV.

+ ¿Qué busca al politizar el paro de la Facultad de Medicina en esa región?

+ ¿Es una manera de presionar a MORENA para conseguir la alianza con el disminuido PT?

 

Miguel Valera

 

Qué busca, qué pretende, con qué intereses el alcalde de Ciudad Mendoza, el petista Gustavo Sánchez Ortiz se ha involucrado en el paro estudiantil que mantiene ya, por 20 días, detenidas las actividades de la Facultad de Medicina de la región Orizaba-Córdoba.

 

¿Qué acaso no hay problemas más serios en su demarcación? Un ligero vistazo a esa municipalidad muestra que Camerino Z. Mendoza enfrenta serias complicaciones de seguridad pública por presuntos abusos de autoridad, deficiencias en la infraestructura urbana, caos vial, entre otros inconvenientes.

 

Sin embargo, el petista, deseoso de reflector, desesperado por hacerse notar como Coordinador Político Regional del Partido del Trabajo (PT) en las Altas Montañas, ahora quiere llevar agua a su molino al intervenir y al pedir la intervención de las autoridades del Gobierno del Estado de Veracruz, violentando la autonomía universitaria.

 

¿Imprudencia? ¿Mala intención? ¿Ingenuidad? En política nada es fortuito. La intervencionista actuación de Gustavo Sánchez Ortiz no sólo violenta el artículo Tercero de la Constitución Federal y el décimo del Estado, sino que compromete a la propia gobernadora Rocío Nahle García en un asunto irrelevante para la política estatal, habiendo otros temas más trascendentes para la gobernabilidad del Estado como las desapariciones de jóvenes y la violencia en diversas ciudades de la región.

 

Las implicaciones de entrometerse en asuntos académicos y administrativos de una institución que goza de autonomía constitucional, no sólo demuestra la ignorancia del marco legal que debe respetar una autoridad municipal, sino la mala intención de politizar un asunto que compete resolver a la comunidad universitaria.

 

Pareciera ser que el primer edil de Camerino Z. Mendoza lo que busca es presionar a MORENA, para conseguir candidatos de una eventual coalición, pues llevan mano en las encuestas los integrantes del gabinete de la gobernadora, por la exposición en medios de comunicación.

 

Lo más grave de todo este asunto es que algunos de los estudiantes son manipulados por promesas o prebendas del ayuntamiento de Ciudad Mendoza a cambio de ocultar las intenciones del presidente para que manipulen a sus compañeros y continuar con un paro “porque no hay papel en los sanitarios”.

 

El ingreso a la carrera de Medicina de la UV es una de las más solicitadas, a pesar de la oferta de las de Enfermería de los programas académicos de la Universidad Benito Juárez y la Rosario Castellanos, con todo y su beca, pues no hay garantía en su personal académico, ya que el costo del paro en Ciudad Mendoza ya les costó 20 días de no recibir clases a los futuros médicos y que las demandas no justifican dejar de prepararse en materias teóricas y en laboratorios y talleres prácticos.

 

Lo que no mencionan los paristas es que hay tres maestros faltistas que no dan clases de manera regular, amigos del alcalde, y como el director de la Facultad en Ciudad Mendoza los impulsó a cumplir con su contrato de trabajo, es que aparece una protesta porque no hay jabón en el sanitario.

 

En suma, el fondo responde a un protocolo de manual de la vieja guardia del PRI como un asunto que tiene remedio en un diálogo con el Vicerrector de la región, se escala para involucrar a impresentables políticos del Gobierno del Estado en medio de la pérdida de clases de los jóvenes universitarios.

 

La Máxima Casa de Estudios de los veracruzanos ha sido muy clara: “La Universidad Veracruzana reitera su compromiso con la libertad de expresión, el diálogo interno y la búsqueda de soluciones a las demandas de nuestra comunidad estudiantil”.

 

“Los procesos internos y las legítimas manifestaciones de nuestras y nuestros estudiantes son un reflejo de la vida democrática que caracteriza a nuestra institución”.

 

“Sin embargo, manifestamos nuestra preocupación ante la reciente injerencia pública de las autoridades municipales del ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza, respecto al paro estudiantil que actualmente se desarrolla en las instalaciones de la  Facultad de Medicina de la región Orizaba-Córdoba”.

 

Más claro, ni el agua.

 

Por eso, el “llamado respetuoso pero firme a que respeten la autonomía de esta casa de estudios y que actores externos se abstengan de intervenir en los procesos internos de nuestra universidad”.

 

El diálogo está abierto y son las propias autoridades de la Universidad Veracruzana quienes están atendiendo y tendrán que resolver este conflicto.

 

Así que don Gustavo Sánchez Ortiz usted sígale en lo suyo, en la grilla, porque por lo que se ve, los graves problemas que enfrenta Ciudad Mendoza, no le interesan. Tan tan.

 

@MValeraH

Articulista invitado Carlos Miguel Acosta Bravo

 

IMPRONTA

Combustibles y Huachicol

Carlos Miguel Acosta Bravo

El decomiso de 59 millones de litros de combustibles en una terminal de SIMSA en San José Iturbide, Guanajuato, es una noticia con dos lecturas. Por un lado, el gobierno muestra músculo contra el huachicol. Por otro, deja al descubierto una zona gris en la trazabilidad de los hidrocarburos que inquieta a inversionistas y puede encarecer el financiamiento de proyectos energéticos y logísticos en México.

¿Qué pasó y por qué hay dos versiones? El 17 de septiembre de 2026, autoridades federales y estatales catearon una terminal en La Fragua y aseguraron 59.036.870,527 litros de hidrocarburos: gasolina regular, premium y diésel. La Fiscalía General de la República (FGR) dijo que, hasta ahora, las empresas involucradas no han acreditado “de manera completa y fehaciente” el origen, manejo y destino legal del combustible, y atrajo el caso a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por su complejidad.

SIMSA, a través de Gas Natural del Noroeste, respondió que la terminal opera con permisos desde 2016, que solo brinda servicios de almacenamiento y que el producto pertenece a clientes —mencionó a Orsan, Exxon y Pemex—, por lo que cualquier irregularidad correspondería a los titulares del combustible, no a la terminal. En otras palabras, la FGR no ha demostrado aún que todo sea ilegal, pero sí que falta documentación clave; la empresa sostiene que, si hay problema, es de sus clientes.

En la práctica, la FGR pide reconstruir la cadena de custodia económica del combustible para lo cual hay que revisar contratos, facturas, pagos, movimientos bancarios, guías de transporte, manifiestos de carga, registros aduanales y conciliaciones con los sistemas de la CRE y el SAT para verificar que los volúmenes almacenados coincidan con operaciones declaradas y autorizadas.

Cuando esa trazabilidad “no está clara”, el mercado lee tres riesgos posibles, el primero es  contrabando o desvío de combustibles; el segundo operaciones con facturación incompleta o inconsistente (defraudación fiscal); y por último la mezcla de lotes legales e ilegales en una misma terminal, lo que genera contagio reputacional y operativo.

Las señales para inversionistas son de más riesgo, más costo, en el corto plazo, son señales negativas que pesan más. Por un lado mayor riesgo regulatorio y legal, que el caso lo lleve la FEMDO subraya que se investiga como potencial delincuencia organizada, lo que eleva la percepción de exposición a procesos penales, embargos y paros operativos.

Si una terminal formal no puede acreditar rápidamente la procedencia de grandes volúmenes, los inversionistas infieren fragilidad en controles de cumplimiento y mayor probabilidad de interrupciones por cateos futuros.

La incertidumbre sobre la legalidad de inventarios y la posible extensión de responsabilidades a operadores logísticos suele traducirse en primas de riesgo más altas, seguros más caros y exigencias de garantías adicionales.

El efecto reputacional por asociación, que aparezcan marcas como Exxon o Pemex en un contexto de “presunto huachicol” genera ruido mediático que puede afectar contratos y relaciones comerciales, aunque la responsabilidad final se determine después.

Hay también señales positivas, pero de mediano plazo y condicionadas de que el caso se aclare, un decomiso de esta magnitud puede leerse como fortalecimiento de la fiscalización en hidrocarburos, lo que, en teoría, debería reducir la competencia desleal del combustible ilegal y mejorar condiciones para operadores formales; además, el episodio presiona a terminales, comercializadoras y transportistas a blindar su documentación y trazabilidad, reduciendo riesgos sistémicos en el sector.

Entre las implicaciones concretas para la confianza inversionista tienen que ver con la energía y logística. Se espera mayor cautela en nuevas inversiones en almacenamiento, distribución y comercialización hasta que haya definiciones judiciales y regulatorias claras sobre responsabilidades y estándares de trazabilidad.

Los fondos y corporativos exigirán auditorías de cadena de custodia, conciliación SAT-CRE y cláusulas contractuales que trasladen riesgos de trazabilidad a los clientes de almacenamiento.

Los inversionistas extranjeros con autorizaciones de importación, comercialización y cumplimiento pueden pausar o condicionar exposiciones en México si perciben que la opacidad en combustibles es estructural y no un caso aislado.

Para calibrar el impacto, habrá que ver, si la FGR/FEMDO presenta evidencia documental que permita individualizar responsabilidades (clientes, transportistas, funcionarios) o si el caso se diluye en “presunciones” sin aclarar la trazabilidad; si hay sanciones administrativas de la CRE o el SAT a la terminal o a clientes, lo que marcaría un precedente de ejecución; y si aparecen más cateos en otras terminales con argumentos similares de trazabilidad, lo que indicaría una campaña de fiscalización amplia y, por tanto, mayor riesgo sectorial.

El episodio envía una señal de mayor fiscalización, pero también de incertidumbre sobre la legalidad de inventarios y la solidez de los controles de trazabilidad. En el corto plazo, esa incertidumbre pesa más en la confianza de inversionistas que el mensaje de “combate al huachicol”, y tiende a elevar el costo de financiamiento y los requisitos de cumplimiento para proyectos vinculados a combustibles en México. Para recuperar confianza, el Estado necesita no solo decomisos espectaculares, sino reglas claras, procesos transparentes y definiciones rápidas de responsabilidades. Es importante que la FGR determine responsabiidades y que todo resulte claro y transparente para todas empresas vinculadas a este problema.

Articulista invitado Agustín Contreras Stein

 

Línea Política 21 de septiembre del 2026… Agustín Contreras Stein

                             2027, LA ESPERANZA DEL PRI

TODOS LOS partidos políticos que forman el bloque opositor, entre ellos el Partido Revolucionario Institucional, tienen la esperanza de lograr una buena aceptación política en las próximas elecciones. Particularmente, el PRI, se ha venido desenvolviendo positivamente, un tanto por el trabajo político que se ha echado a cuestas y otro tanto porque Morena, el partido político en el poder, va para abajo. Este es el momento más importante para aprovechar las circunstancias políticas que se vienen presentando y que son ideales para darle a la actividad política otro sentido y tratar de cambiar las cosas, aunque éstas sean en lo más mínimo. Para los priistas, comenzar desde abajo es el proceso que tiene que seguir, con la finalidad de alcanzar para el próximo año, los triunfos que ha dejado de tener. Con lo que tiene ahora, el tricolor puede insistir en una coalición política donde los demás partidos políticos que andan pensando en participar solitariamente, se unan para poder avanzar en el objetivo de enderezar el camino democrático, tanto a nivel nacional como en Veracruz… EL HUACHICOL, SE VOLVIÓ DE PRONTO EN EL TEMA más socorrido en todos los niveles de la vida pública de México, al grado que, de pronto, se comenzó a disminuir la atención en el tráfico de drogas y todos aquellos grupos que, ilegalmente, se dedican  esta actividad. Es más, hasta la insistencia del gobierno de los Estados Unidos, por combatir frontalmente al narcotráfico, también se detuvo para ocuparse, también, del problema del tráfico de combustibles que también constituye una organización fuera de la ley, pero compuesta por supuestos funcionarios del propio gobierno de la cuarta transformación. Podría decirse que el huachicol opacó al narcotráfico, tal vez, como una estrategia debidamente diseñada por el gobierno federal o por las propias circunstancias que favorecieron el momento para dejar de hablar de los grupos organizados del crimen para volcarse solamente en la ocupación del tema huachicolero… EL SARAMPIÓN COMENZÓ POR AMENAZAR A XALAPA, la capital veracruzana, con un brote que surgió en uno de los importantes hospitales que funcionan en la ciudad. Ante la gravedad del asunto, las autoridades municipales encabezadas por la alcaldesa Daniela Griego Ceballos, comenzaron a gestionar la vacunación masiva, instalando en lugares estratégicos por lo menos treinta y ocho módulos de vacunación, entre los cuales, hay que decirlo hubo la disposición de varias instancias, es decir, desde el propio gobierno del Estado, que, a través de los servicios de salud, dispuso de vacunas y módulos para atender a la población que lo requiera. También está participando la Universidad Veracruzana, todos en un propósito fundamental de hacer frente a las necesidades de vacunación para enfrentar este mal que, supuestamente estaba erradicado, pero que ha vuelto a ser un serio problema de salud que ocupa a todos los gobiernos en sus diversos niveles. El ayuntamiento, por su parte, le entró con ganas y parece que todo marcha bien par dar cumplimiento a esta emergencia sanitaria… Y HABLANDO DE CUESTIONES RELACIONADAS CON LA SALUD, hasta el momento de redactar esta columna, el Doctor Roberto Ramor Alor, seguía siendo el delegado del IMSS bienestar en el Estado de Veracruz, luego de que recibiera el apoyo gubernamental para seguir, supuestamente, realizando sus funciones. Partidos políticos, médicos, medios de comunicación han solicitado al gobierno federal, el despido de este inconsciente funcionario que no tiene interés en su trabajo, ni cuenta con la sensibilidad necesaria para estar al frente de los servicios de salud, ni la capacidad suficiente para poder solucionar los diversos problemas que se presentan en este importante sector de la administración pública federal. Desde luego que, al calor de los acontecimientos, las autoridades federales ni estatales, podrían tomar una decisión tan importante de separar a este servidor público, porque sería aceptar que todos están fallando en esta encomienda de velar por la salud de todos los mexicanos, especialmente los veracruzanos que se ven afectados con este tipo de funcionarios inhumanos, por lo que se espera que se esté evaluando la posibilidad de que pronto se tome el acuerdo de separarlo de sus funciones… Y AFORTUNDAMENTE, PASÓ EL SÁBADO DIECINUEVE y no tembló en México, aunque de todos modos se tomaron las previsiones necesarias junto con la realización del simulacro anual. En México, a raíz del terremoto de mil novecientos ochenta y cinco y luego los que surgieron en la misma fecha posteriormente, se le dio a la cultura de la prevención especial atención, por lo que ahora la protección civil, es un asunto que las propias autoridades tienen en cuenta dentro de sus quehaceres públicos y con la correspondiente partida de recursos económicos que le permitan realizar las tareas necesarias para enfrentar estos acontecimientos de manera más oportuna… SI LA PRESIDENTE CLAUDIA SHEINBAUM, NO TUVIERA la presión política que se ejerce todos los días en su contra desde el bunker político que se instaló en el Estado de Tabasco, estaría en mejores condiciones de realizar una tarea importante dentro de su gobierno. El problema es que no la dejan decidir y tiene que atender, antes que otra cosa, el mandato oscuro que proviene desde el sur del país. El asunto es que se comprometió con López Obrador, a cambio de la candidatura a la presidencia, a cubrirle las espaldas, tanto de él mismo como de su familia y sus más cercanos amigos. Por esa razón, México, se convirtió en el paraíso de la impunidad, donde la presidente no puede hacer nada y con ello el desgaste evidente de su gobierno y de su propia persona, pues según versiones que se han difundido públicamente, ha tenido que recurrir a drogas y medicamentos que le permitan enfrentar los graves problemas de salud física y mental.

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Y MAÑANA, aquí nos encontraremos, si otra cosa no sucede.  

Articulista invitado Jorge Ramón Rizzo

Focus Group 

Trump, Sheinbaum y la 4T

Por Jorge Ramón Rizzo*

El gobierno de Claudia Sheinbaum camina en una delgada línea política interna, en la que por un lado, proyecta una sólida continuidad con la llamada Cuarta Transformación y el movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador manteniendo niveles de aprobación muy altos y, por el otro, está construyendo discretamente su propia estructura de control y delineando una identidad de gestión que enfrenta sus primeras tensiones reales con gobernadores de oposición, así como dinámicas partidistas internas.

México atraviesa la encrucijada de la soberanía nacional, que frente a las crecientes presiones de Estados Unidos en materia de seguridad, fentanilo y el control del crimen organizado, han puesto en vulnerabilidad visible los límites entre cooperación e intervencionismo. En este contexto, la relación bilateral bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a la administración de Donald Trump, han dado muchas notas en los últimos días.

También, las fricciones de este mes de septiembre entre el gobierno Federal con las soberanías estatales, como se desprende del reciente encuentro en Ciudad Juárez entre la Presidenta con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, marca un caso específico.

Y es evidente que el Gobierno Federal está centralizando fuertemente los asuntos de seguridad nacional e inteligencia y marcando una línea tajante de control. El mensaje de fondo es que ningún gobierno local, especialmente de la oposición, puede desalinearse de los marcos legales o la estrategia de la federación.

En medio de la encrucijada y el rose con las entidades, hay un reto interno adicional para Claudia Sheinbaum y radica en mantener la cohesión en Morena; que no está resultando una aduana sencilla de brincar, aunque poco a poco va agarrando más y más control. 

Mientras que los sectores fundadores más duros siguen firmemente alineados con la doctrina del ex-presidente, la presidenta ha ido operando cambios estratégicos en la dirigencia nacional para cimentar su propio control territorial ante las pugnas internas por las futuras candidaturas.

Estarán en juego 17 gubernaturas, que representa más de la mitad del país y la totalidad de la Cámara de Diputados federal. Así como ya vimos el 'destape' de 10 virtuales candidatas y candidatos a igual número de gubernaturas, seguramente veremos 'un palomeo' distrito por distrito que vendrá desde Palacio Nacional. Porque de las 10 designaciones transcurridas podríamos decir sin temor a equivocarnos que van más alfiles leales a Sheinbaum que a López, razón por la que veo venir un mayoritario margen de colocación de gente de la corriente de la actual Presidenta en los 300 distritos y ni qué decir de los primeros lugares de las plurinominales en Morena.

Por todo el entorno, es que el discurso presidencial del desfile militar donde se lanzó la proclamación de que "México no se arrodilla ante nadie", funciona en realidad como un catalizador de unidad nacional. 

La declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reiteró la firmeza mexicana al contundentemente decir a Washington que no permitirá juicios externos ni la intervención de agencias extranjeras en las estrategias de seguridad nacionales, marca una clara línea defensiva de la soberanía en la narrativa oficial.

También ha hecho un recordatorio de México hacia el gobierno estadounidense sobre sus propias tareas pendientes: Contener el consumo interno de opioides, frenar el lavado de dinero en su territorio y, crucialmente, detener el tráfico ilegal de armas que nutre a los cárteles en México.

Es un momento propicio para desmenuzar cómo las exigencias de Donald Trump y el Departamento de Estado, quienes demandan arrestos, investigaciones a funcionarios y la implementación del programa "Escudo de las Américas", son utilizadas como herramientas de presión geopolítica en un entorno electoral fuertemente polarizado tanto en Estados Unidos como en México.

Así que, la verdadera batalla de la 4T se centra más en esta narrativa de legitimar un proyecto megacentralizado de política interior, cuya prueba de fuego no estará en el extranjero, sino en la estabilidad territorial y las urnas de junio de 2027, donde Morena tendrá que contener a los dos bandos visibles, negociar con sus aliados Verde y PT -Hoy sumamente herido y con señas de rompimiento-, y salir a dar la batalla frente a una oposición que ha ganado terreno ante el mal manejo de crisis de la 4T y su devaluación o degradación política ante la ciudadanía. Claudia Sheinbaum y la 4T se juegan mucho... Pero el país, se juega más.

*Periodista/Tlaxcala

 

*PRI presentará iniciativa para eliminar el fuero a la Gobernadora: Adolfo Ramírez Arana*

• También incluirá a sus secretarios de despacho.

Xalapa, Ver., a 21 de septiembre de 2026. En conferencia de prensa, la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional en Veracruz, encabezada por Adolfo Ramírez Arana y Carolina Gudiño Corro, recordó la iniciativa presentada por la gobernadora Rocío Nahle, que busca eliminar la inmunidad procesal penal de autoridades municipales: presidentes municipales, integrantes de concejos municipales y síndicos.

En ese sentido, Ramírez Arana indicó: “El PRI se pronuncia enérgicamente en contra; no debemos aprobar esta iniciativa. Se presta a lo que se ha venido dando: persecución política y amenazas a los alcaldes. Los están amedrentando y condicionando. Desde las secretarías les dicen que los apoyos se les darán a cambio de que se pasen o apoyen al partido de Morena. Todas las secretarías que condicionan los apoyos, sus operadores políticos, están mandando a traer a los alcaldes del PRI para decirles que se pasen a su partido y que, con eso, van a destrabar las gestiones que tienen atoradas en el Gobierno del Estado”.

Agregó, “Lo que ellos quieren es que, a quienes no los apoyen, puedan amenazarlos, amedrentarlos y, lo más grave, enjuiciarlos. El llamado desde aquí es a los alcaldes: que no le aprueben esta iniciativa. Es momento de estar unidos. Morena por sí solo ganó 11 municipios; los que no son de Morena, que lo piensen muy bien. El llamado es para los del Verde, del PT, de MC, del PAN y del PRI: hay que frenarla. Necesitan que 107 ayuntamientos la aprueben y, desde ahí, se tiene que frenar esto”.

El líder estatal priista anunció, “El PRI, en la siguiente sesión, presentará una iniciativa de ley para que se elimine el fuero de la gobernadora y de sus secretarios de Estado. A ver cómo los cínicos y sinvergüenzas nos justifican votar en contra de esta iniciativa. Si el argumento es que pueda procesarse a un servidor público que fue electo, pues también que se pueda procesar a sus secretarios de Estado, que son designados, y que se presta a que pueda haber ahí complicidad”.

Finalmente, cuestionó: “¿Qué van a hacer cuando haya una iniciativa con los mismos argumentos que dio la gobernadora, pero para quitarle el fuero a ella y a sus secretarios de Estado? Que nos argumenten. En el Congreso local, la presentará en la próxima sesión nuestra diputada Ana Rosa Valdés”.

 

Articulista invitada Fanny Yepez

 La Columna

Por Fanny Yépez

21 de septiembre de 2026

 

Otra vez, en riesgo la unidad dentro de Morena  

 

Denuncian dados cargados y falta de transparencia en las encuestas

Aquí en la aldea, suenan: Delia, Tato, Toño y Diego con insistencia   

 

El reciente destape de los Coordinadores de Defensa de la Transformación en 10 de los 17 estados, ha dejado una estela de discrepancias dentro de las filas de Morena y ha desatado fuertes tensiones e inconformidades internas en la 4t, mismas que van acompañadas de reclamos de fraude, señalamientos de imposición rupturas en la llamada "unidad" del partido y hasta desbandadas.

 Aunque la dirigencia nacional encabezada por Ariadna Montiel ha minimizado las quejas y descartado repetir encuestas, los conflictos ya marcan focos rojos en diversas entidades.

 El proceso de selección de coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027, ha desatado fuertes inconformidades y reclamos de "dados cargados", falta de transparencia y presuntos "dedazos" dentro de la militancia de Morena, en al menos nueve estados del país.

 Las principales entidades afectadas por estas crisis internas y tensiones son las siguientes: Zacatecas es catalogado como uno de los principales focos rojos. Tras el nombramiento de la senadora Verónica Díaz Robles, simpatizantes y aspirantes como Ulises Mejía Haro y José Narro Céspedes, gritaron "fraude" ante la dirigencia nacional debido a la opacidad de las encuestas y acusaron favoritismo hacia el "grupo Monreal".

 En Quintana Roo, durante la presentación de Eugenio "Gino" Segura, simpatizantes del aspirante Rafael Marín Mollinedo lanzaron gritos de fraude. Además, se denunciaron presiones políticas y el uso de estructuras gubernamentales para favorecerlo.

 Nuevo León. - aspirantes de peso como Tatiana Clouthier, Judith Díaz y Andrés Mijes han manifestado su descontento señalando parcialidad en el proceso interno.

 Querétaro. - militantes e incluso el Partido Verde (aliado de la coalición), han reclamado la falta de certidumbre en las mediciones de las encuestas.

 Guerrero. - sectores internos exigen que se muestren los resultados completos de los cuestionarios y denuncian la intervención indebida de servidores públicos.

 Colima. - ahí la aspirante Griselda Valencia presentó un recurso formal de inconformidad contra el proceso que benefició a Rosy Gallardo.

 Tlaxcala. - fundadores e integrantes de las bases morenistas acusaron públicamente opacidad, irregularidades técnicas y falta de definiciones claras hacia el proyecto del partido.

 Aguascalientes y Chihuahua, en ambas entidades se mantienen activos reclamos por la negativa de la dirigencia nacional, de exhibir las metodologías y cifras de las encuestas, manteniendo los resultados bajo reserva.

 La inconformidad dentro de las filas de Morena en Baja California ha alcanzado su punto más crítico tras la designación de la senadora con licencia Julieta Ramírez Padilla, como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación, un cargo que la perfila como la virtual candidata para la gubernatura en 2027.

 Las principales causas que han detonado las protestas, divisiones y el descontento de la militancia incluyen, opacidad en las encuestas y acusaciones de "dedazo".

 Ahí el anuncio de la designación desató abucheos, gritos de "fraude" e inconformidades por parte de simpatizantes de otros aspirantes. Las críticas se centran en que no se presentaron públicamente los resultados detallados del ejercicio, no se realizaron las prometidas "encuestas espejo", con partidos aliados y los aspirantes no participaron en la selección de la encuestadora. Dentro de la militancia local cobra fuerza. La versión que circula es que se trató de una decisión política e imposición directa desde el centro del país en lugar de un proceso democrático.

 ¿Por qué es la inconformidad?

 El reclamo central de los militantes y precandidatos radica en que, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena ha decidido mantener bajo reserva los datos técnicos y resultados completos de las encuestas. Aunque la dirigencia nacional ha minimizado las protestas llamando a la unidad, los amagos de ruptura continúan escalando en estas regiones.

 Principales focos de inconformidad en los estados Zacatecas, ha sido el escenario más tenso. La entrega de la constancia a la senadora Verónica Díaz Robles desató gritos de "fraude" entre los asistentes.

 El aspirante José Narro anunció que exigirá una revisión técnica de las encuestas, mientras que Ulises Mejía rechazó explícitamente convalidar el nombramiento.

 En tanto en el estado Guerrero, la designación de la senadora Beatriz Mojica provocó rupturas.

 Esta crisis que ha colocado en evidencia la cohesión y la unidad, debe ser tomada como ejemplo aquí en el estado de Veracruz, donde se deben realizar encuestas claras y transparentes, de no hacerlo el partido guinda corre el riesgo de un quebranto que se reflejaría en las urnas.

 En tanto, Morena se tarda en poner en marcha la operación cicatriz aquí las fichas del ajedrez político ya se están moviendo, en esta aldea veracruzana se comenta en los cafés que las 19 candidaturas a diputados federales la 4t, se va a ir en alianza con el PVEM y el PT. Sin embargo, para las 30 diputaciones federales cada partido va a lanzar a sus propios candidatos.

 Aquí en la capital veracruzana, se barajan varios nombres para diputados federales en los distritos urbano y rural, entre ellos suenan Delia González Cobos, Eduardo “Tato” Vega Yunes, Antonio Ballesteros y Diego Castañeda Aburto.

 Américo Zuñiga, se comenta que amarró un acuerdo con Javier Herrera, quien ya tiene segura la candidatura por Cosamaloapan, en tanto que el ex alcalde ocuparía la dirigencia estatal del Partido Verde. Pero todavía faltan varios días para que se anuncien oficialmente a los elegidos o elegidas.

 Morena pagará muy caro el

despojo a jubilados y pensionados

Héctor Yunes Landa*

Sin demeritar el papel estratégico que juegan los jóvenes en la reconstrucción del país y sus instituciones, los jubilados y pensionados están destinados a ser el nuevo gran movimiento social en México.

La reforma al artículo 127 Constitucional impuso un límite a las jubilaciones de extrabajadores de confianza de empresas paraestatales, estableciendo que ninguna pensión puede superar un porcentaje o el equivalente al salario de la titular del Ejecutivo Federal, lo que provocó recortes de entre 10% y 70% en extrabajadores de empresas como Pemex y CFE. Esta medida también tiene un carácter retroactivo.

Esto provocó la protesta y movilización de miles de trabajadores jubilados, pensionados y en activo.

En respuesta a sus demandas, el pasado 9 de septiembre presente ante el pleno del Congreso de Veracruz una iniciativa de reforma al mismo artículo 127 constitucional para elevar el límite pensionario, impedir la acción retroactiva de la reforma que los despoja de sus derechos; y la restitución íntegra de las pensiones afectadas.

No podemos permitir el atraco en pensiones y jubilaciones, porque entonces irán por el último botín: las afores.

Con la reducción del monto de las pensiones y su retroactividad, el gobierno pretende obtener un ahorro anual de aproximadamente 5 mil millones de pesos, recursos que presumiblemente serán destinados a financiar programas sociales.

¿Cuánto significa esta cantidad? Para ponerlo en perspectiva, en el primer semestre de 2026, Petróleos Mexicanos (PEMEX) acumuló una pérdida neta de ¡¡27,969 millones de pesos!!, es decir, casi seis veces lo que piensa recaudar del bolsillo de los jubilados y pensionados.

¿No sería más fácil combatir el huachicol fiscal que tan solo en el gobierno de López Obrador nos costó a los mexicanos más de 600 mil millones de pesos? Bien decía el jefe del cártel de Morena cuando confesó que “todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República”.

Entonces no se trata de un problema económico y de confrontación, sino de legalidad.

Un límite razonable debe evitar privilegios indebidos, pero también impedir que se produzcan reducciones desproporcionadas que vulneren la dignidad y la seguridad económica de los jubilados.

La ley no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de persona alguna, sin importar el yugo impostor de la ‘Tremenda Corte’ de Justicia. No podemos legislar hoy para alterar derechos consolidados ayer. Además, la restitución íntegra de las pensiones afectadas no trata de otorgar un privilegio, sino de corregir una afectación.

Si como consecuencia de la aplicación de un límite pensionario se han reducido pensiones previamente reconocidas, resulta indispensable restituir íntegramente las cantidades que fueron afectadas, conforme al marco jurídico aplicable.

Morena pagará muy caro el despojo a jubilados y pensionados. Ya han tomado las calles y muy pronto lo reclamarán en las urnas.

La puntita

 

No tengo palabras para agradecer la producción de una novela para hacer la semblanza de mi vida política, aunque muy en el fondo, su propósito era madrearme. 

Lo que pretendían que fuera la tormenta perfecta, resultó una refrescante lluvia de verano para mí… ¡Nunca me imaginé ser objeto de la ingenua generosidad de la 4t!

*Presidente de Alianza Generacional por Veracruz

GRAVE CRISIS EN EL CLUB DE FUTBOL 

FC PERFOMANCE DE VERACRUZ.

Y es que en redes socailes tarscienden señalamientos al director técnico Ernesto M.L de presuntos malos tratos y agresiones a jugadores.

Veracruz,Ver.-La crisis por la que atraviesa el equipo FC Performance (Tiburones Negros), de Tercera División Profesional, evidencia el desplome, tanto en estructura como en disciplina, lo que pondría en riesgo su continuidad en la división.

Futbolistas profesionales que militan en el FC Performance alertaron sobre agresiones físicas e incluso mal trato por parte del director técnico, Ernesto M.L., incluso algunos han tomado la decisión de abandonar el club.

FC Performance no se presentó a su partido contra Caballeros de Córdoba, en la Tercera División Profesional, perdiendo el encuentro 1-0, pero se sabe que tampoco se presentarán al encuentro del próximo jueves ante el club Racing de Veracruz.

FC Performance tendría que responsabilizarse de un buen trato al jugador que milita en la Tercera División Profesional, considerada división semillero para el talento veracruzano.

 

Articulista invitado Carlos Miguel Acosta Bravo

IMPRONTA

Pensiones,  el riesgo no es sólo el monto, sino la rigidez

Carlos Miguel Acosta Bravo

El proyecto de presupuesto para 2027 coloca a México ante una presión fiscal que ya no puede tratarse como un problema futuro. El gasto en pensiones alcanzaría 2.5 billones de pesos, equivalentes a 6.3% del PIB y alrededor de 27% de los ingresos presupuestarios. Además, por cada peso de recaudación tributaria, 40 centavos se destinarían a pensiones contributivas y no contributivas, frente a 33 centavos en 2020.

El riesgo para México no consiste en pagar pensiones. Una sociedad democrática tiene la obligación de proteger a quienes trabajaron y a las personas mayores en situación de vulnerabilidad. El problema aparece cuando el gasto pensionario crece más rápido que los ingresos públicos y absorbe recursos que deberían financiar salud, educación, seguridad, infraestructura e inversión productiva.

El Paquete Económico 2027 plantea un gasto neto total de 10.64 billones de pesos y un déficit fiscal amplio de 3.9% del PIB. Al mismo tiempo, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público subiría a 55% del PIB, con una trayectoria que podría llegar a 56.5% en 2032, según el CIEP.

En ese contexto, las pensiones se convierten en un gasto rígido. No es sencillo reducirlas sin afectar derechos adquiridos, y políticamente sería muy costoso hacerlo de manera abrupta. Cada peso adicional destinado a pensiones es un peso menos disponible para construir hospitales, ampliar escuelas, mejorar la seguridad o financiar infraestructura.

El problema es todavía más grave cuando se considera que una parte importante del presupuesto ya está comprometida por transferencias a los estados, deuda, nómina, gasto corriente y obligaciones de seguridad social. El CIEP ha advertido que cerca de 80% del gasto federal enfrenta algún grado de rigidez por compromisos ineludibles.

La consecuencia es una pérdida progresiva de margen de maniobra. El Gobierno puede anunciar prioridades, pero cada vez tiene menos recursos realmente disponibles para financiarlas.

El aumento de 33 a 40 centavos por peso tributario destinado a pensiones significa que la recaudación está creciendo con menor capacidad para financiar otros bienes públicos. No se trata sólo de que el gasto pensionario sea elevado, sino de que su expansión compite directamente con las necesidades de las generaciones jóvenes.

Si esta tendencia continúa, México enfrentará al menos cinco riesgos: Menor inversión pública en infraestructura, energía, transporte y agua; Presiones para elevar impuestos o crear nuevos gravámenes; Mayor endeudamiento para financiar gasto corriente; Reducción de recursos para salud, educación y seguridad; Conflicto distributivo entre generaciones: trabajadores jóvenes que financian beneficios crecientes sin tener certeza de recibir pensiones equivalentes.

La política social también podría verse afectada. Cuando una parte importante del presupuesto se compromete de manera automática, cualquier desaceleración económica, caída de los ingresos petroleros o emergencia nacional obliga a recortar el gasto flexible. Por eso, las pensiones pueden desplazar silenciosamente otras prioridades aunque el presupuesto nominal de salud o educación aumente.

La discusión pública suele mezclar realidades distintas. En México conviven pensiones contributivas del IMSS y del ISSSTE; Regímenes de retiro de trabajadores del sector público; Pensiones de universidades, empresas estatales y organismos diversos; Pensiones no contributivas, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; Compromisos derivados de sistemas de transición y reformas anteriores.

Las pensiones contributivas están vinculadas a las aportaciones laborales, el salario y las semanas cotizadas. Las no contributivas cumplen una función de protección social y se financian con impuestos generales. No sería correcto aplicarles la misma solución.

La edad de retiro no debería aumentar por decreto ni aplicarse de manera general. Una reforma de esa naturaleza tendría que considerar las diferencias en esperanza de vida, condiciones laborales, género, región, nivel de ingreso y tipo de ocupación.

Un aumento general de la edad de jubilación podría castigar precisamente a quienes tienen menor esperanza de vida y realizan trabajos físicamente más exigentes. También podría bloquear el acceso de jóvenes al mercado laboral si las personas mayores permanecen más tiempo en sus puestos, especialmente en empleos públicos o altamente regulados.

Por eso, la idea de llevar la edad de retiro hasta los 75 años, planteada por Carlos Slim, no representa una reforma aprobada ni una regla vigente en México y tampoco puede trasladarse mecánicamente a toda la población. La edad de jubilación debe revisarse con evidencia, no con consignas empresariales ni con decisiones fiscales de corto plazo.

México sí necesita una reforma pensionaria, pero debe ser integral y gradual. Elevar la edad de retiro puede formar parte de una discusión técnica en algunos regímenes, pero no puede ser la primera ni la única respuesta. Antes habría que actuar en varios frentes.

La informalidad reduce las aportaciones y fragmenta las trayectorias laborales. Un trabajador que pasa años fuera de la seguridad social acumula pocas semanas cotizadas y llega a la vejez con una pensión insuficiente o sin pensión contributiva.

La sostenibilidad exige revisar pensiones excesivas, regímenes privilegiados y obligaciones de organismos que reciben subsidios públicos. La reforma no puede pedir sacrificios a trabajadores de bajos ingresos mientras mantiene beneficios desproporcionados para grupos con mayor poder de negociación.

No existe sistema de pensiones sólido con empleos precarios y salarios bajos. Las contribuciones dependen del ingreso formal y de la continuidad laboral. Si se desea mejorar las pensiones futuras, también deben elevarse la productividad, los salarios y la calidad de los empleos.

En algunos regímenes puede discutirse un aumento gradual de la edad mínima, vinculado a la esperanza de vida y acompañado de excepciones para trabajos pesados. Cualquier modificación tendría que respetar derechos adquiridos y aplicarse principalmente a nuevas generaciones, con largos periodos de transición.

La pensión universal para adultos mayores cumple una función social distinta a la pensión basada en aportaciones laborales. El presupuesto debe transparentar el costo de cada componente y establecer reglas de actualización que sean compatibles con los ingresos públicos.

Si el Estado destina cada vez más recursos a obligaciones adquiridas, las nuevas generaciones pueden recibir menos educación, salud e inversión. Al mismo tiempo, podrían enfrentar impuestos más altos y una pensión futura menos generosa.

No es justo presentar este conflicto como una pelea entre jóvenes y adultos mayores. Las personas retiradas no son responsables del diseño financiero del sistema. El problema corresponde a los gobiernos y al Congreso, que deben garantizar protección en la vejez sin hipotecar las oportunidades de quienes todavía están estudiando o trabajando.

La prioridad debe ser una reforma gradual, transparente y diferenciada que combine mayor formalidad laboral, revisión de regímenes especiales, eficiencia administrativa, evaluación actuarial y protección de quienes realizan trabajos físicamente exigentes.

La edad de retiro puede discutirse, pero sólo después de construir un diagnóstico completo y un acuerdo social. Lo que México no puede permitirse es posponer el problema hasta que el presupuesto ya no tenga margen para financiar la salud, la educación y la inversión que el desarrollo exige.

El Otro Café Politico...

     El otro café político 

Por Jesús Vásquez Pino 

Protección civil, seguridad entre los mexicanos!!! 

Han pasado 41 años el fuerte sismo de 1985, dónde se perdieron miles de vidas de hermanos mexicanos. Hoy la cultura de protección civil es inmediata ante los desastres naturales. 

Se han realizado mecanismos de protección en todo el país ante las eventualidades de inundaciones, sismos, incendios y cualquier desastre que afecte a la población. 

Cada municipio,  tiene su unidad de Protección Civil y las entidades destinan más recursos en dinero y recursos humanos para atender lo que la madre tierra en ocasiones nos deja como hechos reales en desastres. 

Pero, es en el hogar dónde cada familia debe atender de manera oportuna y revisar instalaciones de gas y eléctricas todo aquello que ponga en riesgo nuestras vidas al interior. 

1985 en México dejó una cicatriz con la muerte de familias que quedaron atrapadas en edificios de la ciudad  y en otras partes del interior de la República y al pasar de los años otras fechas han enlutado la nación por nuevos terremotos.  

Estemos atentos ante los fenómenos naturales y apliquemos los mecanismos de Protección civil en calles, carreteras y nuestros hogares. Es cuanto.

Articulista invitado Carlos Miguel Acosta Bravo

IMPRONTA

El INE debe recuperar la confianza

Carlos Miguel Acosta Bravo

El proceso electoral 2026-2027 comenzó bajo una paradoja el Instituto Nacional Electoral afirma que cuenta con capacidad para organizar los comicios, pero varias decisiones adoptadas bajo la presidencia de Guadalupe Taddei han abierto dudas sobre su imparcialidad, su sensibilidad institucional y su capacidad para comunicar reglas claras.

En la elección del 6 de junio de 2027 se renovarán 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y numerosos cargos locales. La magnitud de la contienda exige un árbitro confiable, especialmente porque cualquier señal de cercanía partidista, improvisación normativa o ambigüedad operativa puede convertirse en un problema de legitimidad.

El cambio del color institucional del INE, la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, y el nuevo tratamiento de las llamadas “boletas planchadas” no prueban, por sí mismos, una captura política del organismo. Pero sí generan una percepción adversa que el INE no puede desestimar. En materia electoral, la imparcialidad no sólo debe existir: debe ser visible, explicable y verificable.

El INE sustituyó el rosa mexicano de su identidad institucional por una paleta lila y azul marino. La explicación ofrecida por Guadalupe Taddei fue que el organismo “perdió el rosa”, en referencia a la adopción de ese color por un nuevo partido político.

Formalmente, modificar una identidad gráfica es una atribución administrativa. No existe una razón jurídica para sostener que el INE deba conservar para siempre un color. El problema está en el contexto y en la oportunidad.

La nueva tonalidad fue asociada con la imagen del Gobierno de la Ciudad de México encabezado por Clara Brugada, cuya administración ha utilizado una paleta morada o lila. La coincidencia puede ser casual, funcional o resultado de una decisión de diseño; pero en un país polarizado y a las puertas de una elección, las apariencias importan.

Una autoridad electoral debe ser especialmente cuidadosa con cualquier elemento que pueda confundirse con la identidad de un gobierno o partido. Si el cambio era necesario, el INE debió presentar previamente un informe técnico, explicar quién tomó la decisión, qué criterios de comunicación institucional se utilizaron, cuánto costará la transición y por qué la nueva paleta no genera confusión con actores políticos.

La defensa de Taddei basada en que el INE “perdió el rosa” resultó insuficiente. Una institución constitucional no puede comunicar una modificación de alto impacto simbólico como si se tratara de una decisión publicitaria ordinaria.

Durante la ceremonia de inicio del proceso electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum fue representada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. El INE explicó que tradicionalmente se invita a los tres poderes de la Unión y que también fueron convocados representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial.

Desde el punto de vista protocolario, la invitación puede ser defendible. La presencia de representantes de los poderes del Estado no implica automáticamente subordinación del INE al Ejecutivo. Tampoco puede afirmarse, únicamente por la asistencia de la secretaria, que existió una intervención gubernamental.

Pero el dato relevante es que, desde 1996, no se había registrado la presencia de un titular de Gobernación en una ceremonia de este tipo. Esa excepcionalidad explica las suspicacias de la oposición y de algunos consejeros electorales.

El problema no fue necesariamente invitar a la secretaria. El problema fue no anticipar la lectura política del acto y no establecer con claridad los límites entre cortesía institucional y cercanía política. En un proceso electoral, la autonomía no sólo se acredita mediante normas; también mediante distancias institucionales visibles.

Si el INE desea evitar dudas, debe hacer públicas las reglas protocolarias que justifican la invitación, explicar si se trata de una práctica general y garantizar que las mismas condiciones se aplicarán a todos los poderes, partidos y actores relevantes.

La controversia más seria es la relacionada con las boletas sin marcas de doblez encontradas dentro de las urnas, conocidas como “boletas planchadas”. Los lineamientos aprobados establecen que, si durante los cómputos aparece una papeleta sin las marcas de haber sido doblada para introducirla en la urna, no será clasificada ni capturada de inmediato. Quedará reservada para que el Consejo Distrital determine si procede computarla o no.

El INE sostiene que estas boletas no serán automáticamente válidas ni automáticamente anuladas. Cada caso deberá documentarse en un acta circunstanciada, con datos sobre la entidad, distrito, sección, casilla, número de papeletas y personas presentes.

La intención puede ser preservar el principio de que el voto debe analizarse conforme a su contenido y a la legislación aplicable, evitando nulidades automáticas. Sin embargo, la medida genera una duda legítima: ¿cómo puede una boleta que aparentemente no pasó por una urna ser considerada eventualmente válida?

La preocupación aumentó porque algunos consejeros advirtieron que la decisión puede debilitar la certeza sobre el origen del voto. Arturo Castillo cuestionó que una papeleta sin señales de haber sido introducida por un elector no ofrezca evidencia suficiente de que la voluntad fue expresada de manera libre y secreta. El criterio fue aprobado por siete votos contra cuatro.

El antecedente de la elección judicial de 2025 vuelve el asunto todavía más sensible. De acuerdo con los reportes difundidos, el número de casillas en las que se identificó este fenómeno pasó de 20 en 2024 a 918 en aquella elección.

Aquí el INE enfrenta un dilema real. Por un lado, no debe anular mecánicamente votos cuyo sentido sea claro si la ley no establece que el doblez sea un requisito de validez. Por otro, tampoco puede tratar como una irregularidad menor la aparición de boletas que no muestran signos de haber pasado por la urna.

La salida no puede ser una explicación genérica. Se necesita un protocolo minucioso, público y auditable.

En conjunto, las tres decisiones no demuestran necesariamente que el INE haya dejado de ser imparcial. Pero sí debilitan la confianza en su neutralidad por cuatro razones.

El INE pretende ser un árbitro distante de los gobiernos y partidos, pero adopta un color asociado por algunos sectores con la administración capitalina y organiza el inicio del proceso con la presencia inédita de una secretaria de Gobernación.

Cada decisión, tomada aisladamente, puede tener una explicación administrativa o protocolaria. Juntas, producen una percepción política que el instituto debió prever.

Las críticas de consejeros como Martín Faz y Arturo Castillo muestran que no existe una lectura unánime dentro del propio Consejo General sobre temas cruciales. La deliberación interna es normal y necesaria, pero si el desacuerdo se centra en la certeza de los votos y en la equidad del proceso, la institución debe comunicar con mayor claridad las razones de sus decisiones.

Cuando las reglas electorales cambian antes de una elección y el nuevo criterio puede afectar la calificación de votos, cualquier ambigüedad se convierte en material para la desconfianza. La oposición sospecha una flexibilización indebida; el oficialismo puede acusar al INE de exagerar o politizar cuestiones técnicas.

El árbitro no puede depender de que cada actor interprete sus decisiones de buena fe. Debe demostrar, con documentos, procedimientos y controles, que las reglas son generales y no están diseñadas para beneficiar a nadie.

Una autoridad electoral no puede responder a cuestionamientos complejos con frases improvisadas o mensajes defensivos. El caso del color lila es ilustrativo: la frase “haber perdido el rosa” fue políticamente desafortunada porque reforzó, en lugar de disipar, la idea de que el INE está reaccionando a una disputa de identidades partidistas.

La comunicación del instituto debe ser técnica, sobria y anticipatoria. No basta con explicar una decisión después de que se convierte en polémica.

Guadalupe Taddei todavía puede corregir la ruta, pero necesitará algo más que defender las decisiones adoptadas. Debe recuperar la iniciativa institucional.

La conducción de Guadalupe Taddei enfrenta ahora una prueba institucional. No basta con afirmar que el organismo es autónomo ni con pedir que se confíe en sus decisiones. El INE debe demostrar su autonomía mediante procedimientos transparentes, reglas precisas, distancia respecto de los gobiernos y una comunicación mucho más sólida.

El proceso electoral de 2027 será demasiado grande y complejo para depender de explicaciones improvisadas. La renovación de 17 gubernaturas y 500 diputaciones exige un árbitro que no sólo actúe con imparcialidad, sino que haga imposible confundirlo con cualquier partido o gobierno.

Corregir el rumbo significa revisar lo que deba revisarse, explicar lo que pueda sostenerse y modificar lo que genere riesgos innecesarios. La confianza electoral no se decreta: se construye antes de la jornada, se protege durante los cómputos y se confirma cuando todos los actores aceptan que las reglas fueron claras y se aplicaron por igual.