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martes, 10 de noviembre de 2026

Articulista invitado Rubén Ricaño Escobar


 *El Ayuntamiento que no programa, improvisa*

_Por Rubén Ricaño Escobar_

Un Ayuntamiento puede tener aprobado su Plan Municipal de Desarrollo y, aun así, carecer de una ruta para atender sus responsabilidades más importantes. El plan dice hacia dónde quiere ir el gobierno; los programas precisan quién hará qué, con qué recursos, en qué plazo y cómo se sabrá si funcionó. Cuando faltan, la distancia entre los compromisos públicos y el trabajo cotidiano se llena de decisiones aisladas.

Pensemos en una administración que promete reducir los tiempos de atención a la ciudadanía, pero no ha identificado sus trámites más lentos. O que anuncia la recuperación de un río sin definir responsables, presupuesto ni metas. O que quiere ordenar sus archivos, pero desconoce qué documentos resguarda y dónde se encuentran. En los tres casos puede haber voluntad de actuar. Lo que falta es un instrumento que convierta esa voluntad en tareas coordinadas y resultados verificables.

Por eso los programas sectoriales, institucionales, anuales y especiales merecen mucha más atención de la que suelen recibir. Permiten desarrollar las prioridades del gobierno municipal en materias como salud, medio ambiente, igualdad, desarrollo urbano, agua potable o limpia pública. También ayudan a cada dependencia y organismo operador a organizar su trabajo y a rendir cuentas sobre él.

Pero no todos nacen de la misma fuente ni tienen la misma urgencia. Algunos se desprenden de las leyes de planeación y de los planes de desarrollo; otros responden a mandatos específicos. En México, por ejemplo, la Ley General de Archivos prevé un programa anual para los sujetos obligados que cuentan con un sistema institucional de archivos, así como un informe sobre su cumplimiento. La Ley General de Contabilidad Gubernamental exige publicar un programa anual de evaluaciones, metodologías e indicadores de desempeño.

A esas responsabilidades se añaden instrumentos que cobran especial relevancia. La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos establece la *Agenda de Simplificación y Digitalización de Trámites y Servicios*, destinada a identificar costos burocráticos, calendarizar acciones y darles seguimiento. Por su parte, la legislación en materia de asentamientos humanos atribuye a los municipios la formulación, aprobación y ejecución de planes o programas municipales de desarrollo urbano. La legislación ambiental contempla la formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección al ambiente.

La lista no termina ahí. Las necesidades de la población pueden exigir programas de salud, de atención a las mujeres, de prevención de riesgos o de fortalecimiento de servicios públicos. La obligación concreta, el nombre del instrumento y su procedimiento de aprobación deben revisarse conforme a las leyes aplicables en cada entidad federativa. Y cuando un problema relevante no cuenta todavía con un programa específico, el Ayuntamiento puede formular uno dentro de sus atribuciones. *Gobernar bien exige cumplir lo previsto por la ley y también reconocer lo que la realidad demanda*.

El número de programas puede parecer abrumador. La respuesta no es producir documentos en serie para llenar un archivo. Es establecer prioridades. Primero deben identificarse los instrumentos sujetos a una obligación expresa o a plazos determinados. Después, aquellos cuya ausencia afecta servicios esenciales, derechos de las personas o decisiones de gran impacto territorial. Finalmente, los que permiten atender proyectos estratégicos propios de cada municipio. Todos requieren seguimiento; algunos necesitan atención inmediata.

Contar con un programa tampoco significa simplemente tener un PDF firmado. Un instrumento útil parte de un diagnóstico, fija objetivos alcanzables, asigna responsabilidades, se vincula con el presupuesto y define indicadores y evidencias. Debe poder actualizarse cuando cambian las circunstancias. Si nadie lo conoce en las áreas encargadas de ejecutarlo, su aprobación habrá resuelto muy poco.

Esta exigencia tiene otra dimensión: la fiscalización. La cuenta pública no se limita a registrar cuánto se gastó. La Ley General de Contabilidad Gubernamental dispone que la información presupuestaria y programática se relacione con los objetivos de la planeación e incluya resultados de evaluación e indicadores para apreciar el cumplimiento de metas. Por ello, los programas y las pruebas de su ejecución ayudan a explicar *qué se hizo, por qué se hizo y qué se logró*. La ausencia de un documento no produce por sí sola la misma observación o sanción en todos los casos; eso depende de la obligación aplicable y de los hechos revisados. Pero una administración sin programas vigentes ni evidencia de seguimiento tendrá mayores dificultades para acreditar la lógica y los resultados de sus decisiones.

Conviene, entonces, que cada Ayuntamiento se haga una pregunta sencilla: *¿sabemos cuáles programas debemos tener, cuáles están vigentes, cuáles se aplican y cuáles faltan?* Responderla permite pasar de la acumulación de pendientes a una agenda de trabajo. También permite detectar si el personal necesita capacitación, si una dependencia requiere acompañamiento técnico o si algún programa debe elaborarse desde sus cimientos.

Los programas municipales son parte del andamiaje que permite cumplir la ley, coordinar a la administración y ofrecer mejores resultados a la sociedad. Su valor se mide cuando orientan decisiones, sobreviven al cambio de titulares y ayudan a corregir lo que no está funcionando. Un Ayuntamiento que conoce sus obligaciones y programa sus acciones está en mejores condiciones de gobernar y de responder por lo que hace.

_Rubén Ricaño Escobar es secretario general del Centro Municipalista para el Desarrollo (CMD-México) y Premio Nacional a la Excelencia Municipalista 2025_.

*Para profundizar en este tema*, el Centro Municipalista para el Desarrollo ofrecerá la Master Class gratuita «Programas municipales obligatorios: desarrollo, auditoría y buen gobierno», el miércoles 25 de noviembre a las 16:00 horas (centro de México). Revisaremos cómo identificar los programas que necesita un Ayuntamiento y cuáles conviene atender primero. Quienes asistan recibirán una guía básica gratuita. *Inscripción:* https://tinyurl.com/29rf4dl2

Articulista invitado Omar Zuñiga


DE PRIMERA MANO

 

Veracruz 2027, piso parejo

 

Por Omar Zúñiga

 

En Veracruz hay deportes que nunca pasan de moda, el beisbol, la futurología, la mentada al bache de cada cinco metros y cada tres años, la sospecha preventiva contra el árbitro electoral.

Antes de que se imprima la primera boleta ya hay quien jura que el partido está vendido, que el resultado está cocinado y que el silbato tiene dueño, es una tradición tan arraigada como el café de Coatepec, aunque bastante menos gratificante.

Por eso hay que detenerse en lo que se dijo el viernes 6 de noviembre, en la sesión solemne con la que el Consejo General del OPLE Veracruz dio inicio formal a la elección del 2027, del que saldrá la próxima Legislatura del Congreso del Estado.

Entre los discursos de rigor —y alguno que, como se contó aquí el domingo, dejó material de sobra para los memes— hubo uno que no buscó el aplauso fácil, sino trazar una raya en la cancha, el del secretario ejecutivo, Luis Fernando Reyes Rocha.

El mensaje cabe en una frase que debería enmarcarse en la oficina de cada dirigencia partidista, “el arbitraje electoral garantizará condiciones de equidad y un piso parejo para todos” y para que nadie se hiciera el desentendido, remató que las reglas del juego “se aplicarán con firmeza, sin distingos y con estricto apego a derecho”.

Traducido del lenguaje institucional al de banqueta, “aquí no hay hijos ni entenados”, ni para el partido en el poder (qe visto está no sabe ni leer), ni para la oposición que se siente perseguida de oficio, ni para el partido recién nacido que apenas está aprendiendo a usar el gafete.

Reyes Rocha no se quedó en el formulismo, llamó a la legalidad “nuestra brújula innegociable” y advirtió que no hay espacio para la arbitrariedad, pero el planteamiento más fino fue otro, “la legalidad técnica, dijo, no basta si no viene acompañada de legitimidad, y la legitimidad no se hereda; se construye día a día”.

Frase oportunísima en un estado donde más de uno cree que la legitimidad viene incluida con el apellido, con el cargo o con la foto junto a la gobernadora.

 

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Tampoco le sacó la vuelta al elefante en la sala, reconoció que la rendición de cuentas y la legitimidad de los árbitros electorales, tano el Federal como los locales, “se encuentran bajo el escrutinio más severo en toda su historia”.

No lo dijo al aire, hay que recordar las últimas semanas que han sido de alta tensión, la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE y la investigación de la Auditoría Superior de la Federación a proveedores del mismo INE y de los OPLE ligados al “amigo” de Taddei, José Alfredo Hernández Casillas.

Como se documentó en este espacio, el OPLE Veracruz no contrató a esas empresas desde 2023, y de ahí, qué casualidad, brotó la queja de remoción en su contra.

En Veracruz, ya se sabe, a veces el pecado no es contratar mal, sino no contratar a quien “había que contratar”.

De ese contexto se desprende el compromiso más incómodo para ciertos intereses, garantizarle a la ciudadanía que “no hay espacios de opacidad presupuestal” y que el organismo actúa con responsabilidad institucional absoluta.

A ello sumó la defensa de la autonomía frente a los poderes fácticos y los grupos de presión o políticos, la lista de “pretendientes” que quisieran un árbitro dócil es larga, y en temporada electoral suele crecer más rápido que las bardas pintadas.

Para que no quedara duda del manual, refrendó los principios rectores de la función electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.

Siete, como los pecados capitales, sólo que estos sí hay que practicarlos todos los días y el de máxima publicidad es el que más incomoda, un árbitro que enseña sus cuentas deja sin guión a quienes viven de la insidia.

 

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El mensaje a los contendientes fue igual de directo, pidió un proceso que no sea de “descalificaciones vacías”, sino de contraste real de ideas y de propuestas viables, con todas las voces de Veracruz escuchadas, de las comunidades indígenas a las zonas urbanas.

Y defendió el voto razonado, el sufragio, dijo, “no debe ser un acto mecánico ni condicionado”; quien todavía crea que una elección se gana con despensa, amenaza velada o tarjeta con logotipo, está leyendo un manual que el árbitro ya anunció que no piensa respetar.

Hubo además un recordatorio que muchos políticos prefieren olvidar, la legitimidad del sistema electoral mexicano no ha descansado en los partidos, sino en los ciudadanos que operan las elecciones.

Los funcionarios de casilla, los observadores, los vecinos que cuentan voto por voto, esa es, a fin de cuentas, la verdadera garantía de que habrá una boleta esperando a cada veracruzano, de las Altas Montañas a las llanuras costeras y de Pánuco a Las Choapas.

 

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Para documentar el optimismo…, nadie es tan ingenuo como para pensar que un buen discurso blinda por sí solo una elección, pero lo dicho el viernes es un compromiso público, y los compromisos públicos tienen fecha de examen, el 6 de junio de 2027.

Pero hay una diferencia entre el árbitro que llega a la cancha pidiendo perdón y el que llega con el reglamento en la mano.

Reyes Rocha mostró las tarjetas antes del silbatazo inicial, ahora toca ver qué equipo se quiere ir a los vestidores antes de tiempo… y a quién le va a echar la culpa.

 

¡Qué barbaridad!

deprimera.mano2020@gmail.com

 

Articulista invitado: Agustín Contreras Stein

Línea Política 10 de noviembre del 2026… Agustín Contreras Stein.

                     EL INCIERTO PANORAMA POLÍTICO DEL PAN

MIENTRAS EN EL PRI están pidiendo alianza política para el dos mil veintisiete, en el PAN, al parecer lo están pensando seriamente. Desde hace algunos meses, los panistas se han expresado de manera desinteresada para hacer unidad política con el PRI y esa actitud parece seguir siendo la misma en estos momentos de grandes definiciones. Ya está dicho que, sin la conformación de un bloque opositor, Morena, tendría todas las posibilidades de seguir manteniendo su mayoría, pero si los partidos políticos que se dicen opositores unen sus fuerzas políticas es posible que el partido político en el poder comience a sentir las primeras derrotas que serían desastrosas para su proyecto político de seguir siendo un partido con las definiciones en la mano tanto en el congreso local como federal. Por eso se considera que en este momento todavía es incierto el panorama político del Partido de Acción Nacional, porque es posible que no doble las manos para entrar en negociaciones con los principales partidos que quieren derrotar a Morena. Tal vez, por eso es que se ha dado permanentemente el llamado del partido tricolor, porque es preocupación para esta organización política como lo es para todos los partidos políticos que no van en coalición con el partido oficial. Para el veintisiete no está dicho nada, porque Morena, bien es sabido, tiene problemas internos y ya no goza de la unidad política que como partido político lo ha mantenido en el poder. También está atendo a lo que suceda en las casas de enfrente, porque sabe bien que cualquier decisión que tomen relacionada con la conformación del bloque político opositor, es el inicio, tal vez, de su propia debacle… AL PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO, lo primero que tiene que olvidar es su soberbia política. Es cierto que ha crecido considerablemente y que, en Veracruz, tiene, de alguna manera, una fuerza política conformada, principalmente por ser Dante Delgado Rannauro, quien la preside, pero en estos tiempos políticos no es suficiente el nombre y hasta cierto punto la capacidad política de un   gobernador que dejó sembrada buena semilla para el futuro, sino también tomar en cuenta la realidad que rodea a la propia organización política. Movimiento Ciudadano, también debe integrarse al bloque político opositor, porque tiene buenas cartas de presentación en el Estado de Veracruz, como a nivel nacional. Pero como hacíamos el comentario anterior, esto no es todo, porque se necesita, ahora más que nunca, que haya unidad política con los demás partidos políticos… NO SE PUEDE OLVIDAR QUE LOS COMICIOS DEL MES de junio del próximo año podrían ser la antesala de lo que se espera suceda en el dos mil treinta. Hablar del proceso electoral del año entrante es hablar, casi necesariamente de la sucesión presidencial y la gubernamental del Estado de Veracruz. El interés político está puesto para la sucesión presidencial, pero en el Estado de Veracruz, también es punto de referencia para los importantes cambios que representa la propia sucesión gubernamental, pues éste parece ser el propósito más sobresaliente para la política estatal, aunque, sin duda, la sucesión presidencial va emparejada con lo que suceda en Veracruz, pues hay que tener en cuenta que la decisión para Morena, para su futuro candidato vendría, casi necesariamente desde el altiplano, tomando en cuenta, de alguna manera, las propuestas que se generen a nivel estatal… SÍ, NECESARIAMENTE, LOS PROBLEMAS QUE SURGIERON en el Instituto Nacional Electoral, preocupan a todos, es decir, a los partidos políticos, a la propia presidencia de la república, a los Estados, a los organismos locales que se encargan de la organización de los comicios, porque con estos hechos habrá, sin duda, una mayor vigilancia sobre las estrategias que se utilicen para llevar a cabo las elecciones. También la propia ciudadanía está preocupada por lo que vendrá en el futuro inmediato, aunque, sin duda alguna, entre la sociedad hay también otra perspectiva de los resultados electorales, porque aseguran que una elección de Estado será mucho más difícil, aunque esto no quiere decir que no llegue a existir, solamente que, para quienes estaban preparando un nuevo fraude electoral por encargo, se están encontrando con barreras más complicadas para llevar a cabo su trabajo…

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Y MAÑANA, aquí nos encontraremos, si otra cosa no sucede.

 

Articulista invitado Carlos Miguel Acosta Bravo

 

IMPRONTA

Recorte al INE

Carlos Miguel Acosta Bravo

El recorte de hasta 11 mil millones de pesos al presupuesto del INE para 2027 no es un ajuste administrativo menor, es una reducción de capacidad institucional en el año en que México renovará 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, congresos locales y cientos de ayuntamientos. Si se suma el escándalo Taddei y el paro de trabajadores de los módulos, el riesgo no es solo logístico, es de legitimidad electoral.

El INE había solicitado 47,700 millones de pesos para 2027. Tras ajustes del Ejecutivo y de la Comisión de Presupuesto, la asignación quedó en 36,274 millones, una reducción de 23.9%.

De ese monto, 10,842.6 millones corresponden al financiamiento público de ocho partidos y candidaturas independientes. Eso deja aproximadamente 25,431 millones para la operación del INE y la organización de la elección, frente a los 31,431 millones que había solicitado para ese fin.

La reducción real para la organización electoral es de unos 6 mil millones de pesos. El INE deberá hacer con 11 mil millones lo que había planeado hacer con 17 mil millones para proyectos electorales, además de cubrir su gasto operativo anual de alrededor de 14 mil millones.

La elección de 2027 requerirá instalar más de 176 mil centros de votación, organizar capacitación, logística, boletas, credenciales, supervisión y cómputos. El recorte puede afectar directamente la contratación y capacitación de 51,714 capacitadores y supervisores electorales, cuya nómina representa 53.2% de una partida de 13,453 millones.

Esta también la impresión, resguardo y distribución de boletas y documentos electorales; el mantenimiento de módulos de atención ciudadana y expedición de credenciales que son necesarias para los comicios, y también se requiere actualización tecnológica, insumos operativos y logística de casillas; se requiere también brindar capacidad técnica y operativa de las juntas distritales y locales para supervisar procesos concurrentes.

El INE sostiene que la propuesta no pondrá en riesgo el ejercicio de sus funciones. Pero la contradicción es evidente, si el gasto operativo anual ya consume 14 mil millones, dejar 11 mil millones para proyectos electorales obliga a recortar actividades, personal o previsiones.

El recorte llega mientras trabajadores de los más de 800 módulos de atención ciudadana reclaman mejores salarios y condiciones laborales. Han convocado a un paro nacional para el 9 de noviembre, y el INE respondió con una propuesta de incremento salarial de 6% para el personal de nivel FA1 a partir de enero de 2027.

El riesgo es doble, retrasos en credencialización, si los módulos reducen horarios o suspenden servicios, se afecta la actualización del padrón y la expedición de credenciales para votar; y también se puede registrar la sobrecarga operativa, si el personal reduce horas o abandona el servicio, la preparación de la elección se complica.

El INE ha dicho que no habrá despidos ni suspensión de servicios, pero la tensión laboral persiste. Un paro prolongado podría generar retrasos en la actualización del padrón y en la logística electoral.

La elección de 2027 será una de las más grandes de la historia reciente, 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, 31 congresos locales y miles de cargos municipales. El recorte puede afectar la calidad de la organización en varios frentes. La  cobertura territorial: menos capacitadores y supervisores pueden significar menor presencia en zonas rurales o marginadas.

Menos presupuesto puede limitar la capacidad de resolver contingencias el día de la jornada y podría también afectar la  confianza ciudadana, si el INE aparece debilitado, la percepción de fragilidad institucional aumenta.

El recorte llega en medio del escándalo por presuntos vínculos de Guadalupe Taddei con proveedores del INE, específicamente con José Alfredo Hernández Casillas, y se encuentran incluidas empresas investigadas por la UIF y la ASF. La combinación de recorte presupuestal y crisis de confianza crea un escenario de doble presión.

El INE debe organizar una elección compleja con menos recursos, Debe demostrar transparencia en contrataciones mientras enfrenta señalamientos de corrupción. Debe contener el descontento laboral de su personal; Debe sostener la legitimidad de un proceso electoral en el que se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.

El riesgo es que la narrativa pública se concentre en la crisis interna del INE y no en la calidad de la elección. Eso puede alimentar cuestionamientos sobre la neutralidad del árbitro y la limpieza del proceso. La respuesta no puede ser solo recortar. Debe incluir mecanismos que protejan la capacidad operativa y la transparencia del INE.

Se debe también separar de manera clara el presupuesto diferenciado y separar claramente el financiamiento a partidos del gasto operativo y electoral. La auditoría externa debe someter a revisión independiente todas las contrataciones y proveedores cuestionados e informar de manera clara a la sociedad mexicana de sus resultados.

Es urgente atender la demanda  salarial, y establecer mejores condiciones y estabilidad del personal de módulos antes de que el paro escale, para no dar espacio a problemas sociales tan ampios como lo han significado las marchas de personal del IMSS, por incremento salarial y insumos para hospitales y democracia sindical.

El recorte al INE no es solo una decisión fiscal. Es una decisión política sobre la calidad de la democracia mexicana. Si el INE pierde capacidad operativa mientras enfrenta escándalos de corrupción y paros laborales, el riesgo no es solo logístico podría ser  de legitimidad electoral.

La pregunta que el país debe hacerse no es si el INE puede organizar una elección con menos dinero. Es si puede organizarla con confianza, transparencia y capacidad de respuesta. Si la respuesta es no, el costo será mayor que el ahorro presupuestal.

 

Articulista invitada Fanny Yepez


 La Columna

Por Fanny Yépez

10 de noviembre de 2026 

 

El PVEM ha sido omiso y apático en los casos de contaminación de Veracruz  

 

La marea roja en las playas de Tecolutla y la ampliación de la zona portuaria

Edgar Herrera y Marcelo Ruiz, hoy ignoran los votos de los pescadores

  

El Partido Verde Ecologista de México ha sido omiso sobre casos de contaminación que provocó que se registrara marea roja en 5 las playas del municipio de Tecolutla, tampoco se ha pronunciado sobre los daños al arrecife La Gallega, denunciado por las obras de ampliación de la zona portuaria.

 Pese a que su plataforma nominal se fundamenta en la ecología, defensora de la vida, el cuidado de la naturaleza, el desarrollo sustentable y la contención del deterioro ambiental.

 El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha mantenido un silencio cómplice y no ha emitido ningún pronunciamiento oficial, respecto a las recientes contingencias ambientales en el estado, incluyendo la marea roja y las denuncias de ecocidio por la Fase II de la ampliación de la zona portuaria de Veracruz.

 Su ausencia en las denuncias por daño ecológico en el Puerto es evidente, porque organizaciones ambientales, pescadores locales e incluso, figuras políticas de oposición, han denunciado formalmente ante la Profepa como sepultan el arrecife vivo La Gallega, bajo toneladas de roca debido a las obras del Rompeolas Oriente, en la zona norte del puerto.

 Mientras que los manifestantes acusan un daño irreversible a los ecosistemas marinos, el PVEM ha optado por desviar su agenda hacia la preparación de sus propuestas electorales y negociaciones de coalición, evitando confrontar las resoluciones de la Semarnat, dependencia federal que defendió la legalidad y los supuestos controles ambientales del proyecto portuario.

 A pesar de su agenda orientada a la protección del medio ambiente, la postura del partido ha sido cuestionada por colectivos civiles debido a la gravedad de los eventos reportados.

 Silencio ante la Marea Roja, sucede que, a inicios de noviembre de 2026, las autoridades sanitarias y la Secretaría de Salud de Veracruz, confirmaron una contingencia por marea roja en las costas de Tecolutla, ordenando el cierre inmediato de cinco playas, debido a riesgos respiratorios causados por biotoxinas marinas. Ningún liderazgo del PVEM se ha sumado a las exigencias de investigación exhaustiva sobre las causas antropogénicas de esta proliferación de microalgas.

 Concentración histórica de sitios contaminados y alertas, informes de organizaciones y medios señalan que, Veracruz concentra un porcentaje alto de sitios con riesgo o alerta ambiental en el país, incluyendo un listado de 14 proyectos en alerta, documentados por Greenpeace México y reportes de que la entidad aglutina una gran parte de los sitios con pasivos o contaminación acumulada. Veracruz concentra el 30% de sitios contaminados del país.

 La omisión del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ante problemáticas ambientales graves en Veracruz, como la devastación del arrecife La Gallega y los episodios de marea roja o contaminación costera, es atribuida por analistas y organizaciones civiles, a su dependencia y subordinación a la agenda del gobierno federal, priorizando sus alianzas políticas por encima de la causa ambiental.

 A continuación, se detallan los factores clave que explican esta postura:

 1. Alianza con el partido en el poder (Morena)

 El PVEM opera en coalición legislativa y política con el partido gobernante. Dado que las obras de ampliación del Puerto de Veracruz —las cuales afectan directamente al arrecife La Gallega con el vertido de rocas—, son ejecutadas directamente por la Secretaría de Marina (SEMAR) y coordinadas por dependencias federales (como ASIPONA Veracruz), pero el Partido Verde evita confrontar o denunciar abiertamente, proyectos prioritarios de infraestructura del Ejecutivo Federal.

 2. Contradicción institucional (La postura de SEMARNAT)

 La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), encabezada por el bloque oficialista del cual el PVEM forma parte, emitió autorizaciones condicionadas para continuar los trabajos del puerto, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia ordenó suspenderlos en 2022 para reevaluar integralmente el impacto ecológico. Recientemente, la SEMARNAT justificó las obras alegando que el proyecto "no contempla construir sobre el arrecife", una postura oficial que el PVEM asume de forma pasiva, ignorando las alertas de colectivos como Greenpeace que denuncian un ecocidio por la dispersión de sedimentos.

 3. Pragmatismo político e histórico

 Históricamente, diversas organizaciones ambientalistas e investigadores señalan que el PVEM utiliza la agenda ecologista únicamente, como una plataforma de marketing electoral para mantener su registro y financiamiento público. Su actuación suele enfocarse en iniciativas de menor impacto sistémico (como la prohibición de animales en circos o penas más altas a talamontes), esquivando disputas donde se involucren grandes intereses económicos y estatales, como la expansión portuaria de Veracruz o las fallas en el tratamiento de aguas, que derivan en fenómenos como la marea roja.

 El contraste con la oposición

 Mientras el PVEM guarda silencio, partidos de oposición y activistas independientes han abanderado el reclamo ciudadano. Organizaciones civiles de la Red del Corredor Arrecifal del Golfo de México, han promovido amparos y protestas pacíficas, evidenciando que la defensa del Sistema Arrecifal Veracruzano, ha quedado en manos de la sociedad civil organizada y no de las instituciones políticas, que se ostentan como ecologistas.

 El líder estatal del PVEM, Edgar Herrera Lendechy y el coordinador de la bancada en la legislatura estatal Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, han defraudado y decepcionado a muchos, sobre todo a las organizaciones ecologistas, porque han olvidado la parte importante donde se sustenta la mística de este instituto político, No dudamos que volverán con descaro a pedir el voto en las próximas elecciones intermedias, a todos los afectados, sobre todo a los pescadores

lunes, 9 de noviembre de 2026

Articulista invitado Tito Barquin


 *Entre las Barricas y Catas*


Por:

Turismólogo

Tito Barquín


*Vino vs Licor:*

Son categorías diferentes y características distintas, en su contenido alcohólico e ingredientes, desde su proceso de producción y elaboración siendo esto ultimo en distinguirse. Los Vinos generalmente son elaborados con uvas, pudiendo usar otras frutas.

*Productores:*

Hay más de 14 estados en México que producen miles de hectáreas de viñedos. Las copas de vino que se toma, representan el esfuerzo de quienes lo producen como un orgullo para el que lo disfruta.

*Artesanales:*

En el estado de Veracruz no hay industria a gran escala que  elabore Vino con uva de mesa. Pero si tenemos Vinos Artesanales con fábricas y productores tradicionales en: Veracruz, Xalapa, Coatepec, Xico, Mahuixtlán, San Andrés, Catemaco, Tantoyuca, San Rafael, Alto Lucero, Naolinco y otros. Donde lo elaboran con frutas de temporada, miel, frutos silvestres y algunas frutas dependiendo de la región.

*Tres maneras:*

La actividad turística el Enoturismo, consiste en visitar y conocer los viñedos, bodegas, barricas, museos, monumentos, catas, como también a conocer la cultura del vino en diferentes regiones del mundo, a esta actividad también se le puede decir: Enoturismo, Turismo Enológico o Turismo del Vino. 

*Celebración:*

Por iniciativa de la Red Europea de Ciudades del Vino, desde el año 2009 se festeja el "Día Mundial del Enoturismo" cada día 8 de Noviembre. La fecha de celebración simboliza la identidad, cultura, tradición, desarrollo económico y turístico en varias regiones del mundo, no confundir esta festividad con el día Internacional del Vino (25 de Mayo).

*Reciente:*

Si bien México no está dentro de los principales países vitivinícolas del mundo y no figura dentro de los destinos más importantes a nivel mundial, en cuanto al Enoturismo se refiere, es por ser reciente comparado con los países europeos o sudamericanos el desarrollo de esta modalidad de hacer turismo. 

*Empleos y Economía:*

Promover este atractivo acerca a miles de turistas, visitantes e interesados en conocer los lugares con viñedos, quienes generan empleos y derrama económica para la "Industria Sin Chimeneas".


Lic. Fco. Tito Barquín.

Asesor en:

Turismo y Promoción

Tourism & Promotion

Articulista invitado Antonio Lagunes Toral


 articulista invitado: Antonio Lagunes 


Para todos los veracruzanos y mexicanos: el Instituto Nacional Electoral no es propiedad de ningún gobierno, ningún partido ni grupo de poder; es el pilar fundamental de nuestra democracia, construido con años de trabajo para garantizar que cada voto sea respetado, cada ciudadano sea escuchado y cada proceso se desarrolle bajo la ley y la transparencia.


Hoy atravesamos una etapa de gran incertidumbre, después de los señalamientos graves sobre manejo de recursos y falta de rendición de cuentas que han debilitado la confianza que la sociedad había depositado en esta institución.


 La salida de su presidenta no es la solución definitiva: es solo el primer paso para sanear lo que se ha dañado. No basta con cambiar una persona al frente; hace falta revisar cada contrato, cada gasto, cada decisión que haya puesto en riesgo la autonomía y la credibilidad del organismo.


El INE existe para ser árbitro imparcial, no para favorecer intereses políticos o económicos. Sus consejeros y todo su personal deben responder solo ante la Constitución y ante el pueblo de México, no ante presiones externas ni compromisos con grupos influyentes. Aquí en Veracruz, sabemos bien lo que significa confiar en procesos limpios: cada elección es la voz de nuestras familias, de nuestros jóvenes, de quienes creen que se puede construir un futuro mejor con la fuerza de su sufragio.


No buscamos debilitar al Instituto: al contrario, buscamos fortalecerlo, renovarlo y devolverle la dignidad que le corresponde. Pedimos a las autoridades del Congreso de la Unión y a los nuevos consejeros que abran investigaciones claras y públicas, que fortalezcan la vigilancia sobre los recursos públicos y que establezcan reglas más estrictas para evitar que vuelvan a repetirse situaciones que lastiman la democracia.


Llamo a toda la ciudadanía a estar vigilantes: la confianza se construye poco a poco, pero se pierde en un instante. Defender la autonomía del INE es defender nuestra libertad, nuestro derecho a elegir y el futuro de las generaciones que vienen. Que quede claro: no permitiremos que nadie convierta nuestra máxima autoridad electoral en instrumento de beneficio propio. Por un INE fuerte, independiente y al servicio de todos los mexicanos. 


Información del Portal Voz Plural) Jesús Vásquez Pino.

Articulista invitado Miguel Valera Hernandez


CONTRASEÑAS

 

+ El 15 de noviembre recibe Congreso segundo informe de Rocío Nahle.

+ El sábado 28 de noviembre lo presentará en la Plaza Lerdo de Xalapa

+ El 17 de noviembre arrancan las comparecencias con Ricardo Ahued Bardahuil, encargado de la política interna.

 

Miguel Valera

 

Tiempos de informes, de evaluaciones, de comparecencias. El gobierno de Rocío Nahle García entregará el próximo domingo 15 de noviembre su segundo informe de trabajo al Congreso del Estado de Veracruz. Lo recibirá el presidente de la Mesa Directiva, diputado Luis Vicente Aguilar Castillo. Será, nos dicen, como siempre, una ceremonia austera, de protocolo.

 

Han pasado dos años desde que la mandataria veracruzana tomó las riendas del gobierno de Veracruz. La tarea no ha sido fácil. Ha tenido que atacar tres frentes: las críticas de grupos externos, que fueron desplazados por la 4T; los errores del pasado inmediato —lo que no se pudo consolidar en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez— y los problemas naturales de un estado de la dimensión de Veracruz, junto con las contingencias naturales que no tienen palabra.

 

Con todo ello y el carácter aguerrido que le caracteriza, la gobernadora ha dado batalla. No hay que olvidar que es la primera mujer que gobierna el Estado de Veracruz en toda su historia. Llegó empoderada, con una alta votación y con la experiencia de haber liderado la construcción de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, el gran proyecto energético del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. No fue nada fácil.

 

Con todo y las dificultades propias del encargo, la ingeniera Rocío Nahle García en diversas encuestas de opinión y evaluación ciudadana (como Rubrum y Arias Consultores), se ha ubicado consistentemente en el top 5 y top 10 de las y los gobernadores mejor evaluados de México, destacando en rubros como cercanía con la población, confianza y coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

 

Ha impulsado programas de apoyo social, entrega de insumos al campo, biofertilizantes, el Vivero Estatal de Cítricos en Martínez de la Torre y mejoras de mobiliario en hospitales de diversos municipios veracruzanos (como Cosamaloapan, Minatitlán y Ciudad Isla). Hay que anotar que tomó al toro por los cuernos en la campaña negra en contra del sistema de salud del país, recorriendo todos los hospitales, estatales y federales, asentados en territorio veracruzano, mostrando que sí había insumos médicos.

 

Su tarea, insistimos, no ha sido fácil, sobre todo porque se ha mantenido permanentemente en el escrutinio público —lo que no está mal en un gobierno democrático— y eso le ha permitido mantenerse doblemente alerta. Ha respondido a la crítica con resultados, con acciones inmediatas, como ha sucedido con los temas de inseguridad y la contingencia ambiental en el Golfo de México.

 

El sábado 28 de noviembre en la Plaza Lerdo de Xalapa, conoceremos los detalles de sus obras, acciones y resultados. A partir del martes 17 de noviembre, a las 10 horas, con la presencia del secretario de Gobierno Ricardo Ahued Bardahuil, sabremos de los detalles de cada dependencia. Ese mismo día, por la tarde, se presentará el secretario de Desarrollo Económico, Ernesto Pérez Astorga.

 

El miércoles 18, a las 10:00, tocará el turno a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), que preside Miguel Santiago Reyes Hernández y a las 17:00 horas, a la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad que encabeza Luis Arturo Santiago Martínez.

 

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés estará el jueves 19, a las 17:00 horas. El viernes 20 se presentarán por la mañana estará Cheva Cortés Pérez, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y por la tarde la secretaria de Medio Ambiente (SEDEMA, la ingeniera Luz María Zaleta Mendoza.

 

La secretaria de Educación, Raquel Bonilla Herrera comparecerá el lunes 23, a las 10:00, frente a la Comisión de Educación y Cultura. A las 17:00 horas, de este día, asistirá el secretario de Turismo, el orizabeño Igor Fidel Rojí López. El titular de SIOP, Leonardo Cornejo Serrano, se presentará el martes 24, a las 10:00 y ese mismo día, a las 17:00 horas estará la Contralora Bárbara Galindo Ramos.

 

El miércoles 25 estará el titular de SEDARPA, Rodrigo Calderón Salas, por la mañana y por la tarde la secretaria de Cultura, María Xóchitl Molina González. El originario de Puerto México, Rodolfo Bouzas Medina, titular de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) se presentará el jueves 26 a las 17:00 horas, ante la Comisión de Gobernación.

 

El viernes 27 cerrarán la Secretaría de Salud que preside la doctora Mariela Hernández García y la secretaria de Protección Civil, la doctora Guadalupe Osorno Maldonado.

 

A la gobernadora Rocío Nahle García le corresponderá el viernes 04 de diciembre, a las 12:00 horas. Serán días intensos de información pública, ya en vísperas de fiestas guadalupanas, de navidad y fin de año, en tiempos que corren de prisa. Tan tan.

 

@MValeraH

Articulista invitado Omar Zuñiga

DE PRIMERA MANO

 

Marisol, acoso institucional de la UV

 

*Dos años después de su salida, auditan su gestión

*Inhabilitación, el objetivo

*La “transparencia” de martincito el espurio

 

Por Omar Zúñiga

 

En agosto advertimos en este espacio que la auditoría a la Oficina del Abogado General de la Universidad Veracruzana llegaba diecinueve meses tarde y con dedicatoria.

Lo que entonces era una sospecha alimentada por el calendario, hoy tiene más piezas sobre la mesa, y ninguna la desmiente, la revisión avanza en lo oscuro, sus protagonistas se reúnen a puerta cerrada y, según ha trascendido en los pasillos universitarios, lo que se busca es un resultado muy concreto, inhabilitar a Marisol Luna Leal para que eventualmente no pueda aspirar ya no digamos a la Rectoría, sino a cualquier cargo dentro de la UV.

 

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Pero hay que repasar lo que se sabe, de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso esta columna, la Contraloría General de la UV inició la auditoría a finales de junio.

El periodo revisado va de enero de 2022 a marzo de 2026 e incluye las dos direcciones adscritas a la oficina: Asuntos Jurídicos y Normatividad; ese lapso no corresponde sólo a Marisol Luna, que dejó el cargo en noviembre de 2024,  abarca también la gestión de quien la relevó, Mónica Victoria Ruiz Balcázar.

Son dos administraciones bajo la lupa, pero en la conversación aparece un sólo nombre.

La pregunta se responde sola.

 

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Ante todo esto, Marisol hizo lo que haría cualquier persona con formación jurídica, preguntar; presentó ante la Contraloría una solicitud de información sobre diversos puntos de la auditoría.

La respuesta fue un portazo en la cara; el Comité de “Transparencia” de la UV, que preside el actual abogado general, Heroy Muñoz Gómez, y que completan la Defensora de los Derechos Universitarios y la titular de la Coordinación Universitaria de Transparencia (CUTAI), reservó la información ¡por cinco años!, el plazo máximo que permite la ley.

Detengamos un poco en este dato…, quien preside el órgano que decidió ocultar la información es el titular de la misma oficina que está siendo auditada.

Muñoz Gómez resolvió, en los hechos, que nadie conozca hasta 2031 qué se revisa de la dependencia que él encabeza, ni siquiera la exfuncionaria que podría resultar señalada.

Si eso no es un conflicto de interés, habrá que reescribir el concepto, y cinco años no es una cifra inocente, pues para entonces, la próxima sucesión en la Rectoría habrá quedado atrás.

 

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La información está reservada para la interesada, pero abierta para quienes despachan en la oficina auditada.

Porque mientras a la comunidad universitaria se le prohíbe saber, otros sí se informan; en días recientes, Muñoz Gómez y los dos directores de la oficina han acudido a la Contraloría a reuniones sobre “puntos” de la auditoría.

Así entiende la transparencia el rectorado de martincito el espurio, secreta para unos y a la carta para otros.

 

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Marisol no se ha quedado callada.

La doctora en Derecho integró un pliego que exige lo elemental en cualquier procedimiento, que se precise el objeto de la auditoría y el acto que la originó, quién la ordenó y con qué atribuciones, qué observaciones o informes preliminares existen y en qué calidad se le considera, si como auditada, testigo, informante o posible responsable.

Pregunta también si podrá presentar pruebas y aclaraciones antes de cualquier conclusión, si podrá acudir con asesor legal y si se levantarán actas de las reuniones.

Además demanda que cualquier reserva se funde y motive punto por punto, y que su solicitud no se desvíe al trámite de derechos ARCO como pretexto para no responder.

No es un desafío, es el mínimo de debido proceso que una institución de esta naturaleza le debe a cualquiera de sus integrantes.

 

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El propósito que se le atribuye a la auditoría tropieza con un problema serio, la ley; la Ley General de Responsabilidades Administrativas pone la carga de la prueba en la autoridad (artículo 135), que debe acreditar tanto la falta como la participación personal de quien resulte señalado.

Una falta no grave admite, como máximo, una inhabilitación de tres meses a un año (artículo 75), insuficiente para cerrarle el paso a una eventual aspiración; para una inhabilitación de largo alcance habría que imputar una falta grave, y esa no la resuelve la Contraloría universitaria por su cuenta, la decide un tribunal (artículos 3 y 78).

Y si alguien pensara en la vía penal, tendría que identificar un delito concreto, no una antipatía.

Dicho de otro modo, para llegar a donde quieren llegar, la Contraloría tendría que construir un expediente capaz de sostenerse fuera de los muros de la UV, ante jueces que no le deben el cargo al espurio y quizá esa sea la razón del sigilo.

Lo que se cocina a oscuras rara vez resiste la luz de un tribunal.

 

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Nada de esto ocurre en el vacío, lo hemos documentado en este espacio; por ejemplo el año sabático negado a Luna con el argumento de que fue “la 101” de 100 lugares; la auditoría ordenada diecinueve meses después de su renuncia, justo cuando se perfilaba como aspirante a la Rectoría; y, como telón de fondo, la impugnación que ella llevó hasta la Suprema Corte contra la legalidad de la designación de martincito el espurio.

A eso se suma un rectorado que, como hemos expuesto, se administra con lealtades por encima de méritos y silencios por encima de explicaciones.

La auditoría bajo llave es la pieza más reciente de una campaña de acoso institucional con un destinatario muy claro.

Si la Contraloría tiene algo, que lo muestre, si en la gestión de Marisol Luna, o en la de su sucesora, hubo irregularidades, la comunidad universitaria merece conocerlas con nombre, fecha, documento y norma, y no por filtraciones de pasillo.

Pero si lo que existe es un expediente a la medida para sacar a una aspirante de la contienda, entonces la reserva de cinco años no protege una auditoría, protege a quien la ordenó.

Cuando no hay nada que esconder, no hay nada que reservar.

 

¡Qué barbaridad!

deprimera.mano2020@gmail.com

 

Articulista invitado Jorge Ramón Rizzo


 Focus Group 

Cozumel, Veracruz y Manzanillo Bajo Amenaza

Por Jorge Ramón Rizzo*


Desde el Caribe hasta el Pacífico, pasando por el Golfo, las obras en los puertos de Cozumel, Veracruz y Manzanillo evidencian que el desarrollo económico frecuentemente colisiona con la preservación de ecosistemas marinos críticos e irremplazables. 


Nadie duda que las infraestructuras portuarias son los motores del comercio y el turismo en México; sin embargo, su expansión desmedida e irregular ha dejado profundas huellas ecológicas en los litorales del país. Particularmente por la falta de cumplimiento de los ordenamientos ambientales. Las denuncias de colectivos locales y las intervenciones legales de organizaciones como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) ponen de manifiesto la urgencia de reevaluar estos megaproyectos.


Empecemos por la ampliación del Puerto de Veracruz, que representa uno de los conflictos ambientales más graves del Golfo de México, llevando el caso incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).


Organizaciones ambientalistas en mi natal Veracruz, denuncian que las autorizaciones de impacto ambiental se han otorgado de manera fraccionada, ignorando el daño acumulativo y sistémico sobre todo el ecosistema marino veracruzano, que también genera destrucción de corales, así como la erosión de playas y humedales.


Las obras del nuevo rompeolas del puerto de Veracruz han alterado las corrientes litorales, cubriendo de sedimentos más de 70,000 metros cuadrados del arrecife Punta Gorda, un daño catalogado como irreversible por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que fue consultado por Focus Group para hacer posible ésta entrega.


La modificación de la hidrodinámica costera ha provocado la pérdida acelerada de espacios públicos playeros y el deterioro de humedales costeros esenciales. Los expertos me alertan sobre el daño irreversible que ello generaría, pues cada vez queda menos playa y cuando hay tormentas se meten las olas al boulevard de Veracruz, como se reporta en los noticarios y podcasts informativos.


El segundo caso al que me referiré en esta entrega es el de la Laguna de Cuyutlán, que se encuentra bajo amenaza por las obras en Manzanillo, ya que en Colima, se encuentra el que sin duda es el puerto comercial más importante del Pacífico, mismo que busca triplicar su capacidad mediante el megaproyecto denominado "Puerto Nuevo", desatando alarmas sociales y ecológicas en torno a la Laguna de Cuyutlán.


Las obras proyectadas implican la remoción de densas zonas de manglares protegidos, que actúan como sumideros de carbono y escudos vitales contra ciclones. A lo que se suma el dragado y la apertura del vaso lagunar al agua marina alteran la delicada mezcla de agua dulce y salada. Esto destruye las zonas de reproducción de peces, amenazando de colapso a la pesca ribereña y a la milenaria tradición salinera de la región.


La devastación del manglar, la opacidad y derrames de cruce de aguas, ha despertado a colectivos locales como "Salvemos Cuyutlán", que han denunciado el ingreso de maquinaria pesada sin manifiestos de impacto ambiental públicas y vigentes, sumado al riesgo histórico de manchas urbanas y derrames de hidrocarburos en las inmediaciones del recinto portuario. Una mezcla evidente de caos ecológico marítimo para esa parte del Pacífico mexicano.


El tercer caso motivo de este artículo es el de la Joya del Caribe mexicano: Cozumel, que es famoso mundialmente por la biodiversidad de sus sistemas coralinos, y que ha sufrido el impacto directo de la infraestructura dedicada a los cruceros. Al dragado constante necesario para abrir paso a los navíos de gran calado, se ha sumado la propuesta y construcción de nuevos muelles de cruceros, como el polémico cuarto muelle, que desató batallas legales debido al riesgo inminente sobre los arrecifes periféricos.


Al menos un par de especialistas que consulté me hicieron ver qué se está generando un debilitamiento de las barreras de coral, lo que hace que la isla pierda su defensa natural más importante contra el embate de huracanes, acelerando la erosión de sus playas blancas.


En síntesis: La pérdida de biodiversidad, el deterioro de las defensas climáticas naturales y el impacto en las comunidades locales exigen auditorías ambientales rigurosas, transparencia absoluta y el estricto cumplimiento de los tratados internacionales de protección costera. Los casos de Cozumel, Veracruz y Manzanillo demuestran que las obras portuarias en México no pueden seguir ejecutándose bajo criterios meramente comerciales. El progreso económico de un puerto no debe cimentarse sobre la muerte de sus ecosistemas y en ello Greenpeace y una decena de organizaciones se mantienen en pie de lucha y ojalá más comunicadores utilicemos nuestras respectivas tribunas para visibilizar esto. El planeta nos necesita.

*Periodista/Tlaxcala

Articulista invitado Carlos Miguel Acosta Bravo

 

IMPRONTA

Opacidad e impunidad

Carlos Miguel Acosta Bravo

La fiscalización municipal en Veracruz necesita pasar de la detección de irregularidades a la sanción efectiva, recuperación del dinero y prevención. Los casos de Chontla y El Higo muestran que el problema no es solo que la ASF encuentre observaciones, sino que los ayuntamientos puedan dejar de entregar registros, documentación y explicaciones sin consecuencias inmediatas.

En Chontla, la ASF observó 83 millones 314 mil 950.78 pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2025, porque el ayuntamiento no acreditó el destino de recursos federales y participaciones. No entregó registros contables y presupuestales ni documentación comprobatoria y justificativa.

A esto se suman señalamientos del ORFIS por presunto daño patrimonial en obras y servicios, que elevan el total de irregularidades a alrededor de 89 millones de pesos. Entre ellos figuran pagos en exceso por trabajos no ejecutados, una obra inconclusa y deficiencias constructivas en un camino rural.

En El Higo, la ASF dictaminó negativamente el manejo de 83 millones 547 mil 903 pesos, el 100% de los recursos federales transferidos y auditados. El municipio no presentó registros contables ni documentación para comprobar el destino del dinero proveniente de FAISMUN, FORTAMUN y Participaciones Federales.

El patrón es el mismo en ambos casos: falta de registros, falta de comprobantes y falta de respuesta ante la autoridad fiscalizadora. En El Higo, la ASF señaló que el ayuntamiento no emitió comentarios en las reuniones de auditoría.

Esto no es una falla menor de archivo. Es una falla de rendición de cuentas. Cuando un municipio no puede demostrar cómo gastó recursos públicos, la ciudadanía queda sin elementos para saber si el dinero se usó en obras, servicios o beneficios privados.

La respuesta no puede limitarse a más auditorías. Debe incluir mecanismos que impidan que la opacidad se convierta en impunidad; Publicar en línea, en formatos abiertos y actualizados, todos los contratos, órdenes de pago, facturas, expedientes de obra y listas de beneficiarios, se debe crear un tablero municipal de ejecución presupuestal, con montos, proveedores, avances físicos y financieros de obras.

Esta por demás exigir que toda obra pública tenga fotografías georreferenciadas, cronograma, presupuesto y evidencia de entrega y de manera particular deberán publicarse de forma automática los pagos realizados con fondos federales, sin esperar solicitudes de información, así como aplicar inhabilitación temporal a funcionarios que no entreguen documentación requerida por la ASF y deben establecerse multas proporcionales al monto no aclarado, no simbólicas.

Suspender preventivamente el acceso a nuevos recursos federales cuando exista incumplimiento reiterado así como turnar de inmediato a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción los casos con indicios de desvío, simulación o enriquecimiento ilícito.

Debe también garantizarse que las sanciones no dependan de la voluntad política del gobierno estatal o municipal, también podría crearse un fondo de recuperación de daños patrimoniales, administrado por el ORFIS y la ASF. Deben también embargarse bienes, cuentas y garantías de responsables cuando se compruebe daño patrimonial; Establecer plazos máximos para reintegro de recursos no justificados.

El ORFIS deberá publicar el monto recuperado, el responsable y el destino del dinero recuperado; podría también constituirse  consejos ciudadanos de vigilancia en cada municipio, con acceso a información y facultad de solicitar aclaraciones.

El caso del exalcalde Néstor Sosa Peña es especialmente sensible porque combina observaciones millonarias con la difusión pública de viajes a París y Jerusalén durante 2026. La imagen de un exfuncionario presumiendo viajes internacionales mientras su administración enfrenta señalamientos por falta de justificación de recursos públicos refuerza la percepción de impunidad.

No se trata de criminalizar los viajes ni de invadir la vida privada. Se trata de una cuestión de proporcionalidad y sensibilidad pública, cuando hay 89 millones de pesos sin aclarar, la ciudadanía espera sanciones a los posibles responsables, no exhibición de lujo.

El caso de El Higo revela una falla más estructural. El municipio no solo no justificó el gasto: tampoco respondió en las reuniones de auditoría. Esto sugiere que la falta de documentación no es un descuido aislado, sino una práctica de opacidad.

La ASF debe reforzar mecanismos de seguimiento para evitar que municipios como El Higo retrasen la entrega de cuentas públicas o evadan revisiones. La sanción debe ser proporcional al daño y a la resistencia a colaborar.

Veracruz acumula más de mil 80 millones de pesos pendientes de aclarar entre observaciones estatales y municipales. La magnitud del problema exige una respuesta institucional de fondo, no parches.

La agenda mínima debería incluir una  reforma al marco normativo para endurecer sanciones por opacidad y resistencia a la fiscalización; Creación de un sistema estatal de transparencia presupuestal en tiempo real; Fortalecimiento del ORFIS con recursos, personal y autonomía técnica y dientes, en donde también pueda sancionar a funcionarios involucrados o responsables. Una coordinación efectiva entre ASF, ORFIS, Fiscalía y Contraloría, aunado a la  participación ciudadana en la vigilancia del gasto público.

La fiscalización municipal no se fortalece con discursos. Se fortalece con sanciones, recuperación de recursos y transparencia verificable. Si Chontla y El Higo no enfrentan consecuencias reales, el mensaje será que la opacidad es tolerable.

La pregunta que Veracruz debe hacerse no es si la ASF puede detectar irregularidades. Es si el Estado puede convertirlas en justicia.