Articulista invitado Miguel Valera Hernandez

    CONTRASEÑAS

 

+ “Queremos la cabeza de Roly Domínguez Romero”: Eduardo de la Torre

+ Ahora anda de vacaciones en Estados Unidos, pero él es el líder del Cartel Inmobiliario en Xalapa.

+ El movimiento cada día crece más; se creará una Asociación Civil.

 

Escribe Miguel Valera

 

Al insistir en su llamado al Gobierno del Estado de Veracruz a involucrarse más en el desmantelamiento del “Cartel inmobiliario” en Xalapa y no sólo a tomar medidas paliativas como la detención de “charales”, el abogado Eduardo de la Torre Jaramillo —víctima de esta red que está despojando a familias de sus propiedades con medidas legaloides—, pide la cabeza del abogado Roly Domínguez Romero, pieza clave en esta intrincada red.

 

“Ahora anda de vacaciones en Estados Unidos, pero él es el líder del Cartel Inmobiliario en Xalapa; se pasea por todos lados, impunemente; se ríe de las víctimas; dice que nunca le van a hacer nada”, comenta el abogado y sociólogo quien ha sido legislador, consultor y académico, al comentar que ante la desatención que han tenido de las autoridades pretenden crear una Asociación Civil con todos los afectados.

 

Al referir que el concepto de “Cartel inmobiliario” no es nuevo, nos dice que en la Ciudad de México sólo en 2025 se llevaron a cabo 5 mil despojos y de 2022 a 2026 van 20 mil. “Este es un problema que se ha agudizado con los nuevos gobiernos de Morena en los últimos años”, refiere.

 

“Este concepto no es exclusivo de un grupo de abogados, sino que tienen vínculos con el poder político y sobre todo con la Fiscalía General del Estado y con el Tribunal Superior de Justicia del Estado”.

 

“Este grupo que hemos detectado en Xalapa, con Roly Domínguez Romero, sus tentáculos llegan a Alto Lucero, a Las Vigas, a Córdoba, Xalapa, Banderilla, Coatepec y por supuesto, déjame decirte porque he revisado muchos de los casos, son abogados mediocres, no saben de Derecho, tienen errores que ni siquiera un pasante los pudiera tener”.

 

“Subcontratan abogados con experiencia en los juicios porque saben que ellos no pueden ganar un juicio por sí mismos, por su falta de experiencia y por su falta de conocimiento que es fundamental”.

 

“En su nómina tienen policías municipales, policías estatales y han sobornado hasta la Marina cuando han ido a desalojar ranchos fundamentalmente, fiscales, jueces, tienen agencias inmobiliarias y es toda una familia”, indica.

 

“El papá tiene las camionetas de uno de los abogados que es el que extrae las cosas de las casas, tienen cerrajeros también contratados por ellos, y tienen toda una sofisticación de un sistema de complicidades que el gobierno lo ha tolerado. Acaban de detener a un abogado integrante de este Cartel inmobiliario, pero es un charal. Nosotros queremos la cabeza, a Roly Domínguez Romero”, insiste.

 

“Tomando la cabeza esto inmediatamente cae”, asienta. “No es como el narco que surge otro cabecilla. Yo creo que con eso se desintegra y eso es en lo que no se ha focalizado en particular la Fiscalía. Hay infinidad de denuncias en contra de ese personaje y no ha actuado. Es el problema que observamos”.

 

Al preguntarle sobre las mesas de atención que planteó la propia gobernadora Rocío Nahle García, quien mostró mucho interés en atender estas denuncias, Eduardo de la Torre Jaramillo comenta que hace unos 18 días se sostuvo una mesa de trabajo. Desde ahí, los siguientes encuentros se han venido cancelando por motivo de agenda del gobierno.

 

Reconoce también que ya han visto actuaciones “en contra de Notarios en Córdoba, pero tienen que actuar más en distintas áreas”. “Por supuesto que son los Notarios —refiere enfático—, este grupo que es intocable por parte de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia”.

 

“Además, déjame darte un dato. El punto nodal de esto es que cuando tú te comparas con los estados de la República, Veracruz está en el lugar 31 en modernización del Registro Público y en Catastro estamos en el lugar 30”.

 

“Los primeros lugares los tiene Nuevo León, Querétaro, que paradójicamente son gobierno de oposición, uno de MC y uno del PAN, y yo cuando estuve en el Registro Público me encontré a una persona que me dijo: yo vengo desde Reynosa, gasto y además tengo que dar una lana aquí en el en el Registro para que me puedan agilizar las cosas”.

 

“Este retraso en la modernización, ¿qué posibilita? Que puedan insertar contratos de compra-venta falsos, porque además el déficit que tenemos en las zonas registrales es que ya no tienes trabajadores de base, sino meritorios, en los que están ahí un mes, dos meses, y son jóvenes que puedes decirle, entras en experiencia, entra la corrupción, inserta este este contrato de compra venta”.

 

—Entonces el modus operandi no es improvisado.

 

—No, no, no, el modus operandi es con un pagaré falso, con contratos falsos de compra-venta, contratos falsos de arrendamiento, como fue el caso de mis familiares”.

 

“Yo estoy identificando esos tres casos del modus operandi de esas personas, y entre ellos, como son familiares, van, desalojan, meten por una vía civilizada dicen que van a meter un velador, ¿no? O alguien que cuide la casa, y es ahí cuando empieza el despojo, porque cuando jurídicamente se enfrenta la posesión que tiene la persona frente a que dices que eres propietario, solamente tienes expectativa de Derecho, si es un conflicto severo jurídicamente entre la posesión y la propiedad”.

 

—¿Entonces te has involucrado en este tema también como víctima?

 

—“Sí, ya interpuse una denuncia ante la Fiscalía por robo, allanamiento de morada, pero la voy a ampliar, por supuesto, a despojo y a daños también. Esa es la ruta que vamos a seguir”.

 

—¿Cuál sería el llamado insistente a las autoridades?

 

“El llamado para el Gobierno del Estado es que, si pretenden desalentar un movimiento, posponiendo reuniones, pues el movimiento cada día crece”.

 

“A mí me están contactando de muchas partes del estado, porque sí quiero hacer una separación: una cosa es un conflicto entre particulares o entre familiares por un bien inmueble, en el cual no nos vamos a meter y no lo vamos a tomar ninguno de esos casos, sino única y exclusivamente los que estén vinculados a un cartel inmobiliario, como es el de Xalapa y todo el impacto que tienen más de veinticinco municipios alrededor de Xalapa”.

 

“Y puede haber otros en la zona de Tuxpan, en la zona de Coatepec, en la zona de Coatzacoalcos, Minatitlán”.

 

En todos estos casos, indica, “están señalados grupos coyotes, porque ni siquiera les puedo llamar abogados, no tienen esa calidad ni ética ni formativa diría yo jurídicamente. Todos ellos si no tuvieran estas conexiones con la Fiscalía y con el Tribunal Supremo de Justicia a través de estos fiscales y estos jueces este grupo no hubiese tenido el impacto y el enriquecimiento ilícito que han tenido”.

 

Eduardo de la Torre Jaramillo concluye comentando que “este es un problema nacional severo”. Insiste en que el Gobierno del Estado de Veracruz tiene que actuar y si quiere acabar de una vez por todo con esto y ponerse una estrella tiene que modernizar el Registro Público y crear un “semáforo de alerta” para este tipo de desalojos que son ilegales.

 

Tan tan.

 

@MValeraH

Articulista invitado Jorge Ramón Rizzo

    Focus Group 

'Topo Chico' en el Top-5 del SAT 

   Por Jorge Ramón Rizzo*

Los acuerdos reparatorios en materia fiscal funcionan como un mecanismo legal para resolver delitos fiscales mediante el pago total del daño económico, evitando que el contribuyente vaya a juicio o a prisión. "The Coca-Cola Company" acaba de someterse a esta ruta ante el SAT y estará pagando 2 mil 593 millones de pesos, por deudas de su marca 'Topo Chico'.

Resulta que 'Topo Chico' debía más de 2 mil 500 millones de pesos por un adeudo fiscal derivado de impuestos no pagados y una investigación por presunta defraudación fiscal al Estado mexicano. Y la empresa embotelladora saldará esta cuenta mediante un acuerdo reparatorio.

Estos acuerdos, se fundamentan en el Código Nacional de Procedimientos Penales y operan coordinadamente para que cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o el SAT detecten una irregularidad, como lo es la defraudación fiscal, el o los contribuyentes se acojan a esta vía.

Porque, de acuerdo con abogados consultados por 'Focus Group', al tratarse de delitos patrimoniales sin violencia, la SHCP interpone una querella ante la Fiscalía General de la República, y ya con el contribuyente investigado, se sientan a negociar de forma voluntaria, para calcular los impuestos omitidos, actualizaciones, recargos y multas generadas.

Un Órgano Especializado de la FGR interviene como mediador neutral entre ambas partes y firman un convenio detallando los montos y los plazos de pago. El Ministerio Público o un Juez de Control deben aprobar legalmente el acuerdo, para que la autoridad valide que el pacto no sea desproporcionado y que se haya negociado libremente.

Una vez liquidada la deuda, en una sola emisión o en parcialidades, se dicta la extinción de la acción penal y el caso se cierra definitivamente, el expediente se archiva y no quedan antecedentes penales.

Con este convenio, 'Topo Chico' alcanza el quinto acuerdo económico con el SAT más voluminoso en los últimos años, superando a IBM de México, que liquidó un adeudo de 669 millones de pesos, también bajo un esquema coordinado de corrección fiscal.

Pero queda por debajo de Grupo Salinas con 74 mil millones de pesos que es el primer lugar; seguido por Oxxo con 8,790 millones; en tercer sitio sigue América Móvil con 8,290 millones; y Walmart de México con 8,079 millones de pesos, ocupando el cuarto lugar.

De esta forma, 'Topo Chico' entra al Top-5 y estará pagando 2 mil 593 millones de pesos al SAT. Ya que ante la inminencia de un juicio penal que pondría en riesgo la reputación de la marca y la libertad de sus directivos, la empresa optó por acogerse a los esquemas alternativos de resolución y evitar el escándalo en sus plantas de Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala, Morelos y Veracruz, donde se concentra la mayor producción del embotellado de 'Topo Chico'.

Porque tras visitar las 73 plantas embotelladoras distribuidas a lo largo y ancho de todo México, se llegó a la detección de irregularidades y ante las omisiones en obligaciones tributarias de la empresa, se gestaron investigaciones desde el año 2023 por la Procuraduría Fiscal de la Federación y se dió vista a la propia FGR. 

Este hecho, impacta positivamente en las Finanzas Públicas con el ingreso directo de 2,593.9 millones de pesos al patrimonio del Estado mexicano y muestra una especie de refrendo a la estrategia fiscal recaudatoria de Claudia Sheinbaum, al incentivar el cobro coactivo mediante vías alternas de justicia.

Mientras Hacienda reitera su compromiso con la aplicación equitativa de las leyes tributarias, el cierre definitivo de la investigación federal contra la embotelladora, deja en el mercado mexicano la imágen de cómo el agua mineral más famosa del norte del país tuvo que pagar una multimillonaria factura para mantener sus burbujas en completa paz legal y sin el descrédito que le generaría ser evasor de impuestos en México.

* Periodista/Tlaxcala

Articulista invitado Carlos Miguel Acosta Bravo

    IMPRONTA

Ley Alberto

Escribe Carlos Miguel Acosta Bravo

Las denuncias por presuntos abusos o conductas inapropiadas dentro de las escuelas representan uno de los mayores desafíos para cualquier sistema educativo. No solo porque involucran a niñas, niños y adolescentes, cuya protección debe ser una prioridad absoluta, sino porque también ponen a prueba la capacidad de las instituciones para respetar otro principio esencial de cualquier Estado de derecho: la presunción de inocencia.

En los últimos años, diversos casos han abierto un debate necesario sobre el equilibrio que debe existir entre proteger a quienes denuncian y garantizar un proceso justo para quienes son señalados. El caso del profesor Alberto Israel Jasso, docente del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, reavivó esta discusión tras su fallecimiento. Más allá de las circunstancias específicas del caso —que deberán entenderse con base en los hechos oficialmente acreditados—, dejó una pregunta de fondo: ¿están preparadas nuestras instituciones para proteger a todas las personas involucradas en una denuncia?

La respuesta, hoy por hoy, parece ser que no.

Con frecuencia, cuando surge un señalamiento, la reacción inmediata proviene de la presión social, de las redes sociales o incluso de comunicados institucionales que, sin proponérselo, terminan anticipando culpabilidades. Del otro lado, también existen víctimas que durante años han guardado silencio por miedo a no ser escuchadas o a sufrir represalias. Ambas realidades conviven y ambas requieren atención.

El error consiste en pensar que proteger a un alumno implica necesariamente vulnerar los derechos de un maestro, o que defender la presunción de inocencia significa desacreditar a quien denuncia. En realidad, un sistema de justicia sólido debe ser capaz de hacer ambas cosas al mismo tiempo.

Por ello, las escuelas necesitan protocolos claros que se activen desde el primer momento. Cuando exista una denuncia, la prioridad debe ser garantizar la seguridad del estudiante, separar preventivamente el contacto entre las partes si el riesgo lo amerita y dar vista inmediata a las autoridades competentes. Esa separación cautelar no debe entenderse como un castigo, sino como una medida de protección mientras se investigan los hechos.

Igualmente importante es que las investigaciones no recaigan exclusivamente en directivos escolares, quienes muchas veces carecen de preparación jurídica o pericial para atender hechos que podrían constituir delitos. Estos casos requieren unidades especializadas, ministerios públicos capacitados, psicólogos forenses y personal con experiencia en atención a víctimas.

Otro aspecto indispensable es fortalecer la presunción de inocencia. Aunque este derecho está reconocido en la Constitución, en la práctica suele desaparecer cuando la presión pública crece. Sería conveniente establecer reglas que impidan a las autoridades educativas presentar públicamente a una persona como culpable antes de que exista una resolución, así como proteger la identidad tanto del denunciante como del denunciado durante las investigaciones.

También resulta urgente combatir los llamados "juicios paralelos". La difusión de nombres, fotografías o versiones parciales en redes sociales puede destruir reputaciones en cuestión de horas, aun cuando posteriormente una investigación determine que no existían elementos suficientes para acreditar una responsabilidad. El daño personal, profesional y familiar muchas veces resulta irreversible.

Al mismo tiempo, tampoco debe olvidarse que muchas víctimas enfrentan enormes obstáculos para denunciar. Por ello, cualquier reforma debe garantizar atención psicológica inmediata, asesoría jurídica gratuita y mecanismos eficaces que impidan represalias. La protección de quienes denuncian fortalece la confianza en las instituciones y favorece que los hechos sean investigados oportunamente.

Del otro lado, los docentes también requieren garantías mínimas. Contar con un defensor especializado, acceso inmediato al expediente, acompañamiento psicológico y procesos con plazos razonables evitaría que investigaciones prolongadas durante meses o años se conviertan en una condena anticipada.

México podría avanzar mediante una Ley Nacional para la Atención de Denuncias en Instituciones Educativas, que establezca procedimientos uniformes en todo el país y coloque en el mismo nivel principios como el interés superior de la niñez, la presunción de inocencia, el debido proceso, la confidencialidad, la protección contra represalias y el derecho a la reparación del daño cuando corresponda.

Otro punto delicado es el tratamiento de las denuncias falsas. Es importante distinguir que una denuncia que no logra acreditarse no equivale automáticamente a una denuncia falsa. Solo cuando una autoridad determine, con pruebas suficientes, que existió una acusación deliberadamente falsa deberían aplicarse responsabilidades civiles o penales, evitando al mismo tiempo generar un efecto que inhiba a víctimas reales de denunciar.

El verdadero reto no consiste en elegir entre proteger a los alumnos o defender a los maestros. Esa es una falsa disyuntiva. Un sistema democrático debe ser capaz de proteger a quien denuncia, investigar con rapidez e imparcialidad, brindar apoyo psicológico a todas las personas involucradas y garantizar que nadie sea condenado por la presión mediática o social antes de que una autoridad determine la verdad de los hechos.

Solo cuando las instituciones logren equilibrar ambos derechos podremos afirmar que la justicia educativa protege verdaderamente a las personas y no únicamente a las circunstancias.

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cacostabravo@yahoo.com.mx

Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte  del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.

 

 

Articulista invitado: Agustín Contreras Stein

 

Línea Política 24 de julio del 2026…   Agustín Contreras Stein.

                      DICE NAHLE, NO ME VOY DE VERACRUZ

SI MAL NO RECORDAMOS fue en estos espacios de esta columna política, donde mencionamos que la gobernadora del Estado Norma Rocío Nahle García, podría integrarse al gabinete federal, una vez que cumpliera los dos años de gobierno en la entidad veracruzana. Nadie, que se sepa hasta ahora, la estaba corriendo. Más bien el comentario surgió de ciertos comentarios que circularon en torno a su presencia política en la federación, pues las constantes visitas de la presidente a Veracruz, así como cierta afinidad política que existe entre las dos damas, ahora con enormes responsabilidades en sus respectivos ámbitos de competencia y la confianza que, al parecer le tiene la mandataria nacional a la gobernadora del Estado, puso en evidencia que Rocío Nahle García, podría irse a dirigir los destinos de la paraestatal Petróleos Mexicanos. Es más, dejamos el comentario pendiente, porque si esto sucedía, sería hasta el mes de diciembre, cuando la mandataria veracruzana, cumpliera la tercera parte de su administración, lo que evitaría que en el Estado se convocara a elecciones extraordinarias para elegir a un nuevo gobernador o gobernadora, en su caso. En razón de lo anterior fuimos claros en el sentido de que el secretario de gobierno Ricardo Ahued Bardahuill, tendría la posibilidad inmediata en colocarse como preferencial para encabezar el poder ejecutivo, terminando el gobierno que corresponde a este sexenio, considerando el alto grado de lealtad que el ex presidente municipal de Xalapa, siempre ha manifestado por la gobernadora Nahle, independientemente del perfil que tiene Ahued, para ocupar esta enorme responsabilidad. Hasta ahí, nos parece que quedó el comentario. Ahora, se retoma el asunto y la gobernadora da su respuesta diciendo que no se va de Veracruz, que terminará su mandato, porque es necesario hacer todo lo posible por esta entidad. Todo queda aclarado de la mejor manera, salvo los imponderables que siempre están activos y buscando la manera de acomodarse. Sí, a la gobernadora del Estado, se le olvida o quizá lo sabe bien, pero no quiso tocar el tema que en política nada está escrito y que muchas veces no depende de sí misma terminar como gobernadora o como directora de Pemex, sino de lo que diga u ordene la que manda a nivel nacional, pues está claro también que en este sistema político, como en el de antes, nadie le puede decir que no a la presidente, de tal manera que si la invitación llega a palacio de gobierno, ni modo de decirle a la mandataria nacional que tal puesto no le interesa y que prefiere quedarse en lo que hace en este momento. No habría problema en que así sucediera, pero seguramente que la carrera política, tendría un final anticipado y sin tener, desde luego, la posibilidad de verse reflejada en la sucesión presidencial, por si acaso. Así es que habrá que esperar para después del primero de diciembre de este año, cuando, de verdad, las declaraciones de ahora de la propia gobernadora, cobren especial vigencia… YA SE CUMPLIERON VEINTISIETE JORNADAS del día del Pueblo, que ofrece semanalmente el ayuntamiento de Xalapa. Durante estos encuentros con la ciudadanía, las autoridades encabezadas por la presidente municipal Daniela Griego Ceballos, ha recibido innumerables peticiones para el mejoramiento social de los habitantes de la ciudad capital. En cada una de estas jornadas se toman en cuenta las gestiones ciudadanas para pavimentar, electrificar, dotar de agua potable y de canalización de aguas residuales y de lluvia, así como atendiendo los problemas que surgen todos los días en el quehacer cotidiano de Xalapa y de las congregaciones que forman parte del mismo. Se han dado resultados importantes, porque con esta forma de gobierno conjunto, tanto autoridades municipales como ciudadanos, están en contacto permanente y por lo tanto permite que haya seguimiento puntual a las obras que se realizan… HAY QUE RECORDARLE AL PRI, QUE CAMARÓN que se duerme, se lo lleva la corriente. En este sentido podemos comentar que la dirigencia estatal, encabezada, por cierto, por Adolfo Ramírez Arana, sí se está durmiendo y que allá afuera hay inusitado movimiento político del partido político en el poder y de las organizaciones que, supuestamente, se atribuyen ser oposicionistas. Si el tricolor quiere o desea mantenerse vigente cuando menos con el registro en la mano y así tener acceso a las prerrogativas, que, en todo caso, es lo que les interesa a los que ahora tienen secuestrado al partido, tiene que salir a la calle y seguir apostando a su posible capital político. La mayor parte de los militantes y operadores políticos que sostuvieron a esta organización política por muchas décadas, ya se fueron y es tiempo de renovar el parque operativo y seguir caminando por calles y veredas para ganarse unos cuantos votos que, en esta época son necesarios para los propios intereses de los políticos que aún se encuentran encarnados dentro de la estructura política del PRI estatal… LA MAYORÍA DE LOS MEXICANOS QUE ESTÁN recibiendo apoyos de los programas sociales del gobierno, están en su derecho de votar por quien quieran, pero no se les debe olvidar que los recursos destinados a estos programas son provenientes de todos los que pagan sus impuestos y que son beneficios que ya se encuentran protegidos constitucionalmente. Se aclara lo anterior, porque el gobierno no lo dice de esta manera y por lo tanto, no hay información clara y precisa, sobre todo, para los efectos electorales que vienen el próximo año… SE SIGUE CONSIDERANDO QUE A LA GOBERNADORA del Estado, Norma Rocío Nahle García, le siguen dejando todo el peso del gobierno y de la administración pública que corresponde a este Estado, pues los únicos funcionarios estatales que salen a dar la cara cuando los problemas se presentan, son, sin duda, el secretario de gobierno, Ricardo Ahued Bardahuill, y desde luego, el subsecretario José Manuel Pozos Castro, que se ha convertido en el bombero político que tiene que apagar fuegos políticos que surgen en todo el territorio estatal. Ambos personajes, se sabe, llevan parte de la carga que significa gobernar a la entidad veracruzana. Del resto de los funcionarios que integran el equipo de colaboradores, no se sabe nada, sobre todo, cuando es necesaria su intervención en los asuntos generales de la administración estatal… POR CIERTO QUE UNO DE LOS POLÍTICOS que goza de la confianza de la gobernadora del Estado, es, sin duda, el presidente de la junta de coordinación política del congreso local, quien, sin sometimiento del poder ejecutivo, colabora para solucionar diversos problemas que se presentan en el ámbito político de Veracruz.

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Y EL LUNES, aquí nos encontraremos, si otra cosa no sucede.

El Otro Café Politico...

    El Otro Café Político 

Por Jesús Vásquez Pino 

Desaprovechado el entorno turístico de Veracruz!!! 

Mientras Acapulco, Puerto Vallarta, Guanajuato y otras bellas ciudades tienen excelentes ganancias en materia de turismo, Veracruz no avanza siguen el rezago, no se aprovechan los escenarios naturales así como la cultura sin promoción alguna. 

Tenemos playas de Costa Esmeralda, así como la zona de Papantla con el Tajín, como en Cempoala y otros lugares que deberían estar como destino nacional. 

Los Alcaldes de los municipios no tienen ganas de ganar dinero en materia de turismo, están dormidos no se refleja nada. 

Mientras estamos en el período vocacional de verano, se desaprovechan la zona de Los Tuxtlas con sus bellas playas, la naturaleza y el entorno que siempre en otros países sí se sabe aprovechar, pero en Veracruz no hay promoción turística, ni publicidad alguna, tenemos un secretario dormido, sumiso a lo que le ordenen. 

Es una pena tan bello Veracruz por donde se le quiera ver al norte al centro al sur y el turismo no aterriza las carreteras siguen el mal aspecto, pero más vergüenza que ningún Alcalde promueve su pueblo en ésta fecha vacacional. 

Debemos de aprender en la promoción del turismo nacional, dónde Veracruz destaque y se aproveche lo que tenemos, porqué las zonas arqueológicas ahí están, las playas frente a todos, pero sobre todo la selva de Los Tuxtlas en el olvido. 

Recordar, que inclusive el Presidente Ernesto Zedillo viajaba a los rápidos y balsas para disfrutar su bicicleta en la región del Jalcomulco, ésos escenarios ahora están abandonados ya nadie se acuerda de eso. 

El ex gobernador don Agustín Acosta lagunes se relajaba en las aguas termales de Carrizal. 

El ex gobernador Rafael Hernández Ochoa en la región de Vega de la Torre a caballo disfrutando los escenarios naturales. 

Pongamos entonces atención a la explotación del turístico en los marcos que la naturaleza nos permite y obtener buenas ganancias para Veracruz, los empresarios necesitan estímulos económicos, pero más que el gobierno tenga un secretario del ramo más responsable que no sea indiferente. Es cuanto.

 

Articulista invitado Carlos Miguel Acosta Bravo

     IMPRONTA

Ricardo Salinas Pliego, cuando el adversario también se convierte en protagonista

Carlos Miguel Acosta Bravo

En política existe una máxima que rara vez falla, los gobiernos eligen a sus adversarios, pero muchas veces también contribuyen a construirlos. La confrontación permanente entre el gobierno federal y el empresario Ricardo Salinas Pliego parece encaminarse precisamente hacia ese escenario, donde ambas partes encuentran incentivos para mantener vivo un conflicto que trasciende los tribunales y se traslada al terreno de la opinión pública.

Lo que comenzó como una disputa derivada de litigios fiscales y diferencias sobre el papel del Estado en la economía ha evolucionado hacia una confrontación política de alto perfil. Salinas Pliego dejó hace tiempo de ser únicamente uno de los empresarios más importantes del país para convertirse en un actor que influye en la conversación pública, particularmente entre sectores que cuestionan el proyecto político de Morena.

Paradójicamente, parte de ese crecimiento no proviene únicamente de su capacidad de comunicación, sino también de la atención que recibe desde el propio gobierno. Cada vez que su nombre aparece en las conferencias matutinas, en declaraciones de dirigentes morenistas o en campañas digitales impulsadas por simpatizantes del oficialismo, su presencia pública aumenta. La historia política demuestra que convertir a una persona en antagonista permanente suele otorgarle una visibilidad que difícilmente habría alcanzado por otros medios.

Sin embargo, notoriedad y respaldo ciudadano no son conceptos equivalentes. Ricardo Salinas Pliego puede convertirse en uno de los personajes más conocidos del país sin que ello implique un crecimiento proporcional de su aceptación. La exposición pública amplifica tanto las simpatías como los rechazos, y en su caso ambos parecen avanzar al mismo tiempo.

El mayor obstáculo para ampliar su influencia política se encuentra en el electorado que constituye la base más sólida de Morena. Declaraciones como aquella en la que planteó restringir el derecho al voto a beneficiarios de programas sociales fueron interpretadas por amplios sectores como una postura contraria al principio constitucional del sufragio universal. Más allá de las explicaciones posteriores o del contexto en que fueron emitidas, ese episodio dejó un argumento político que el oficialismo puede utilizar para reforzar una narrativa que le ha resultado efectiva desde 2018. Presentar la disputa como un enfrentamiento entre las élites económicas y los sectores populares.

En ese sentido, es difícil imaginar que Salinas Pliego logre penetrar significativamente en el llamado voto duro de Morena. No porque sus planteamientos económicos carezcan de respaldo entre algunos ciudadanos, sino porque determinadas declaraciones fortalecen una percepción negativa ya instalada entre buena parte de ese electorado.

Distinto es el panorama entre las clases medias urbanas, empresarios, profesionistas, emprendedores y ciudadanos que defienden una economía con menor intervención estatal. En esos sectores existe un espacio político e ideológico que actualmente carece de un liderazgo claramente definido. Salinas Pliego ha ocupado parte de ese vacío al convertirse en un defensor abierto del libre mercado, de la reducción del gasto público y de una visión crítica frente al crecimiento del Estado. Sin pertenecer a un partido político, ha conseguido influir en la agenda de una parte de la oposición y posicionarse como una referencia para quienes consideran insuficiente la respuesta de los partidos tradicionales.

Pero la confrontación tampoco resulta perjudicial para Morena. El oficialismo obtiene beneficios al mantener vigente un adversario que encarna, para una parte de su narrativa, la representación de los grandes grupos empresariales. La disputa permite reforzar mensajes sobre justicia fiscal, combate a privilegios y defensa de los programas sociales, elementos que continúan siendo pilares de la comunicación política del movimiento gobernante.

En consecuencia, ambos actores encuentran incentivos para sostener el conflicto. Salinas Pliego fortalece su liderazgo entre quienes rechazan al gobierno, mientras Morena consolida la cohesión de su base electoral al presentar un adversario claramente identificable. Es una confrontación en la que ambos alimentan la narrativa del otro.

La verdadera incógnita consiste en determinar si el empresario decidirá dar un paso adicional hacia la política. No necesariamente como candidato, sino como articulador de un movimiento de opinión, impulsor de organizaciones civiles, promotor de causas específicas o respaldo visible para proyectos opositores. La experiencia internacional demuestra que algunos empresarios han logrado influir de manera decisiva en la vida pública sin aparecer nunca en una boleta electoral.

No obstante, esa posibilidad dependerá de un factor decisivo. La capacidad de modificar la conversación pública. Mientras el debate permanezca concentrado en litigios fiscales o controversias personales con el gobierno, será complicado ampliar su influencia hacia sectores que hoy le son adversos. En cambio, si logra posicionar temas relacionados con libertades económicas, regulación estatal, innovación, competencia o crecimiento, podría construir una agenda con mayor alcance y atraer apoyos más diversos.

Al final, el escenario más probable no apunta hacia una victoria clara para alguno de los dos bandos, sino hacia una profundización de la polarización política. Ricardo Salinas Pliego continuará consolidándose como una de las voces más visibles del sector opositor, mientras Morena seguirá utilizándolo como un ejemplo útil para reforzar su propio discurso. Ambos incrementarán su protagonismo, aunque no necesariamente su capacidad para convencer a quienes hoy piensan distinto.

La política contemporánea suele premiar la confrontación porque genera atención, moviliza simpatizantes y mantiene activa la conversación pública. Sin embargo, también tiene un costo, dificulta la construcción de consensos y convierte a los personajes públicos en símbolos que despiertan adhesiones o rechazos absolutos.

En ese contexto, Ricardo Salinas Pliego parece encaminado a convertirse menos en un empresario y más en un actor político de facto. La incógnita ya no es si seguirá creciendo en visibilidad; eso parece prácticamente asegurado mientras continúe el enfrentamiento con el gobierno. La verdadera pregunta es si esa notoriedad podrá transformarse algún día en influencia política capaz de trascender los sectores que hoy ya lo respaldan. Hasta ahora, las evidencias apuntan a que el conflicto fortalece su papel como referente opositor, pero no necesariamente como un líder con capacidad para construir mayorías.

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Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte  del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.

 

Articulista invitado; Agustín Contreras Stein

 

Línea Política 23 de julio del 2026…    Agustín Contreras Stein.

                        IMPUNIDAD, ¿FORMA DE GOBIERNO?

EL ACTUAL SISTEMA político impuesto en México, casi reconoce todos los días que una de sus intenciones es introducir a la impunidad, como forma de gobierno. Esto se deriva de la constante práctica oficial de proteger a los suyos hasta donde sea posible, pues no se hace nada en contra de los delincuentes que han surgido dentro de esta cuarta transformación, desconociendo a la ley como principio regulador de la conducta humana y exhibiendo todos los días su propia narrativa de que, en los casos que se han conocido dentro de este gobierno, se presenten las pruebas, cuando lo primero es proceder a la investigación para obtener los suficientes respaldos legales para someter a alguien a un proceso jurídico donde se haga justicia mediante la comprobación de hechos. Pero no, en el gobierno actual lo primero que se aplica es la protección y luego la tardada esperanza de que algún día haya posibilidad de juzgar a quienes, evidentemente, han cometido actos fuera de la ley. En México, se está viviendo una etapa muy complicada en eso de hacer justicia, porque dentro de la misma administración federal no hay plena voluntad para mantener un verdadero estado de derecho. De esta manera no se terminará con impunidad y finalmente, quizá, se logre el deseo de este gobierno para mantener, en lugar de la legalidad, la impunidad… LA RECIENTE APROBACIÓN COMO NUEVO partido político a la agrupación denominada Alianza Generacional por Veracruz, es el resultado de la verdadera tozudez del propio dirigente estatal Héctor Yunes Landa, quien nunca cedió espacio alguno para que le negaran su registro. Ahora viene lo bueno, es decir, mantener vigente a esta nueva organización política como partido oficial, pues se tendrá que sudar la frente, la espalda y todo lo demás, para lograr que, cuando menos, se logre el famoso tres por ciento de la votación en su favor. Eso lo veremos muy pronto, porque Yunes Landa, ya llegó lejos, pero no lo suficiente para demostrar que, en verdad, tiene aliados en todo el territorio estatal… LA GOBERNADORA DEL ESTADO, Norma Rocío Nahle García, fue muy clara cuando expresó que la revocación de mandato no le quita el sueño. Sin embargo, este es un proceso político mediante el cual los gobernados decidirán si le que siguen confiando el gobierno del Estado, o sencillamente, le dan las gracias para buscar nuevas alternativas de superación política y de resultados materiales, porque en última instancia es en lo que más piensa el pueblo, es decir, las obras para satisfacer sus propias necesidades, por lo que, seguramente exigirán llegado el momento en que deba aplicarse este instrumento político que la misma cuarta transformación aprobó dentro de su proyecto político para Veracruz y para todo México. Y no es que, precisamente, este proceso le quite verdaderamente el sueño a quien manda en Veracruz, pero sí es una preocupante condición que debe tener en cuenta la mandataria estatal. Lo que más llama la atención es que se pretendan complicar los requisitos para la realización de esta constitucional figura política, cuando en el mismo gobierno, bien se dice que todo va bien y que, sin duda, hasta se está de moda… EN LAS REDES SOCIALES SE HA MANEJADO permanentemente que la justicia está por alcanzar al ex presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, así como a sus hijos. Sin embargo, hasta el momento no se sabe de una acción concreta en la que el gobierno, tanto mexicano, como el de los Estados Unidos, haya puesto en práctica. Si Rubén Rocha Moya, el propio Adán Augusto López Hernández, casi hermano del propio ex presidente, no han recibido su merecido castigo, menos el ex presidente, cuya prioridad del gobierno en turno, es protegerlo a toda costa de cualquier investigación y en todo caso aprehensión, si es que procede por todos los actos fuera de la ley que, se ha dicho, cometió durante su gobierno…YA FALTA MENOS PARA QUE SE PROCEDA A la realización del proceso electoral del próximo año. Hay, por esta razón, mucha preocupación política dentro del partido político en el poder, mientras que la oposición se está viendo muy tímida en su reorganización político electoral. Aún así, hay dirigentes partidistas como el de Movimiento Ciudadano, que presume una gran aceptación popular, lo que le garantiza muchos, afirma, muchos éxitos electorales.

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Y MAÑANA, aquí nos encontraremos, si otra cosa no sucede.

  

Articulista invitado Miguel Valera Hernandez

    CONTRASEÑAS

+ Roban en Puebla maleta con dinero a hermano de director de Fiscalización de Veracruz.

+ El hecho, viralizado en diciembre de 2025, tomó un nuevo giro al publicarse este miércoles en un medio, en la Angelópolis. 

+ La víctima, Rubén Barreto Munguía, es hermano de Daniel Barreto Munguía, director general de Fiscalización en la SEFIPLAN. 

Escribe Miguel Valera

Un robo en el Bulevar Atlixco de Puebla —que se viralizó en diciembre de 2025— ha tomado un nuevo giro al revelarse, este martes 21 de julio de 2026, según el portal “Poder de la Noticia”, que la víctima sería presuntamente Rubén Barreto Munguía, hermano de Daniel Barreto Munguía, director general de Fiscalización en la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz que preside el flamante poblano Miguel Santiago Reyes Hernández. 

El texto, que puede ser leído de manera íntegra en este link  https://poderdelanoticia.com/maleta-con-dinero-robado-en-bulevar-atlixco-de-funcionario-de-finanzas-de-veracruz/ señala que “a pesar de la gravedad de estos hechos, que se registraron en diciembre de 2025, nunca se presentó una denuncia ante las autoridades del Estado de Puebla”. 

“Sin embargo, lo que comenzó como un video viral de inseguridad ha destapado lo que podría ser una grave red de nepotismo, corrupción y conflicto de intereses dentro de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) del Estado de Veracruz”.

“En el incidente, ocurrido sobre el Bulevar Atlixco en Puebla, https://x.com/porktendencia/status/2001663358332702886/video/1?s=48  muestra el asalto a Rubén Barreto Munguía, asesor del Secretario de Finanzas de Veracruz, uno de los funcionarios consentidos de la gobernadora Rocío Nahle García”. 

“En el video se muestra que la víctima, por alguna razón, desciende del vehículo en el Bulevar Atlixco y un sujeto de sudadera roja lo intercepta. El atacante va directo por una bolsa o mochila específica y una vez que la obtiene huye rápidamente”.

“A través de investigaciones derivadas de recientes denuncias anónimas, el caso pasó de ser catalogado como un simple asalto en la vía pública a perfilarse como una compleja trama de corrupción. Las indagatorias revelaron no solo que la víctima se desempeña como asesor del actual secretario de Finanzas, Miguel Santiago Reyes Hernández, sino que existe una estructura familiar operando en la dependencia: Rubén es hermano del C. P. Daniel Barreto Munguía, quien funge como Director General de Fiscalización”.

“Esta configuración administrativa representa un claro conflicto de interés. Mientras un hermano tiene línea directa de asesoría con el titular de la SEFIPLAN, el otro dirige el órgano encargado de auditar, vigilar ingresos y fiscalizar el dinero público de los veracruzanos”.

“Las imágenes del asalto, que causaron gran indignación en redes a finales de 2025, muestran un modus operandi que descarta un robo de oportunidad. En la secuencia, se observa cómo un sujeto vestido con sudadera roja intercepta una camioneta oscura. Cuando Rubén Barreto Munguía desciende de la unidad, el atacante no intenta robar el vehículo, ni exige relojes, teléfonos u otras pertenencias de valor”.

“El delincuente va directamente por un solo objetivo: una bolsa o mochila específica. Una vez que la tiene en su poder, huye rápidamente. La precisión del ataque sugiere que el asaltante poseía información privilegiada sobre el contenido de esa bolsa, la ruta del funcionario y el momento exacto para interceptarlo, apuntando a que se transportaba una suma considerable de valores o dinero en efectivo”.

“El elemento que terminó por escalar este caso de un tema de seguridad a una potencial red de desvío de recursos es la total ausencia de un proceso legal. Pese a haber sido víctima de un robo violento a plena luz del día, se ha confirmado que no existe ninguna denuncia interpuesta por Rubén Barreto Munguía ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla”.

“El hecho de que un funcionario público decida no reportar un atraco de esta naturaleza levanta severos cuestionamientos. La falta de denuncia sugiere una imposibilidad para justificar legal y patrimonialmente el contenido de la mochila robada”.

“Este silencio, sumado a la presencia de un asesor financiero de Veracruz moviendo presuntos valores en un estado vecino, obliga a cuestionar si los fondos provenían del erario público o de procedencia ilícita”.

“Hasta el momento, ni el Secretario de Finanzas, ni el Gobierno del Estado de Veracruz han emitido un pronunciamiento sobre las funciones de Barreto Munguía en Puebla, el origen de lo robado, o la permanencia de ambos hermanos en puestos clave que comprometen la transparencia de la entidad”.

Hasta ahí la nota. El secretario de Finanzas de Veracruz, Miguel Santiago Reyes Hernández, que tantos campanazos administrativos y mediáticos ha dado para el gobierno de Veracruz, fortaleciendo el mandato de la gobernadora Rocío Nahle García, deberá dar una explicación de estos hechos y naturalmente, deslindarse, porque como reza el viejo y multicitado adagio, la esposa del César, además de ser honesta, debe parecerlo. Tan tan.

@MValeraH

Articulista invitada Fanny Yepez

       La Columna

Por Fanny Yépez

22 de julio de 2026

 

La extorsión impera con impunidad en Veracruz

El 90% no denuncia por temor a las represalias 

Las víctimas en la absoluta indefensión y a merced del crimen organizado 

 

El estado de Veracruz ocupa los primeros lugares a nivel nacional en incidencia de extorsión, concentrándose la mayor parte de los casos en modalidad de cobro de piso y extorsión telefónica.

 Los municipios con mayor número de denuncias son Tuxpan, Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba y Orizaba, entre otros.

 La extorsión impera con impunidad en Veracruz debido a la fragmentación del crimen organizado, que se disputa su posición estratégica, sumado a una grave cifra negra de denuncias, cercana al 90% por temor a represalias, y la colusión o ineficiencia institucional de las autoridades locales frente al delito, hablamos de los cuerpos   policiacos estatales y municipales.

 Durante el 2025, Veracruz cerró con 730 denuncias oficiales por extorsión, siendo Xalapa la demarcación más afectada con 119 casos, superando al puerto de Veracruz.

 En Veracruz se registraron un total de 191 carpetas de investigación por el delito de extorsión, durante el primer semestre de 2026. Esta cifra representa una reducción del 58% en comparación con el mismo periodo del año anterior y marca uno de los registros más bajos en la historia reciente de la entidad.

 La falta de combate efectivo contra la extorsión en Veracruz, se debe a una combinación de infiltración del crimen organizado en las instituciones, la complejidad del delito que opera mayormente a través de extorsión virtual o redes criminales complejas y la histórica cifra negra de delitos no denunciados, por miedo a represalias.

 A nivel institucional y social, los factores principales por los que este delito ha sido difícil de erradicar incluyen, corrupción e infiltración. Elementos de las corporaciones locales han sido señalados o procesados por brindar protección a los criminales o por exigir ellos mismos el "cobro de piso" a comerciantes.

 Complejidad del crimen organizado, en el estado de Veracruz operan múltiples organizaciones delictivas que disputan el territorio. El cobro de piso es una de sus principales fuentes de financiamiento, lo que requiere estrategias de inteligencia financiera y tácticas que las policías municipales, por sí solas, no siempre pueden ejecutar.

 De manera desglosada y oficial, los registros mensuales más recientes del primer semestre indican; enero 29 carpetas de investigación, junio 26 denuncias (el registro mensual más bajo) y acumulado a mitad de año 2026, 191 casos.

 Sin embargo, debido a la cifra negra (delitos que no se denuncian por miedo a represalias), organizaciones civiles y encuestas del INEGI estiman que el número real de casos asciende a tasas de hasta cuatro mil eventos por cada 100,000 habitantes.

 Las modalidades principales incluyen el cobro de piso a comerciantes y empresarios de la zona, así como llamadas de intimidación provenientes en gran medida de centros penitenciarios.

 El cierre y crisis de carnicerías en Veracruz se debe a dos factores principales: la inseguridad (con ataques a cadenas comerciales, como "El Jarocho") y una crisis económica por los altos costos operativos y la caída en el consumo, solamente en este caso se perdieron 40 empleos, y dejó una estela negativa de inseguridad en la zona y la ausencia de inversiones.   

 Los elementos clave de esta situación son; inseguridad y extorsión, en ciudades del norte como Tuxpan, sucursales de la cadena "El Jarocho" han sufrido múltiples ataques armados y con presuntos explosivos, generando cierres preventivos. Estos actos han encendido las alarmas del sector.

 El sector que se ha visto golpeado severamente por el crimen organizado y que los ha colocado en la situación de crisis, son los productores ganaderos, los extorsionadores llegan a pedir hasta 500 pesos por cabeza de ganado comercializado. 

 El arraigo y crecimiento de este delito en la entidad se explica por los siguientes factores clave, la geopolítica criminal.

 Al ser un corredor logístico vital con más de 700 kilómetros de litoral y puertos estratégicos (Veracruz y Coatzacoalcos), diversas células delictivas buscan el control territorial financiándose mediante el cobro de "derecho de piso" a negocios, transportistas y productores.

 Miedo y extorsión telefónica/física, el modus operandi abarca desde llamadas telefónicas (muchas operadas desde centros penitenciarios) hasta la presencia física de grupos armados en comercios locales, generando terror en la población; ante esta situación preguntamos ¿por qué las autoridades penitenciarias tanto federales como estatales no colocan inhibidores telefónicos? Que evite este tipo de actos delincuenciales.

 La desconfianza en las instituciones persiste, por la falta de resultados por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), en tanto que, las corporaciones policiacas desalientan a las víctimas, permitiendo que los delincuentes operen sin consecuencias. En resumen, la población se siente que está en la indefensión y a merced del crimen organizado.

Articulista invitado: Jorge Ramón Rizzo

  Focus Group 

Crisis eléctrica, la red al límite

  Por Jorge Ramón Rizzo 

Todo por servir se acaba y acaba por no servir... Así está la cadena de generación de electricidad en México: Agotada, rebasada, insuficiente... Los constantes apagones a lo largo y ancho de México revelan una crisis profunda, impulsada por la obsolescencia de la red de transmisión, la negativa oficial a reconocer fallas sistémicas y la incapacidad de la infraestructura para soportar las olas de calor y la demanda industrial actual.

Grandes tramos del tendido eléctrico, subestaciones y transformadores arrastran un rezago histórico de modernización, aunado al crecimiento acelerado de la demanda debido a la expansión industrial, sumado al uso masivo y simultáneo de equipos de refrigeración y aire acondicionado durante las ondas de calor; lo que actúa como una prueba de estrés permanente para una red que no ha recibido el mantenimiento preventivo ni las inversiones masivas requeridas con urgencia. 

El impacto de esta fragilidad energética golpea con mayor dureza a los pequeños negocios, desde neverías, hasta restaurantes, pasando por talleres y comercios locales, que pierden mercancías y enfrentan daños irreversibles en sus aparatos de trabajo ante las constantes variaciones de voltaje. Estamos hablando de pérdidas que van desde los 2 mil hasta los 40 mil pesos por evento en pequeños comercios, mientras que en la industria mediana y grande, el costo por hora de inactividad llega a alcanzar hasta 1.5 millones de pesos.

En las comunidades rurales y pueblos apartados, un apagón no solo apaga focos: Interrumpe el bombeo de agua potable, vulnera la cadena de frío para medicamentos y paraliza las comunicaciones básicas. Minimizar las fallas bajo argumentos burocráticos o discursos de suficiencia teórica frena la adopción de soluciones reales. A lo largo y ancho de la República Mexicana, el parpadeo de luminarias y la súbita oscuridad de vecindarios enteros han dejado de ser incidentes fortuitos para convertirse en la cruda postal de un verano desafiante. 

Lo mismo ciudades industriales, que metrópolis bulliciosas y comunidades rurales, padecen interrupciones que van desde las pocas horas hasta días enteros. Sin embargo, la respuesta institucional cuatroteista, emblematizada por las constantes negativas de la CFE al descartar una crisis generalizada del sistema, choca de frente con la realidad que registran los termómetros, las interrupciones de suministro y directamente los bolsillos de los mexicanos.

México requiere con urgencia despolitizar la planeación energética, transparentar el estado real de sus redes y abrir espacio a esquemas de inversión y diversificación que garanticen la resiliencia del suministro eléctrico en todo el territorio nacional. Porque ya se perdió todo un sexenio con negativas a recibir inversiones en el sector de generación de energía eléctrica para nuestro país. 

Pero haya sido como haya sido: El debate semántico entre si se trata de "apagones", "interrupciones focalizadas" o "labores de mantenimiento" no se puede ocultar o negar la fragilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Y es que, el presupuesto público ha resultado insuficiente para cubrir la velocidad con la que crece el país; además de que se han puesto trabas a la inversión privada en energías limpias, tanto eólica como solar. 

Así que mientras los discursos oficiales pregonan la soberanía energética como un dogma publicitario incuestionable, en el territorio nacional la realidad nos rebasa y exige una inyección masiva de recursos transparentes, así como una apertura real a la modernización tecnológica. Si México pretende transitar hacia una economía competitiva y garantizar el bienestar elemental de sus pueblos, la política energética tendrá que dejar de administrar culpas y comenzar a iluminar el futuro con planeación, descentralización y, sobre todo, verdad técnica.

Los constantes apagones en México revelan una crisis estructural profunda causada por el envejecimiento de la red eléctrica, la falta de inversión en transmisión y una demanda rebasada por el calor extremo, toda vez que las olas de calor obligan a millones de personas a encender aires acondicionados al mismo tiempo, llevando al sistema a su límite de reserva operativa.

Más de la mitad de la electricidad en México se genera quemando gas natural, y la gran mayoría se compra a Texas. Cualquier tormenta invernal o conflicto en Estados Unidos que congele los ductos o suba los precios deja a México sin combustible para sus plantas. Y es que, la CFE depende de termoeléctricas e hidroeléctricas antiguas, muchas de ellas sufren fallas técnicas imprevistas o, en el caso de las presas, se quedan sin agua suficiente debido a las sequías prolongadas, reduciendo la generación disponible.

Como lo mencioné antes, hay trabas para la inversión privada, particularmente desde la llegada de la 4T al poder en el año 2018. Ya que no podemos olvidar que la ley actual obliga a que solamente el Estado, a través de la CFE sea la instancia que invierta en las redes de transmisión. Y hay que decirlo clara y directamente: El presupuesto público es insuficiente para cubrir la velocidad con la que crece el país.

El personal de CFE merece reconocimiento nacional por su heroísmo cotidiano... Ya que son verdaderos héroes, quienes hacen milagros ante un cableado y subestaciones locales que, como ya lo dije, envejecieron y al aumentar la demanda, estos equipos se sobrecalientan y explotan, provocando cortes locales inmediatos. De norte a sur, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Querétaro, Campeche, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Ciudad de México, han sido los puntos más afectados por esta crisis eléctrica.

Lejos, muy lejos estamos de aquel eslogan "aspiracionista" de la CFE: "Una Empresa de Clase Mundial"... Hoy, con la mitad del país a oscuras, nos queda claro que el uso gasta, y el abuso acaba... Y hoy la Comisión Federal de Electricidad está agonizando.

*Periodista/Tlaxcala

 

Articulista invitado Carlos Miguel Acosta Bravo

   IMPRONTA

Nicaragua, cuando el poder decide abolir la democracia

Escribe Carlos Miguel Acosta Bravo

La declaración de Daniel Ortega de que “aquí no volverán a haber elecciones” marca un punto de quiebre para Nicaragua y, al mismo tiempo, una advertencia para toda América Latina. Ya no se trata de una democracia debilitada. Se trata de un régimen que parece dispuesto a cerrar por completo la vía electoral y a sustituir la competencia política por la permanencia indefinida en el poder. 

El anuncio de Ortega no puede leerse como una simple bravata del 47 aniversario de la revolución sandinista. En realidad es  el cierre de la vía electoral, confirma una decisión política de fondo, impedir que la oposición vuelva a disputar el poder por medios institucionales. 

Ese mensaje encaja con una estrategia que venía madurando desde antes, a través de reformas constitucionales que concentraron el control del Estado en la presidencia y reforzaron el papel de Rosario Murillo como copresidenta sin mediar una elección popular de por medio.

Cuando un país deja de tener elecciones libres, árbitro independiente y oposición con derechos efectivos, la democracia deja de funcionar como sistema de competencia y se convierte en una fachada. Eso es precisamente lo que hoy ocurre en Nicaragua, hay forma institucional, pero ya no hay contenido democrático. 

La subordinación del Congreso, la justicia y la autoridad electoral al Ejecutivo elimina los contrapesos básicos que permiten corregir abusos de poder. Sin controles reales, el gobierno deja de responder ante la ciudadanía y pasa a responder solo ante sí mismo. 

Las nuevas leyes y el endurecimiento del régimen apuntan a un objetivo claro, cerrar todavía más el espacios políticos. En ese contexto, la oposición no solo enfrenta persecución, sino también exilio o simple imposibilidad material de organizar una alternativa. 

Cuando un gobierno decide que sus adversarios no volverán a competir, ya no estamos ante una democracia degradada, sino ante un sistema de dominación sin competencia real. La diferencia no es semántica; es realidad para el pueblo nicaragüense.

La paradoja histórica es brutal. Ortega llegó al poder como exrebelde marxista que encabezó la lucha contra la dictadura de Somoza, pero terminó construyendo un autoritarismo con ropaje revolucionario, un poder casi dinástico junto con Rosario Murillo. 

Esa transformación revela una de las mayores tragedias políticas de la región, proyectos nacidos en nombre de la liberación que acaban justificando el cierre de la libertad. El discurso revolucionario ya no sirve para emancipar, sino para legitimar el control absoluto. 

Lo que ocurre en Nicaragua no debe verse como una excepción aislada. Es una advertencia, una clara señal para la región, sobre cómo se consolida el autoritarismo cuando coinciden control institucional, propaganda política y eliminación sistemática de rivales. 

Además, la falta de elecciones competitivas aumenta el aislamiento internacional y las denuncias por violaciones a derechos humanos, aunque eso no siempre se traduzca en un cambio interno inmediato. Los regímenes cerrados suelen resistir más de lo que anticipa la comunidad internacional. 

El escenario nicaragüense es hoy el de una democracia clausurada por decisión del propio poder. No hay alternancia real, no hay competencia significativa y no hay indicios de que el régimen quiera abrir una transición, es en realidad un futuro que ya fue definido por la permanencia.

La gran lección es incómoda pero necesaria, un régimen puede vaciar la democracia sin abolir sus símbolos. Basta con controlar las elecciones, neutralizar a la oposición y convertir al Estado en prolongación de una pareja gobernante. Eso es lo que Nicaragua está mostrando al mundo. 

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cacostabravo@yahoo.com.mx

Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte  del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.