IMPRONTA
México en el lugar 125,
la justicia penal como lastre para la inversión
Carlos Miguel Acosta
Bravo
Que México haya pasado del lugar 121 al 125 en el
Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project no es una mala nota
estadística, es una señal de alerta económica y política. El país ocupa el
sitio 28 de 32 en América Latina y el Caribe, y su mayor debilidad está en
justicia penal, donde se ubica en el puesto 139 de 143; en ese rubro compite
con Bangladesh, Nigeria y Pakistán.
La consecuencia central es simple, cuando las
empresas no confían en que los contratos se cumplirán, los delitos se
investigarán y los derechos se protegerán, el capital se vuelve más caro, más
lento y más selectivo. México no pierde inversión sólo por inseguridad; la
pierde porque la inseguridad se percibe como un riesgo jurídico, institucional
y político difícil de asegurar.
El Índice de Estado de Derecho del World Justice
Project evalúa ocho dimensiones, límites al poder gubernamental, ausencia de
corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad,
aplicación de regulaciones, justicia civil y justicia penal. México obtuvo una
calificación global de 0.39 sobre 1, por debajo del promedio mundial de 0.55.
El retroceso no fue marginal. México perdió cuatro
posiciones respecto de 2025, cuando ocupaba el lugar 121, y su puntuación
general cayó 2.7% en un año y 8.4% entre 2021 y 2026.
La justicia penal es el área más grave del
diagnóstico mexicano. México obtuvo 0.22 puntos y el lugar 139 de 143; su
desempeño en este factor cayó 21.2% entre 2021 y 2026, el mayor deterioro entre
los ocho componentes evaluados.
El problema no es sólo la criminalidad. Es la
capacidad del Estado para investigar, procesar, sancionar y proteger derechos.
El informe recoge debilidades particularmente severas en investigación del
delito, imparcialidad del sistema penal, debido proceso y funcionamiento del
sistema penitenciario.
Eso explica por qué México aparece cerca de
Bangladesh, Nigeria y Pakistán en esta dimensión. No es una comparación
cultural ni geográfica, es una comparación de capacidades institucionales.
Cuando un país no logra investigar delitos, garantizar debido proceso o
contener la impunidad, su sistema de justicia deja de funcionar como garantía y
se convierte en un riesgo.
Para una empresa que evalúa invertir en México, la
justicia penal no es un tema abstracto. Afecta decisiones concretas sobre dónde
instalar una planta, cómo proteger una cadena de suministro, cómo responder
ante un secuestro, una extorsión, un robo de carga o un conflicto laboral.
Los elementos que juegan en contra de la confianza
y la certidumbre, son la inseguridad y el crimen organizado, pues repercute en
mayor costo de seguridad, seguros,
escoltas, rutas alternas y protección de activos.
Otra asignatura pendiente, lo es la corrupción, con
posibles posibles pagos informales, sobrecostos, discrecionalidad regulatoria y
riesgo de sanciones internacionales.
La incertidumbre regulatoria, incluye decisiones
que dependen de permisos, concesiones o fiscalización que pueden volverse más
lenta e incluso impredecibles. Las disputas comerciales, La debilidad de la
justicia civil -lugar 135 de 143- dificulta cobros, contratos y resolución de
conflictos.
Las empresas globales deben evaluar riesgos de
lavado, las amenazas del crimen organizado, corrupción e incluso violaciones de
derechos humanos.
El resultado es que México puede seguir recibiendo
inversión en sectores protegidos por tratados, cadenas de valor específicas o
ventajas geográficas, pero pierde competitividad frente a países que ofrecen
reglas más previsibles, de mayor certeza. La inversión no huye necesariamente
del país; se concentra en pocos sectores, pocas regiones y pocos actores
capaces de absorber el riesgo.
La debilidad institucional no sólo aleja inversión
nueva. También encarece la que ya está en el país. Las empresas destinan más
recursos a seguridad privada, seguros, transporte blindado, ciberseguridad,
auditorías de cumplimiento y protección de ejecutivos. Esos recursos no generan
productividad, innovación ni empleo adicional, son un impuesto invisible sobre
la actividad económica.
Además, la impunidad debilita la competencia.
Quienes operan mediante extorsión, contrabando, robo de combustible, piratería
o corrupción pueden obtener ventajas frente a empresas que cumplen la ley. Eso
desincentiva la inversión formal y premia la informalidad.
Que México ocupe el lugar 28 de 32 en América
Latina y el Caribe es especialmente preocupante porque la región ya enfrenta
desafíos de seguridad, corrupción y debilidad institucional. México no está
compitiendo contra un estándar idealizado; está quedando atrás frente a países
con problemas similares.
Uruguay, Costa Rica y Barbados encabezan la región,
mientras México se ubica en el tercio inferior. Eso importa porque los
inversionistas comparan destinos. Si un fabricante puede elegir entre México,
Brasil, Colombia, Chile o Centroamérica, la debilidad de la justicia penal
mexicana se convierte en un factor de decisión, no en una nota periodística.
El diagnóstico no es que México carezca de leyes.
El problema es que las leyes no siempre se aplican de manera uniforme, oportuna
y predecible. La legalidad se convierte en la gran asignatura penal cuando el
Estado no logra proteger a la ciudadanía, investigar delitos y someter a todos
los actores -públicos y privados- a las mismas reglas.
El World Justice Project advierte que, a nivel
global, la interferencia indebida del poder ejecutivo se ha convertido en un
factor central de deterioro de los sistemas de justicia. En México, esa
advertencia cobra especial relevancia porque la confianza en la imparcialidad
de fiscales, jueces y policías es indispensable para que el Estado de derecho
funcione.
Para revertir la tendencia, México necesita más que
discursos contra la impunidad. Necesita reformas institucionales verificables, necesita
fortalecer la capacidad investigadora de fiscales, policía y peritos, con
recursos, formación y protección frente a presiones políticas.
También es necesario que México garantice autonomía
operativa y presupuestaria de las instituciones de justicia. Reducir la
impunidad mediante sistemas de información, seguimiento de carpetas y metas
públicas de resolución. Se brinde absoluta libertada para proteger el debido
proceso y los derechos de víctimas, testigos y personas acusadas. Combatir la
corrupción en policías, fiscalías, aduanas y poderes judiciales.
Mejorar la justicia civil y la aplicación de
regulaciones, porque ambas afectan directamente la seguridad jurídica de
contratos y permisos. El lugar 125 de México no significa que el país sea
inhóspito para toda inversión. Significa que el costo de hacer negocios,
proteger activos y garantizar derechos se ha vuelto demasiado caro.
Si México quiere atraer inversión de calidad,
generar empleo formal y competir en cadenas globales, debe entender que la
justicia penal no es un asunto exclusivamente de seguridad pública. Es
infraestructura económica, en un país
donde el delito se investiga mal, la corrupción prospera y los contratos no se
garantizan termina pagando el precio en inversión, empleo y confianza.



















