IMPRONTA
Pensiones, el riesgo no es sólo el monto, sino la rigidez
Carlos Miguel Acosta Bravo
El proyecto de presupuesto para 2027 coloca a
México ante una presión fiscal que ya no puede tratarse como un problema
futuro. El gasto en pensiones alcanzaría 2.5 billones de pesos, equivalentes a
6.3% del PIB y alrededor de 27% de los ingresos presupuestarios. Además, por
cada peso de recaudación tributaria, 40 centavos se destinarían a pensiones
contributivas y no contributivas, frente a 33 centavos en 2020.
El riesgo para México no consiste en pagar
pensiones. Una sociedad democrática tiene la obligación de proteger a quienes
trabajaron y a las personas mayores en situación de vulnerabilidad. El problema
aparece cuando el gasto pensionario crece más rápido que los ingresos públicos
y absorbe recursos que deberían financiar salud, educación, seguridad,
infraestructura e inversión productiva.
El Paquete Económico 2027 plantea un gasto neto
total de 10.64 billones de pesos y un déficit fiscal amplio de 3.9% del PIB. Al
mismo tiempo, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector
público subiría a 55% del PIB, con una trayectoria que podría llegar a 56.5% en
2032, según el CIEP.
En ese contexto, las pensiones se convierten en un
gasto rígido. No es sencillo reducirlas sin afectar derechos adquiridos, y
políticamente sería muy costoso hacerlo de manera abrupta. Cada peso adicional
destinado a pensiones es un peso menos disponible para construir hospitales,
ampliar escuelas, mejorar la seguridad o financiar infraestructura.
El problema es todavía más grave cuando se
considera que una parte importante del presupuesto ya está comprometida por
transferencias a los estados, deuda, nómina, gasto corriente y obligaciones de
seguridad social. El CIEP ha advertido que cerca de 80% del gasto federal
enfrenta algún grado de rigidez por compromisos ineludibles.
La consecuencia es una pérdida progresiva de margen
de maniobra. El Gobierno puede anunciar prioridades, pero cada vez tiene menos
recursos realmente disponibles para financiarlas.
El aumento de 33 a 40 centavos por peso tributario
destinado a pensiones significa que la recaudación está creciendo con menor
capacidad para financiar otros bienes públicos. No se trata sólo de que el
gasto pensionario sea elevado, sino de que su expansión compite directamente
con las necesidades de las generaciones jóvenes.
Si esta tendencia continúa, México enfrentará al
menos cinco riesgos: Menor inversión pública en infraestructura, energía,
transporte y agua; Presiones para elevar impuestos o crear nuevos gravámenes; Mayor
endeudamiento para financiar gasto corriente; Reducción de recursos para salud,
educación y seguridad; Conflicto distributivo entre generaciones: trabajadores
jóvenes que financian beneficios crecientes sin tener certeza de recibir
pensiones equivalentes.
La política social también podría verse afectada.
Cuando una parte importante del presupuesto se compromete de manera automática,
cualquier desaceleración económica, caída de los ingresos petroleros o
emergencia nacional obliga a recortar el gasto flexible. Por eso, las pensiones
pueden desplazar silenciosamente otras prioridades aunque el presupuesto
nominal de salud o educación aumente.
La discusión pública suele mezclar realidades
distintas. En México conviven pensiones contributivas del IMSS y del ISSSTE; Regímenes
de retiro de trabajadores del sector público; Pensiones de universidades,
empresas estatales y organismos diversos; Pensiones no contributivas, como la
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; Compromisos
derivados de sistemas de transición y reformas anteriores.
Las pensiones contributivas están vinculadas a las
aportaciones laborales, el salario y las semanas cotizadas. Las no
contributivas cumplen una función de protección social y se financian con
impuestos generales. No sería correcto aplicarles la misma solución.
La edad de retiro no debería aumentar por decreto
ni aplicarse de manera general. Una reforma de esa naturaleza tendría que
considerar las diferencias en esperanza de vida, condiciones laborales, género,
región, nivel de ingreso y tipo de ocupación.
Un aumento general de la edad de jubilación podría
castigar precisamente a quienes tienen menor esperanza de vida y realizan
trabajos físicamente más exigentes. También podría bloquear el acceso de
jóvenes al mercado laboral si las personas mayores permanecen más tiempo en sus
puestos, especialmente en empleos públicos o altamente regulados.
Por eso, la idea de llevar la edad de retiro hasta
los 75 años, planteada por Carlos Slim, no representa una reforma aprobada ni
una regla vigente en México y tampoco puede trasladarse mecánicamente a toda la
población. La edad de jubilación debe revisarse con evidencia, no con consignas
empresariales ni con decisiones fiscales de corto plazo.
México sí necesita una reforma pensionaria, pero
debe ser integral y gradual. Elevar la edad de retiro puede formar parte de una
discusión técnica en algunos regímenes, pero no puede ser la primera ni la
única respuesta. Antes habría que actuar en varios frentes.
La informalidad reduce las aportaciones y fragmenta
las trayectorias laborales. Un trabajador que pasa años fuera de la seguridad
social acumula pocas semanas cotizadas y llega a la vejez con una pensión
insuficiente o sin pensión contributiva.
La sostenibilidad exige revisar pensiones
excesivas, regímenes privilegiados y obligaciones de organismos que reciben
subsidios públicos. La reforma no puede pedir sacrificios a trabajadores de
bajos ingresos mientras mantiene beneficios desproporcionados para grupos con
mayor poder de negociación.
No existe sistema de pensiones sólido con empleos
precarios y salarios bajos. Las contribuciones dependen del ingreso formal y de
la continuidad laboral. Si se desea mejorar las pensiones futuras, también
deben elevarse la productividad, los salarios y la calidad de los empleos.
En algunos regímenes puede discutirse un aumento
gradual de la edad mínima, vinculado a la esperanza de vida y acompañado de
excepciones para trabajos pesados. Cualquier modificación tendría que respetar
derechos adquiridos y aplicarse principalmente a nuevas generaciones, con
largos periodos de transición.
La pensión universal para adultos mayores cumple
una función social distinta a la pensión basada en aportaciones laborales. El
presupuesto debe transparentar el costo de cada componente y establecer reglas
de actualización que sean compatibles con los ingresos públicos.
Si el Estado destina cada vez más recursos a
obligaciones adquiridas, las nuevas generaciones pueden recibir menos
educación, salud e inversión. Al mismo tiempo, podrían enfrentar impuestos más
altos y una pensión futura menos generosa.
No es justo presentar este conflicto como una pelea
entre jóvenes y adultos mayores. Las personas retiradas no son responsables del
diseño financiero del sistema. El problema corresponde a los gobiernos y al
Congreso, que deben garantizar protección en la vejez sin hipotecar las
oportunidades de quienes todavía están estudiando o trabajando.
La prioridad debe ser una reforma gradual,
transparente y diferenciada que combine mayor formalidad laboral, revisión de
regímenes especiales, eficiencia administrativa, evaluación actuarial y
protección de quienes realizan trabajos físicamente exigentes.
La edad de retiro puede discutirse, pero sólo
después de construir un diagnóstico completo y un acuerdo social. Lo que México
no puede permitirse es posponer el problema hasta que el presupuesto ya no
tenga margen para financiar la salud, la educación y la inversión que el
desarrollo exige.
