La Columna
Por Fanny Yépez
4 de agosto de 2026
Los vacíos legales y la simulación permiten las precampañas anticipadas
Realizan proselitismo con absoluta impunidad, urgen reglas claras
Los manifestantes frente al ISSSTE, afectaron a personas de la tercera edad
Los partidos políticos y las y los aspirantes a candidatos a un puesto de elección popular, están aprovechando los vacíos legales e interpretaciones en las normas electorales de México, que permiten a los partidos y políticos realizar actos proselitistas anticipados, sin recibir sanciones severas, por ello a varios tiradores entre ellos Eduardo “Tato” Vega Yunes, están utilizando esta coyuntura para hacer proselitismo con absoluta impunidad.
Los actores políticos y aspirantes que realizan proselitismo fuera de los tiempos legales vulneran la equidad de la contienda, mientras que la tardanza de los árbitros electorales en aplicar criterios firmes debilita la autoridad de la ley
Los puntos clave de esta situación son la falta de llamadas explícitas al voto, el uso de figuras alternas y la tardanza de la autoridad, estos vacíos o zonas grises en la ley la están utilizando los aspirantes para promocionarse, porque la ley se los permite. Hágame usted el favor.
Les explico que, el Tribunal Electoral ha determinado que para configurar un acto anticipado de campaña debe existir un llamado directo y explícito a votar, por una persona o partido, esto es de risa.
Si los aspirantes promocionan su imagen, realizan eventos masivos o pintan bardas sin pedir el voto formalmente, la ley no los castiga de manera clara.
Por ello se están utilizando las figuras simuladas, los partidos políticos utilizan denominaciones como "coordinadores", "voceros" o "defensores" para posicionar a sus candidatos con meses o años de anticipación, evadiendo los tiempos oficiales para precampañas y campañas. Sin lugar a dudas esto es una burla a la inteligencia de los ciudadanos.
Por supuesto que urgen reglas claras y firmes, el Instituto Nacional Electoral (INE), ha enfrentado dificultades para aprobar lineamientos que fiscalicen y frenen estos procesos internos adelantados, dejando vacíos operativos que benefician a los contendientes. Pues claro que los consejeros afines a los partidos políticos les van a bloquear estas normas, porque significaría aplicarles candados a sus candidatos.
En tanto, las y los se siguen burlando de las autoridades, porque también las sanciones resultan ineficaces, las multas económicas suelen ser pagadas por los infractores sin que esto detenga la promoción anticipada.
Por ello, se ha generado una pérdida de autoridad, la demora del Instituto Nacional Electoral y los tribunales genera percepción de impunidad, frente a la sociedad y este factor podría provocar un abstencionismo terrible.
El panorama en Veracruz sobre denuncias locales es como si pregonáramos en el desierto, el Organismo Público Local Electoral ha concentrado decenas de querellas por propaganda y recorridos adelantados. Criterios de autoridad, el Tribunal Electoral advierte que la reincidencia en estas faltas podría derivar en la negativa de registro para los aspirantes, pero todo se queda en advertencias y no ejecutan la ley y se siguen generando campañas anticipadas.
Las autoridades electorales federales y locales para detener las campañas anticipadas, para lograrlo deben fijar reglas claras de fiscalización, documentar de inmediato la propaganda ilegal y aplicar sanciones severas. Las acciones clave se dividen en tres áreas, vigilancia y pruebas, recolección de evidencia, visitar calles y eventos para tomar fotos y videos de bardas, lonas y espectaculares, o sea realizar un exhaustivo monitoreo para utilizar todo lo que puedan documentar como pruebas que permitan aplicar sanciones severas.
Se debe rastrear de dónde viene el dinero utilizado en estos eventos y propaganda fuera de tiempo. Establecer reglas, leyes y criterios firmes. Crear normas estrictas que no dependan solo de si se pidió o no el voto de forma directa. Cierre de vacíos legales, castigar el uso de informes de gobierno o recorridos internos como pretextos para hacer proselitismo.
Esperamos que en forma urgente se establezca reglas sobre actos anticipados de campañas todo en beneficio de la democracia, equidad y derechos de los electores.
En relación con la manifestación realizada por un grupo de personas respecto al proceso de contratación del servicio subrogado de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) en Veracruz, la Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) informa:
El procedimiento para la contratación del servicio se desarrolló conforme al marco jurídico aplicable y bajo criterios técnicos plenamente documentados, orientados a proteger el interés superior de la niñez y a cumplir con la responsabilidad institucional de garantizar la continuidad del servicio, bajo condiciones de seguridad, calidad y protección integral para el bienestar de las niñas y los niños.
Lo anterior, debido a que los contratos vigentes para la prestación de este servicio concluyeron el 31 de julio de 2026, por lo que el Instituto cumplió con la obligación de garantizar su operación a partir del 1 de agosto, a fin de evitar cualquier interrupción.
Dicho procedimiento se desarrolló con apego a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Como parte del proceso, el área requirente elaboró el Dictamen de Procedencia correspondiente, mediante el cual se acreditó la actualización de los supuestos previstos en los artículos 53 y 54, fracciones II, III y V, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para la contratación mediante adjudicación directa por excepción.
Es importante precisar que la adjudicación directa no constituye un procedimiento al margen de la ley ni exento de controles. Su desarrollo implicó la realización de las evaluaciones técnicas, administrativas y económicas correspondientes. Es decir, se verificó que el prestador del servicio cumpliera con los requisitos establecidos para brindar una atención adecuada.
El Instituto también valoró las condiciones necesarias de los espacios para que la atención se brindara en entornos que favorezcan la salud, el bienestar y el adecuado desarrollo de la niñez. La Representación Estatal del ISSSTE en Veracruz reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia y el correcto ejercicio de los recursos públicos.
Asimismo, mantiene una política permanente de diálogo y apertura institucional con madres y padres de familia, por lo que refrenda su disposición para atender sus inquietudes.
Hasta ahí el comunicado de la representación del ISSSTE.
Ahora, en lo práctico es evidente que quienes cubrían este servicio se habían acostumbrado a ese ingreso económico, y al concluir su contrato fueron re emplazados por otra empresa que, ofrece mejores condiciones para los infantes y por eso protestaron.
Lo que provocaron con su protesta fue interrumpir el funcionamiento de las oficinas de esa institución donde acuden personas de la tercera edad que provienen de diversos municipios, muchos de ellos alejados de la ciudad de Xalapa y con esa manifestación no pudieron avanzar en sus trámites.
No todos los padres de familia coinciden con ese movimiento que está manejado con oscuros intereses, porque ven que las nuevas instalaciones para el cuidado de sus hijos cumplen con otros beneficios que no tenían.
Las dependencias oficiales y de manera especial las federales, han ido desterrando vicios que se habían asentado en algunas oficinas, por lo que ahora que se hace este cambio con toda la transparencia que demanda la ley, por supuesto que hubo protestas, que seguramente serán superadas a la brevedad.
