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viernes, 20 de noviembre de 2026

Articulista invitado Carlos Miguel Acosta Bravo


IMPRONTA

México en el lugar 125, la justicia penal como lastre para la inversión

Carlos Miguel Acosta Bravo

Que México haya pasado del lugar 121 al 125 en el Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project no es una mala nota estadística, es una señal de alerta económica y política. El país ocupa el sitio 28 de 32 en América Latina y el Caribe, y su mayor debilidad está en justicia penal, donde se ubica en el puesto 139 de 143; en ese rubro compite con Bangladesh, Nigeria y Pakistán.

La consecuencia central es simple, cuando las empresas no confían en que los contratos se cumplirán, los delitos se investigarán y los derechos se protegerán, el capital se vuelve más caro, más lento y más selectivo. México no pierde inversión sólo por inseguridad; la pierde porque la inseguridad se percibe como un riesgo jurídico, institucional y político difícil de asegurar.

El Índice de Estado de Derecho del World Justice Project evalúa ocho dimensiones, límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, aplicación de regulaciones, justicia civil y justicia penal. México obtuvo una calificación global de 0.39 sobre 1, por debajo del promedio mundial de 0.55.

El retroceso no fue marginal. México perdió cuatro posiciones respecto de 2025, cuando ocupaba el lugar 121, y su puntuación general cayó 2.7% en un año y 8.4% entre 2021 y 2026.

La justicia penal es el área más grave del diagnóstico mexicano. México obtuvo 0.22 puntos y el lugar 139 de 143; su desempeño en este factor cayó 21.2% entre 2021 y 2026, el mayor deterioro entre los ocho componentes evaluados.

El problema no es sólo la criminalidad. Es la capacidad del Estado para investigar, procesar, sancionar y proteger derechos. El informe recoge debilidades particularmente severas en investigación del delito, imparcialidad del sistema penal, debido proceso y funcionamiento del sistema penitenciario.

Eso explica por qué México aparece cerca de Bangladesh, Nigeria y Pakistán en esta dimensión. No es una comparación cultural ni geográfica, es una comparación de capacidades institucionales. Cuando un país no logra investigar delitos, garantizar debido proceso o contener la impunidad, su sistema de justicia deja de funcionar como garantía y se convierte en un riesgo.

Para una empresa que evalúa invertir en México, la justicia penal no es un tema abstracto. Afecta decisiones concretas sobre dónde instalar una planta, cómo proteger una cadena de suministro, cómo responder ante un secuestro, una extorsión, un robo de carga o un conflicto laboral.

Los elementos que juegan en contra de la confianza y la certidumbre, son la inseguridad y el crimen organizado, pues repercute en mayor  costo de seguridad, seguros, escoltas, rutas alternas y protección de activos.

Otra asignatura pendiente, lo es la corrupción, con posibles posibles pagos informales, sobrecostos, discrecionalidad regulatoria y riesgo de sanciones internacionales.

La incertidumbre regulatoria, incluye decisiones que dependen de permisos, concesiones o fiscalización que pueden volverse más lenta e incluso impredecibles. Las disputas comerciales, La debilidad de la justicia civil -lugar 135 de 143- dificulta cobros, contratos y resolución de conflictos.

Las empresas globales deben evaluar riesgos de lavado, las amenazas del crimen organizado, corrupción e incluso violaciones de derechos humanos.

El resultado es que México puede seguir recibiendo inversión en sectores protegidos por tratados, cadenas de valor específicas o ventajas geográficas, pero pierde competitividad frente a países que ofrecen reglas más previsibles, de mayor certeza. La inversión no huye necesariamente del país; se concentra en pocos sectores, pocas regiones y pocos actores capaces de absorber el riesgo.

La debilidad institucional no sólo aleja inversión nueva. También encarece la que ya está en el país. Las empresas destinan más recursos a seguridad privada, seguros, transporte blindado, ciberseguridad, auditorías de cumplimiento y protección de ejecutivos. Esos recursos no generan productividad, innovación ni empleo adicional, son un impuesto invisible sobre la actividad económica.

Además, la impunidad debilita la competencia. Quienes operan mediante extorsión, contrabando, robo de combustible, piratería o corrupción pueden obtener ventajas frente a empresas que cumplen la ley. Eso desincentiva la inversión formal y premia la informalidad.

Que México ocupe el lugar 28 de 32 en América Latina y el Caribe es especialmente preocupante porque la región ya enfrenta desafíos de seguridad, corrupción y debilidad institucional. México no está compitiendo contra un estándar idealizado; está quedando atrás frente a países con problemas similares.

Uruguay, Costa Rica y Barbados encabezan la región, mientras México se ubica en el tercio inferior. Eso importa porque los inversionistas comparan destinos. Si un fabricante puede elegir entre México, Brasil, Colombia, Chile o Centroamérica, la debilidad de la justicia penal mexicana se convierte en un factor de decisión, no en una nota periodística.

El diagnóstico no es que México carezca de leyes. El problema es que las leyes no siempre se aplican de manera uniforme, oportuna y predecible. La legalidad se convierte en la gran asignatura penal cuando el Estado no logra proteger a la ciudadanía, investigar delitos y someter a todos los actores -públicos y privados- a las mismas reglas.

El World Justice Project advierte que, a nivel global, la interferencia indebida del poder ejecutivo se ha convertido en un factor central de deterioro de los sistemas de justicia. En México, esa advertencia cobra especial relevancia porque la confianza en la imparcialidad de fiscales, jueces y policías es indispensable para que el Estado de derecho funcione.

Para revertir la tendencia, México necesita más que discursos contra la impunidad. Necesita reformas institucionales verificables, necesita fortalecer la capacidad investigadora de fiscales, policía y peritos, con recursos, formación y protección frente a presiones políticas.

También es necesario que México garantice autonomía operativa y presupuestaria de las instituciones de justicia. Reducir la impunidad mediante sistemas de información, seguimiento de carpetas y metas públicas de resolución. Se brinde absoluta libertada para proteger el debido proceso y los derechos de víctimas, testigos y personas acusadas. Combatir la corrupción en policías, fiscalías, aduanas y poderes judiciales.

Mejorar la justicia civil y la aplicación de regulaciones, porque ambas afectan directamente la seguridad jurídica de contratos y permisos. El lugar 125 de México no significa que el país sea inhóspito para toda inversión. Significa que el costo de hacer negocios, proteger activos y garantizar derechos se ha vuelto demasiado caro.

Si México quiere atraer inversión de calidad, generar empleo formal y competir en cadenas globales, debe entender que la justicia penal no es un asunto exclusivamente de seguridad pública. Es infraestructura económica, en  un país donde el delito se investiga mal, la corrupción prospera y los contratos no se garantizan termina pagando el precio en inversión, empleo y confianza.

 

Articulista invitado Omar Zuñiga


DE PRIMERA MANO

 

El sindicato no oficial de Sedecop

 

*Tato no era el problema

 

Por Omar Zúñiga

 

Hay comparecencias que se recuerdan por las cifras y otras que se recuerdan por el ridículo y la de Ernesto Pérez Astorga, flamante secretario de Desarrollo Económico y Portuario, en la glosa del Segundo Informe de Rocío Nahle, pertenece, con todos los honores, a la segunda categoría.

Y no lo digo yo, lo dejó asentado, con bisturí y sin anestesia, el diputado independiente Héctor Yunes.

El funcionario estatal llegó al Congreso con su presentación bajo el brazo —de esas diapositivas lustrosas, flechas que apuntan al cielo y renders de parques industriales que todavía no existen— y decidió que, le preguntaran lo que le preguntaran, la respuesta sería la misma.

Una y otra vez, como en aquellos cines de pueblo donde el cácaro se quedaba dormido y la película volvía a empezar.

“Siento que las respuestas que usted traía en una presentación no tuvieran nada que ver con las preguntas que los diputados de oposición le hicimos. Hoy nos tuvimos que chutar tres veces la misma presentación”, le reprochó Yunes Landa.

Ni el más paciente de los veracruzanos aguanta tres funciones seguidas del mismo PowerPoint.

 

*****

 

Pero el reproche de fondo fue otro, y duele más, “(…) este año, como el anterior, hizo usted más anuncios de lo que va a hacer que lo que ha hecho”; es decir, la Secretaría de Desarrollo Económico se ha convertido en una fábrica de primeras piedras, de memorándums de entendimiento y de fotografías sin empresarios.

Lo que no se fabrica, al menos no al ritmo que se anuncia, es la inversión aterrizada, la planta funcionando, el empleo con nombre y apellido.

Y la ironía más fina, ni siquiera en anuncios es campeón. “Ni así ha logrado llevar a nuestra entidad al primer lugar de anuncios, ya le ganaron cinco secretarios de Desarrollo Económico de otras cinco entidades del país”.

Vulgo, Pérez Astorga no sólo promete más de lo que cumple; además promete menos que sus colegas, medalla de plata en el maratón del boletín, ni para eso salió bueno.

El consejo del diputado fue tan sencillo como letal, empezar a aterrizar los múltiples anuncios, porque se trata de un gobierno sexenal y remató con un dardo que en los pasillos del Congreso se entendió perfectamente, “bueno, si llega usted más adelante”.

 

*****

 

Pero lo memorable, lo que quedará para el anecdotario de la glosa, fue lo otro; Yunes ironizó y dijo tener grabado que Pérez Astorga llevó hasta el recinto a un jalador de aplausos, de esos que arrancan la ovación para que el resto la siga por contagio.

“Cada vez que aplaude, lo aplaude el integrante del sindicato de focas aplaudidoras que contrató usted para su evento, la verdad es que mañana debe usted darles el día de descanso”.

Difícil encontrar mejor retrato de un estilo de gobierno que confunde la rendición de cuentas con un evento de lanzamiento de producto.

Esto pinta de cuerpo entero a Ernesto Pérez Astorga, quien en el pasado mediato e inmediato, culpó de su pésima comparencia (y de todos sus males) al entonces subsecretario Eduardo Tato Vega Yunes, hoy fuera de Sedecop. Uuuufff.

 

*****

 

Para documentar el optimismo… Yunes Landa trae la mano caliente en esta glosa, fue él mismo quien pidió moción de orden durante la comparecencia del secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, oriundo de Puebla, quien convirtió el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada en un aula de adoctrinamiento de la Cuarta Transformación y, ya entrado en gastos, pretendió darles a los presentes clases de veracruzanidad.

Así, como se lee, un poblano dándoles lecciones de Veracruz a los veracruzanos, en su casa.

La moción incomodó, como era de esperarse, a diputadas y diputados de Morena, que de inmediato salieron a descalificar a Yunes, no a debatir, no a defender con argumentos al secretario: a descalificar al mensajero.

Es el reflejo condicionado de siempre, cuando el argumento se agota, la descalificación explota.

Y por supuesto hay que decirlo con todas sus letras, este funcionario, originario de Puebla ha sido el funcionario estatal más grosero, déspota y hasta ignorante que ha despachado en Veracruz y que peor aún, muestra cada ocasión que puede, su desdén por la patria chica.

¡El peor!, y en este gabinete, eso ya es mucho decir.

Basta verlo expresarse para entender que la soberbia no es un accidente en su trato.

Que quede claro, señalarlo no es extenderle a nadie un cheque en blanco, Héctor Yunes tiene su historia, sus cuentas y sus intereses, como cualquier actor político.

Pero cuando la oposición dice en voz alta lo que el resto del Congreso calla por disciplina o por miedo, lo menos que puede hacerse, es reconocer que tiene razón.

Entre un secretario que confunde informar con proyectar diapositivas y otro que confunde comparecer con pontificar, la glosa del Segundo Informe deja una lección incómoda, al gobierno de Rocío Nahle le sobran aplausos y le faltan respuestas.

Las focas tuvieron su merecido día de descanso, los veracruzanos, en cambio, siguen a la espera de resultados.

 

¡Qué barbaridad!

deprimera.mano2020@gmail.com

Articulista invitada Fanny Yepez


 La Columna

Por Fanny Yépez

20 de noviembre de 2026

 

Falta de estrategia de la SSP y corrupción en la zona norte   

 

La población demanda que se investiguen a los alcaldes y ex alcaldes  

Actuación abierta y sin freno de los grupos delictivos en el norte

 

 

La serie de narcobloqueos, quema de vehículos e instalación de ponchallantas, paralizó cinco municipios del norte de Veracruz (Poza Rica, Tihuatlán, Papantla, Cazones de Herrera y Tuxpan) la mañana del miércoles 18 de noviembre de 2026, lo que no solo exhibe la incapacidad de la Secretaria de Seguridad Pública para detener a narco bandas, también confirma que los elementos policiacos estatales no actúan, porque seguramente están corrompidos por la delincuencia organizada.    

 

Los grupos criminales se han conducido por la zona norte con absoluta impunidad y descaro, desde que José Manuel Pozos Castro y Eric Domínguez Vázquez eran los alcaldes de Tuxpan y Papantla, respectivamente, ante ello todo hace suponer que estos personajes que en la actualidad forman parte del gobierno del estado y del Órgano de Fiscalización Superior, posiblemente los protegieron.       

 

Señalamientos en columnas de opinión, diversos espacios editoriales han vinculado la presencia de grupos delictivos en la zona norte, con las administraciones municipales previas y han cuestionado los nombramientos de ambos funcionarios.

 

Por ejemplo, una columna publicada en Sol Veracruz, señaló en agosto de 2025 que, durante sus mandatos en Tuxpan y Papantla existió permisividad hacia organizaciones criminales.

 

Ante esta oleada de cuestionamientos es urgente que la Fiscalía General de la Republica y la Secretaria de Seguridad y Protección ciudadana del Gobierno Federal, que encabeza Omar García Harfuch, investiguen a estos dos personajes ya que las contundentes evidencias los deja muy mal parados.   

 

La actuación abierta y sin freno de los grupos delictivos en el norte —tanto en la región norte de Veracruz como en la franja fronteriza del país—, responde a una combinación de debilidad institucional, control económico del territorio y altos índices de impunidad.

 

El fenómeno se explica por los siguientes factores principales:

 

Vacíos de autoridad y "gobernanza criminal"

 

En muchos municipios, las policías locales son insuficientes, carecen de equipo o han sido rebasadas por las organizaciones delictivas. Cuando el Estado tiene una presencia meramente simbólica, las bandas llenan ese vacío de autoridad, imponen sus propias reglas, regulan actividades comerciales y ejercen un control territorial efectivo, que normaliza su presencia a plena luz del día.

 

Colusión y cooptación institucional

 

El descaro con el que operan las bandas del crimen organizado suelen estar respaldadas por redes de protección política o policial. Mediante sobornos millonarios o amenazas directas contra alcaldes, mandos policiacos y funcionarios locales, los grupos criminales logran que las autoridades miren hacia otro lado, retrasen operativos o les filtren información sobre movimientos de las fuerzas federales.

 

Disputa por economías ilícitas estratégicas

 

Tanto el norte de Veracruz (corredor clave hacia el Golfo y el centro del país con municipios como Poza Rica, Tuxpan y Papantla), como la frontera norte son territorios de altísimo valor financiero.

 

 Ahí las bandas no solo pelean el trasiego de drogas, sino que han diversificado sus ingresos mediante el cobro de piso a comerciantes, el robo de hidrocarburos (huachicol), el secuestro y el tráfico de migrantes.

 

Al haber tanto dinero en juego, utilizan demostraciones públicas de violencia (como bloqueos, quema de vehículos y ataques directos) como una herramienta de intimidación, para someter tanto a la población como a sus grupos rivales. Todo lo hacen a la luz pública, sin que ninguna autoridad haga nada.  

 

Fragmentación de los cárteles

 

La captura o abatimiento de líderes criminales suele provocar que las grandes organizaciones se dividan en células locales, más pequeñas y violentas. Estas facciones compiten de forma despiadada por el control de cada municipio y recurren a actos cada vez más visibles y brutales, para demostrar superioridad frente a sus adversarios y frente al propio gobierno

 

Puntos carreteros afectados

 

Los cierres e incendios de unidades se concentraron en los principales accesos de la región norte:

Poza Rica. Incendio de unidades y cierres totales en los puentes Cazones 1 y Cazones 2, el acceso al fraccionamiento La Florida, Rancho El Rodeo y el kilómetro 47.

Tihuatlán y Cazones. Bloqueos en la carretera Poza Rica–Tihuatlán, la carretera Poza Rica–Cazones y la avenida Ejército Mexicano.

Papantla y Tuxpan. Cierres en la salida hacia Papantla, rutas cercanas a la autopista Totomoxtle y accesos al puerto de Tuxpan.

 

Posible origen y respuesta oficial

 

De acuerdo con reportes de seguridad citados por medios como Milenio y Palabras Claras, los ataques habrían sido una reacción tras la captura de un jefe criminal durante un despliegue federal, en medio de la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el grupo local conocido como Mafia Veracruzana / Grupo Sombra.

 

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, informó el despliegue de un operativo coordinado con fuerzas federales (Ejército y Guardia Nacional) y municipales, para liberar las vías y ubicar a los responsables. Las autoridades estatales confirmaron únicamente daños materiales en vehículos incendiados y neumáticos averiados, sin reporte oficial de personas lesionadas.

 

Pero todo lo hacen después de los terribles acontecimientos. Nunca actúan como medida de prevención. No combaten a las bandas criminales, les permiten evidentemente que se conduzcan con impunidad.    

 

Alfonso Reyes Garcés (Titular de la SSP estatal) diversos reportes periodísticos, como los difundidos por Noreste Veracruz Informa, señalan que el funcionario atribuyó hechos violentos en Poza Rica a pugnas entre grupos delictivos. Asimismo, en redes sociales circularon críticas sobre sus respuestas evasivas al ser cuestionado por la prensa respecto a la presencia criminal en la zona norte y los casos de extorsión en la entidad.

jueves, 19 de noviembre de 2026





 *Gabriel Arellano se convierte en el Rey Infantil electo del Carnaval de Veracruz 2027*


***El Ayuntamiento de Veracruz, que preside la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo, avanza en los preparativos de la edición 103 de la Fiesta de Todos.



El Carnaval de Veracruz ya tiene completa su Corte Real 2027 con la elección de Gabriel Arellano González como Rey Infantil y de Jorge Hernández como príncipe, luego de una contienda que se caracterizó por la alegría de ambos candidatos.


Entre porras de familiares y amigos, Gabriel y Jorge celebraron junto a la Reina del Carnaval electa, Indira Meneses, el Rey de la Alegría electo, José Luis Covarrubias González y la Reina Infantil electa, Regina Torrecilla Delgado.


Con la mirada puesta en febrero y el impulso de la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo, el Ayuntamiento de Veracruz prepara la cartelera y organiza los paseos alegóricos para la edición 103 del Carnaval, que se celebrará del 2 al 10 de febrero de 2027.


El director de Turismo y Carnaval, Daniel Martín Lois, supervisó el conteo en el que Gabriel, con el distintivo dorado, obtuvo 228 mil 4 votos y Jorge, con el blanco, sumó 115 mil 968, mientras que el licenciado Carlos Enrique Levet Rivera, titular de la Notaría Pública número 52, dio fe del resultado.



 Propone Héctor Yunes limitar las

dispensas a funcionarios foráneos 


* Pide reformar la Constitución del Estado para establecer un límite del 20% para dispensas a integrantes del gabinete que no sean veracruzanos

* Que el talento de fuera sea la excepción que enriquece y no la regla que desplaza


Xalapa, Ver., – Durante la sesión ordinaria de este jueves, el diputado local Héctor Yunes Landa propuso establecer un límite de hasta el 20 por ciento para otorgar dispensas a titulares de las dependencias y entidades de la administración pública que no sean veracruzanos.


Explicó que vivir en Veracruz permite comprender problemas, reconocer prioridades y advertir las consecuencias que una decisión administrativa puede tener para sus habitantes. “Que el talento de fuera sea la excepción que enriquece, y no la regla que desplaza”, señaló.


“No proponemos una prohibición absoluta. Puede haber perfiles excepcionales: personas sin la calidad de veracruzanas que tienen la preparación y el profesionalismo para servir bien al estado. Para ellas la puerta queda abierta” planteó al pleno del Congreso.


Aseguró que el origen veracruzano importa por tres razones: conocimiento del territorio, trayectoria y la rendición de cuentas.


En el primer caso, dijo, no se gobierna igual Pánuco que Las Choapas, ni Xalapa que Tehuipango. Esa diferencia no se aprende el día de la toma de protesta. Se aprende viviendo aquí, recorriendo los caminos, escuchando a la gente.


Por lo que hace a la trayectoria, Veracruz tiene universidades de primer nivel, servidores públicos de carrera, académicos, técnicos, empresarios y profesionistas que conocen cada rincón del estado. La dispensa sistemática les manda un mensaje injusto: que en Veracruz no hubo nadie capaz, con la trayectoria y experiencia para ocupar el cargo. 


 

La rendición de cuentas asegura que quien es de aquí, aquí se queda al terminar su encargo se sigue encontrando a sus vecinos en el mercado, en la escuela de sus hijos, en la calle. “Quien llega como ave de paso, de paso se va. Y con él se van las explicaciones y las sospechas sobre su desempeño y patrimonio.”


Acusó que por cada dispensa que este Congreso concede significa algo muy concreto: que esa persona no nació aquí, no es hija de veracruzanos y ni siquiera ha vivido cinco años entre nosotros. “Eso no es talento que llega a sumar. Es desconocimiento que llega a decidir”, aseguró.


La iniciativa también prevé que cuando el Congreso ejerza la facultad de dispensar una ley, no pueda dispensar también el trámite reglamentario. Toda dispensa deberá pasar por comisión, contar con dictamen y estar debidamente motivada.


-o0o-   


Información del Portal Voz Plural/Jesús Vásquez Pino.

Que nos haga caso Juan Nicolás Callejas, piden los Maestros de Veracruz


Por Juan Salado Martinez

A unos días del Congreso Estatal de la sección 32 del SNTE algunos maestros se preguntan si el líder del llamado Equipo Político Juan Nicolás callejas Roldán ya le resolvió ancestrales problemas como la falta de pagos, cambios de adscripciones y despidos injustificados de parte de la autoridad laboral llamada SEV.Dicen que está enfocado a promover la aspiración de ser diputado en el partido Morena, es por ello que viene presionando a las delegaciones a que participen en la llamada encuesta para ser promotores de la 4t en territorio veracruzano.  habrán protestas como siempre lo hay en el próximo congreso de la 32 porque están en el abandono y sin respuesta los profesores de Veracruz y el personal que trabaja en educación.
 

19 de noviembre de 2026

Aviso Informativo


*Habrá suspensión temporal del servicio eléctrico en Lomas del Vergel el 21 de noviembre por trabajos de CFE*


El Ayuntamiento de Veracruz, que preside la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo, informa a la ciudadanía que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará labores de mantenimiento y modernización de su infraestructura para mejorar el servicio de energía eléctrica.


Debido a estas labores, el sábado 21 de noviembre, de 03:00 a 16:00 horas, se suspenderá temporalmente el suministro en la calle Flor de Cerezo, colonia Lomas del Vergel, por lo que se recomienda a las familias de la zona tomar las precauciones pertinentes.


Asimismo, agradece la comprensión de las vecinas y los vecinos ante las molestias que puedan ocasionar estos trabajos, necesarios para optimar el funcionamiento de la infraestructura y brindar un servicio eléctrico más eficiente y confiable.

 

Articulista invitado Carlos Miguel Acosta Bravo



IMPRONTA

México pierde el estatus libre de sarampión

Carlos Miguel Acosta Bravo

Que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) haya retirado a México -junto con Estados Unidos y Bolivia- el estatus de país libre de sarampión significa que el virus volvió a circular de manera sostenida durante más de 12 meses. No es una sanción simbólica, es la constatación de que el país perdió parte de su escudo preventivo y que la enfermedad puede volver a convertirse en un riesgo grave, especialmente para niños, personas inmunodeprimidas y comunidades con baja cobertura vacunal.

La decisión se tomó después de que la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión confirmara que la transmisión endémica se restableció en México, Bolivia y Estados Unidos.

La certificación de eliminación no significaba que México estuviera libre de cualquier caso importado. Significaba que no existían cadenas de transmisión sostenida dentro del territorio.

La OPS retiró el reconocimiento porque el mismo genotipo y linaje del virus circuló de forma continua durante al menos 12 meses. Eso demuestra que el sarampión dejó de ser un brote aislado y volvió a instalarse como enfermedad endémica.

Entre febrero de 2025 y el 13 de noviembre de 2026, México acumuló alrededor de 20 mil 701 casos confirmados y 50 defunciones asociadas al sarampión.

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que se conocen. Puede propagarse rápidamente en escuelas, hospitales, transporte público, comunidades cerradas y zonas con baja cobertura de vacunación.

Los grupos más vulnerables son: Lactantes menores de 12 meses, que aún no completan su esquema de vacunación; Niños y adultos con esquemas incompletos; Personas con inmunosupresión, cáncer, trasplantes o enfermedades crónicas; Comunidades rurales, indígenas o marginadas con menor acceso a servicios de salud; Trabajadores de salud y personal esencial expuesto a brotes hospitalarios.

El sarampión no es una enfermedad leve. Puede causar neumonía, encefalitis, complicaciones neurológicas y muerte, especialmente en menores de cinco años. De las 50 defunciones reportadas en México, la mayoría correspondió a niños menores de cinco años.

La pérdida del estatus no ocurre de un día para otro. Es el resultado acumulado de brechas de cobertura, rezagos en adquisición de vacunas, debilitamiento de campañas de vacunación y dificultades de acceso a los servicios de salud.

El análisis publicado en la revista Vaccines,  estima que entre 2006 y 2024 México necesitaba aplicar 91.6 millones de dosis de vacuna triple viral (SRP), pero el sistema público sólo administró 69 millones. Esa brecha dejó a millones de personas sin protección suficiente.

El dato es relevante porque el sarampión requiere coberturas de al menos 95% con dos dosis para interrumpir la transmisión y proteger a la población. La OPS reiteró que alcanzar y mantener ese nivel es fundamental para recuperar el estatus de eliminación.

En ese escenario, las consecuencias podrían incluir, investigaciones administrativas para determinar responsabilidades en la compra, distribución y aplicación de vacunas; Posibles sanciones a servidores públicos si se comprueba negligencia, omisión o incumplimiento de deberes.

Demandas civiles por daños y perjuicios de familias afectadas; Revisión de la trazabilidad de compras, almacenes, distribución estatal y aplicación en centros de salud; Revisión de protocolos de vigilancia epidemiológica y respuesta ante brotes; Posible responsabilidad penal si se demuestra dolo, corrupción o abandono grave de funciones.

No debe confundirse con las 50 muertes asociadas directamente al sarampión reportadas por la OPS y la Secretaría de Salud.

La pérdida del estatus también tiene consecuencias económicas. Un brote activo puede obligar a cerrar escuelas, suspender actividades, reforzar hospitales, destinar recursos a campañas de vacunación y enfrentar costos médicos extraordinarios.

Para el turismo, los viajes internacionales y la atracción de inversión, la percepción de riesgo sanitario puede afectar la confianza. No se trata de una crisis económica inmediata, pero sí de una señal de que el sistema de salud pública requiere fortalecimiento urgente.

Además, la pérdida de certificación puede generar costos diplomáticos y comerciales. Países que mantienen altos estándares de salud pública pueden exigir mayores controles, certificados de vacunación o medidas adicionales para viajeros provenientes de zonas con brotes activos.

Para recuperar el estatus, México necesita demostrar que ha interrumpido la transmisión durante al menos 12 meses. Eso exige una estrategia sostenida, no una campaña de emergencia.

Elevar la cobertura de la vacuna triple viral (SRP) a al menos 95% de la población con dos dosis; Identificar y vacunar a niños, adolescentes y adultos con esquemas incompletos; así como fortalecer la vigilancia epidemiológica y la detección temprana de casos.

Se debe garantizar abasto, almacenamiento y distribución oportuna de vacunas; Reforzar la comunicación pública para combatir desinformación antivacunas; y es fundamental proteger a personal de salud, escuelas y comunidades vulnerables; Auditar la cadena de suministro y establecer responsabilidades claras por retrasos en adquisición.

La retirada del estatus de libre de sarampión es una advertencia, la salud pública no se defiende sólo cuando llega la crisis, sino todos los días en que se garantizan vacunas, vigilancia, acceso y confianza ciudadana.

Si México quiere recuperar su certificación en 2028, como ha planteado la Secretaría de Salud, deberá demostrar que la transmisión se interrumpió durante 2027 y que el sistema de vacunación quedó fortalecido de manera permanente.

La lección es clara, prevenir es más barato, más humano y más eficaz que reaccionar. El costo de no vacunar a tiempo no se mide sólo en pesos, sino en vidas, confianza institucional y capacidad del país para proteger a su población.

 

Articulista invitado Omar Zuñiga



RUTA ENERGÉTICA

 

México visto desde la energía

 

Por Héctor Ramírez Rodríguez

 

Hace unos días, una imagen llamó mi atención. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, iniciaba una visita oficial a China. Más allá de las lecturas políticas que cada persona pueda hacer del acontecimiento, la escena provocó una reflexión distinta: con frecuencia, los mexicanos observamos al país desde sus problemas cotidianos, sus debates internos y sus pendientes históricos, pero rara vez nos detenemos a valorar qué representa México en el contexto internacional.

La pregunta no es menor. Nuestra historia ha estado marcada por desafíos complejos, algunos de ellos profundamente traumáticos. También por una vecindad compleja con la mayor potencia económica y militar del mundo, una relación que ha generado oportunidades extraordinarias, pero también tensiones, asimetrías e injusticias difíciles de ignorar. En medio de esa realidad, solemos acostumbrarnos a observarnos desde dentro y olvidamos preguntarnos cómo somos vistos desde fuera.

¿Qué representa México para otras naciones? ¿Qué peso económico tiene? ¿Qué importancia estratégica posee? ¿Cuál es su verdadera posición en un mundo integrado por casi doscientos países?

Responder esas preguntas exige mirar algunos indicadores estructurales. Pocos indicadores permiten observar simultáneamente desarrollo industrial, complejidad económica e infraestructura estratégica.

Con frecuencia se piensa que el sector eléctrico es únicamente un servicio público indispensable para hogares, comercios e industrias. Sin embargo, la capacidad de generar y consumir electricidad también refleja el tamaño de una economía, el nivel de desarrollo industrial, la complejidad de sus cadenas productivas y la magnitud de su infraestructura. En otras palabras, la energía permite medir la dimensión real de un país.

Desde esa perspectiva, México ocupa una posición que a menudo pasa inadvertida para los propios mexicanos. La generación eléctrica nacional se ubica entre las más importantes del planeta. Ocupar la posición 13 en el mundo por generación de energía (por encima de Taiwán y Gran Bretaña, y rosando la posición 12 que ocupa Irán). No deja de resultar paradójico que un país que figura entre los principales generadores de electricidad del mundo continúe describiéndose a sí mismo como una economía periférica; cuando en realidad es el reflejo de un país que forma parte de las cadenas manufactureras más relevantes del mundo, que participa de manera decisiva en el comercio internacional y que mantiene una de las redes industriales más complejas del continente.

Este hecho adquiere mayor relevancia en un contexto global caracterizado por transformaciones profundas. La transición energética, la reconfiguración de las cadenas de suministro, el avance de nuevas tecnologías y las tensiones geopolíticas han devuelto valor estratégico a elementos que durante años parecían resueltos: la seguridad energética, la capacidad industrial, la infraestructura logística y el acceso a recursos críticos.

México participa en todas esas conversaciones. Su ubicación geográfica, su relación económica con América del Norte, su capacidad manufacturera y su infraestructura energética lo convierten en un actor cuya relevancia excede con mucho la percepción que frecuentemente tenemos de nosotros mismos.

Por supuesto, reconocer esa posición no significa ignorar los desafíos que enfrenta el país. Persisten rezagos sociales, necesidades de inversión e importantes retos de competitividad. Pero conocer nuestras áreas de oportunidad no debe impedirnos reconocer los activos que ya poseemos. Las naciones construyen su futuro a partir de una comprensión realista de sus fortalezas y debilidades.

Quizá por ello conviene observar con más atención la manera en que México aparece en el escenario internacional. A veces, la mejor forma de entender quiénes somos consiste en alejarnos un poco del debate cotidiano y mirar el país desde una perspectiva más amplia.

La energía ofrece una ventana privilegiada para hacerlo. Y precisamente por ello, en próximas colaboraciones abordaremos indicadores que permiten dimensionar con mayor precisión la posición que México ha alcanzado en el concierto internacional y los desafíos que deberá enfrentar para fortalecerla durante las próximas décadas.

 

X @hector_ramirezr

Articulista invitada Fanny Yepez


   La Columna

Por Fanny Yépez

19 de noviembre de 2026 

 

El Ople Veracruz, desacreditado y cuestionado en pleno proceso electoral

 

Actores políticos temen que se vuelva a caer el sistema

Inconsistencias y presuntas irregularidades empañan a esa autoridad 

  

Aprovechando que se está investigando la transparencia, honestidad e integridad de las instituciones electorales, se debería investigar sobre el ¿Por qué? se registró la caída de sistema durante el cómputo de la elección judicial local en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, que realizo en ese entonces el OPLE Veracruz, situación que provoco muchas especulaciones al respecto.  

 Recordamos que, la caída y suspensión del sistema informático del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, ocurrida alrededor de las 13:45 horas del lunes 9 de junio (y reportada de forma extendida el 10 de junio de 2025) —la cual correspondió al sistema de cómputos de la elección extraordinaria del Poder Judicial del Estado (y no al PREP de ayuntamientos, que había concluido días antes)— generó múltiples señalamientos y especulaciones entre candidatos, actores políticos y ciudadanía

 Qué pasó en junio de 2025, el portal y sistema de cómputo de la elección judicial presentó fallas, se interrumpió tras iniciar los conteos, lo que derivó en protestas y señalamientos de candidatos y partidos.

 El Ople Veracruz argumentó que, la plataforma oficial para consultar los resultados preliminares falló y tuvo que ser suspendida, debido a una alta demanda y saturación de consultas ciudadanas.

 La institución electoral, según reportó el 10 de junio de 2025, que la falla obligó a suspender temporalmente los conteos digitales, cuando apenas se habían capturado 199 paquetes electorales, lo que motivó críticas y exigencias de auditoría al software, por parte de partidos de oposición como Movimiento Ciudadano.

 En la actualidad, aunque el sistema no ha sufrido caídas este mes, el organismo enfrenta señalamientos públicos y cuestionamientos sobre su credibilidad y manejo administrativo, por parte de actores políticos en el arranque del proceso para renovar las 50 diputaciones locales en 2027.

 La historia establece que las principales especulaciones y señalamientos, estuvieron relacionadas con una presunta manipulación de resultados y fraude electoral. De acuerdo con reportes de La Jornada y XEU Noticias, ciudadanos y aspirantes a magistraturas manifestaron que existían indicios de alteración en los sufragios.

 Argumentaron que el colapso ocurrió en un punto crítico en el que las tendencias favorecían claramente a determinados candidatos (como Rosalba Hernández Hernández, Mirza Abilene Rosa Espejo, Miguel Herrera González y Rodrigo Edmundo Galán Martínez).

 Muchos actores políticos se atrevieron a asegurar que se registró una detención deliberada y no una falla técnica. Aunque el organismo electoral atribuyó la intermitencia a la alta demanda de consultas en el portal, el medio Tercera Vía publicó el 11 de junio de 2025 que fuentes internas del propio OPLE, aseguraban que no se trató de una caída accidental, sino de una suspensión de emergencia provocada por presuntas anomalías.

 Opacidad y falta de certeza institucional. Candidatos a cargos judiciales protestaron al señalar la ausencia de un informe técnico detallado sobre las causas reales de la falla. Asimismo, el incidente se sumó a acusaciones previas de fraude electoral en comicios municipales (como las denuncias de Movimiento Ciudadano en Papantla y Poza Rica), alimentando la narrativa de una crisis de credibilidad e imparcialidad en el árbitro electoral.

 Según informó El País el 11 de junio de 2025, la falla provocó inconsistencias en los datos y duplicidad de registros debido a la intermitencia del servidor. Ante el colapso definitivo del sistema electrónico, el OPLE determinó suspender el conteo digital.

 Por todo ello y más que está plasmado en la historia política electoral del estado de Veracruz, en la actualidad, al inicio del proceso electoral local 2026-2027, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, enfrenta fuertes cuestionamientos por presuntas irregularidades en contratos públicos, acusaciones de parcialidad política y fallas operativas en elecciones previas.

 De acuerdo con reportes periodísticos y pronunciamientos de actores políticos, las críticas se concentran en cuatro ejes principales:

 Auditorías y presuntas irregularidades en contratos

 Investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).- La ASF solicitó información al OPLE Veracruz, como parte de una revisión sobre contrataciones y concentración de proveedores, en organismos electorales entre los años 2000 y 2025.

 Adjudicaciones directas y vínculos empresariales.- Diversas publicaciones en medios como El Buen Tono, señalan presunta opacidad en compras directas por 12.8 millones de pesos y cuestionan posibles vínculos con empresas ligadas a controversias previas, en el Instituto Nacional Electoral (INE). Por su parte, la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano exigió explicaciones por observaciones de la ASF relacionadas con contrataciones por 484 millones de pesos.

 En resumen, el Ople Veracruz al igual que el INE, está registrando una grave pérdida de credibilidad y confianza, la ciudanía ya no confía en esta autoridad electoral, y a seis meses de que se realice el proceso electoral, es sumamente difícil que se recupere de ese estigma.

miércoles, 18 de noviembre de 2026






 18 de noviembre de 2026

Boletín Informativo


*Retira Ayuntamiento de Veracruz isleta en JB Lobos para reducir riesgos de accidentes*


***Por instrucciones de la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo, se dio atención a una problemática que afectaba a quienes circulan diariamente por esta importante avenida


Para reducir la incidencia de accidentes en la avenida JB Lobos, a la altura de Las Bajadas, el Ayuntamiento de Veracruz inició los trabajos para retirar una isleta que dificultaba la circulación vehicular en dirección al aeropuerto y representaba un riesgo para quienes transitan diariamente por esta zona.


Esta intervención responde a una evaluación realizada por la dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, que identificó que la isleta, lejos de favorecer la circulación, generaba condiciones de riesgo para los conductores, por lo que la dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano realizó los trabajos para retirarla.


Las mejoras también contemplan la reubicación de uno de los semáforos hacia el camellón central, mientras ambos continúan funcionando con normalidad. Durante las maniobras, elementos de Tránsito Municipal permanecen en el lugar para orientar a los automovilistas, resguardar la zona y mantener el orden vial.


El gobierno municipal exhorta a las y los conductores circular con precaución, respetar los señalamientos y considerar posibles demoras durante las maniobras, que buscan resolver un problema de seguridad vial y ofrecer mejores condiciones de tránsito a las familias veracruzanas.

 




¿Por qué no denunciaron?, cuestiona Héctor Yunes
a titular de Finanzas sobre robo en Puebla 

* Deben aclarar cuál era el monto y el origen de ese dinero, por qué no se presentó denuncia
* Pide a Finanzas la cifra total de la deuda y explicar 10 mil 631 millones refinanciados sin licitación
* Cuestionó el reemplacamiento 2027 y que la nómina rebaso su límite en casi 4 mil millones de pesos

Xalapa, Ver., – Durante la comparecencia del secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, en la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, el diputado Héctor Yunes Landa le exigió responder respecto del presunto robo de dinero cometido en el Bulevar Atlixco de Puebla, donde la víctima sería presuntamente Rubén Barreto Munguía, asesor de la dependencia y hermano de Daniel Barreto Munguía, director general de Fiscalización en la Sefiplan.

El diputado por Alianza Generacional por Veracruz preguntó cuál era el monto y el origen de ese dinero, por qué no se presentó denuncia y si Sefiplan ha contratado servicios de asesoría con empresas poblanas vinculadas a ese colaborador. Yunes Landa denunció una intensa e inmediata campaña en su contra a partir de este cuestionamiento.

Al preguntar sobre el monto de la deuda del estado, el legislador aliancista pidió que no se limitara a la deuda bancaria y que incluyera la deuda bursátil, los pasivos con proveedores y los más de 2 mil 130 millones de pesos que se adeudan al magisterio desde 2016.

Yunes Landa detalló que a principios de año Sefiplan reestructuró más de 8 mil 700 millones de pesos de deuda y que para el último trimestre de 2026 hay dos refinanciamientos más en negociación: uno con BanBajío por 964 millones y otro con Banorte por 967 millones. En total serían 10 mil 631 millones de pesos sin proceso competitivo. 

Contrastó esas operaciones con lo que dijo la gobernadora el 2 de noviembre, cuando afirmó que su gobierno reduce la deuda sin nuevos créditos ni renegociaciones bancarias. “Resulta que tenemos tres reestructuras en menos de un año”, subrayó.

Le pidió al funcionario informar qué despacho asesoró la refinanciación, cuánto cobró, cuánto se pagó en comisiones bancarias y dónde están publicadas las corridas financieras que respaldan el ahorro de 155 millones anunciado en abril.

El diputado recordó que, cuando la periodista Alba Valdés le preguntó sobre temas de su dependencia, el secretario respondió “te mando muchos besos”. “Quiso asumir el papel de secretario ‘Rorro’, pero para los veracruzanos es el secretario ‘Rerre’: el de la REestructuració, el REemplacamiento y la REpulsa”, ironizó.

Sobre el reemplacamiento anunciado para 2027, que obliga a cambiar placas expedidas entre 2019 y 2022, preguntó cuánto pagará cada automovilista por placas de apenas cinco años y por qué el trámite no será gratuito, como sí lo fue en administraciones anteriores.

También le reclamó que en agosto acusó al gobierno de Cuitláhuac García, de su mismo partido, de ocultar deuda en cuentas de orden. Le pidió explicar si ejerció alguna acción penal y, si no lo hizo, por qué un secretario de Finanzas conoce una irregularidad y no la denuncia.

Con base en la auditoría 2119 de la Auditoría Superior de la Federación, Yunes Landa expuso que en 2025 la nómina pagada fue de 71 mil 266 millones de pesos, frente a un tope legal de 67 mil 686 millones, y que Sefiplan no acreditó en primera instancia el destino de 23 mil 810.5 millones de ingresos excedentes. 

“Pareciera que ahorramos monedas y no sabemos el destino de los billetes”, resumió. Preguntó cuál será el tope legal de servicios personales para 2027 y de cuánto será el aumento para el secretario y la alta burocracia estatal.

Señaló además que en 2025 el presupuesto ejercido superó en 32% al aprobado, con aumentos de 163% en Comunicación Social y de 132% en la Oficina de la Gobernadora. Preguntó quién autorizó esas ampliaciones, con qué ingresos y por qué el Congreso se enteró por el informe trimestral.


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