Protesta en Plaza Lerdo

 

En el 12 de octubre en la plaza Lerdo de la capital Veracruzana Defensores de pueblos indígenas realizaron protesta entregando comunicados de prensa. 

El Otro Café Politico...

     El Otro Café Politico 

Por Jesús Vásquez Pino 

Talacha política hacia el gobierno de Veracruz!!! 

Nos queda claro que Pepe Yunes y Manuel Huerta quieren ser gobernadores de Veracruz, porqué realizan acciones frente a los electores en diversos puntos del estado. 

En el caso de Pepe Yunes, hemos visto sus redes sociales en los encuentros con activistas sociales, líderes campesinos y pescadores en dónde se escuchan quejas y acciones que no llegan del Gobierno federal y estatal. 

Causó confusión cuándo  acudió a la Asamblea de MC con su amigo Dante Delgado  y después se aclaró con la presencia de su líder nacional Alito Moreno Cárdenas que se prepara en alianzas frontales para lo que venga en 2027. 

Desde temprana hora viaja kilómetros recorriendo Veracruz, Pepe Yunes escucha los sectores y al parecer   primero será diputado federal para que en el 2030 busque la candidatura al gobierno del estado. 

En el caso de Manuel Huerta, Senador de Morena este fin de semana quedó claro por lo expresado de su coordinador Nacho Mier quién dijo: que se trata de una persona leal, transparente y que trabaja por Veracruz. 

Huerta Ladrón de Guevara además recibe la Ciudad de México a muchos sectores que piden respuesta y confían en que podrá llevar soluciones. 

El Senador Manuel Huerta ya tiene operadores políticos en Veracruz que inclusive trabajaron en el Bienestar y manejaron programas sociales con mucha gente que se da por agradecida. 

El terreno es fértil en Veracruz para el trabajo electoral hacia el 2027, éstos personajes son conocidos y obviamente tienen adversarios dentro de sus propios partidos,  pero  tienen seguidores que habrán de votar 2027 y cuando sea el momento al gran llamado de la elección 2030. Es cuanto.

Articulista invitado Jorge Ramón Rizzo

    Focus Group 

Cuitláhuac y la Crisis que Viene

Por Jorge Ramón Rizzo*

La seguridad energética de México se encuentra en un punto de extrema tensión. Las recientes alertas operacionales del Cenagas y las posteriores declaraciones de su director, el veracruzano Cuitláhuac García Jiménez, han puesto en evidencia la fragilidad de la matriz energética mexicana. 

Aunque el discurso oficial se apresuró a apagar las alarmas de desabasto, la realidad técnica, económica y política, revela un país que camina sobre la cuerda floja debido a su dependencia absoluta del exterior para alimentar su aparato industrial y eléctrico.

El debate actual se detonó tras una notificación de las empresas operadoras de infraestructura en Estados Unidos, las cuales informaron a México sobre una reducción del 20% en el envío de gas natural debido a contingencias técnicas en sus sistemas. Ante la inminencia de la contingencia, la primera reacción del titular de Cenagas, Cuitláhuac García, fue de una inusual franqueza, admitiendo públicamente que México cuenta con reservas equivalentes a apenas tres días de consumo ante un corte total del suministro exterior.

Sin embargo, en cuestión de horas, el control de daños político surtió efecto. Tras una reunión en Palacio Nacional, el exgobernador de Veracruz matizó drásticamente su postura ante los medios de comunicación, afirmando que no existía riesgo alguno de crisis ni desabasto, asegurando que Pemex había incrementado de inmediato su producción interna para compensar la caída. Este drástico cambio de narrativa evidencia la tensión constante entre la transparencia operativa y la necesidad política de proyectar estabilidad.

Desde una perspectiva técnica, la afirmación de que el país tiene "tres días de reserva" encubre una deficiencia estructural alarmante. México carece de almacenamiento comercial y estratégico de gas natural. Esos tres días no corresponden a inventarios físicos resguardados en cavernas salinas, campos depletados o tanques criogénicos de gas natural licuado (GNL); corresponden simplemente al gas que se encuentra en tránsito permanente —el llamado linepack— dentro de la red nacional de gasoductos (Sistrangas).

Si el flujo de gas desde Estados Unidos se detiene por completo, la presión del sistema cae y las tuberías se vacían en menos de 72 horas. Mientras naciones de la OCDE mantienen inventarios estratégicos obligatorios para cubrir entre 30 y 90 días de consumo interno, México carece de esta red de amortiguamiento, dejando su infraestructura expuesta a cualquier shock climático o geopolítico.

Días atrás, Cuitláhuac como uno de los oradores principales en el festejo número 15 de Morena, adoptó una línea de resistencia ideológica y pureza partidista, centrando su discurso en cerrar filas frente a la derecha internacional, cuestionando si se le dejaría el camino libre a un "regreso del neofascismo". Mientras en los foros morenistas se celebra la transformación de las conciencias, en la red de ductos de Cenagas la soberanía energética sigue dependiendo de las decisiones del extranjero: Nulificando el discurso de "Soberanía Energética".

Económicamente, la vulnerabilidad se traduce en una dependencia comercial total, ya que México importa entre el 70% y el 75% del gas natural que consume, proviniendo la inmensa mayoría de las cuencas de Texas (Waha y Permian). Si bien este combustible es el más barato del mundo, la sujeción a un único proveedor es un riesgo que expone nuestra endeble situación.

Porque además, debe decirse que el gas natural es la columna vertebral de la economía mexicana, ya que más del 60% de la energía eléctrica del país se genera en plantas de ciclo combinado impulsadas por este hidrocarburo. Además, sectores claves como el siderúrgico, petroquímico, cementero y automotriz dependen del gas para sus procesos térmicos. Un desabasto prolongado paralizaría de forma inmediata los corredores industriales del Bajío y el Norte del país, fulminando la competitividad y espantando las inversiones atraídas por el 'nearshoring'.

En el plano político, esta crisis desmantela la narrativa de "soberanía energética" heredada del sexenio anterior y choca con las metas de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Para revertir esta situación, el gobierno federal contempla en su plan energético una meta sumamente ambiciosa: Elevar la producción nacional de gas de 3,800 a 5,000 millones de pies cúbicos diarios hacia el año 2030.

No obstante, alcanzar este objetivo plantea una profunda contradicción ideológica y ambiental. Las mayores reservas no asociadas del país se encuentran en yacimientos no convencionales del norte de Coahuila y la cuenca de Burgos, cuya extracción viable requiere de la fracturación hidráulica (fracking). La reactivación de esta técnica le pega directamente al discurso ecologista y de sustentabilidad del bloque gobernante, abriendo un debate álgido entre la urgencia de seguridad energética y los severos costos ambientales en regiones con alto estrés hídrico.

La crisis latente del gas natural en México no se resuelve con declaraciones de calma a las afueras de los recintos oficiales ni con boletines oficiales. De acuerdo a expertos consultados por 'Focus Group', la vulnerabilidad es real, física y medible. Con la temporada invernal en puerta, el riesgo de que tormentas invernales en Texas congelen los ductos y fuercen apagones masivos sigue siendo una amenaza latente, como ya sucedió con aquella histórica 'Tormenta Uri' de 2021. Para México, el gas natural ya no es solo un insumo energético barato; es el principal factor de riesgo para nuestra estabilidad económica y soberanía nacional. Realmente estamos a la puerta de lo que podría ser la peor crisis energética en la historia de México.

*Periodista/Tlaxcala

Articulista invitado Carlos Miguel Acosta Bravo

    IMPRONTA

Veracruz, crisis de salud pública

Carlos Miguel Acosta Bravo

La crisis de medicamentos e insumos en el IMSS-Bienestar de Veracruz ha dejado de ser un problema administrativo para convertirse en una crisis política y social. Las protestas de médicos, enfermeras y trabajadores del sector no sólo exigen un incremento salarial; denuncian que hospitales operan sin los recursos mínimos para atender con seguridad a los pacientes.

En ese contexto, la posición del delegado o coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Roberto Ramos Alor, se ha vuelto insostenible. Sus respuestas han sido percibidas como negación de la realidad, presión sobre el personal médico y una forma de censura frente a quienes denuncian las carencias.

Los trabajadores del IMSS han realizado movilizaciones en Veracruz y en al menos 18 entidades del país. Sus demandas incluyen un incremento salarial de 10%, contratación de personal, mejores condiciones laborales, abasto de medicamentos e insumos, respeto a sus derechos sindicales.

El conflicto salarial es importante. La dirigencia del SNTSS aprobó un incremento de 2.9% al salario tabular, mientras los inconformes exigen 10% directo. La dirigencia sostiene que el aumento ponderado alcanza 8.55%, pero la base trabajadora considera que esa cifra no refleja el deterioro de su poder adquisitivo ni la sobrecarga de trabajo.

Sin embargo, reducir la protesta a dinero sería un error. El reclamo central es que el personal no puede atender adecuadamente a los pacientes cuando faltan gasas, guantes, cubrebocas, suturas, medicamentos, camas, equipo y personal suficiente.

Una enfermera no puede cuidar con dignidad si no tiene insumos. Un cirujano no puede operar sin material quirúrgico. Un médico no puede tratar a un paciente si el medicamento necesario no está disponible.

En Veracruz, las protestas comenzaron antes de las movilizaciones nacionales. El 14 de septiembre, médicos, enfermeras, residentes y personal administrativo marcharon en Xalapa para denunciar la falta de medicamentos, material quirúrgico e insumos en hospitales de la entidad.

El reclamo se intensificó cuando familiares de pacientes con cáncer anunciaron colectas para reunir guantes, suturas, alcohol, gasas, batas desechables, gorros de quirófano, gel antibacterial y otros materiales básicos. Esa situación convirtió el desabasto en un problema visible ante la opinión pública.

Cuando las familias deben recolectar insumos para un hospital público, la discusión deja de ser técnica. Se convierte en una evidencia social de que el sistema no está cumpliendo su función.

Las autoridades han respondido que los hospitales operan con normalidad y que se han entregado más de 10.5 millones de piezas de medicamentos e insumos en Veracruz. También han informado de porcentajes de abasto superiores a 70% en farmacia general, más de 80% en material de curación y 95% en medicamentos oncológicos.

Esos datos pueden ser ciertos, pero no responden por sí solos al reclamo. Un abasto promedio de 70% puede significar que 30% de las necesidades no está cubierto. Y para un paciente que necesita un medicamento específico, no existe consuelo en un porcentaje global. La crisis se agravó por la forma en que la coordinación estatal del IMSS-Bienestar respondió a las denuncias. También a la expresión de que todo era un “show mediático”.

Roberto Ramos Alor enfrentó a personal médico y residentes que protestaban por la falta de recursos. Según reportes periodísticos, les dijo que, si no querían operar, no operaran. La frase se volvió simbólica porque pareció convertir una denuncia legítima sobre la falta de insumos en una amenaza o un ultimátum. Esa respuesta fue políticamente costosa por tres razones. Ante estas expresiones las marchas no han parado, la más reciente de ayer.

La autoridad sanitaria no puede gobernar con negaciones. Debe gobernar con diagnóstico, solución y rendición de cuentas. El conflicto también revela una inconformidad interna dentro del SNTSS. Varios trabajadores denuncian que existen mecanismos o prácticas que limitan su derecho a expresar públicamente las carencias de las unidades médicas.

Lo llaman “ley mordaza” porque sienten que no pueden denunciar abiertamente la falta de medicamentos, insumos o personal sin temor a represalias laborales, sindicales o administrativas. Esa percepción es grave. Un sistema de salud no puede mejorar si sus trabajadores tienen miedo de decir la verdad.

El personal médico y de enfermería es la primera línea de información sobre el funcionamiento real de los hospitales. Cuando un enfermero advierte que faltan insumos, no está haciendo política. Está informando sobre un riesgo para el paciente.

Silenciar esas denuncias no protege al IMSS-Bienestar. Lo debilita. Convierte cada problema evitable en una crisis pública y erosiona la confianza de pacientes, familias y trabajadores. La dirigencia del SNTSS ha asegurado que no habrá represalias contra quienes se manifiesten pacíficamente. Esa garantía debe comprobarse con hechos, no sólo con comunicados. Hasta el momento han privado las represalias.

Un trabajador mal pagado, con plazas vacantes y sin insumos, enfrenta una doble carga: trabaja más, gana menos y asume responsabilidades que deberían cubrir instituciones y proveedores. Esa situación produce fatiga, desmotivación, renuncias y menor calidad en la atención.

Al mismo tiempo, el desabasto obliga a médicos y enfermeras a explicar a las familias por qué no hay un medicamento o por qué se suspende una cirugía. El personal termina cargando con el desgaste político de una falla que no originó. Por eso, la protesta del SNTSS debe leerse como una defensa tanto de los derechos laborales como del derecho de los pacientes a recibir atención.

El gobierno federal y el estatal deben abandonar la lógica de negar el problema y adoptar una respuesta verificable. No es posible tapar el sol con un dedo es necesario publicar un diagnóstico real del desabasto. Debe incluir medicamentos faltantes, hospitales afectados, cantidades requeridas, fechas de entrega y responsables.

Se debe pagar a los proveedores. El adeudo con la industria farmacéutica afecta la capacidad de las empresas para mantener inventarios y cumplir contratos. Sin pagos oportunos, el abasto seguirá siendo frágil.

Se debe garantizar libertad sindical. Ningún trabajador debe ser sancionado, hostigado o amenazado por denunciar carencias. Por último se debe revisar la conducción estatal del IMSS-Bienestar. Si la autoridad responde a las denuncias con presión o descalificación, pierde legitimidad para dirigir una institución que debe basarse en confianza, diálogo y servicio público.

La crisis en Veracruz es una prueba para el gobierno federal, el estatal y la dirigencia sindical. No basta con decir que los hospitales operan. Hay que demostrarlo con medicamentos disponibles, cirugías realizadas, personal suficiente y trabajadores que puedan hablar sin miedo.

La protesta del SNTSS no debe interpretarse como un ataque al sistema público. Debe entenderse como una advertencia: sin insumos, sin personal y sin libertad para denunciar, la promesa de salud universal se vuelve una promesa vacía.

Las diversas manifestaciones de trabajadores del sector salud en Veracruz reflejan se necesita una respuesta seria, transparente y humana. Porque detrás de cada medicamento faltante hay un paciente esperando, una familia preocupada y un trabajador de la salud que ya no puede callar.

 

Articulista invitado Agustín Contreras Stein

Línea Política 12 de octubre del 2026… Agustín Contreras Stein.

                       SEGURIDAD, DEMANDA PERMANENTE

POR MÁS TIEMPO que pasa los mexicanos no se acostumbran a la inseguridad ni tampoco a la injusticia. Estos son dos temas que se encuentran pendientes en la agenda del gobierno correspondiente a las tres esferas del poder. La sociedad está pendiente de que se tomen las medidas necesarias y contundentes para resolver este problema, pero todo parece indicar que la cuarta transformación no puede con este enorme paquete o no quiere meterse en camisa de once varas. Hasta ahora, durante los ochos años de mantenerse en el poder, no le han sido suficientes para hacer desaparecer del territorio nacional este fenómeno social que, en realidad ya se ha convertido en un mero fantasma que merodea por todos los rincones del país. La iglesia católica, como uno de los sectores más importantes de la población mexicana que aglutina a la mayoría de fieles, ha llamado la atención en el sentido de que la seguridad, sobre todo la injusticia, son temas a los cuales se está acostumbrando. Es cierto, en parte, pero en la realidad es que los mexicanos no están conformes y ésta puede ser la semilla que finalmente germine para hacer detonar un probable movimiento social que pudiera tener como fin cambiar las cosas en México, porque el gobierno actual ya ha tenido la oportunidad de hacerlo y sencillamente no ha logrado nada. Entre tanto problema que se padece en el país, no se ha logrado destacar la inconformidad, la cual solamente espera el momento adecuado y el motivo suficiente para explotar. El asunto que en estos días se ha manifestado, relacionado con la salud en todo el territorio nacional, pudiera ser, en cierta forma, el principio del estallido general de la población… EL AYUNTAMIENTO DE XALAPA, A CARGO DE la presidente municipal Daniela Griego Ceballos, recomienda a la población en general, anticipar sus traslados y considerar rutas alternas, a partir de este día doce de octubre, debido a las modificaciones que se estarán activando en la circulación por los trabajos de infraestructura pluvial en la avenida Américas. Los mencionados trabajos se estarán concentrando en el sentido hacia Maestros Veracruzanos, mientras que el tránsito rumbo a Miguel Alemás, permanecerá sin cambios… ES PROBABLE QUE LA PRESIDENTE DEL PAÍS, Claudia Sheinbaum, vuelva a visitar tierras veracruzanas en los próximos días. Podría venir, aunque no está confirmada su presencia todavía, para coordinar los apoyos que están pendientes en el norte de la entidad, como motivo de las afectaciones de las lluvias el año pasado. Ya se han entregado diversos apoyos, los que se dieron como prioridad, pero ahora se estaría atendiendo lo relacionado con las viviendas y su posible reubicación. En este ramo, se dice, podría aplicarse una millonaria cantidad que resolvería, finalmente, el problema general que dejó aquella pasada emergencia… ESTAMOS LEJOS DE LA SUCESIÓN GUBERNAMENTAL en Veracruz, pero parece que ya se van cayendo las primeras calabazas maduras como solía decir el Exgobernador Miguel Alemán Velazco, cuando alguien venía perdiendo rumbo y popularidad. Resulta que, en este caso, el alcalde de Coatzacoalcos Pedro Miguel Rosaldo, le está sucediendo eso, precisamente, que ya no cuenta con mucha aceptación en su gobierno municipal y menos con su posible integración de la terna de donde podría salir el candidato de Morena, para el dos mil treinta. Dicen que el poder se le está subiendo al grado de que se manifiesta prepotente… LA TERNA A LA CUAL NOS REFERIMOS, EN EL CASO DE MORENA, partido político en el poder, se ha venido conformando desde hace tiempo y en ella se incluía, precisamente, al presidente municipal de Coatzacoalcos, quien parecía venir contando con la aprobación de quien manda en Veracruz. Los dos personajes que se mantienen vigentes para en este caso, son Rosa María Hernández Espejo, alcaldesa de Veracruz, y el propio secretario de gobierno, Ricardo Ahued Bardahuill… PARECE QUE MOVIMIENTO CIUDADANO, cierra la puerta a una posible coalición con los demás partidos políticos de oposición. Desprecia al PRI y a las demás organizaciones políticas, cuando, en realidad, lo que se necesitará será, precisamente, unidad entre todos ellos. Con dicha actitud refleja, más que nada, una evidente soberbia política que le hará daño permanente.

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Y MAÑANA, aquí nos encontraremos, si otra cosa no sucede.

 

Articulista invitada Fanny Yepez

 La Columna

Por Fanny Yépez

12 de octubre de 2026

 

Veracruz en el top 5 de la lista negra de extorsión 

 

Algunas extorsiones son cometidas por funcionarios: Coparmex

Juan José Sierra Álvarez alza la voz y denuncia lo que pasa en varias ciudades

 

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el estado de Veracruz se mantiene de manera consistente dentro del top de las 5 entidades con mayor número de carpetas de investigación por este ilícito, situándose por detrás del Estado de México, la Ciudad de México, Guanajuato y Nuevo León.

 

A nivel local, los municipios que presentan la mayor concentración de denuncias y afectaciones por extorsión, son Xalapa, Veracruz Puerto y Coatzacoalcos.

 

En el estado de Veracruz se contabilizaron 227 denuncias y casos de extorsión durante los primeros siete meses de 2026, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

 

La opinión del dirigente empresarial es muy seria y al mismo tiempo delicada, porque habla con estadísticas y hechos que han vivido en carne propia, no maquilla ningún dato porque su afán no es perjudicar a nadie, sino resolver un añejo problema que está provocando el cierre de negocios y ahuyenta las inversiones.

 

No advierte marchas ni plantones, entonces es necesario atender con tiempo esa problemática y ya no dejarla crecer, para que con números reales se vea la baja de ese tipo de delitos en los próximos meses.

 

Que alguien se preocupe por informar ese tipo de opiniones al secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Ernesto Pérez Astorga, para que junto con la secretaría de seguridad y la Fiscalía establezcan estrategias para combatir este mal que tanto afecta la economía del estado de Veracruz.

 

Así como recorrieron los hospitales que han sido señalados con falta de medicamentos, también debieran ver la realidad en cuanto a la ocupación real que se registra en el último trimestre de 2026.

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el cuarto trimestre de 2025, 3.3 millones de personas se encontraban ocupadas:  122 mil menos en relación con el cuarto trimestre de 2024. La mayor disminución se registró en el sector Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca.

 

Estadísticas recientes de extorsión en Veracruz

 

Primer semestre de 2026, se documentaron 204 víctimas de extorsión consumada y 20 tentativas (totalizando 224 casos oficiales en ese corte).

 

Corte a julio de 2026: La cifra aumentó a 227 carpetas de investigación acumuladas en el año.

 

Cierre de 2025: El estado acumuló 730 denuncias formales por este delito durante todo el año previo.

 

Para combatir este ilícito, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) ha inhabilitado 5,447 líneas telefónicas utilizadas para extorsionar entre enero y septiembre de 2026.

 

Fue el presidente nacional de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, quien alzo la voz, puso el dedo en la llaga y denunció recientemente que, en Veracruz la extorsión se ha convertido en el principal delito que afecta a los empresarios afiliados.

 

El líder empresarial alertó sobre una problemática alarmante: 2 de cada 10 extorsiones contra los socios de esa organización empresarial, son cometidas por autoridades o por personas que se hacen pasar por funcionarios públicos.

 

Señaló que las extorsiones son ejecutadas por autoridades, aunque no precisó a que funcionarios y de que nivel se refería, si dijo que también las cometen personas que en ocasiones se hacen pasar como empleados de gobierno.     

 

Puntos clave de la denuncia de Juan José Sierra:

 

Modus Operandi, inspectores y servidores públicos aprovechan la excesiva burocracia y las dificultades para tramitar licencias o permisos de operación con el fin de exigir dinero a cambio de "destrabar" los procesos.

 

Impacto en la inversión, derivado de la inseguridad, la extorsión y la incertidumbre económica, el ánimo de los empresarios para invertir disminuyó 16 puntos porcentuales durante el primer semestre de 2026.

 

Gasto en seguridad, el 58.7% de las empresas socias en Veracruz se vieron obligadas a incrementar sus recursos destinados a seguridad, dinero que se deja de utilizar para crecimiento y nuevas contrataciones.

 

Situación de la extorsión en el estado de Veracruz:

 

Por su parte, el presidente de Coparmex Veracruz, Adrián Maynes García, detalló el impacto local de este delito:

 

Extorsión telefónica: Se tienen contabilizados al menos 15 casos de socios extorsionados a través de llamadas telefónicas en lo que va del año.

 

A diferencia de otras regiones del país, el "cobro de piso" por la delincuencia organizada no figura actualmente, como el problema más frecuente en la zona metropolitana de Veracruz y Boca del Río.

 

Cifra negra, persiste una gran falta de denuncias formales debido al miedo a represalias y a la desconfianza en las instituciones policiacas o gubernamentales.

 

Para mitigar el problema de los abusos de autoridad, la confederación ha propuesto implementar un sistema de simplificación administrativa y mejora regulatoria, que reduzca el contacto burocrático y agilice la entrega de permisos municipales y estatales.

El Senador Ignacio Mier dice que Manuel Huerta es Leal y servirá a Veracruz

 

Por Jesús Vásquez Pino 

El Coordinador de los Senadores del Partido Morena Ignacio Mier se expresó muy bien de su compañero el veracruzano Manuel Huerta Ladrón de Guevara a quién señala con buen perfil para servir a los veracruzanos venga lo que venga, porqué es Leal honesto y tiene trayectoria política así lo dijo para Voz Plural en su visita a la capital Veracruzana. 

Lo acompañó al Segundo Informe de labores del senador Manuel Huerta con la ausencia de la gobernadora Rocío Nhale y otros diputados locales de Morena. 

Ladrón de Guevara recibió múltiples muestras de apoyo de seguidores del partido Morena provenientes de los 212 municipios del Parque Juárez de Xalapa. 

Información del Portal Voz Plural/Jesús Vásquez Pino.

Articulista invitado Carlos Miguel Acosta Bravo

 

IMPRONTA

La diputación migrante, una deuda democrática de Veracruz

Carlos Miguel Acosta Bravo

La decisión del OPLE de Veracruz de descartar la implementación de una diputación migrante para el proceso electoral 2026-2027 tiene una explicación jurídica, pero deja una conclusión política incómoda, miles de veracruzanos que viven y trabajan en Estados Unidos siguen sin una representación directa en el Congreso local.

El OPLE no puede crear por sí mismo una figura que no está prevista en la Constitución y la ley electoral de Veracruz. Sin embargo, negar la posibilidad no resuelve la exclusión; sólo confirma que la reforma debe venir del Congreso del Estado.

El Organismo Público Local Electoral respondió a una petición ciudadana que solicitaba acciones afirmativas para incorporar la representación migrante en el Congreso local, los ayuntamientos y los procesos de registro de candidaturas. El OPLE sostuvo que no tiene facultades para crear la figura de diputación migrante, establecer cuotas ni modificar las reglas de postulación de partidos y coaliciones.

Su argumento central es técnico, la Constitución local exige que quien aspire a una diputación local haya residido en el distrito o en la circunscripción del estado al menos tres años antes de la elección. Además, la legislación veracruzana no regula expresamente la candidatura migrante.

El OPLE también reconoció la relevancia de garantizar la participación política de las personas veracruzanas residentes en el extranjero. Pero sostuvo que una autoridad administrativa no puede crear por reglamento un derecho de representación que no existe en la ley. En términos jurídicos, la posición es defendible. En términos democráticos, es insuficiente.

Veracruz tiene una comunidad migrante numerosa, activa y con vínculos económicos, familiares y culturales muy fuertes con el estado, según la estimación de diciembre de 2023 se estimó que hay alrededor de 850,000 veracruzanos en Estados Unidos.  Sus integrantes envían remesas, sostienen comunidades enteras, participan en asociaciones, financian obras sociales y mantienen una identidad veracruzana aunque vivan fuera del territorio.

Sin embargo, esa contribución no se refleja en una silla dentro del Congreso local. Los migrantes pueden aportar recursos, trabajo y conocimiento, pero no cuentan con un representante elegido específicamente para defender sus intereses ante el poder público. Una diputación migrante no sería un privilegio. Sería un instrumento de igualdad política.

Los migrantes enfrentan problemas que un legislador local puede atender, documentación, protección consular, remesas, vivienda, salud, educación, discriminación, seguridad, retorno voluntario, reinserción laboral y vínculos con sus comunidades de origen. También pueden aportar experiencia sobre inversión, empleo, turismo, comercio y desarrollo regional.

Veracruz no está solo en esta discusión. Entidades como Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Zacatecas y la Ciudad de México ya reconocen constitucional o legalmente la postulación de candidaturas migrantes.

Eso demuestra que la figura es viable dentro del sistema federal mexicano. No se trata de una invención ajena a la realidad nacional, sino de una práctica que otros estados han adoptado para reconocer la presencia política de sus comunidades en el extranjero.

El contraste es especialmente notable porque Veracruz ya ha utilizado acciones afirmativas para otros grupos históricamente excluidos. Desde 2021, la legislación local ha contemplado mecanismos de representación para personas de la diversidad sexual, afromexicanas y personas con discapacidad.

Si el Estado reconoce que la representación debe incluir a grupos que han enfrentado barreras estructurales, ¿por qué no reconocer también a quienes viven fuera del territorio pero siguen siendo parte de su comunidad?

El OPLE se apoya en el requisito de residencia efectiva de tres años. Es un argumento formalmente correcto, pero no debería convertirse en una barrera permanente.

La residencia no debe interpretarse de manera mecánica. Una persona puede vivir en Los Ángeles, Chicago, Houston, Carolina del Norte o Nueva York y conservar un arraigo profundo con Veracruz: familia, propiedad, historia, comunidad, actividad económica y compromiso político.

El propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que la condición de migrante no excluye la condición de ciudadano mexicano. En una sentencia relacionada con Veracruz, la Sala Superior reconoció que el requisito de residencia efectiva debe interpretarse a favor del derecho a ser votado y que el arraigo con la comunidad puede subsistir aunque la persona resida temporalmente fuera del estado.

Esa jurisprudencia es relevante. No obliga al OPLE a crear una diputación migrante, pero sí muestra que el principio de residencia no debe utilizarse para excluir automáticamente a quienes tienen un vínculo real y demostrable con Veracruz.

La respuesta correcta no es criticar al OPLE por no hacer lo que la ley no le permite. La respuesta correcta es exigir que el Congreso de Veracruz haga lo que sí está en sus manos. Reformar la Constitución local y la legislación electoral.

La representación migrante debe ser real, no simbólica. No basta con crear una curul para cumplir con una exigencia política. Hay que garantizar que quien la ocupe tenga legitimidad, conocimiento de las necesidades de la comunidad y capacidad para incidir en las decisiones públicas.

Si Veracruz no avanza en esta dirección, el costo no será sólo jurídico. Será político y social. La comunidad migrante puede interpretar la negativa como una señal de que su participación sólo es deseada cuando aporta remesas, pero no cuando busca representación. Esa percepción puede debilitar los vínculos entre el estado y sus diásporas.

También puede fortalecer la idea de que la política veracruzana sigue diseñada para quienes viven dentro del territorio y para los grupos con acceso a las estructuras partidistas. En un contexto de alta migración, eso es una contradicción democrática.

El OPLE cumplió con su función al explicar los límites de sus facultades. Pero su respuesta debe convertirse en un llamado de atención para el Congreso de Veracruz, los partidos políticos y el gobierno estatal.

La pregunta no es si el OPLE puede crear una diputación migrante. La pregunta es por qué Veracruz todavía no la ha creado.

Una comunidad que aporta tanto al estado no puede seguir siendo invisible en la toma de decisiones. La representación migrante no es un favor. Es un derecho democrático pendiente.

Veracruz tiene la oportunidad de corregir esa omisión antes de las siguientes elecciones. Si no lo hace, seguirá hablando de inclusión, pero dejará fuera del Congreso a una parte importante de su propia gente.

 

El Otro Café Politico...

      El otro café político 

Por Jesús Vásquez Pino 

Ha oído sordos: salir a protestar porqué el gobierno no te escucha!!!

Protestar o movilizarse consiste en el ejercicio de un derecho individual o colectivo para expresar disconformidad, oposición, denuncia o reivindicación pública ante decisiones políticas, sociales o económicas. 

En resumen, es el hartazgo de una sociedad que no recibe respuesta inmediata y oportuna de su gobierno. 

Vemos que en los últimos días en todo el país han salido a marchar a protestar empleados del sector salud por la falta de medicamentos y las condiciones infrahumanas para poder realizar su labor frente a los pacientes. 

Otros más marchan protestas por sus seres queridos que fueron desaparecidos y quieren encontrar los vivos no muertos. 

Sabemos que la inseguridad y la falta de oportunidades en el país es un drama que obliga a salir a manifestarse en plazas públicas marchar por las calles. 

Otros más transportistas bloquean carretera y así se manifiesta el arte de expresar su molestia. 

Más aún trabajadores ahora del IMSS que denuncian que sus líderes en el país son cómplices con el gobierno y no llegan los incrementos y condiciones que permitan trabajar de manera tranquila y avanzar en sus labores negligencia además frente a los pacientes por la falta de medicamentos. 

Es entonces, la manifestación la marcha, la protesta que todo mexicano tiene que enfrentar para que el gobierno dé respuestas a la autoridad de la autoridad, complicidad y corrupción porque no quieren dar solución. 

El derecho constitucional es vulnerable hacia todo mexicano que no recibe contestación a sus problemas, y el propio trabajador se revela contra la autoridad, marcha por las calles brillando justicia y solución?. 

Qué pena que se rompa el diálogo y el gobierno en turno, local y federal cómo usted lo vea, tienen oídos cerrados y su mente cerrada para enviar respuestas. 

La historia de México es clara con obreros como Río Blanco y Cananea y otros más de trabajadores que han pedido justicia y derramaron sangre para que la nación mexicana tuviera respuestas. 

Sea entonces el diálogo, con respuestas inmediatas y oportunas para todos los mexicanos que salen a diario a las calles a marchar y protestar porqué el gobierno no da soluciones. Es cuanto.

Articulista invitado Carlos Miguel Acosta Bravo

  IMPRONTA

Morena, reconstruir la confianza

Carlos Miguel Acosta Bravo

Para competir en las elecciones de 2027 y proyectar una alternativa viable hacia 2030, Morena no necesita sólo ganar elecciones. Necesita demostrar que puede gobernar sin depender de la cercanía con el poder, sin proteger a sus propios grupos internos y sin permitir que casos de corrupción, contratos cuestionables o vínculos con el crimen organizado definan su imagen.

El mayor riesgo del partido no es únicamente la oposición. Es que la ciudadanía deje de distinguir entre el proyecto de transformación y las prácticas que Morena critica en sus adversarios.

Las acusaciones de “narcopartido” no surgen de una sola noticia. Se fortalecen cuando se acumulan señales, contratos públicos concentrados en personas cercanas al poder, investigaciones periodísticas sobre enriquecimiento acelerado, presuntas redes de influencia, vínculos con el crimen organizado, retiros de visa por parte de Estados Unidos y una percepción de que las instituciones no actúan con la misma firmeza contra todos.

En el caso de Jorge Amílcar Olán, la controversia no se limita a su trayectoria personal. El problema político es que un empresario que pasó de ser un pequeño comerciante a un proveedor relevante en contratos públicos —incluidos suministros de medicamentos y balasto para proyectos como el Tren Maya— haya mantenido vínculos cercanos con figuras del entorno de López Obrador. Diversas investigaciones periodísticas han documentado contratos y utilidades asociadas a esos suministros, aunque el caso sigue en etapa de escrutinio y no equivale a una condena judicial.

Para Morena, el daño no depende exclusivamente de que las acusaciones sean probadas. Si la sociedad percibe que un pequeño grupo tiene acceso privilegiado a contratos, licitaciones o decisiones públicas, el partido pierde su principal capital: la idea de que representa a los de abajo y no a las élites.

El caso Olán muestra por qué esta separación es indispensable. La presunta relación entre empresarios, familiares de funcionarios y contratos de salud o infraestructura no puede resolverse con desmentidos. Requiere auditorías, revisión de expedientes, publicación de contratos y, cuando existan indicios, investigación penal.

Ese criterio es correcto. Pero la investigación debe ser visible, independiente y con resultados verificables. Si no hay sanciones cuando existen pruebas, el mensaje será de impunidad. Si hay persecución sin evidencia, el mensaje será de abuso político.

La reconstrucción de Morena comienza por la selección de sus candidatos. Un candidato cuestionado no sólo puede perder una elección; puede contaminar a todo el partido.

Las encuestas pueden ser una herramienta democrática o un mecanismo para legitimar decisiones ya tomadas. Todo depende de cómo se realicen.

Para que generen confianza, Morena debería publicar, El nombre de la empresa encuestadora; El tamaño y la representatividad de la muestra; Las fechas de levantamiento; El cuestionario completo; Los criterios de ponderación; Los resultados por región, sexo, edad y nivel socioeconómico; Los nombres de los aspirantes incluidos; El margen de error; El procedimiento para impugnar resultados.

Además, la coalición debería evitar que las encuestas se conviertan en un filtro para eliminar a candidatos incómodos. La medición debe complementarse con trabajo territorial, evaluación de trayectoria, integridad y capacidad de gobernar.

Una candidatura no debería ganar sólo porque tiene mayor reconocimiento o más recursos para posicionarse. Debe ganar porque combina aceptación ciudadana, trabajo comprobable, honestidad y capacidad institucional.

La continuidad de la alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México es estratégica para Morena. Los tres partidos han acordado competir juntos en varias gubernaturas y han establecido una mesa permanente para definir distritos y reglas de selección de candidaturas.

Pero la alianza tiene tensiones. Morena ha adoptado una regla de no postular familiares de gobernantes en turno, mientras que el PT y el PVEM tienen normas distintas. Eso ha generado fricciones sobre quién puede participar y bajo qué condiciones.

Para evitar rupturas, Morena debería proponer reglas comunes mínimas, aplicables a los tres partidos, Prohibición de nepotismo directo; Publicación de intereses y vínculos con contratistas públicos; Revisión de antecedentes penales y financieros; Encuestas con metodología pública; Cuotas de participación para cada aliado; Mecanismos claros de resolución de conflictos; Compromiso de respetar el resultado sin campañas internas destructivas.

En el caso del huachicol fiscal exige una respuesta institucional, no una respuesta de partido. Morena debería separar tres cosas: La investigación penal, debe corresponder a la Fiscalía, con pruebas, debido proceso y independencia; La responsabilidad política. El partido puede decidir no postular, suspender o expulsar a militantes cuya conducta dañe la credibilidad del movimiento, aun cuando no exista condena; La comunicación pública. El partido debe explicar con claridad qué sabe, qué investiga y qué medidas toma.

El retiro de visas por parte de Estados Unidos a algunos integrantes o personas cercanas al entorno del partido es un asunto delicado. Un retiro de visa no es una condena penal ni prueba, por sí solo, un delito. Pero sí puede tener consecuencias reputacionales y políticas, especialmente si se relaciona con investigaciones por corrupción, lavado de dinero o vínculos con redes criminales.

Para el caso del Tren Maya, el Tren Interoceánico, Pemex, la refinería de Dos Bocas y los contratos de medicamentos deben someterse a auditorías técnicas, financieras y de desempeño.

No se trata de destruir proyectos estratégicos. Se trata de demostrar que las obras públicas pueden ser grandes sin ser opacas. Una auditoría seria debería revisar: Precios de compra y comparaciones de mercado. Procesos de licitación y adjudicación; Empresas beneficiadas y sus vínculos con funcionarios; Calidad de materiales y obras; Sobreprecios, pagos indebidos o irregularidades administrativas; Responsabilidades de servidores públicos; Recuperación de recursos en caso de daño al erario.

Las investigaciones periodísticas han señalado que empresas vinculadas con Olán obtuvieron contratos de balasto para el Tren Maya y el Tren Interoceánico, y que habrían existido presuntos sobreprecios. Estas afirmaciones requieren verificación técnica y judicial, pero el volumen de los cuestionamientos obliga a una revisión institucional.

Si Morena audita sus propios proyectos, puede recuperar credibilidad. Si se limita a defenderlos, convertirá cada hallazgo periodístico en una crisis política.

Para 2030, Morena necesita una nueva generación de dirigentes con legitimidad propia. No basta con heredar el apellido, el cargo o la cercanía con López Obrador. El partido debe formar cuadros capaces de gobernar municipios, estados y dependencias federales con resultados verificables.

Esa renovación debería privilegiar a personas con:Trayectoria social comprobable; Experiencia administrativa; Compromiso con la transparencia; Capacidad para dialogar con distintos sectores; Independencia de redes clientelares. Resultados en salud, educación, seguridad, agua, vivienda o desarrollo económico.

La renovación no significa abandonar el obradorismo. Significa convertirlo en una base de valores y no en una estructura de dependencia personal. Morena debe conservar los programas sociales, pero también debe blindarlos contra la corrupción y el clientelismo.

Un programa social pierde legitimidad cuando se percibe como una recompensa política. Para protegerlo, el partido debería apoyar: Padrones públicos y auditables; Reglas claras de elegibilidad; Sistemas digitales de trazabilidad; Auditorías independientes; Mecanismos de queja y reparación; Evaluaciones de impacto; Prohibición estricta de condicionar apoyos al voto.

Los programas sociales son la fortaleza electoral de Morena. Pero si se perciben como instrumentos de control político, pueden convertirse en una debilidad moral y en un argumento para la oposición.

La comunicación eficaz debe reconocer los riesgos, explicar las medidas y mostrar resultados. Si hay una investigación, debe decirse quién la lleva, qué se revisa y qué plazos existen. Si hay una irregularidad comprobada, debe haber sanción. Si una acusación es falsa, debe demostrarse con documentos, no con descalificaciones. La ciudadanía no exige perfección. Exige coherencia.

Para 2030, Morena debe responder una pregunta esencial: ¿es un partido de transformación social o una maquinaria electoral que administra el poder? Si no lo hace, la oposición no necesitará construir una propuesta sólida. Le bastará con convertir cada caso de corrupción, cada contrato cuestionable y cada retiro de visa en una acusación general contra el partido.

La reconstrucción de Morena no consiste en negar los escándalos. Consiste en demostrar que puede investigarlos, sancionarlos y evitar que se repitan.

Esa es la única forma de que el partido pueda decir, con credibilidad, que sigue representando una transformación y no solamente la continuidad del poder.