IMPRONTA
El tráfico también cobra
impuestos
Carlos Miguel Acosta
Bravo
La congestión vial, las obras mal gestionadas y los
bloqueos prolongados no son solo molestias urbanas. Son una carga silenciosa
sobre el ingreso, la salud y el tiempo de vida de millones de mexicanos.
En México se discute con frecuencia el costo de los
impuestos, los precios de la gasolina o la inflación. Pero hay un cobro que
rara vez aparece en el recibo, el tiempo perdido en el tráfico. En 44 zonas
metropolitanas del país, la congestión vial representa un costo de oportunidad
de alrededor de 203,316 millones de pesos al año. Cada persona que se traslada
pierde, en promedio, 111 horas anuales, equivalentes a 5,645 pesos, cerca de 18
días de salario mínimo.
No se trata de una cifra abstracta. Son horas que
no se dedican a trabajar, estudiar, descansar, cuidar a un hijo o acompañar a
un adulto mayor. Son minutos que se convierten en fatiga, estrés, menos
productividad y menor calidad de vida.
El estudio de IMCO y Dat’s Why mide el efecto como
costo de oportunidad: no es un gasto que aparezca en una factura, sino el valor
de las horas que la gente deja de utilizar en actividades productivas,
familiares o de descanso.
El impacto varía según la ciudad. En la Zona
Metropolitana del Valle de México, cada persona pierde en promedio 211 horas al
año, con un costo per cápita de 10,721 pesos. Equivale a perder casi nueve días
completos atrapado en el tráfico. En Oaxaca se pierden 175 horas; en Puerto
Vallarta, 171 horas, con un costo cercano a 9,974 pesos por persona; y en
Guadalajara el costo per cápita se estima en 8,728 pesos.
Para un trabajador asalariado, el daño se traduce
en menos descanso y mayor desgaste. Para un comerciante, taxista, repartidor o
trabajador informal, puede significar directamente menos ingresos. El tráfico
no castiga a todos por igual, golpea más fuerte a quienes no pueden elegir
horario, ruta o medio de transporte.
La congestión también encarece la vida cotidiana.
Los frenados, arranques y períodos de manejo lento aumentan el consumo de
combustible y aceleran el desgaste de frenos, llantas, suspensión y motor. Esos
costos no desaparecen, se reparten entre hogares, transportistas y empresas, y
terminan reflejándose en los precios de productos y servicios.
Las obras públicas son indispensables. Nadie puede
oponerse razonablemente a mejorar puentes, avenidas, drenajes o transporte. El
problema no es la obra, sino la manera en que muchas veces se ejecuta.
Cuando se cierran carriles sin rutas alternas, sin
señalización adecuada, sin horarios nocturnos o sin coordinación con el
transporte público, el costo de una decisión pública mal planeada lo paga el
ciudadano. La obra puede mejorar la infraestructura a largo plazo, pero durante
meses impone pérdidas evitables, más tiempo de traslado, mayor gasto en
combustible, retrasos en entregas, afectaciones al abasto y riesgos para
servicios de emergencia.
La libertad de manifestación es un derecho
fundamental y debe protegerse. Pero los bloqueos prolongados de avenidas,
accesos carreteros o corredores logísticos generan consecuencias sobre terceros
que no participan en la protesta, trabajadores que no llegan a su turno,
pacientes que pierden consultas, comercios que no reciben mercancía y familias
que ven encarecerse productos básicos.
Estimaciones atribuidas a la Confederación Nacional
de Transportistas Mexicanos ubican las pérdidas diarias por bloqueos en más de
100 millones de pesos, considerando combustible, demoras y penalizaciones por
entregas incumplidas. La cifra debe manejarse con cautela, pues depende de la
duración, ubicación y alcance de cada bloqueo, pero deja clara la dimensión del
problema cuando se afectan rutas logísticas estratégicas.
Defender el derecho a protestar no obliga a aceptar
que la movilidad de millones de personas quede indefinidamente sujeta a la
decisión de unos cuantos. El reto institucional es garantizar ambos, la
expresión social y el derecho de la ciudadanía a circular, trabajar, estudiar y
acceder a servicios.
También se erosiona la confianza institucional.
Cuando el Estado no garantiza una movilidad previsible, el ciudadano percibe
que las decisiones públicas ignoran su tiempo y su bolsillo.
La buena noticia es que no se requieren soluciones
mágicas. Reducir apenas un minuto por viaje en la metrópoli tendría un valor
cercano a 4,500 millones de pesos anuales. Eso muestra el retorno potencial de
medidas aparentemente modestas: semáforos inteligentes, coordinación real entre
dependencias, rutas alternas obligatorias durante obras, señalización oportuna,
transporte público confiable y protocolos claros para atender bloqueos sin
criminalizar la protesta.
La movilidad no es un lujo urbano. Es
infraestructura de derechos, determina si una persona llega a tiempo a su
trabajo, si un paciente recibe atención oportuna, si un niño llega a la escuela
y si una familia conserva tiempo para vivir.
El país no puede seguir tratando el tráfico como un
mal inevitable. Cada hora perdida en una avenida congestionada es una hora que
alguien dejó de trabajar, descansar o estar con los suyos. Y cuando esa pérdida
se repite todos los días, en decenas de ciudades, deja de ser un problema vial
para convertirse en un problema de economía, equidad y calidad de vida.
No hay comentarios:
Publicar un comentario