FGR revive casos contra líderes campesinos
Por Jorge Ramón Rizzo*
El año 2025 comenzó con un campo mexicano en llamas, no por la sequía, sino por la desesperación. Tras meses de promesas rotas, bajos precios para las cosechas de maíz a 3,129 pesos cuando la exigencia es por lo menos del doble y, una inseguridad que sofoca las carreteras, campesinos y transportistas de 17 estados recurrieron en los meses de septiembre, octubre y noviembre a los bloqueos carreteros.
Productores de Michoacán, Jalisco y Guanajuato, fueron los primeros que optaron por la única herramienta que el gobierno parece escuchar: el bloqueo carretero.
La respuesta del Estado no fue la negociación ágil, sino la vieja confiable: la orden de presentación y la intimidación judicial contra los líderes campesinos. Situación que en marzo de 2026, es decir seis meses después, vuelve a ser noticia.
Criminalizar la protesta social es la forma más sencilla de ignorar el fondo del problema. Al citar a los representantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) ante la Fiscalía General de la República (FGR), el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum opta por el garrote legal en lugar del diálogo sincero.
Es innegable que los bloqueos en la autopista México-Guadalajara o las tomas de casetas y aduanas generaron afectaciones económicas a terceros. Sin embargo, la perspectiva oficial parece ignorar que el cierre de vías fue el último recurso de un sector que se siente "sagrado" y vital para el país, pero tratado como desechable.
Cuando el Estado ignora las demandas de precios justos y seguridad, el campesino no está bloqueando una carretera; está defendiendo su sustento. Y eso, parece no estar en la apreciación de la autoridad.
Resulta irónico y hasta cínico, que mientras la Federación despliega el aparato de justicia para intimidar a los productores, la inseguridad en las carreteras, que es una razón de las protestas, sigue sin resolverse a fondo. Se busca "orden" en las vías, pero se ignora el caos en la economía agropecuaria.
La orden de presentación funciona como un mecanismo de intimidación, buscando desmovilizar al movimiento campesino, deslegitimar a sus líderes y dividir a las bases. Es la técnica del "divide y vencerás": mientras se procesa a los líderes, el campo sigue sin precios de garantía dignos y el sector transportista sigue bajo la extorsión del crimen organizado. Este lunes la FGR en Tlaxcala volvió a emitir citatorios contra líderes de aquel movimiento.
La verdadera "buena voluntad" no debería exigirse a los productores liberando carreteras, sino a las autoridades garantizando que el campo mexicano sea rentable. Si el gobierno utiliza el derecho penal para callar la protesta, en lugar de utilizar la política para resolver la crisis, lo único que logrará es prender una chispa en la pradera que difícilmente podrán apagar con órdenes de aprehensión.
Cuando el actual gobierno era oposición, salían a las calles, marchaban y protestaban, por horas, días y hasta meses. Quién no recuerda las marchas de Andrés Manuel López Obrador... ¿Y cuándo lo citaron ante la FGR?
Pero hay más preguntas en el aire ¿Dónde está la negociación política de la Secretaría de Gobernación? ¿Dónde está la intervención sectorial de la Secretaría de Agricultura? ¿Dónde están las y los representantes populares del sector campesino?
La clase gobernante no debe olvidar sus orígenes, ya que la protesta es un derecho, no un delito. Y el campo exige precios, no cárceles.
*Periodista/Tlaxcala
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