Articulista invitado Jorge Ramón Rizzo

 

Focus Group 

4.7 millones de mexicanos sin justicia

Por Jorge Ramón Rizzo*

4.7 millones de carpetas de investigación sin resolver acumulan las fiscalías en México. Para poner el foco le comento que Uruguay cuenta con casi 4 millones de habitantes, entonces: Hagamos de cuenta que cada habitante uruguayo hubiese denunciado un delito y no se le diera seguimiento a su caso: de ese tamaño es la realidad que enfrentamos en materia de procuración de justicia. Lo que quiero decir es que un país entero cabe en las 4.7 millones de carpetas de investigación sin resolver en México. 

El reciente informe de la organización "Causa en Común" expone la ineficiencia estructural del sistema de procuración de justicia en México. Los datos revelan un escenario donde el acceso a la justicia parece más una ficción jurídica que una realidad: un cúmulo de 4.7 millones de expedientes sin resolver es la evidencia de un sistema ministerial operando en el colapso.

La cifra en sí misma es alarmante, pero palidece frente al drama humano que representa cada carpeta congelada: delitos sin castigo, víctimas revictimizadas y un mensaje claro de permisividad hacia el crimen. 

Tuve acceso al estudio completo y según las cifras expuestas, más de 2.1 millones de expedientes se arrastraban desde años anteriores, a los que se suman las investigaciones iniciadas en el último ciclo, evidenciando una incapacidad operativa rotunda. Porque detrás de este rezago histórico se esconde una crisis de capacidades institucionales. El análisis detalla que, en promedio, cada Ministerio Público lleva a cuestas una sobrecarga de 258 carpetas de investigación de manera simultánea. En entidades con altos índices de violencia como Jalisco, la carga asciende a 896 expedientes por agente; mientras que en Aguascalientes y Baja California la cifra ronda entre las 550 y 724 investigaciones por servidor público.

Resulta estadística y operativamente imposible que un solo investigador pueda desahogar esta carga con el mínimo rigor, lo que condena a la gran mayoría de los casos al archivo temporal, a la dilación o al olvido. Peor aún, este embudo de impunidad tiene un efecto colateral grave: Delincuentes libres que siguen cometiendo fechorías.

Desde 2025 el propio INEGI con el "Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal", colocaba el primer lugar de rezago al Estado de México, en segundo sitio a Guanajuato, en tercer lugar a Jalisco, en cuarto a Baja California, en quinto a Nuevo León, en sexto a Veracruz y en séptimo lugar al Estado de Puebla.

Otro tema, no menos relevante es el uso político de las fiscalías, que significa otra cruda realidad en México, ya que la supuesta autonomía de los órganos procuradores de justicia estatales y federal se desdibuja ante el evidente sometimiento a las agendas políticas en turno. Se convierten, en los hechos, en instrumentos de control y no en entes técnicos dedicados a la investigación y persecución de los delitos.

A este panorama desolador se suma un entorno legislativo contradictorio. La expansión y uso político de figuras como la prisión preventiva oficiosa han debilitado aún más los incentivos para realizar investigaciones exhaustivas y científicas. Juristas consultados por Focus Group me refieren que impacto de las reformas punitivas reflejan más interés del Estado por mantener a personas privadas de su libertad sin necesidad de probar su culpabilidad en el corto plazo, que justicia plena en cada caso. 

Se puede decir entonces, que se reduce la urgencia ministerial por construir casos sólidos, periciales y concluyentes. El resultado es un modelo penal que prioriza la estadística carcelaria sobre la resolución efectiva de los delitos y nos lleva a la necesidad de una reestructura integral que sea real y no solamente de papel.

El estudio de "Causa en Común" no es solo una radiografía de la ineficiencia, sino un llamado de atención urgente y debe leerse como un diagnóstico terminal. Se requiere una transformación profunda que trascienda los discursos políticos. Las soluciones de fondo exigen una inversión real focalizada con rendición de cuentas, autonomía verdadera y fortalecimiento a los sistemas forenses.

Mientras no se dote a las fiscalías de recursos materiales, tecnológicos y personal suficiente con mecanismos de evaluación transparentes que castiguen la negligencia y premien la resolución efectiva de los casos; mientras no se garanticen también, nombramientos técnicos libres de cuotas partidistas, que blinden el actuar ministerial de presiones políticas; y mientras México no entre a la "nueva era pericial" para que la evidencia científica sea el pilar de los casos y se haga eficiente la persecución penal de los verdaderos culpables. Mientras todo eso no pase, pues simple y sencillamente ¡No pasará nada!

Es así como el sistema carga con graves carencias y bajo la terrible e innegable lógica de la simulación, los 4.7 millones de carpetas pendientes no son simples números en un archivo, son la evidencia fracasada del modelo de procuración de justicia y crudamente dicho: Una vulneración flagrante al derecho ciudadano de acceso a la verdad. Las fiscalías mexicanas funcionan como diques que retienen el delito en lugar de procesarlo... Y no puede ser que los habitantes de un país entero (Ej. Uruguay), quepa en el número de carpetas de investigación que duermen "el sueño de los justos" en México. Y eso, que no hable en esta entrega de todos aquellos casos que no se denuncian...