Articulista invitado Miguel Valera Hernandez

    CONTRASEÑAS

 

+ “Queremos la cabeza de Roly Domínguez Romero”: Eduardo de la Torre

+ Ahora anda de vacaciones en Estados Unidos, pero él es el líder del Cartel Inmobiliario en Xalapa.

+ El movimiento cada día crece más; se creará una Asociación Civil.

 

Escribe Miguel Valera

 

Al insistir en su llamado al Gobierno del Estado de Veracruz a involucrarse más en el desmantelamiento del “Cartel inmobiliario” en Xalapa y no sólo a tomar medidas paliativas como la detención de “charales”, el abogado Eduardo de la Torre Jaramillo —víctima de esta red que está despojando a familias de sus propiedades con medidas legaloides—, pide la cabeza del abogado Roly Domínguez Romero, pieza clave en esta intrincada red.

 

“Ahora anda de vacaciones en Estados Unidos, pero él es el líder del Cartel Inmobiliario en Xalapa; se pasea por todos lados, impunemente; se ríe de las víctimas; dice que nunca le van a hacer nada”, comenta el abogado y sociólogo quien ha sido legislador, consultor y académico, al comentar que ante la desatención que han tenido de las autoridades pretenden crear una Asociación Civil con todos los afectados.

 

Al referir que el concepto de “Cartel inmobiliario” no es nuevo, nos dice que en la Ciudad de México sólo en 2025 se llevaron a cabo 5 mil despojos y de 2022 a 2026 van 20 mil. “Este es un problema que se ha agudizado con los nuevos gobiernos de Morena en los últimos años”, refiere.

 

“Este concepto no es exclusivo de un grupo de abogados, sino que tienen vínculos con el poder político y sobre todo con la Fiscalía General del Estado y con el Tribunal Superior de Justicia del Estado”.

 

“Este grupo que hemos detectado en Xalapa, con Roly Domínguez Romero, sus tentáculos llegan a Alto Lucero, a Las Vigas, a Córdoba, Xalapa, Banderilla, Coatepec y por supuesto, déjame decirte porque he revisado muchos de los casos, son abogados mediocres, no saben de Derecho, tienen errores que ni siquiera un pasante los pudiera tener”.

 

“Subcontratan abogados con experiencia en los juicios porque saben que ellos no pueden ganar un juicio por sí mismos, por su falta de experiencia y por su falta de conocimiento que es fundamental”.

 

“En su nómina tienen policías municipales, policías estatales y han sobornado hasta la Marina cuando han ido a desalojar ranchos fundamentalmente, fiscales, jueces, tienen agencias inmobiliarias y es toda una familia”, indica.

 

“El papá tiene las camionetas de uno de los abogados que es el que extrae las cosas de las casas, tienen cerrajeros también contratados por ellos, y tienen toda una sofisticación de un sistema de complicidades que el gobierno lo ha tolerado. Acaban de detener a un abogado integrante de este Cartel inmobiliario, pero es un charal. Nosotros queremos la cabeza, a Roly Domínguez Romero”, insiste.

 

“Tomando la cabeza esto inmediatamente cae”, asienta. “No es como el narco que surge otro cabecilla. Yo creo que con eso se desintegra y eso es en lo que no se ha focalizado en particular la Fiscalía. Hay infinidad de denuncias en contra de ese personaje y no ha actuado. Es el problema que observamos”.

 

Al preguntarle sobre las mesas de atención que planteó la propia gobernadora Rocío Nahle García, quien mostró mucho interés en atender estas denuncias, Eduardo de la Torre Jaramillo comenta que hace unos 18 días se sostuvo una mesa de trabajo. Desde ahí, los siguientes encuentros se han venido cancelando por motivo de agenda del gobierno.

 

Reconoce también que ya han visto actuaciones “en contra de Notarios en Córdoba, pero tienen que actuar más en distintas áreas”. “Por supuesto que son los Notarios —refiere enfático—, este grupo que es intocable por parte de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia”.

 

“Además, déjame darte un dato. El punto nodal de esto es que cuando tú te comparas con los estados de la República, Veracruz está en el lugar 31 en modernización del Registro Público y en Catastro estamos en el lugar 30”.

 

“Los primeros lugares los tiene Nuevo León, Querétaro, que paradójicamente son gobierno de oposición, uno de MC y uno del PAN, y yo cuando estuve en el Registro Público me encontré a una persona que me dijo: yo vengo desde Reynosa, gasto y además tengo que dar una lana aquí en el en el Registro para que me puedan agilizar las cosas”.

 

“Este retraso en la modernización, ¿qué posibilita? Que puedan insertar contratos de compra-venta falsos, porque además el déficit que tenemos en las zonas registrales es que ya no tienes trabajadores de base, sino meritorios, en los que están ahí un mes, dos meses, y son jóvenes que puedes decirle, entras en experiencia, entra la corrupción, inserta este este contrato de compra venta”.

 

—Entonces el modus operandi no es improvisado.

 

—No, no, no, el modus operandi es con un pagaré falso, con contratos falsos de compra-venta, contratos falsos de arrendamiento, como fue el caso de mis familiares”.

 

“Yo estoy identificando esos tres casos del modus operandi de esas personas, y entre ellos, como son familiares, van, desalojan, meten por una vía civilizada dicen que van a meter un velador, ¿no? O alguien que cuide la casa, y es ahí cuando empieza el despojo, porque cuando jurídicamente se enfrenta la posesión que tiene la persona frente a que dices que eres propietario, solamente tienes expectativa de Derecho, si es un conflicto severo jurídicamente entre la posesión y la propiedad”.

 

—¿Entonces te has involucrado en este tema también como víctima?

 

—“Sí, ya interpuse una denuncia ante la Fiscalía por robo, allanamiento de morada, pero la voy a ampliar, por supuesto, a despojo y a daños también. Esa es la ruta que vamos a seguir”.

 

—¿Cuál sería el llamado insistente a las autoridades?

 

“El llamado para el Gobierno del Estado es que, si pretenden desalentar un movimiento, posponiendo reuniones, pues el movimiento cada día crece”.

 

“A mí me están contactando de muchas partes del estado, porque sí quiero hacer una separación: una cosa es un conflicto entre particulares o entre familiares por un bien inmueble, en el cual no nos vamos a meter y no lo vamos a tomar ninguno de esos casos, sino única y exclusivamente los que estén vinculados a un cartel inmobiliario, como es el de Xalapa y todo el impacto que tienen más de veinticinco municipios alrededor de Xalapa”.

 

“Y puede haber otros en la zona de Tuxpan, en la zona de Coatepec, en la zona de Coatzacoalcos, Minatitlán”.

 

En todos estos casos, indica, “están señalados grupos coyotes, porque ni siquiera les puedo llamar abogados, no tienen esa calidad ni ética ni formativa diría yo jurídicamente. Todos ellos si no tuvieran estas conexiones con la Fiscalía y con el Tribunal Supremo de Justicia a través de estos fiscales y estos jueces este grupo no hubiese tenido el impacto y el enriquecimiento ilícito que han tenido”.

 

Eduardo de la Torre Jaramillo concluye comentando que “este es un problema nacional severo”. Insiste en que el Gobierno del Estado de Veracruz tiene que actuar y si quiere acabar de una vez por todo con esto y ponerse una estrella tiene que modernizar el Registro Público y crear un “semáforo de alerta” para este tipo de desalojos que son ilegales.

 

Tan tan.

 

@MValeraH