IMPRONTA
Combustibles y Huachicol
Carlos Miguel Acosta
Bravo
El decomiso de 59 millones de litros de
combustibles en una terminal de SIMSA en San José Iturbide, Guanajuato, es una
noticia con dos lecturas. Por un lado, el gobierno muestra músculo contra el
huachicol. Por otro, deja al descubierto una zona gris en la trazabilidad de
los hidrocarburos que inquieta a inversionistas y puede encarecer el
financiamiento de proyectos energéticos y logísticos en México.
¿Qué pasó y por qué hay dos
versiones? El 17 de septiembre de 2026,
autoridades federales y estatales catearon una terminal en La Fragua y
aseguraron 59.036.870,527 litros de hidrocarburos: gasolina regular, premium y
diésel. La Fiscalía General de la República (FGR) dijo que, hasta ahora, las
empresas involucradas no han acreditado “de manera completa y fehaciente” el
origen, manejo y destino legal del combustible, y atrajo el caso a la Fiscalía
Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por su complejidad.
SIMSA, a través de Gas Natural del Noroeste,
respondió que la terminal opera con permisos desde 2016, que solo brinda
servicios de almacenamiento y que el producto pertenece a clientes —mencionó a
Orsan, Exxon y Pemex—, por lo que cualquier irregularidad correspondería a los
titulares del combustible, no a la terminal. En otras palabras, la FGR no ha
demostrado aún que todo sea ilegal, pero sí que falta documentación clave; la
empresa sostiene que, si hay problema, es de sus clientes.
En la práctica, la FGR pide reconstruir la cadena
de custodia económica del combustible para lo cual hay que revisar contratos,
facturas, pagos, movimientos bancarios, guías de transporte, manifiestos de
carga, registros aduanales y conciliaciones con los sistemas de la CRE y el SAT
para verificar que los volúmenes almacenados coincidan con operaciones
declaradas y autorizadas.
Cuando esa trazabilidad “no está clara”, el mercado
lee tres riesgos posibles, el primero es contrabando o desvío de combustibles; el
segundo operaciones con facturación incompleta o inconsistente (defraudación
fiscal); y por último la mezcla de lotes legales e ilegales en una misma
terminal, lo que genera contagio reputacional y operativo.
Las señales para
inversionistas son de más riesgo, más costo, en el corto plazo, son
señales negativas que pesan más. Por un lado mayor riesgo regulatorio y
legal, que el caso lo lleve la FEMDO subraya que se investiga como potencial
delincuencia organizada, lo que eleva la percepción de exposición a procesos
penales, embargos y paros operativos.
Si una terminal formal no puede acreditar
rápidamente la procedencia de grandes volúmenes, los inversionistas infieren
fragilidad en controles de cumplimiento y mayor probabilidad de interrupciones
por cateos futuros.
La incertidumbre sobre la legalidad de inventarios
y la posible extensión de responsabilidades a operadores logísticos suele
traducirse en primas de riesgo más altas, seguros más caros y exigencias de
garantías adicionales.
El efecto reputacional por asociación, que
aparezcan marcas como Exxon o Pemex en un contexto de “presunto huachicol”
genera ruido mediático que puede afectar contratos y relaciones comerciales,
aunque la responsabilidad final se determine después.
Hay también señales positivas, pero de mediano
plazo y condicionadas de que el caso se aclare, un decomiso de esta magnitud
puede leerse como fortalecimiento de la fiscalización en hidrocarburos, lo que,
en teoría, debería reducir la competencia desleal del combustible ilegal y
mejorar condiciones para operadores formales; además, el episodio presiona a
terminales, comercializadoras y transportistas a blindar su documentación y
trazabilidad, reduciendo riesgos sistémicos en el sector.
Entre las implicaciones
concretas para la confianza inversionista tienen que ver con la energía
y logística. Se espera mayor cautela en nuevas inversiones en almacenamiento,
distribución y comercialización hasta que haya definiciones judiciales y
regulatorias claras sobre responsabilidades y estándares de trazabilidad.
Los fondos y corporativos exigirán auditorías de
cadena de custodia, conciliación SAT-CRE y cláusulas contractuales que
trasladen riesgos de trazabilidad a los clientes de almacenamiento.
Los inversionistas extranjeros con autorizaciones
de importación, comercialización y cumplimiento pueden pausar o condicionar
exposiciones en México si perciben que la opacidad en combustibles es
estructural y no un caso aislado.
Para calibrar el impacto, habrá que ver, si la
FGR/FEMDO presenta evidencia documental que permita individualizar
responsabilidades (clientes, transportistas, funcionarios) o si el caso se
diluye en “presunciones” sin aclarar la trazabilidad; si hay sanciones
administrativas de la CRE o el SAT a la terminal o a clientes, lo que marcaría
un precedente de ejecución; y si aparecen más cateos en otras terminales con
argumentos similares de trazabilidad, lo que indicaría una campaña de
fiscalización amplia y, por tanto, mayor riesgo sectorial.
El episodio envía una señal de mayor fiscalización,
pero también de incertidumbre sobre la legalidad de inventarios y la solidez de
los controles de trazabilidad. En el corto plazo, esa incertidumbre pesa más en
la confianza de inversionistas que el mensaje de “combate al huachicol”, y
tiende a elevar el costo de financiamiento y los requisitos de cumplimiento para
proyectos vinculados a combustibles en México. Para recuperar confianza, el
Estado necesita no solo decomisos espectaculares, sino reglas claras, procesos
transparentes y definiciones rápidas de responsabilidades. Es importante que la
FGR determine responsabiidades y que todo resulte claro y transparente para
todas empresas vinculadas a este problema.
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