IMPRONTA
Veracruz 2027, una
elección
Carlos Miguel Acosta
Bravo
El proceso electoral 2026-2027 en Veracruz arrancó
bajo una combinación inusual de desgaste político, desconfianza institucional y
demandas sociales no resueltas. No será solo una contienda por 50 curules
locales y 19 diputaciones federales, será una prueba de si Morena puede
sostener su dominio territorial y de si el OPLE puede demostrar que es un
árbitro imparcial.
La elección está programada para el 6 de junio de
2027 y renovará 50 diputaciones locales -30 por mayoría relativa y 20 por
representación proporcional-, además de 19 diputaciones federales. El arranque
formal del proceso, este 6 de noviembre, llegó acompañado de una pregunta
incómoda ¿puede un órgano electoral cuestionado por contratos con empresas
ligadas al escándalo nacional del INE garantizar elecciones limpias?
El OPLE Veracruz instaló formalmente su Consejo
General bajo la sombra del escándalo vinculado a Guadalupe Taddei y a las
empresas de José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. Veracruz fue la entidad
con mayor monto de contrataciones a ese grupo entre 2014 y 2023: 570.4 millones
de pesos, equivalentes a 27.2% del total nacional de 2,094 millones de pesos
adjudicados por 23 OPLE.
La ASF investiga presuntas irregularidades por 514
millones de pesos en cuatro empresas del corporativo, incluyendo Cajas Graf,
Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Formas Finas y Materiales. La
presidenta del OPLE, Marisol Delgadillo, sostiene que desde su gestión no se
han contratado empresas señaladas y que las adquisiciones de 2025 pasaron por
comité y se realizaron conforme a la ley. Sin embargo, evadió responder si
Hernández Casillas buscó un acercamiento con ella, lo que debilita la narrativa
de transparencia que el organismo necesita proyectar.
El problema no es solo la cifra. Es la percepción
de que el órgano que debe garantizar elecciones limpias pudo haber operado bajo
una red de contrataciones con competencia simulada, según las investigaciones
periodísticas y las indagatorias federales.
Para el OPLE Veracruz, el riesgo es triple, legitimidad
de sus decisiones, cualquier resolución sobre candidaturas, financiamiento o
sanciones puede ser cuestionada como parcial. Confianza ciudadana, si el
electorado percibe que el árbitro local tiene vínculos con proveedores
cuestionados, aumenta la desconfianza en el proceso. Vulnerabilidad política,
partidos de oposición pueden usar el caso para cuestionar la neutralidad
institucional y presionar cambios en la conducción del OPLE.
La respuesta institucional no puede ser solo negar.
Debe incluir entrega de expedientes, auditorías externas, publicación de
contratos y separación preventiva de funcionarios con conflictos de interés
potenciales.
Morena llega al proceso con una base electoral
importante, pero con desgaste acumulado. La falta de medicamentos, la
inseguridad, la percepción de abandono en zonas rurales y la respuesta tardía
ante desastres naturales son factores que pueden erosionar su ventaja
territorial.
El caso de Poza Rica y municipios del norte del
estado es especialmente sensible. La percepción de una actuación negligente o
tardía ante la inundación puede convertirse en un símbolo político de abandono
estatal, especialmente si se contrasta con la promesa de un gobierno cercano al
pueblo.
Las afectaciones a pescadores por el derrame
atribuido a Pemex -con muerte de fauna, contaminación y pérdida de medios de
vida - añaden otro frente de descontento. Cuando una empresa estatal admite
responsabilidad, la pregunta pública deja de ser si hubo daño y pasa a ser
quién responde y cómo se repara.
Movimiento Ciudadano sostiene que le fueron
arrebatados triunfos electorales legítimos, una acusación que puede alimentar
una narrativa de fraude o manipulación institucional si no se atiende con
transparencia. El líder estatal del PRI, Adolfo Arana, ha elevado críticas
contra el gobierno y el partido dominante, buscando posicionar al PRI como
alternativa de contención.
El riesgo para Morena es que estas acusaciones,
aunque no demuestren por sí mismas irregularidades, alimenten una percepción de
sistema cerrado. En un contexto de desconfianza, la oposición no necesita ganar
todos los argumentos, le basta con sembrar dudas sobre la imparcialidad del
árbitro.
El proceso electoral 2027 en Veracruz no será solo
una contienda por 50 curules. Será una prueba de si Morena puede sostener su
dominio territorial frente a un desgaste acumulado, y de si el OPLE puede
demostrar que es un árbitro imparcial y no una extensión de intereses
partidistas o empresariales.
La clave no estará en el discurso, sino en los
hechos, si hay medicamentos, seguridad, respuestas oportunas ante desastres,
reparación a pescadores y transparencia en contrataciones. Si no, la oposición
tendrá munición suficiente para cuestionar la legitimidad del proceso, aunque
no gane las elecciones.
La democracia veracruzana no se juega solo en las
urnas. Se juega en la capacidad del Estado para responder antes, durante y
después de la campaña.
No hay comentarios:
Publicar un comentario