IMPRONTA
Rocío Nahle, un balance
entre la obra y la deuda
Carlos Miguel Acosta
Bravo
Después de sus primeros años al frente de Veracruz,
la gobernadora Rocío Nahle presenta un balance mixto, hay avances reales en
finanzas públicas, transporte, educación e infraestructura; pero también hay
heridas políticas y sociales que no pueden quedar reducidas a un problema de
comunicación. La cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador le ha
dado acceso, recursos y respaldo político; ahora deberá demostrar que esa
ventaja se traduce en capacidad de respuesta ante las emergencias y en una
gestión cercana a quienes sufren las consecuencias de los desastres.
El principal activo de la administración de Nahle
ha sido la disciplina financiera. Su gobierno reporta la liquidación de adeudos
históricos con el SAT, el pago de la deuda derivada de la bursatilización de
199 municipios y una reducción de 50% del adeudo con el ISSSTE.
Eso importa porque Veracruz llegó cargado con
pasivos, intereses y compromisos que limitaban la inversión pública. La
renegociación y el ordenamiento de la deuda no son un logro espectacular ni
visible en una carretera, pero sí son la base para que el estado pueda destinar
recursos a obra, educación, salud y atención social.
En infraestructura, la gobernadora ha impulsado más
de 700 obras programadas y ha reconocido que la red carretera todavía tiene
rezagos importantes. Para 2027, el proyecto presupuestal contempla elevar la
inversión pública de 6 mil 708 millones a 8 mil 147 millones de pesos, un
aumento de 21%, con énfasis en conectividad, caminos, puentes y movilidad.
En educación, la administración reporta 2.3
millones de becas y estímulos entregados, además de 108 millones de desayunos
escolares. El proyecto de presupuesto para 2027 prevé un incremento de 5.7% en
el gasto educativo, al alcanzar 81 mil 400 millones de pesos.
La gratuidad y los apoyos educativos son una
apuesta social importante, especialmente en un estado con profundas
desigualdades regionales. Sin embargo, el reto no será sólo entregar becas o
rehabilitar planteles, será comprobar que los recursos llegan oportunamente a
las comunidades más apartadas y que mejoran realmente la permanencia, la
calidad y los resultados escolares.
En movilidad, la renovación del transporte público
también es un avance tangible. Los sistemas Ulúa, Quetzalli, Atenas, Totonaco y
Papaloapan suman 316 unidades, cubren 23 rutas en 13 municipios y benefician a
más de 2.2 millones de personas que se desplazan a diario para trabajar o
estudiar.
Pero la pregunta inevitable es si autobuses nuevos
bastan cuando persisten avenidas deterioradas, tiempos de traslado largos y
conexiones deficientes. La modernización del transporte sólo tendrá sentido si
se acompaña de mantenimiento vial, planeación urbana y una red que responda a
las necesidades reales de la población.
Aquí aparece el contraste más duro del gobierno de
Nahle. Frente a los derrames de Pemex en el Golfo de México, la gobernadora fue
acusada de minimizar el daño, negar la muerte de fauna marina y atribuir el
problema a un barco privado, mientras pescadores y organizaciones ambientales
señalaban afectaciones a lo largo de 630 kilómetros de litoral.
El episodio dejó una sensación de distancia entre
el discurso oficial y la realidad vivida por las comunidades pesqueras. Aunque
se anunciaron apoyos económicos, representantes del sector señalaron que la
ayuda no cubría a todos los afectados y que parte de los recursos correspondía
a un programa anual, no a una respuesta extraordinaria por el derrame.
Algo similar ocurrió con las inundaciones en Poza
Rica y municipios del norte de Veracruz. Cuando se le cuestionó por el
desastre, la gobernadora habría calificado la situación como un “ligero
desbordamiento” del río Cazones, una expresión que contrastó con la magnitud de
los daños y con el reclamo de las comunidades afectadas.
Veracruz ha sido una de las entidades más visitadas
por la presidenta Claudia Sheinbaum, con al menos 16 visitas contabilizadas
hasta septiembre de 2026, lo que refleja la importancia estratégica del estado
dentro de la agenda federal.
Pero esa cercanía también plantea un riesgo, si la
gobernadora depende demasiado del respaldo del centro del poder, podría quedar
expuesta cuando la realidad local exige respuestas propias, rápidas y
sensibles. La lealtad política abre puertas; no resuelve inundaciones, no
limpia mareas negras ni devuelve la tranquilidad a una comunidad afectada.
Para los años que le quedan al frente de Veracruz,
Rocío Nahle tendrá que demostrar que su gobierno no es sólo una extensión de la
narrativa nacional, sino una administración capaz de resolver problemas
concretos en territorio veracruzano.
Consolidar la obra pública y asegurar que las
carreteras, puentes y caminos anunciados se concluyan con calidad y en tiempo.
Mantener la disciplina financiera sin sacrificar inversión social ni descuidar
los municipios con mayores rezagos.
Ampliar la cobertura educativa y verificar que
becas, desayunos y rehabilitación de planteles lleguen a quienes más los
necesitan. Responder con rapidez, transparencia y empatía ante desastres
naturales y contingencias ambientales.
Exigir a Pemex responsabilidad real por los daños
ambientales y garantizar indemnizaciones y apoyos efectivos a pescadores y
comunidades afectadas. Fortalecer la seguridad, la salud y la infraestructura
hospitalaria, áreas donde persisten demandas ciudadanas urgentes.
Rocío Nahle ha construido una administración con
avances financieros, educativos y de movilidad que merecen reconocimiento. Pero
también ha acumulado una deuda política con las comunidades afectadas por
inundaciones y derrames, donde la percepción de abandono, minimización y
respuesta tardía ha dejado una marca difícil de borrar.
Su cercanía con López Obrador puede seguir siendo
una fortaleza, pero no puede ser su única carta. Si quiere consolidar su legado
en Veracruz, tendrá que demostrar que la transformación no se mide sólo en
kilómetros de carretera o millones de pesos de deuda pagada, sino en la
capacidad de estar junto a la gente cuando más la necesita.
La historia de su gobierno aún está en
construcción. Lo que decidirá su lugar en la historia de Veracruz no será la
cercanía con el poder federal, sino la cercanía real con quienes viven las
consecuencias de sus decisiones.

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