Articulista invitada Fanny Yepez

       Columna

Por Fanny Yépez

14 de agosto de 2026 

 

En un embrollo judicial la Tesorera de Sefiplan

 

Falsificación de documentos, fraude procesal y otros posibles delitos

De claros oscuros la gestión de Delia González Cobos

 

En un gran embrollo judicial está metida la tesorera general de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) de Veracruz, Eugenia Guadalupe Blas Nájera, quien fue denunciada penalmente por su ex esposo, David Alfonso Salazar Pérez, por presunto abuso de poder, falsificación de documentos y fraude procesal para mantenerlo encarcelado preventivamente desde agosto de 2025.

 

De comprobarse estos ilícitos en México, las penas por abuso de poder (abuso de autoridad), falsificación de documentos, fraude procesal y fabricación de pruebas varían según el código penal aplicable (federal o local), la gravedad del daño y si el responsable es un servidor público. Se sanciona a quien cometa o participe directamente en la ejecución de estas conductas ilícitas.

  Abuso de autoridad sanción de 1 a 9 años de prisión, multas de 50 a 400 días, además de destitución e inhabilitación de 1 a 9 años para ocupar cargos públicos. A quién se aplica: Exclusivamente a servidores públicos que incurran en exceso de funciones o incumplan sus deberes en perjuicio de los ciudadanos.

 Falsificación de documentos sanción por documentos públicos, de 4 a 8 años de prisión y de 200 a 360 días multa. Si el responsable es un servidor público, la pena aumenta hasta en una mitad más. Sanción por documentos privados, de 6 meses a 5 años de prisión y de 180 a 360 días multa.

 ¿A quién se aplica?

 A cualquier persona que fabrique, altere o use a sabiendas, un documento falso con el fin de perjudicar o engañar. Fraude procesal sanción. generalmente de 6 meses a 6 años de prisión y multas de 50 a 250 días (conforme a legislaciones estatales aplicadas de referencia como el Código Penal de la CDMX).

 Si se consuma un lucro o daño económico directo, se acumulan las penas previstas para el delito de fraude tradicional, que alcanzan hasta 12 años de prisión si el monto es elevado.

 Denuncia penal y abuso de poder

 La acusación legal fue presentada en agosto de 2026 por David Alfonso Salazar Pérez, quien la señala de abuso de poder para mantenerlo recluido en el penal de Pacho Viejo desde agosto de 2025 en un litigio personal.

 Este señalamiento también implica a familiares, involucra a su hijo, David Esteban Salazar Blas, por supuesta falsificación de documentos, fraude procesal y simulación de pruebas en dicho proceso judicial.

 Hostigamiento y abusos laborales internos

 La misma funcionaria de la Sefiplan ha sido señalada por maltrato al personal, trabajadores y ex empleados han denunciado un trato déspota, intimidación y maltrato verbal por parte de la funcionaria y su equipo cercano.

 Otras de las acusaciones son por despidos injustificados, ceses arbitrarios contra personal subordinado que se niega a cumplir con exigencias, fuera de la normatividad operativa de la dependencia.

 Control irregular, señalamientos hacia su oficina cercana por prácticas indebidas como revisión de pertenencias a empleados dentro de las instalaciones.

 Si bien es que Eugenia Guadalupe Blas Nájera es inocente hasta que se demuestre lo contrario, la funcionaria debiera retirarse de su responsabilidad administrativa para encarar la querella legal sin el poder, que le confiere el cargo público, de lo contrario se puede interpretar que está utilizando compromiso para inclinar la balanza de la justicia a su favor.      

 La gestión de Delia González Cobos es de claros oscuros, al frente del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS), destaca por un incremento en las acciones fiscalizadoras y la coordinación con instancias federales, aunque también ha recibido críticas por la lentitud en las sanciones y la percepción de un impacto limitado en el combate a fondo a la corrupción.

 Aciertos en la gestión incremento de auditorías, amplió el programa anual de fiscalización, con más de 1,300 acciones de revisión entre auditorías integrales y evaluaciones a entes estatales y municipales.

 Convenio con la ASF reactivó la coordinación directa con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para auditar recursos federales con mejores prácticas compartidas.

 Implementó por primera vez auditorías de orden social y esquemas de evaluación enfocados en la participación ciudadana en los ayuntamientos. Presentación de denuncias: Formalizó cientos de denuncias ante instancias legales por presuntos daños patrimoniales acumulados de administraciones pasadas y recientes.

 Errores y Críticas

 Rezago en sanciones firmes, sectores de la oposición y análisis críticos señalan que el flujo para obtener sentencias definitivas y recuperación de recursos toma años, debilitando el efecto disuasivo inmediato.

 Exceso de declaraciones, fue cuestionada por dar posturas mediáticas recurrentes sobre investigaciones en curso "declaracionitis", sin que se traduzcan con la misma velocidad en resoluciones claras.

 Observaciones persistentes en dependencias clave, persistieron señalamientos por desfalcos millonarios y posibles irregularidades en secretarías prioritarias del estado (como Salud, Educación y Obras Públicas), que la sociedad percibe como pendientes de castigo severo.

 Y mientras Delia González Cobos persigue con singular afán una diputación federal, será el próximo lunes, cuando el Congreso del Estado emita la convocatoria para renovar la titularidad del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), dado que el próximo 26 de septiembre, concluye la gestión de la actual auditora, Delia González Cobos.

 La convocatoria establecerá los plazos y requisitos para el proceso de selección, que estará a cargo de la Comisión de Vigilancia.

 Primero, se definirán las fechas para que los aspirantes presenten la documentación prevista, la cual, posteriormente será revisada para determinar el cumplimiento de los requisitos.

 Una vez hecho el listado del cumplimiento, habrá una etapa de selección con entrevistas con los perfiles más adecuados, donde se analizará la capacidad técnica, conocimiento del área y experiencia profesional, para que a partir de ello se elija una terna.

 Con la terna ya lista, entonces será puesta a consideración del pleno, para que los diputados locales “libremente”, elijan la mejor opción de quién será el auditora o auditora general.

 Cabe recordar, que recientemente se aprobó una reforma para ampliar el perfil de aspirantes a ocupar la titularidad del Orfis, pues originalmente sólo se contemplaba que podían inscribirse contadores públicos y economistas.

 Ahora se abrió la posibilidad para licenciados en Administración Pública, Derecho o Administración Pública.

 En fin, todos esperamos que los diputados locales revisen en forma exhaustiva los perfiles de las o los aspirantes, lleguen al mes de septiembre con una terna de los mejores, cuando elijan al mejor este o esta, tomara protesta el 27 del próximo mes, porque Delia González Cobos concluye su administración el 26 del mes que entra.