IMPRONTA
La lista de la vergüenza
Carlos Miguel Acosta Bravo
Hay ironías que duelen más que la contradicción misma. El 13
de agosto de 2026, Luisa María Alcalde, Consejera jurídica de la Presidencia de
México, presentó durante la octava emisión de su programa "Derecho de
Réplica" un listado de 54 periodistas, medios y creadores de opinión
críticos de la Cuarta Transformación. En la lista aparecieron nombres como
Carlos Loret de Mola, Leticia Robles de la Rosa, Luis Cárdenas, Adela Micha,
Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga, Denise Dresser, Chumel Torres, Carmen
Aristegui, así como medios como El Universal, Reforma, Aristegui Noticias, ADN
40 y Azteca Noticias.
El gesto, justificado oficialmente como "la anatomía de
un ecosistema de amplificación digital en México", tiene un nombre más
preciso, lista negra. Y lo más grave no es solo el acto en sí, sino de quién
proviene, una funcionaria de alto nivel del gobierno que llegó al poder
denunciando precisamente estas prácticas.
Durante años, el movimiento que hoy gobierna México —primero
como oposición y luego como gobierno federal— denunció las "listas
negras" de periodistas, el uso de recursos públicos para financiar
campañas de desprestigio y la intimidación a críticos. Era parte del discurso
transformador, el nuevo gobierno sería diferente, respetaría la libertad de
expresión, no perseguiría a la prensa crítica.
Pero el 13 de agosto, desde Palacio Nacional, Luisa María
Alcalde exhibió públicamente nombres de periodistas y medios que cuestionan
decisiones del gobierno. La justificación fue que se trataba de una "red
de amplificación digital" que impulsa contenidos críticos contra la 4T,
incluyendo supuestas cuentas automatizadas . Sin embargo, al mezclar
periodistas establecidos, medios reconocidos, políticos de oposición y usuarios
anónimos en un mismo listado, se confunde la crítica periodística legítima con
campañas de desinformación.
El mensaje es claro, el gobierno federal identifica, señala
y expone públicamente a sus críticos en los medios. Y eso, sin importar cómo se le quiera
disfrazar, es una práctica autoritaria.
El simple hecho de que una funcionaria de alto nivel del
gobierno federal exhiba públicamente nombres de periodistas y medios críticos
los coloca bajo una lupa que trasciende el debate legítimo. Como señaló el
investigador Raúl Trejo Delarbre, se trata de una "lista
persecutoria" que expone a los periodistas al escarnio público y puede
tener consecuencias graves.
Las consecuencias no son abstractas, en lo que va de 2026,
seis periodistas han sido asesinados en México. En un país donde el periodismo
crítico ya es peligroso por sí mismo, el señalamiento público desde el gobierno
federal añade una capa adicional de riesgo para los comunicadores.
Aunque el gobierno federal no tiene capacidad técnica para
censurar directamente en redes digitales, el señalamiento público de
periodistas como parte de una supuesta "red" contra el gobierno puede
generar un efecto inhibitorio. Los periodistas incluidos en la lista pueden
sentir que su trabajo los pone en riesgo, no solo frente al gobierno, sino
frente a seguidores fanáticos que puedan interpretarlo como una señal para
hostigar o amenazar.
Los periodistas incluidos en la lista respondieron con
indignación. Joaquín López-Dóriga declaró: "Es un honor estar en esta
pinche lista" y retó públicamente a Alcalde a explicar los criterios de
inclusión. Adela Micha, también incluida, defendió el ejercicio periodístico
verificado y plural. Vampipe, un creador
de contenido incluido como "troll anónimo", presentó pruebas de cómo
influencers pro-4T reciben mensajes coordinados por WhatsApp para atacar al
unísono a comunicadores críticos.
Alcalde rechazó que se trate de "listas negras" o
de periodistas opositores, argumentando que lo presentado es "la anatomía
de un ecosistema de amplificación digital en México". Sin embargo, esta
explicación no convenció al gremio periodístico, que ve en la acción un intento
de intimidación.
La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, ha asegurado
que México vive "la mayor libertad de expresión de su historia", una
afirmación que contrasta brutalmente con la presentación de listas de
periodistas críticos.
La acción de Alcalde evoca prácticas de regímenes anteriores
que el movimiento de la 4T denunció cuando estaba en oposición. El uso de
recursos públicos para identificar y señalar críticos, la creación de
narrativas sobre "enemigos del pueblo" y la intimidación a través de
la exposición pública. Esto genera una sensación de que el gobierno actual está
replicando las mismas prácticas que antes cuestionaba.
Al presentar a periodistas y medios como parte de una
"red" coordinada contra el gobierno, se alimenta la polarización y se
socava la posibilidad de un debate público basado en hechos y argumentos. En
lugar de responder a las críticas con información y transparencia, el gobierno
opta por señalar a los críticos como parte de un ecosistema adversario, lo que
cierra espacios de diálogo.
La libertad de expresión es un pilar fundamental de la
democracia. Cuando el gobierno federal señala públicamente a periodistas
críticos, se afecta la capacidad de la prensa para ejercer su función de
vigilancia del poder. Como argumentó Trejo Delarbre, la libertad de expresión
actual es producto de la lucha ciudadana y no una concesión oficial, por lo que
cualquier intento de inhibir la crítica afecta la deliberación democrática.
Si el gobierno federal puede presentar listas de periodistas
críticos sin consecuencias políticas, se establece un precedente que podría
escalarse en el futuro. Otros funcionarios podrían replicar la práctica,
ampliando las listas o añadiendo más detalles que expongan aún más a los
periodistas.
La acción de Alcalde erosiona la confianza en las
instituciones democráticas. Cuando el gobierno señala a la prensa como
adversaria en lugar de reconocer su función de vigilancia, se debilita el
sistema de checks and balances que es esencial para la democracia.
Organizaciones internacionales de libertad de expresión y
derechos humanos podrían ver este episodio como una señal de deterioro
democrático en México, lo que afectaría la reputación del país en foros
internacionales.
La presentación de la lista de 54 periodistas y medios
críticos por parte de Luisa María Alcalde tiene implicaciones profundas para la
libertad de expresión y la democracia en México. Más allá de la justificación
oficial sobre "ecosistemas de amplificación digital", el mensaje que
se envía es claro. El gobierno federal identifica, señala y expone públicamente
a sus críticos en los medios.
Esto es particularmente grave porque proviene de un gobierno
que llegó al poder denunciando prácticas autoritarias y prometiendo una
transformación democrática. La ironía es que las mismas prácticas que antes se
cuestionaban desde la oposición ahora se ejercen desde el gobierno.
La libertad de expresión no es una concesión del gobierno,
es un derecho fundamental que permite a la ciudadanía vigilar el poder. Cuando
el gobierno federal señala públicamente a periodistas críticos, no solo los
pone en riesgo, afecta la capacidad de toda la sociedad para acceder a
información diversa y ejercer un control democrático sobre sus gobernantes.
El episodio de la lista de Alcalde debería ser una señal de
alerta para la sociedad mexicana. La democracia no se defiende solo con
discursos sobre "la mayor libertad de expresión de la historia", sino
con acciones concretas que respeten y protejan el derecho de los periodistas a
criticar al poder sin miedo a represalias.
La 4T llegó al poder prometiendo transformar México. Pero
cuando replica las prácticas autoritarias que antes denunciaba, la
transformación se vuelve un espejo invertido, el mismo autoritarismo, pero con
otro nombre. Y eso, más que una transformación, es una traición a las promesas
que llevaron a este gobierno al poder.
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cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en Comunicación por la Universidad
Iberoamericana. Formó parte del cuerpo
académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la
Universidad Anáhuac, campús norte.
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