IMPRONTA
Lavado de dinero,
Carlos Miguel Acosta Bravo
Que la Fiscalía General de la República haya
iniciado 8 mil 145 carpetas por lavado de dinero entre 2006 y 2026, pero haya
obtenido apenas 17 sentencias condenatorias firmes, equivale a una tasa de eficiencia
de 0.2 por ciento. Ese contraste no es
solo un dato estadístico, es una advertencia sobre la capacidad real del Estado
mexicano para investigar, probar y castigar delitos financieros de alto
impacto.
Abrir una carpeta de investigación es el inicio de
una obligación, no su cumplimiento. Una investigación penal solo cumple su
función si produce evidencia sólida, imputaciones bien sustentadas, procesos
judiciales eficaces y, en los casos que correspondan, sentencias firmes.
Cuando de 8 mil 145 carpetas solo 17 terminan en
una condena irrevocable, la pregunta obligada es si el sistema está
investigando de verdad o simplemente administrando expedientes. Una fiscalía
puede mostrar actividad con cifras de carpetas abiertas, aseguramientos o
detenciones; pero la confianza ciudadana se construye con resultados judiciales
verificables.
La credibilidad de la justicia depende de tres
expectativas, que el delito se investigue, que la prueba se valore con rigor y
que la sanción sea posible. Cuando la proporción entre investigación y condena
es tan baja, esas tres expectativas se debilitan.
El lavado de dinero no es un delito secundario. Es
el mecanismo que permite que recursos provenientes del narcomenudeo, la
extorsión, el robo de combustible, la corrupción, el contrabando o la trata se
conviertan en bienes, empresas y poder económico.
Por eso, la baja condena en este delito tiene un
efecto multiplicador. Si el dinero ilícito no se persigue con eficacia, el
crimen organizado conserva capacidad de operación, financiamiento e influencia.
Las 17 sentencias firmes reportadas en 20 años contrastan con la escala del
problema, de los expedientes analizados, solo ocho involucraron a miembros de
grupos del Crímen Organizado.
El dato más inquietante es que el fenómeno no
corresponde a un solo gobierno ni a un solo partido. Entre 2006 y 2026 pasaron
administraciones federales de distinto signo político, con cambios en la PGR -hoy
FGR-, en la estrategia de seguridad y en los titulares de la persecución penal.
Eso indica que el problema no es únicamente de un
funcionario o de una administración. Es un problema de Estado, persistencia de
estructuras fiscales débiles, escasa especialización en inteligencia
financiera, poca coordinación entre FGR, SHCP, UIF, Banxico y autoridades
estatales, y una cultura institucional que premia el anuncio más que la
condena.
La impunidad, así, se vuelve transversal. No
distingue entre gobiernos panistas, priistas o morenistas; afecta por igual la
confianza de ciudadanos, empresas y víctimas. La consecuencia no es solo que
pocos delincuentes vayan a prisión. Es que la justicia pierde su función
disuasiva y su función igualadora.
La FGR suele difundir comunicados sobre carpetas
abiertas, aseguramientos, vinculaciones a proceso y sentencias. Son información
legítima, pero no deben confundirse con resultados definitivos. Una vinculación
a proceso no es una condena; una sentencia de primera instancia no es una
sentencia firme.
De hecho, la propia revisión del caso muestra que
una sentencia reciente por operaciones con recursos de procedencia ilícita no
podía contabilizarse como firme porque aún se tramitaban recursos de apelación.
Esa distinción es esencial, hablar de “sentencias” sin precisar si son firmes
puede inflar artificialmente la percepción de eficacia.
Para recuperar credibilidad, se necesita pasar de
la actividad formal a la rendición de cuentas por resultados. Debería publicar,
al menos cada trimestre, indicadores claros por delito y por entidad. Carpetas
iniciadas, concluidas, archivadas y en trámite, imputaciones, vinculaciones a
proceso y sentencias, diferenciando firmes de no firmes. Monto investigado,
asegurado, decomisado y recuperado. Tiempo promedio de resolución, Casos
abandonados, sobreseídos o con fugas de imputados. Número de condenas por
delincuencia organizada, corrupción y lavado de dinero.
Un sistema de justicia no se mide por la cantidad
de carpetas que abre, sino por su capacidad de convertir la denuncia en verdad
procesal y la verdad procesal en justicia. Con 17 sentencias firmes frente a 8
mil 145 investigaciones, México enfrenta una crisis de eficacia que alimenta la
percepción de impunidad.
Mientras esa brecha persista, la confianza en la
impartición de justicia seguirá deteriorándose, sin importar el partido en el
gobierno. Porque la impunidad no es solo la ausencia de castigo, es la pérdida
progresiva de la creencia ciudadana en que la ley protege a todos por igual.
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