IMPRONTA
Quienes cuidan la salud, protestan.
Carlos Miguel Acosta
Bravo
Las movilizaciones de trabajadores y jubilados del
IMSS en al menos 17 estados no deben leerse como una simple disputa salarial.
Son la expresión de un descontento estructural, quienes sostienen diariamente
hospitales y clínicas denuncian salarios insuficientes, falta de medicamentos e
insumos, vacantes sin cubrir y, además, restricciones para hablar públicamente
de esas carencias.
Cuando médicos, enfermeras, técnicos y personal
administrativo deben marchar para exigir insumos y plazas, el problema ya no es
sólo laboral. Es una alerta sobre la calidad, la seguridad y la sostenibilidad
del servicio público de salud.
El detonante inmediato fue el incremento de 2.9% al
salario tabular aprobado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro
Social (SNTSS), frente a la demanda de 10% sobre el salario base. Para los
inconformes, ese porcentaje no recupera el poder adquisitivo perdido ni
reconoce la carga de trabajo en unidades con plantillas incompletas.
El salario importa, pero no explica por sí solo la
magnitud del malestar. El reclamo se cruza con dos carencias que golpean
directamente la atención: el desabasto y el déficit de personal.
Los trabajadores reportan falta de medicamentos,
materiales, equipo médico y uniformes. En algunos casos, aseguran haber tenido
que comprar insumos con recursos propios para poder atender a pacientes.
A ello se suma la exigencia de cubrir plazas
vacantes y contratar personal sustituto. Menos personal y menos insumos
significan jornadas más largas para quienes sí están en servicio, mayor riesgo
de error clínico y menor capacidad para atender oportunamente a millones de
derechohabientes.
Las movilizaciones se registraron en 17 entidades,
entre ellas Ciudad de México, Veracruz, Coahuila, Oaxaca, Guanajuato, Jalisco,
Puebla, Michoacán, Hidalgo, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Baja
California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes, Nayarit, Tlaxcala y Estado de
México.
Esa escala revela que no se trata de un conflicto
aislado ni de una fracción pequeña de la base sindical. Las quejas sobre
abasto, plazas y salarios aparecen en delegaciones distintas, con condiciones
locales y dirigencias seccionales diferentes.
También expone una fractura entre la base
trabajadora y la dirigencia del SNTSS. Los manifestantes no sólo cuestionan al
IMSS; reclaman al sindicato por aprobar un aumento que consideran insuficiente
y por no responder con la rapidez necesaria a sus demandas.
Parte de la base exige, incluso, un Congreso
Nacional Extraordinario, una revisión estatutaria y, en algunos casos, la
salida del secretario general Rafael Olivos Hernández. Es una señal clara de
crisis de representación.
El aspecto más preocupante es la denuncia de
reformas al estatuto sindical, incluida la disposición 136, que -según los
trabajadores- limitarían expresiones públicas, marchas, manifestaciones y
publicaciones personales en redes sociales.
En un sistema público de salud, informar que faltan
medicamentos, equipos o personal no es un asunto interno de un sindicato. Es un
indicador de riesgo para la seguridad de los pacientes. Silenciar esas
denuncias puede convertir una deficiencia operativa en una falla de rendición
de cuentas.
Las consecuencias no se quedan en las oficinas del
sindicato ni en las delegaciones del IMSS. Las sufren, sobre todo, las personas
que dependen del Instituto para atenderse.
El movimiento expresa una tensión entre tres
actores, el IMSS como institución, el SNTSS como representación sindical y la
base trabajadora. Los manifestantes no sólo piden más recursos; también
cuestionan cómo se administran, cómo se decide el incremento salarial y quién
tiene derecho a hablar públicamente de las fallas.
La mesa de diálogo convocada para el 8 de octubre
en la Secretaría de Gobernación será una prueba importante. Puede servir para
canalizar el conflicto de manera institucional o, si las respuestas son
insuficientes, para que la movilización escale.
Una salida seria no puede limitarse a un ajuste
salarial. Requiere un plan verificable de abasto, cobertura de plazas vacantes,
transparencia en la contratación y garantías de que ningún trabajador será
sancionado por denunciar carencias que afectan la atención.
Las protestas del IMSS son, en el fondo, una
advertencia, un sistema de salud no puede funcionar bien si quienes lo operan
trabajan con salarios insuficientes, sin insumos, sin personal suficiente y con
miedo a denunciar lo que ocurre. Atender sus demandas no es un favor a un
gremio; es una condición indispensable para proteger la salud de millones de
mexicanas y mexicanos.
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