IMPRONTA
Paro de transportistas
Carlos Miguel Acosta
Bravo
El paro nacional de transportistas de carga
convocado por la CANACAR y otras organizaciones en al menos 26 estados no es
una simple protesta gremial. Es una alerta sobre la fragilidad de las cadenas
de suministro, el riesgo de desabasto y el costo creciente de operar en
carreteras inseguras y deterioradas.
El movimiento, iniciado el 26 de octubre y
convocado por tiempo indefinido, reclama seguridad en carreteras, atención a
extorsiones y cobro de piso, recuperación de unidades robadas, mantenimiento
vial, regulación de grúas y corralones, simplificación de trámites y revisión
de estímulos fiscales.
Detrás de esas demandas hay una realidad incómoda,
el autotransporte de carga sostiene gran parte del abasto nacional. Cuando los
camiones se detienen, no solo se afecta un sector; se afectan supermercados,
farmacias, industrias, puertos, fronteras y hogares.
La CANACAR, junto con FEMATRAC, HAMOTAC e INDECO,
plantea que el problema no es únicamente la inseguridad, sino la acumulación de
costos que vuelve inviable operar unidades en condiciones dignas y
competitivas.
El sector enfrenta robos, extorsiones, cobro de
piso, carreteras en mal estado, trámites excesivos y una presión fiscal que
considera injusta en el contexto actual. La protesta no nace de una exigencia
aislada, sino de la suma de factores que han hecho más costoso y peligroso
mover mercancías por el país.
El paro fue convocado como suspensión de
operaciones y marchas lentas, no como bloqueo total de carreteras. Aun así, su
impacto puede ser considerable en accesos urbanos, corredores logísticos y
rutas fronterizas.
La dimensión más grave del conflicto es humana.
CANACAR reportó que, hasta septiembre de 2026, se registraron 1,105 robos al
autotransporte de carga y 15 operadores asesinados. La Asociación Nacional
Transportista estima entre 30 y 40 robos diarios, con más de 70% cometidos con
violencia.
Estas cifras no describen solo pérdidas
empresariales. Describen conductores que evitan detenerse a descansar por
miedo, familias que viven con incertidumbre y comunidades que pierden
trabajadores en corredores logísticos. La violencia también reduce la disponibilidad
de choferes dispuestos a operar en rutas peligrosas, como Celaya, Irapuato,
Querétaro, Puebla, Orizaba y el Circuito
Exterior Mexiquense.
Un país que no puede proteger a quienes trasladan
alimentos, medicamentos e insumos industriales tiene un problema de seguridad
pública, pero también de gobernanza económica.
El autotransporte mueve la mayor parte de la carga
interna de México. Cuando se alenta o se detiene, el efecto se propaga
rápidamente a supermercados, farmacias, industrias, puertos, fronteras y
comercios.
Los riesgos inmediatos son claros, desabasto
regional de alimentos, medicamentos, combustibles y bienes de consumo; Un aumento
de costos logísticos que se trasladan a precios finales; Así como retrasos en
exportaciones e importaciones, especialmente en corredores fronterizos como
Nuevo Laredo; Pérdidas para pequeñas y medianas empresas que dependen de
entregas puntuales; Mayor presión sobre cadenas de suministro, en un contexto
de alta integración comercial con Estados Unidos.
El paro no es una amenaza abstracta. Es una
advertencia de que la logística nacional funciona mientras existan condiciones
mínimas de seguridad, infraestructura y previsibilidad.
La protesta tampoco surge solo por inseguridad. El
sector considera que las reformas fiscales previstas para 2027 elevan sus
costos justo cuando enfrenta robos, extorsiones y carreteras deterioradas.
Entre las demandas destacan mantener o ampliar el
estímulo por pago de peajes, revisar la reducción del límite de ingresos para
acceder al beneficio -de 300 a 250 millones de pesos-, conservar apoyos al
diésel y revisar el aumento propuesto de la retención de ISR para operadores,
de 7.5% a 12%.
La CANACAR sostiene que reducir el acceso al
estímulo por peajes golpea principalmente a pequeñas y medianas empresas, que
no pueden absorber fácilmente mayores costos de operación. También rechaza la
eliminación del estímulo al diésel y el posible incremento de la retención de
ISR.
El reclamo fiscal es legítimo si se entiende como
parte de una política de competitividad. Un transportista que paga peajes,
diésel, seguros, mantenimiento, nómina y seguridad no puede competir en
igualdad de condiciones si el Estado reduce apoyos sin mejorar simultáneamente
la infraestructura y la protección en carreteras.
La respuesta no puede limitarse a una mesa de
diálogo. Debe traducirse en compromisos verificables, plazos, indicadores de
seguridad y recursos presupuestales.
Entre las demandas se encuentra el crear corredores
seguros con presencia coordinada de Guardia Nacional, policías estatales y
municipales. Establecer mesas permanentes de seguridad con transportistas y
autoridades federales, estatales y municipales. Se reclama también implementar
botones de alerta, geolocalización y protocolos de respuesta rápida para
unidades en riesgo; Priorizar la recuperación de unidades robadas y el combate
a redes de robo, extorsión y cobro de piso; También proteger a denunciantes y
operadores que reporten extorsiones.
Incrementar inversión en rehabilitación y
conservación de la red federal; Garantizar que las autopistas de cuota ofrezcan
condiciones acordes con las tarifas pagadas; Mejorar señalización, iluminación,
áreas de descanso seguras y puntos de inspección; Establecer programas de
mantenimiento preventivo, no solo reparaciones reactivas; Regular grúas y
corralones con padrones públicos, tarifas máximas y mecanismos de queja; Homologar
normas estatales y municipales con la Ley General de Movilidad y Seguridad
Vial.
Eliminar cobros discrecionales por maniobras de
carga y descarga; Simplificar trámites, permisos y verificaciones sin debilitar
la seguridad vial; Revisar el estímulo por peajes para evitar que pequeñas y
medianas empresas queden fuera del beneficio.
El paro muestra que el transporte de carga no puede
seguir siendo tratado como un sector que solo mueve mercancías. Es
infraestructura económica, empleo y seguridad nacional. Cuando un camión es
robado, extorsionado o detenido, no solo pierde una empresa, se afecta el
abasto, el empleo, los precios y la confianza en la capacidad del Estado para
proteger corredores estratégicos.
La respuesta del gobierno no puede limitarse a un
acuerdo de mesa. Debe incluir compromisos verificables, plazos, indicadores de
seguridad y recursos presupuestales. Si el sector no recibe respuestas
concretas, el paro puede extenderse y convertirse en un problema de abasto
nacional.
El mensaje de los transportistas es claro, no piden
privilegios, piden condiciones mínimas para trabajar y circular con seguridad.
Atender esa demanda no es solo una obligación con el gremio; es una condición
para que la economía mexicana funcione.
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