La Columna
Por Fanny Yépez
28 de octubre de 2026
Desabasto de medicamentos, corrupción en el INE y bloqueos carreteros
No termina un problema, cuando ya comienza otro a nivel nacional
Estallan los problemas y colocan en crisis al gobierno
En los últimos meses tres temas han mantenido en jaque a los gobiernos federal y estatal, se trata del desabasto de medicamentos, la corrupción y conflicto de intereses en el INE y en la actualidad los bloqueos carreteros, en las principales vías de comunicación de todo el país.
Estas tres situaciones han provocado que el gobierno federal y las administraciones estatales se enfrenten simultáneamente a tres crisis complejas: el desabasto de medicamentos, los señalamientos en el INE y el impacto de los bloqueos carreteros masivos, que tocan fibras sensibles de la administración pública, la economía y los derechos ciudadanos.
Cuando todavía no se diluye un problema, emerge otro, esto se maneja en la agenda pública nacional, tal parece que las autoridades no han tenido la capacidad de atajar estas situaciones y mantener al país en sana tranquilidad. ¿Acaso no hay interlocutores? Por qué los problemas persisten.
Desabasto de medicamentos
La cadena de suministro del sector salud pública, sigue bajo un fuerte escrutinio institucional y ciudadano.
Rediseño institucional, las constantes modificaciones en los esquemas de compra consolidada y los mecanismos de distribución nacional, no han logrado estabilizar por completo el surtido de recetas, esto ha generado indignación entre la población porque coloca en riesgo la vida de millones de mexicanos.
Los sectores más vulnerables siguen denunciando la falta intermitente de fármacos oncológicos, insumos psiquiátricos y medicamentos para enfermedades crónico-degenerativas.
Ante las fallas del sistema público, miles de familias se ven obligadas a recurrir al gasto de bolsillo en farmacias privadas para completar sus tratamientos, los familiares de los pacientes siguen denunciando la carencia de medicamentos, sobre todo los oncológicos, aunque las autoridades se aferran en señalar, reiteradamente, que se ha cubierto el faltante, pero tal parece que la realidad es otra.
Conflictos de interés y pugnas en el INE
Cuando aún no se apagaba el problema del desabasto de medicamentos, surgió otro de trascendencia nacional, sucede que el Instituto Nacional Electoral atraviesa un periodo de intensa fiscalización política y debates internos sobre su gestión.
Divisiones internas, las tensiones entre consejeros por la designación de puestos clave de dirección han afectado la percepción de cohesión del organismo.
Señalamientos de corrupción, sectores políticos afines y de oposición se acusan mutuamente de intentar capturar o corromper la imparcialidad del árbitro electoral mediante cuotas de poder.
El control y ejercicio del gasto público dentro del instituto se mantiene en el centro de las críticas gubernamentales, exigiendo mayor transparencia y contención del gasto.
Guadalupe Taddei otorgó contratos por adjudicación directa en el INE, por un monto central de 197.6 millones de pesos destinados a la producción de materiales (urnas y mamparas) para la elección judicial de personas juzgadoras.
No obstante, las auditorías e investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), han puesto bajo la lupa una suma total que asciende a 514 millones de pesos en contratos relacionados con una presunta red de empresas asociadas a su entorno personal.
La ASF y la UIF investigan a este conglomerado por presunta simulación de competencia, subcontrataciones ilegales, triangulación de recursos y el uso de empresas factureras.
Sectores de la oposición y críticos señalan que la gestión de Taddei fue impulsada y respaldada originalmente por Morena. Además, se han exhibido lazos familiares directos de su entorno con altos funcionarios morenistas, como el caso de su hijo, quien se desempeñaba como secretario particular de Alfonso Durazo (gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena). Esto ha permitido a la oposición argumentar que las irregularidades salpican la narrativa de honestidad del oficialismo.
Cuestionamiento a la legitimidad de procesos. - la oposición sostiene que la existencia de una red de corrupción debilita la confianza institucional, justo antes de los procesos electorales locales y federales de 2027, utilizando el caso para desgastar la imagen de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación ante la opinión pública.
Millones de personas cuestionan ¿en manos de quienes estarán los votos de millones de ciudadanos?, y aseguran que esta institución electoral perdió credibilidad, esa es la secuela que dejo Taddei en el INE.
Bloqueos carreteros y crisis de transporte
Las principales vías de comunicación del país han registrado cierres recurrentes por parte de transportistas, organizaciones sociales y grupos agrarios.
Inseguridad. - el gremio de transportistas exige de forma urgente, mayor presencia de la Guardia Nacional ante el incremento de asaltos con violencia y extorsiones en carreteras clave.
Impacto económico, los bloqueos colapsan las cadenas de suministro, retrasando la entrega de mercancías, alimentos y materias primas, lo que genera pérdidas millonarias para los sectores industriales.
Tensión social. - la afectación directa a miles de automovilistas y usuarios particulares, intensifica la presión sobre los gobiernos estatales para liberar las vías sin recurrir a la represión violenta.
En conclusión, ante la ausencia operación política oportuna, estallan los problemas y colocan en crisis al país.

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